GUINEA ECUATORIAL 1992
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Durante todo el año hubo cinco presos de conciencia y varios detenidos políticos no juzgados. Otros dos presos de conciencia fueron puestos en libertad. Decenas de personas, la mayoría de las cuales tal vez fueran presos de conciencia, fueron detenidas por pedir el cambio político. Hubo nuevas denuncias de tortura y, según los informes, una persona murió a consecuencia de ella.

En noviembre se enmendó la Constitución para introducir un sistema político multipartidista tras las crecientes demandas de una reforma política por parte de opositores del gobierno tanto en el propio país como en el extranjero. Se reforzaron algunos derechos, como el derecho a la huelga, pero los derechos a la protección contra la tortura y contra la detención arbitraria se suprimieron de la Constitución. Se concedió al presidente Nguema Obiang Mbasogo el poder de declarar y prolongar los estados de excepción casi sin límites, y se le concedió personalmente inmunidad de procesamiento por todo acto realizado antes, durante o después de su presidencia. Al acabar el año, no se había aprobado ninguna ley que diera efecto a las enmiendas a la Constitución ni había ningún otro partido político aparte del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), al que pertenecía el presidente. Según los informes, la comisión nacional de derechos humanos creada en 1990 (véase Informe 1991 de Amnistía Internacional) no había tomado ninguna medida efectiva para investigar o impedir los abusos contra los derechos humanos.

Cuatro presos de conciencia, todos ellos seguidores de un grupo de la oposición formado en el exilio, continuaron cumpliendo las condenas impuestas tras un juicio injusto en septiembre de 1988 (véanse Informe 1989 a Informe 1991). Otros dos presos de conciencia, Julián Nguema Abogo y Jesús Ntutumu Nsong, que habían sido condenados con ellos a 12 años de cárcel, fueron liberados en agosto para señalar el duodécimo aniversario del acceso del presidente al poder. El sargento Venancio Mikó, que en 1983 había sido condenado en un juicio sin las debidas garantías por conspirar para derrocar al gobierno y cuya sentencia de muerte había sido conmutada después, fue también excarcelado (véanse Informe 1984, 1986, 1989 e Informe 1991).

Antonio Ebang Mbele Abang, otro preso de conciencia y ex vicepresidente de la Cámara de Representantes del Pueblo, el Parlamento de Guinea Ecuatorial, continuó detenido sin cargos ni juicio durante todo el año. En agosto le trasladaron de Micomeseng, donde había permanecido bajo arresto domiciliario, a la cárcel de Bata, según los informes después de rechazar la invitación del PDGE de formar un nuevo partido político. Le habían detenido en noviembre junto con al menos otros cinco defensores del pluralismo político (véase Informe 1991). Por lo menos cuatro de ellos siguieron en la cárcel sin cargos ni juicio durante todo el año, y es posible que fueran presos de conciencia.

Decenas de personas fueron detenidas por defender la reforma política. Según los informes, otras muchas fueron sometidas a arresto domiciliario en marzo pero las dejaron en libertad más tarde. Sin embargo, por lo menos dos, Ángel Masié Ntutumu, ex ministro de Interior y miembro de la Cámara de representantes del Pueblo, y Ricardo Nvu Mbá Bindang, agricultor, fueron confinados en los alrededores de sus domicilios durante el resto del año. Estas restricciones, que carecían de base legal, fueron impuestas, al parecer, porque las autoridades de Guinea Ecuatorial interceptaron una carta que ellos habían escrito al presidente Omar Bongo, de Gabón, pidiéndole que promoviera la democracia en Guinea Ecuatorial.

En abril, cuando varios sacerdotes católicos criticaron la política del gobierno desde el púlpito y en una carta pastoral, varios sacerdotes fueron detenidos brevemente y acusados de fomentar desórdenes políticos. En mayo hubo informes de que por lo menos 40 personas habían sido encarceladas por poco tiempo o sometidas a arresto domiciliario cuando aparecieron octavillas anónimas, que pedían reformas políticas, en las calles de Malabo, la capital, situada en la isla de Bioko, y en Bata, capital de la provincia continental de Río Muni. Entre ellas se encontraba Alfonso Nsué Mokuy, periodista que había sido detenido en anteriores ocasiones por su oposición a la política del gobierno. Alfonso Nsué Mokuy fue detenido nuevamente en agosto con otras tres personas. Los acusaron de propagar ideas subversivas, y a fines de año seguían encarcelados.

Se informó de un juicio político. Andrés Abaga Ondo Mayé, cuyos dos hermanos habían estado detenidos brevemente en mayo, fue detenido después de denunciar que su familia había recibido amenazas de muerte. Según los informes, a fines de julio o primeros de agosto, un tribunal militar le condenó a tres años de cárcel por difamar a las autoridades. Sin embargo, se dieron a conocer pocos detalles del juicio.

Según los informes, varios opositores del gobierno y otras personas detenidas en 1991 sufrieron torturas o malos tratos, y algunas fuentes sugerían que al menos una persona había muerto a consecuencia de ello. Al parecer, a uno de los detenidos le ataron en una postura dolorosa, le colgaron con cuerdas y le golpearon duramente.

Amnistía Internacional pidió la liberación de Antonio Ebang Mbele Abang y de los seis presos de conciencia condenados en 1988, y acogió con satisfacción la liberación en agosto de dos de ellos. La organización pidió que se pusiera fin al encarcelamiento y al arresto domiciliario ilegales de presuntos opositores del gobierno. Amnistía Internacional reiteró sus llamamientos al gobierno para la introducción y aplicación de salvaguardias contra la tortura, pero no obtuvo respuesta.

En una declaración escrita a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional enumeró sus motivos de preocupación en Guinea Ecuatorial, entre los que se incluían la práctica de la tortura, la celebración de juicios sin las debidas garantías y la aplicación de la pena de muerte.

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