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Hechos y no palabras
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En la Cumbre para el Desarrollo Social realizada en 1995 en Copenhague, organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo insistieron en su punto de vista de que el régimen de ayuda promovido por las instituciones financieras internacionales -el Banco Mundial, el FMI y los bancos de desarrollo regionales- no contribuyeron a la generación de empleo, profundizaron la desigualdad social y la pobreza y por lo tanto promovieron la desintegración social.

DURANTE MÁS DE DIEZ AÑOS, las ONG han censurado las inflexibles medidas económicas de los Programas de Ajuste Estructural, diseñados por estas instituciones y aceptados por los principales donantes, y han pedido públicamente medidas alternativas. Las ONG y las poblaciones afectadas denuncian la explotación insustentable de los recursos, la destrucción ambiental en gran escala, los desplazamientos de poblaciones, la destrucción de la seguridad alimentaria y de las estrategias de desarrollo centradas en el ser humano como algunos de los impactos de los programas de ajuste estructural y de los proyectos emprendidos por las instituciones financieras internacionales.

Los Bancos reconocieron la importancia de la reducción de la pobreza, la protección ambiental, la participación de los ciudadanos en el proceso de desarrollo, así como la transparencia y responsabilidad institucional como valores y políticas básicas cuya finalidad es la de moldear el impacto de sus programas. El Banco Mundial  abrió las posibilidades de acceso a la información y estableció un proceso de apelación para los afectados por sus proyectos. En los últimos años las ONG siguieron insistiendo en la necesidad de una mayor responsabilidad del Banco Mundial por sus actividades y de que esas políticas se extendieran a otras ramas del Banco (por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional) y a otras instituciones.

Pero las políticas solas, sin una reforma institucional básica y una vinculación con la Carta y los Tratados de las Naciones Unidas, no bastarán para asegurar la integración sistemática de los principios de desarrollo sustentable y humano en las decisiones económicas y de préstamos. Las poblaciones afectadas por los proyectos estructurales apoyados por el Banco Mundial continúan denunciando su situación, con el apoyo de ONGs de todo el mundo. Las ONG que participan activamente en cabildeos ante las instituciones financieras internacionales son conscientes de la necesidad de redes de control más efectivas que revelarán las verdaderas consecuencias de los programas de Ayuda Internacional para el Desarrollo (AID). Por otro lado, reconocen que los acuerdos de reposición de fondos de la AID 10 y AID 11 registraron ciertos avances en su exposición, en la que se expresa el objetivo de incluir la mitigación de la pobreza y metas de reducción en todos los programas de préstamo.

Los donantes están muy lejos de adoptar, y menos aún de poner en práctica, las recomendaciones de las ONG de destinar el 50 por ciento de la ayuda a los sectores sociales. En ocho de 18 casos de los que se pudo disponer de cifras, el gasto total en salud y educación de los países en desarrollo supera el 20 por ciento. En ningún caso la proporción de ayuda destinada a esos sectores superó el 20 por ciento. En los hechos, fueron las ONG, y no los bancos, las instituciones que mostraron más creatividad y flexibilidad en la lucha contra la pobreza.

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Cada vez más lejos

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