Dar valor a la ciudadanía

En la raíz de la ciudadanía está el sentimiento de identidad y de pertenencia. La pertenencia no se refiere sólo a ser parte de una misma nación o a usar una misma lengua, sino que es también una trama de acontecimientos históricos que mantienen a las personas unidas; la pertenencia se proyecta también en unas preocupaciones comunes respecto al futuro. La pertenencia a un grupo suscita la preocupación. Cuando los individuos se preocupan de los demás, reflexionan y actúan contribuyendo así al bienestar de la sociedad, incluso antes de que aparezca la reivindicación de participar en las decisiones. Algunas personas pueden estar privadas de sus derechos cívicos, pero sin embargo, se sienten vinculadas a todos los demás por una especie de parentesco y de sentimiento de pertenencia común. Con motivo de las primeras elecciones libres que tuvieron lugar en la República de Sudáfrica, aunque de lo que se trataba era de elegir entre los partidos políticos, lo que se podía percibir era un sentimiento dominante y conmovedor de pertenencia a una misma comunidad: el retorno de ese sentimiento público, por vez primera, era de capital importancia

El punto de partida de la elaboración de un nuevo contrato social, pues, debe ser el reconocimiento --en los hechos primero y en los textos después-- de la soberanía del pueblo. La ciudadanía política se construye sin cesar a partir de la base, como fruto de esfuerzos parciales y a veces contradictorios. Lo que significa que las personas inevitablemente son los autores de toda mejora de su propia calidad de vida. Dar poder a las personas para hacer eso no es sólo una aspiración: exige diálogo, acción, en forma de proyectos concretos, en el marco legal establecido.

La participación es un término que se emplea tanto --aunque muchas veces no se practica-- a propósito del desarrollo, que se vacía de contenido. Una participación débil, a nivel de comunidad, significa que los beneficiarios de un proyecto determinado contribuyen, mediante su trabajo, su dinero o sus tierras, a construir o mantener los equipamientos que constituyen un bien común de la comunidad, pero sin expresar su opinión sobre la preparación o la gestión del proyecto. Este método se emplea a menudo para reducir los costos de perforación de un pozo o de construcción de dispensarios, escuelas primarias o caminos rurales.

Es necesario, por tanto, favorecer deliberadamente la participación en los proyectos de desarrollo. El nivel de esta participación puede variar, desde una encuesta formal sobre las necesidades de la población hasta una apreciación sobre el terreno sobre la evaluación del proyecto, comprometiendo a las comunidades, y la identificación directa de sus necesidades, sus prioridades y sus recursos.

La ciudadanía pertenece, por supuesto, a la substancia misma de la democracia. En numerosos países de reciente implantación democrática, la ciudadanía es un factor que se ha dignificado a lo largo de un proceso de devolución de poder a las poblaciones. En otros países, el sentimiento de pertenencia se ha transformado en participación, sin que esto implique por sí mismo un grado más elevado de ciudadanía. En este último caso, la democracia no está reforzada ni las personas adquieren más poder.

La esencia de la participación

Para que la participación de los ciudadanos pueda convertirse en un derecho y una práctica universales, debemos integrar la participación en los modos de gobierno en todos los niveles, en los países en desarrollo y en los demás.

Lo mismo que la ausencia de participación produce un sentimiento de impotencia, de inseguridad y de alienación, así la participación lleva consigo la convicción de estar en situación de influir sobre lo que antes se juzgaba que estaba fuera del alcance de nuestra influencia. Si se estimula la participación en cualquier campo de la vida social, las actitudes que suscita se manifiestan en otras actividades: por ejemplo, en lo que se refiere al alojamiento y al medio ambiente, así como a la salud y la planificación familiar. Al participar, los individuos se asocian activamente a las decisiones que afectan de cerca a la vida familiar, al trabajo y a la comunidad. Conciben, ejecutan, gestionan y evalúan los proyectos locales. En lo que se refiere a los servicios públicos, la población aporta su concurso a la determinación de los objetivos y prioridades, así como a la evaluación de la calidad de los servicios que se prestan.

Por eso, gracias a la participación, en el nivel comunitario, de todos los grupos de la población --incluso las mujeres, los pobres y los campesinos sin tierra-- el desarrollo responderá a las necesidades colectivas: la planificación se basará en los conocimientos, las competencias, la cultura y las realidades económicas locales. Por este hecho, la participación puede transformar a las comunidades de receptores pasivos de la actividad gubernamental en auténticos socios.

Algunos países en desarrollo proporcionan ejemplos de verdadera participación. En las ciudades en plena expansión de Lima y Manila, se han creado asociaciones populares para luchar a fin de conseguir el derecho a poseer una parcela de terreno, o en favor del desarrollo de servicios comunitarios1. Pero incentivar la participación no consiste sólo en construir un marco institucional adecuado: es necesario igualmente crear las condiciones que permitan que cualquier individuo o grupo represente un papel activo.

En términos políticos, participar significa, para los ciudadanos, ejercer el derecho de influir en la política que se realiza o decidirla --no sólo indirectamente por sus representantes elegidos democráticamente, sino directamente en el marco de reuniones municipales y referendos públicos entre otros. Es un punto muy importante en una época en que la democracia representativa aparece a veces como una forma edulcorada de la participación: en efecto, en la mayoría de los países es muy floja la proporción de personas realmente activas en los procesos democráticos.

La participación significativa en el proceso político implica a menudo la redacción de octavillas o de cartas, la organización de peticiones, la creación de asociaciones, la redacción de folletos, y la utilización de todos los medios políticos y jurídicos existentes. Todo esto exige información y educación: la enseñanza de los derechos y los deberes cívicos debe formar parte de los programas escolares en los niveles primario y secundario. El uso de todas esas formas de participación no puede menos de profundizar y enriquecer la democracia representativa, que es una parte integrante del nuevo contrato social.

La devolución del poder es esencial a la participación: es incluso una condición previa; no consistirá simplemente en una vaga devolución de poderes, sino que debe permitir a los órganos responsables elegidos localmente estar asociados a la toma de decisiones concretas y al cobro de impuestos. En los países en vías de industrialización, esa devolución debe implicar igualmente un reparto más justo de los gastos públicos entre las ciudades y el campo: hay que acercar los servicios a sus usuarios, para responder directamente a sus necesidades. En la Unión Europea este principio (el de subsidiaridad) adquirió preeminencia como el medio de asegurar que las decisiones se tomen y pongan en práctica en el nivel más bajo posible.

Movilizar las fuerzas sociales en el seno de la sociedad civil

La participación de asociaciones y de grupos de toda clase en las conferencias mundiales de la ONU, y el gran interés que han demostrado durante los años 90 no son producto de la casualidad. No es más que "la parte visible del iceberg" en un vasto proceso social que afecta a todos los continentes, a saber, la aparición progresiva de una sociedad civil organizada.

La renovación del interés en la eficacia de la sociedad civil puede tener su origen en la asociación ('partenariado') que, a partir de los años 50 se ha ido desarrollando entre ciertas organizaciones del Norte y los movimientos de liberación del Sur. Después de la descolonización, el combate por la democracia y los derechos humanos ha dado en todas partes un nuevo impulso a formas organizadas de contestación o de protesta. Desde el decenio de los 60, en numerosos casos, han sido también los proyectos de desarrollo y de concienciación la ocasión de una evolución de la sociedad a partir de la base popular.

Las organizaciones de la sociedad civil en los países industrializados en que el Estado-nación lleva mucho tiempo establecido, comenzaron más pronto, a veces hace varios siglos.

Pero sea en los viejos o en los nuevos Estados, la razón de ser de la organización y de la movilización de la sociedad civil ha sido la defensa de ciertas causas y el suministro de bienes o de servicios que no podían (o no querían) ofrecer ni el Estado ni otras instituciones establecidas. La creación de entidades de la sociedad civil, sus objetivos, su amplitud o sus características han respondido a motivaciones múltiples. Unas han nacido del deseo de sus miembros de defender la situación propia e inmediata de cada cual, otras de la íntima convicción de que "las cosas pueden cambiar"; otras, finalmente, expresan la cólera y la revuelta ante lo que debería hacerse y no se hace. Algunas de estas motivaciones son de tipo político, otras proceden del impulso moral e incluso religioso.

De ese modo, la sociedad civil es algo más que la yuxtaposición de nuevas instituciones paralelas al Estado y al mercado.

Significado y características de la sociedad civil

Todo nuevo contrato social debería transcender el campo de las relaciones entre un gobierno y sus ciudadanos; será algo diferente de lo que se ha convenido en llamar "la cuestión social", que refleja la antigua dicotomía capital-trabajo. En otros términos, la sociedad civil evoca la imagen de una multiplicidad de intereses y de causas, constitutivos de la estructura social, a los que se considera como un proceso continuo de auto-organización.

Su apariencia es diversa y cambiante. Cuando los movimientos sociales eran poderosos, se concebía una sociedad civil organizada. Hoy la situación es diferente: las causas que defienden los distintos grupos sociales son diversas, como diversos son los objetivos que persiguen. Algunos grupos están bien estructurados y son capaces de una acción continua y sostenible, otros tienen un carácter más "profético" y actúan de modo más esporádico pero intenso.

Otros, incluso, se transforman desde su interior o por presiones exteriores interviniendo con formas de acción que son permanentes o que evolucionan a lo largo de la existencia de grupo. Cuando han adquirido responsabilidades, los ciudadanos pueden adoptar una de esas formas de acción y estar de ese modo en condiciones de ejercer una presión donde lo estimen necesario. La multiplicidad de formas de acción, su mutua fecundación y su potencial de contestación confieren al tejido social una gran vitalidad. Hasta que no se reúnen estas condiciones no se puede hablar razonablemente de sociedad civil.

Se trata, pues, de una forma nueva de contrato social que defina los modos de intervención de la sociedad civil en la vida pública, precise su lógica y desarrolle las condiciones de organización y de funcionamiento de sus puntos de aplicación. También deberá prever una adecuada representación de la sociedad civil en un ambiente político en constante evolución. Ahí es precisamente donde hoy, y más que nunca, se están creando numerosas organizaciones de este género en diversos países o a escala internacional.

El trabajo que queda por hacer para llevar a la práctica nuestra nueva visión de los problemas de población, quizás se realice gracias a la vitalidad de la sociedad civil. El contrato social se impondrá si comporta compromisos firmes en favor del ideal del derecho a la calidad de vida para todos y de la capacidad de preocupación por el otro que puedan demostrar los individuos, los grupos y las instituciones. Quizás no se realice una completa armonía social, pero, sin embargo, nosotros debemos esforzarnos para proceder a los cambios fundamentales que fortifiquen la cohesión de la sociedad y permitan avistar un porvenir vivible para las futuras generaciones.

El presente informe invita por tanto a los gobiernos, que se apoyan en los mercados, a asumir sus responsabilidades y a no concebir el capital privado como alternativa a las decisiones de las instancias políticas.Más allá de las instituciones del mercado y de las instituciones de poder político representativo, los gobiernos deben contar con la voluntad política de la sociedad civil.