Estrategias para una mejora
sostenible de la calidad de vida

Para obtener una mejora sostenible de la calidad de vida --inspirándose en la visión global que se ha evocado más arriba-- los países tienen que elaborar una estrategia práctica y viable. Ésta, en primer lugar, tiene que definir unas normas mínimas de calidad de vida, mensurables, verificables y válidas para todas las naciones. En segundo lugar, es necesario establecer y hacer aceptar por todos un calendario de realización de estas normas. Tercero, una vez que se hayan conseguido estos mínimos se fijarán progresivamente normas más elevadas. Entonces habrá que insistir más sobre la calidad de vida que sobre la cantidad, y corresponde a cada uno ayudar a los demás a alcanzar las normas mínimas.

Esta tarea exigirá, en los planos nacional y mundial, un compromiso firme en favor de políticas sociales activas. No pueden ser negociables las normas mínimas de calidad de vida: son prioritarias para todos y con la mayor urgencia. Para cada elemento de la calidad de vida hay que hacer un esfuerzo en el plano internacional para definir los indicadores y precisar cuál será la norma mínima exigible para cada uno de ellos. Por debajo de un cierto nivel mínimo, se considerará que no se ha respetado el derecho a la calidad de vida.

Las normas mínimas deberán definirse con precisión de modo que se puedan medir tan exactamente como sea posible. Un mínimo en materia de enseñanza, por ejemplo, podría consistir en un cierto número de años de escolarización gratuita. En el campo de la salud, la norma podría ser la posibilidad de acceso al agua potable y a los servicios públicos sanitarios, juntamente con un mínimo en materia de alimentación y de acceso a los servicios médicos de base y a los servicios de planificación familiar, todo ello a una distancia aceptable o sin desplazamientos demasiado lejanos y prolongados. En materia de vivienda, el derecho debe garantizar la posesión de una casa sencilla (o de un espacio donde uno mismo la pueda construir) con un costo a su alcance. Este costo se podría definir como un cierto porcentaje de los ingresos de las familias elegidas entre el 20% de las más pobres. En materia de medio ambiente, el mínimo podría ser un cierto umbral de pureza del aire y del agua y un máximo de distancia de recorrido para acceder a los espacios verdes. En la vida familiar, el mínimo podría ser la ausencia de violencia.

Objetivos y calendarios

No es suficiente la definición de unas normas: por ejemplo, en los años 60 el PIDESC fijó la norma de la educación primaria para todos, pero todavía hoy no es respetada en más de treinta países. Si la comunidad internacional quiere evitar informes indefinidos en la aplicación de las normas, tiene que establecer un calendario estricto con este fin.

Los Gobiernos, dentro de unos límites de tiempo que hay que determinar, deben fijar metas y calendarios para alcanzar las normas mínimas y comprometerse a cumplirlas en un período de tiempo razonable. Esta duración "razonable" variará dependiendo, obviamente de los niveles de partida: para conseguir que haya una enseñanza primaria para todos, hará falta más tiempo en un país en que la escolarización primaria es el 40% que en otro en que la matricula sea el 80%.

En el plano internacional es necesario suprimir la falta de coherencia y las incompatibilidades entre los objetivos y entre los calendarios. La Comisión recomienda que se armonicen entre sí, y se consoliden todos los objetivos y plazos de realización relativos a los derechos sociales y económicos adoptados por las Conferencias de las Naciones Unidas. Una vez acordado, las futuras Conferencias de las Naciones Unidas no podrán modificar nada (como ha ocurrido ahora en los campos de la educación, la sanidad y el medio ambiente). Al contrario de lo que ocurre en las conferencias de esta década, el mandato de esas conferencias deberá ser sólo definir y revisar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos ya establecidos.

Cada gobierno debería tomar las medidas necesarias, a la vez verificables y mensurables, para alcanzar los objetivos fijados para los dos decenios siguientes y, en la mayoría de los casos, en un plazo más corto. La fijación de un plazo superior a diez años no es, probablemente, el tipo para dinamizar la acción necesaria, en particular si el gobierno aludido tiene que hacer frente a múltiples demandas que afectan a sus recursos y a un calendario que deba respetar.

En esta materia la "línea del frente" la constituyen individualmente las naciones: con más precisión, sus ciudadanos, sus gobiernos y sus ONG. En la mayor parte de los asuntos, la calidad de vida se concreta en el nivel del individuo, de la familia, de la comunidad local o de la empresa o de otra institución a la que esté vinculado el individuo. El Estado es el órgano catalizador, el que hace posible la movilización de las capacidades de los individuos; crea el marco en el que se ejerce la política por la cual los ciudadanos pueden conseguir por sí mismos una aceptable calidad de vida.

Cuando se trata de países pobres, los compromisos nacionales deben contar con una ayuda exterior cuya función prioritaria sea completar los recursos nacionales para cumplir las normas mínimas definidas internacionalmente. Para ello habrá que realizar una coordinación de la ayuda (véase el capítulo 15 de esta obra).

Cuando se trata de países que están situados por encima del mínimo, sus gobiernos deberán hacerse responsables de los programas de desarrollo para elevar los niveles de los grupos sociales que todavía no hayan alcanzado esos mínimos. Los gobiernos, además deben buscar con mejoras sostenibles tanto la igualdad como la calidad de vida. Esto implica prestar atención a las metas emergentes, de modo que cada una tenga su calendario.

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Las colectividades locales también pueden determinar los objetivos y fijar los calendarios en los asuntos de su competencia: educación, sanidad, vivienda, infraestructuras públicas y medio ambiente en sus múltiples aspectos.

En vez de ser medios arbitrarios válidos para todo el país, los objetivos deberían corresponder a unos niveles mínimos que cada cual podría superar. Eso implica elaborar indicadores desagregados (por sexo, por grupo étnico o de renta, o por región) con el fin de verificar que cada grupo se sitúe por encima de los mínimos y que desaparezca la pobreza.

Cuando se hayan asegurado de ese modo para todos los derechos elementales, una calidad de vida mínima, la mejora sostenible de la calidad de vida debe continuar siendo un objetivo político esencial. Es un proceso continuo que debe evolucionar permanentemente.

A medida que las naciones más pobres consigan que sea realidad esta calidad de vida mínima, será necesario apuntar a otro objetivo, que tiene igual importancia: la equidad entre las naciones. La Comisión rechaza algo que implícitamente podría convertirse en idea admitida: la de una doble serie de normas, de mínimos para los pobres, y de objetivos cada vez más altos para los ricos, se trate de individuos o de naciones. Todos los países, todas las clases y las generaciones, tanto hombres como mujeres, tienen el derecho a todos los mínimos y a la equidad sin fallos.

Los indicadores

Los objetivos correspondientes a una mejora sostenible de la calidad de vida deben estar traducidos en indicadores, que serán los parámetros mensurables y verificables relativos a la sociedad, a la economía y al medio ambiente.

Estos indicadores tienen numerosas funciones. Hacen pasar los objetivos del dominio de la retórica al de la acción concreta y al de la responsabilidad. Permiten fijar objetivos precisos a la acción futura; facilitan al gobierno y a la sociedad civil el seguimiento de los progresos alcanzados y señalan los problemas cuando aparecen y necesitan una corrección.

Los indicadores no son útiles sólo para los gobiernos. Si se establecen con la participación de los ciudadanos y se difunden ampliamente, dan un cierto poder al público y a la sociedad civil. Cada cual está al corriente del " estado de las cosas" y puede medir los progresos conseguidos en la dirección del objetivo; los indicadores son una base a partir de la cual se pueden pedir esfuerzos cuando no se han conseguido los objetivos; estimulan la toma de conciencia de los problemas por parte de los ciudadanos, y pueden incitarlos a cambiar por sí mismos su modo de vida y a mejorar su salud y el estado del medio ambiente.

Los indicadores deben ser de fácil acceso, sencillos de comprender y de calcular y procedentes de definiciones sensatas de la calidad de vida. También deben permitir comparaciones entre zonas geográficas y períodos diferentes.

Algunos indicadores "negativos" (por ejemplo, los crímenes o la violencia, en especial contra grupos vulnerables: niños, jóvenes solteras, minusválidos, ancianos, minorías) tienen en nuestros días gran importancia para la identificación de los factores sociales que se oponen a la realización duradera de una calidad de vida satisfactoria. Al mismo tiempo suscitan un sentimiento de revuelta y empujan hacia la acción social a los elementos de la sociedad que son capaces de hacer en el futuro más sostenible la calidad de vida.

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Iniciada por los gobiernos o las autoridades locales, la elaboración de los indicadores debe hacerse con la participación activa de la sociedad civil, y en especial de las instituciones universitarias. Estos indicadores podrían expresar, por ejemplo, de una forma concreta las "políticas y estrategias de desarrollo social nacional", cuya definición ha sido el deseo de la cumbre de Copenhague de marzo de 1995.

Los indicadores deben, ante todo, cuantificar los elementos que definen los objetivos de las acciones que se han de emprender. Deben también proporcionar las bases que permitan luego a los ciudadanos medir los progresos. Los indicadores se pueden convertir en un poderoso instrumento para que cada ciudadano pueda seguir las evoluciones en la calidad de su propia vida, construyendo de ese modo, a través del mismo esquema, una base sólida sobre la cual podrán apreciar los medios de comunicación social, las ONG y los mismos ciudadanos las responsabilidades de los gobernantes y pedirles cuentas.

El público, por tanto, debe estar informado regularmente de los progresos realizados. La Comisión pide que esta información sea difundida por un organismo independiente del gobierno, a fin de evitar una eventual manipulación --e incluso la supresión-- de los resultados poco favorables: se recomienda la creación de una figura cívica que sería una especie de un "Defensor de la Calidad de Vida". La apreciación que se haga de los avances conseguidos y la información sobre este tema podrían convertirse en una "auditoría de la calidad de vida".

Aunque los indicadores miden los resultados obtenidos y señalan su evolución, en último análisis descansan en dos elementos preponderantes: la política adoptada y el proceso de su ejecución. La política, con los programas y las iniciativas que implica, constituye el cuadro sistemático de prosecución de los objetivos. De ese modo, los programas sobre la agricultura o las preocupaciones natalistas no podrá salir adelante si están concebidos sin la participación de sus beneficiarios; incluso pueden volverse contra éstos.

Objetivos e indicadores concretan los aspectos múltiples de la calidad de vida. Son también el instrumento más importante:

  1. del compromiso de los gobiernos en favor del cambio, y

  2. de la posibilidad para la sociedad civil de exigir cuentas a su gobierno.

Esa estrategia implica además:

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Diversas instituciones han elaborado índices que, aquí o allá, dan una idea de la calidad de vida en su conjunto. Un índice resulta de la combinación de varios indicadores: intenta representar, de una manera general, el bienestar real de los individuos. Los índices pueden hacer grandes titulares en los medios, polarizar a la opinión pública, movilizar a los dirigentes políticos y en ciertos casos estimular a todo el país a trabajar todavía mejor. Pero no pueden, y no deben, ser utilizados como guía en la formulación de políticas detalladas.

Uno de los primeros índices que se han elaborado es el "Índice de la calidad física de la vida" (ICFV)13. Esta basado en tres datos: la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida a un año, y la tasa de alfabetización de los adultos. Cada uno de estos datos se transforma en un índice graduado de cero a 100, siendo cero el peor resultado que se haya constatado entre los países en 1950 y 100 el mejor que se pueda prever de aquí al año 2000. Sin embargo, el Overseas Development Council dejó de publicar el ICFV en 1990.

La antorcha fue recogida inmediatamente por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que desde 1990 publica cada año su Indicador del Desarrollo Humano (IDH). En su versión de 1994, el IDH utilizó la esperanza de vida en el nacimiento como un elemento de la salud. El dato referido a la educación se mide por la tasa de alfabetización de los adultos (dos tercios) y el número medio de años de escolaridad de éstos (un tercio). La renta se mide por el producto interior bruto real (PIB) por persona, ajustado teniendo en cuenta las diferencias locales del costo de la vida. Puesto que un consumo muy fuerte no aumenta demasiado el bienestar, se han reducido drásticamente las diferencias de renta por encima de los 5.120 dólares.14

En el plano internacional, el IDH se ha convertido en símbolo del progreso, de ahí que el publico tienda a valorarlo más en términos relativos que absolutos. Sin embargo, sirve para dar pábulo a debates nacionales sobre las prioridades y el reparto de los recursos.

Con el desarrollo de las preocupaciones relativas al medio ambiente, se han hecho intentos por elaborar un índice que mida los aspectos ecológicos de la calidad de vida. La "New Económics Foundation" de Londres, ha elaborado un índice de la "Sociedad Verde de las Naciones" que incluye a 21 países, calculado a partir de once indicadores del medio ambiente que van desde las emisiones de gas a las especies amenazadas y a la eficacia de la utilización de la energía15.

Los índices tienen sus inconvenientes y sus peligros. La calidad de vida está compuesta de elementos dispares que no es posible reunir en un índice sintético satisfactorio y que contiene también una parte de subjetividad. La elección de los elementos que componen el índice y la ponderación que se les atribuye dependen en buena medida de juicios de valor, y los resultados obtenidos son mucho menos objetivos de lo que aparecen bajo su forma numérica.

Reformar las cuentas nacionales

La mayor parte de los países practican ya el "gobierno por objetivos e indicadores", pero éstos son casi totalmente macroeconómicos: inflación débil, equilibrio presupuestario, crecimiento del producto nacional bruto (PNB) etc. Sin embargo es esencial basar la política económica sobre buenos indicadores. Actualmente, es el PNB el que mide los progresos conseguidos tanto en el plano nacional como en el internacional. Dado que aporta una visión muy global de la vida económica, el PNB ha sido considerado erróneamente como un instrumento para guiar útilmente a una nación hacia el bienestar. Así pues, se ve en él la mejor expresión posible de la calidad de vida y la principal regla para comparar a las naciones entre sí.

En realidad el PNB no da una visión adecuada de la calidad de vida, porque no expresa completamente el bienestar de una nación y no indica si este bien es sostenible. Por otra parte, las comparaciones internacionales no traducen correctamente las calidades de vida relativas16. Hasta hace poco tiempo no se ha introducido el valor relativo de los ingresos en términos de poder de compra, como el indicador más significativo, en lugar de las medidas tradicionales incluido el PNB.

El PNB deja de lado una buena parte de la actividad indispensable para la vida individual y colectiva, y sin la cual ésta no sería sostenible. No tiene en cuenta el trabajo no remunerado (esencialmente el de las mujeres) en el seno de los hogares y de las comunidades: cuidado de los niños, de los enfermos, los ancianos o los minusválidos. Esta economía no monetaria representa al menos tantas horas de trabajo como toda la agricultura, la industria, el comercio y los servicios públicos reunidos. Numerosos estudios evalúan el trabajo entre el 30 y el 50% del PIB de los países industrializados y de los países en desarrollo17.

La omisión del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales tiene consecuencias importantes: se silencia el papel esencial de las mujeres --benévolas-- y de los cuidados que se aportan sin contrapartida. "Si sois invisibles en la contabilidad nacional, no se piensa en vosotras para la formulación de la política"18 La versión 1993 del sistema de contabilidad nacional que aconseja el Servicio de Estadísticas de la ONU tiene en cuenta la producción no remunerada de bienes destinados al consumo personal, por ejemplo la obtención de productos alimenticios o la construcción de una casa para uso propio. Pero todavía no incluye servicios de tipo personal como el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos19. Sí registra, en cambio, la disminución de activos naturales "no productivos": bosques, stocks de peces, reservas de agua subterráneas y yacimientos mineros.

Es urgente reformular el Sistema de la Contabilidad nacional para todos los países, como primer paso en la dirección correcta.

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Pero hay que hacer más y rápidamente. La Comisión recomienda con fuerza que se adopten medidas que permitan evaluar los servicios que se hacen en los hogares domésticos y el voluntariado en las comunidades, y registrarlas en cada país, en cuentas paralelas. Esto se podría hacer cuando se realizan los censos de población y mediante encuestas, poniendo al día regularmente los resultados y dándoles difusión amplia20. A falta de ello, se continuarán tomando decisiones importantes sobre la base de informaciones erróneas.

Estas mejoras y estas informaciones complementarias permitirían a las sociedades medir lo que costaría la sustitución de servicios voluntarios a los más débiles por cuidados profesionales (es decir, remunerados). Realzarían también el estatuto de las mujeres y constituirían una base a partir de la cual los gobiernos podrían establecer derechos a la seguridad social y a pensiones a los que cuidan de los demás sin ser remunerados. Los gobiernos se sentirían estimulados a ayudar a los que trabajan por el bien de la sociedad; si su tarea se hiciera demasiado pesada, debería al menos ser realizada, con mayores gastos --y menor calidad-- por el propio Estado21.

Asimismo sería útil crear en cuanto sea posible cuentas paralelas que puedan reflejar los costos ecológicos y la depreciación del capital natural. Los métodos actuales del cálculo del PNB no nos dicen si son sostenibles o no las rentas adicionales. Para el PNB, el agotamiento de recursos no renovables se contabiliza como renta.

Este PNB desajustado es engañoso: nos estimula a vivir de una forma que no se puede prolongar indefinidamente. En su forma actual incluye el valor de las acciones correctoras o preventivas que sólo sirven para ocultar los daños sociales y ecológicos.

Cuando la tasa de crecimiento económico de Indonesia se ajustó para anotar la disminución de sus reservas de petróleo, de sus bosques y de la fertilidad de sus suelos, el valor de su PIB en 1983 se redujo el 22%. Entre 1971 y 1984 esta tasa que es el 7%, según el modo de cálculo tradicional, cae hasta el 4% si se tienen en cuenta las pérdidas sufridas por el medio ambiente. En Costa Rica, las pérdidas que sufrieron sus bosques, suelos y reservas de pesca se elevaron en 1989 al 9% del PIB, es decir cuatro veces más que la depreciación tradicional de su capital22.

Es necesario que, utilizando todos los conocimientos económicos y científicos disponibles, reflexionemos sobre los costos futuros de estos daños causados hoy al medio ambiente23.

La equidad

La necesidad de equidad está anclada profundamente en cada uno de nosotros. Cuando se escarnece nuestro sentido de la justicia y de la imparcialidad, el resentimiento que se experimenta puede echar a perder la calidad de la vida, e incluso desencadenar conflictos sociales. La Comisión está convencida de que la equidad es el principio fundamental que debe respetar todo individuo, toda comunidad o institución y cada Estado.

La equidad es una noción más amplia que la igualdad. Hay un cierto número de convenios internacionales que ponen el acento en la discriminación, afirmando, por ejemplo que los derechos que se garantizan deben ser ejercidos "sin ninguna discriminación basada en la raza, el color de la piel, el sexo, la lengua, la religión, la opinión política o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento o cualquier otra situación"24. Según la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (1986), los Estados deben "asegurar a todos la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos básicos, a la educación, a los servicios sanitarios, a la alimentación, a la vivienda, al empleo y a un reparto equitativo de la renta".

A menudo los conflictos sobrevienen como consecuencia de una escandalosa desigualdad --percibida como tal o verdadera-- en el reparto de las riquezas o del poder entre regiones o entre grupos sociales o étnicos o como consecuencia de la falta de democracia o de participación directa o, finamente, porque los dirigentes no han tenido en cuenta las aspiraciones del pueblo. En todas estas circunstancias, las causas de los conflictos se reducirán con una mejor participación o con una mayor equidad. Fundamentalmente, lo que está en juego toca a la naturaleza indivisible de la realidad: no se la puede separar en comportamentos, sean de riqueza o de poder. Lo que anida en la raíz de los antagonismos es la falta de equidad que existe entre las naciones en relación con la riqueza, el poder u otros factores, la falta de equidad entre todos los actores .

La equidad es algo más que la igualdad de derechos o la igualdad ante la ley. La Comisión estima que la verdadera equidad pasa por una igualdad real de oportunidades, y que sólo es posible mediante una mayor igualdad en el reparto de las rentas, de la riqueza y del acceso a los servicios. La equidad por tanto, puede exigir una acción vinculante, que se ejerza, por ejemplo, en favor de individuos o de grupos hasta ahora excluidos, a fin de reparar injusticias anteriores.

La equidad no es una noción que pueda ser ignorada con el pretexto de que el desarrollo no ha alcanzado un determinado umbral. Tampoco es una cuestión que dejará de plantearse cuando un país se haya hecho rico. En cualquier circunstancia forma parte integrante de toda política. Cuando son razonables las políticas vigentes, los países en que reina efectivamente la equidad, se ven recompensados con un crecimiento económico más fuerte, una mayor seguridad de las personas, una esperanza de vida más larga y un medio ambiente más sostenible. Por encima de todo, al tratar de hacer efectiva la equidad, los países mejoran la calidad de vida para todos y con ello refuerzan la cohesión de su pueblo y de los diferentes grupos sociales.