Como se ha visto en el capítulo "Movilizar las fuerzas sociales: para un nuevo contrato social", a causa de los múltiples procesos de transición que están en marcha en nuestro mundo globalizado, ha llegado quizás el momento de lanzar la idea de un nuevo contrato social, basado en la comprehensión de las nuevas realidades sociales por parte de la sociedad.
El punto de partida de este nuevo contrato social será el reconocimiento jurídico y pragmático del hecho de que la soberanía reside en el pueblo: él es el que debe convertirse en el sujeto de la mejora de la calidad de vida. La afirmación de los pueblos frente al poder no es un deseo abstracto; consiste en diálogos, en innumerables acciones y proyectos dentro de unos marcos jurídicos dados.
Tenemos necesidad urgente de un nuevo contrato social: una nueva síntesis, un nuevo equilibrio entre los mercados, la sociedad y la naturaleza, entre eficacia y equidad, entre riqueza y bienestar, entre crecimiento económico y mejora sostenible de la calidad de vida. Tenemos necesidad también de nuevos conceptos, de nuevos instrumentos que permitan a los gobiernos regular los mercados impidiéndoles, gracias a finanzas sanas, que pongan en peligro nuestra supervivencia y lo consigan a costa de la calidad sostenible de vida.
Este contrato social debe articular en las fases de transición demográfica, un nuevo equilibrio entre los diferentes grupos de edad: un nuevo equilibrio capaz de crear armonía entre los seres humanos y la naturaleza, entre hombres y mujeres, adultos y niños, entre el mundo creado y las diversas formas de energía espiritual. Estamos convencidos de la necesidad de dar un sentido concreto a esta noción de nuevo contrato social que debería aplicarse a las relaciones entre los gobiernos y el pueblo, entre el hombre y la naturaleza, así como en las naciones y en la comunidad mundial.
En el corazón de este contrato se encontrará el compromiso renovado de cada uno para luchar juntos por la mejora y la perennidad de la calidad de vida en todas las partes del mundo.
Si la responsabilidad de los jefes es dirigir, no pueden menos de hacerlo en un marco y en un clima políticos que habiliten al pueblo frente al poder. La participación debe convertirse en un aspecto esencial e integrante de las actividades de las personas en todos los niveles de la sociedad. Los problemas se multiplican cuando los individuos no pueden debatirlos libremente ni hacer oir sus protestas. Por eso todo lo que constituye la democracia (libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión, elecciones libres mediante sufragio universal, acceso a la justicia igual para todos y educación permanente) es esencial para la participación positiva de todos y para la adaptación colectiva a las exigencias del cambio social.
No es suficiente crear el marco institucional que permita esta participación. Es necesario también establecer las condiciones gracias a las cuales todo individuo o grupo esté en situación de participar. Hay que inventar, por tanto, formas de participación de los ciudadanos capaces de profundizar y de enriquecer la realidad de la democracia.
Una condición previa para esta participación es la existencia de recursos que correspondan a las responsabilidades que se hayan devuelto; cada decisión que se tome debe, dentro de lo posible, estar en estrecha asociación con los individuos afectados.
En consecuencia, la participación de los ciudadanos debe convertirse en una práctica y un derecho universales que conviene afirmar en todos los niveles de la estructura de los poderes públicos, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.
Cuando los ciudadanos están habilitados frente al poder, pueden ejercer una acción organizada en las cuestiones que les tocan más de cerca. La multiplicidad de formas posibles de esta acción y la interacción (a veces oposición) de estas iniciativas alimentan la vitalidad del tejido social. Es entonces cuando verdaderamente se puede hablar de sociedad civil.
En el plano mundial, habrá que encontrar caminos y mecanismos para superar el carácter exclusivo de las actividades, negociaciones y diálogos, en especial en el contexto de la ONU. Las Naciones Unidas deberían ir construyendo, a partir de las ONG, y utilizar las posibilidades que éstas ofrecen para consolidar y reforzar los resultados que han conseguido en las conferencias mundiales de Río, de Viena, de El Cairo, de Copenhague, de Beijing y de Estambul. Las actitudes paternalistas de los gobiernos y de los responsables máximos de numerosas organizaciones internacionales, deben dar paso, por el interés general, a una asociación verdadera y sostenible. Este estado de espíritu deberá traducirse en las estructuras y los mecanismos de estas organizaciones.
Para alcanzar estos objetivos y para establecer la legitimidad y el peso político de las ONG, hay que definir claramente sus criterios de representatividad internacional, mediante una apropiada deliberación entre las partes afectadas.
