Los lectores habrán notado que en el capítulo "Redefinir el trabajo", la Comisión ha hecho un esfuerzo especial para dar al trabajo una nueva definición. De ahí se derivan las siguientes recomendaciones.
Proponemos que el trabajo sea redefinido según una acepción amplia, que cubra un extenso conjunto de actividades (cuyas partes más visibles serían el empleo en el sentido tradicional del término y las actividades no remuneradas en la sociedad y cercanas a la familia y a los individuos) que engendran una riqueza que hay que repartir lo más equitativamente posible. El valor de este trabajo no remunerado --que en todo el mundo es, sobre todo, el trabajo de las mujeres-- debe ser reflejado en la contabilidad nacional de cada país.
Dada la evolución de la naturaleza del trabajo después de la revolución industrial, pensamos que ya no se puede mantener su definición tradicional. El trabajo debería ser considerado como un proceso continuo al que hay que atribuir un cierto valor económico en cada una de sus fases, desde el trabajo que se realiza simplemente para subsistir hasta el empleo clásico, o a otras funciones no remuneradas (por ejemplo la del ama de casa o --lo que es mucho menos frecuente-- el de los voluntarios), que responden a necesidades o confieren responsabilidades. En los países en desarrollo, el trabajo crea medios de existencia, favorece la eliminación de la pobreza, reduce el paro y el subempleo, y debe crearse al mismo ritmo de la mano de obra disponible.
La creación de empleo en las zonas urbanas debe ser objeto de igual atención, centrada especialmente en las pequeñas empresas y en el sector "informal" --es decir, principalmente en la economía "sumergida".
Pensamos que una solución al problema consiste en incluir en la contabilidad nacional este sector informal en el mismo plano que las pequeñas empresas que respetan sus obligaciones legales.
Estamos dichosos de constatar el apoyo internacional de que goza la instauración de fórmulas específicas de crédito a las micro-empresas, porque pueden ayudar a los pobres y principalmente a las mujeres pobres. La Comisión desea la expansión de estas fórmulas (que hasta el presente no son apenas utilizadas más que en Asia) y pide a los donantes bilaterales y multilaterales que aseguren su financiación. Por su parte corresponde a los gobiernos de los países en desarrollo crear el contexto jurídico y político adecuado para favorecer la expansión de estas estructuras de microcrédito.
En la mayoría de los países industrializados, la causa del paro no tiene relación ni con la falta de trabajo que hay que realizar, ni con la riqueza de algunos. Sin embargo es necesario asegurar un reparto equilibrado del trabajo y de la renta, lo que constituye un gran desafío para los países desarrollados.
En consecuencia, proponemos que un gran número de empresas y de gobiernos estudien y pongan en marcha el potencial del "trabajo compartido" con el fin de disminuir el desempleo en el Norte y en el Sur. A este reparto del trabajo habrá que añadir un programa de reparto del beneficio. A veces coincide un paro elevado con la obtención de beneficios igualmente elevados; he ahí una paradoja que engendra tensiones insoportables en las relaciones entre el capital y el trabajo.
Estos nuevos conceptos deberán ir acompañados de modificaciones importantes de la legislación del trabajo, de aumento de posibilidades de educación y de formación continua, de una reforma en profundidad de la fiscalidad y del régimen de protección social.
En los países industrializados se percibe la necesidad de una nueva forma de flexibilidad en la utilización de la mano de obra, gracias a la cual se pueda mejorar constantemente la competencia profesional, en el lugar de trabajo o fuera de él. Esto implicará un gran desarrollo de los programas de formación de los asalariados y de la enseñanza técnica en los niveles secundario y universitario.
Sin embargo, estimamos que un nuevo reparto de los empleos existentes no puede resolver más que una parte del problema: hay que crear urgentemente nuevos empleos. Existen grandes posibilidades para nuevas fórmulas de partenariado público, privado o comunitario.
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Estamos convencidos de que la mejora sostenible de la calidad de vida, si se generaliza, reducirá las migraciones de toda especie y las dificultades consiguientes.
El crecimiento urbano plantea enormes problemas sociales y ecológicos a los municipios a los que hay que proporcionar la ayuda y los medios necesarios para resolver esos problemas, hoy al borde del apocalipsis. El Estado en dialogo con la sociedad civil debe poner su empeño para hacer un reparto más equilibrado de la población.
Pedimos que las zonas rurales y los habitantes pobres de las ciudades disfruten, en el marco de los ajustes estructurales, de una parte justa del gasto público. Aquí no se puede tratar de "redes de seguridad" temporales: es tarea prioritaria la descentralización de responsabilidades y de recursos en beneficio de las municipalidades y de los distritos pobres.
Las migraciones (trátese de refugiados, de inmigrantes o de trabajadores móviles) y su vínculo con los niveles de vida, --en especial cuando se trata de mujeres-- deben ser objeto de atención prioritaria a escala internacional. La Comisión pide a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y a los grupos informales (el "Grupo de los Siete", por ejemplo), que para estos problemas busquen soluciones humanas y practicables en nuestra época de mundialización.
Los traslados de puestos de trabajo no deben hacerse al precio de un deterioro de las condiciones de trabajo o de la seguridad. Algunas empresas transnacionales han demostrado que es compatible la rentabilidad con condiciones razonables de trabajo. Podrían seguir su ejemplo otras empresas --eventualmente según un código voluntario de buena conducta. Entonces en los países industrializados sería menos fuerte la presión favorable a los obstáculos no tarifarios que se oponen a la importación de productos fabricados en países en desarrollo según métodos basados en la explotación de la mano de obra. Ese "código" completaría algunas convenciones de la OIT que están en vigor, pero que carecen de ejecución y no son de obligado cumplimiento.
Los crecientes beneficios resultantes del comercio mundial más libre deben ser acumulados en favor de las naciones en desarrollo. Pedimos a todas las organizaciones internacionales, incluidas las del sector privado, que estudien las consecuencias de esta evolución e inicien una acción enérgica para impedir la aparición de una nueva fractura entre ricos y pobres.
Proponemos que bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio se reanuden sin tardanza negociaciones para facilitar el acceso a los mercados industrializados de los productos que provienen de los países en desarrollo.
