Como consecuencia de su análisis de las políticas de población en el capítulo de la evolución demográfica, la Comisión ha percibido una evolución notable y reciente de las actitudes relativas a la dinámica de la población. La oferta eficaz de programas para difundir anticonceptivos, informaciones y consejos han rebajado las tasas de fertilidad, a pesar de que ha faltado el sostén de una evolución económica y social favorable. Durante los años 70, el estatuto de las mujeres ha aparecido como elemento determinante de la fertilidad, pero la elección de indicadores que definían este estatuto ha dado lugar a muchas discusiones. Después de haberse precisado los primeros parámetros (alfabetización, educación y edad del matrimonio), se han ido añadiendo progresivamente otros como la participación en las decisiones económicas y la salud.
Se han modificado las opiniones entre 1974 y 1984. Por un lado los considerables cambios estructurales de la economía mundial y los comienzos de la "globalización" han llevado al desarrollo a un callejón sin salida. Por otra parte, el movimiento feminista ha adquirido una gran influencia y se ha convertido en fuerza determinante. De manera casi repentina, los derechos de las mujeres en materia de procreación se han convertido en la base de la política de población.
La afirmación del derecho inviolable de las mujeres a tomar decisiones en materia de natalidad ha situado esta política en un nuevo contexto, el que corresponde, de facto, a un cambio de paradigma.
Recomendamos que las políticas de población, implícitas y explícitas y sus relaciones con la calidad de vida sean responsabilidad de los gobiernos y se decidan en un nivel alto de la estructura del ejecutivo (con la consulta de los parlamentos en especial si estas medidas influyen en las prioridades presupuestarías). Esta función no puede ser confiada a simples órganos consultivos.
Recomendamos además la creación de un comité mixto OMS-UNICEF, en el que participarían representantes de las Comisiones de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y sobre el estatuto de la mujer, que sería el encargado de definir las normas internacionales de ética relativas al empleo de nuevas técnicas de reproducción de la vida (NTR). Estas normas deberán incluir la perspectiva de los derechos humanos, serán sensibles a la igualdad y diferencia de sexos y aportarán directrices para el desarrollo futuro en términos de investigación científica y de posibles evoluciones de las NTR.
Recomendamos que los organismos nacionales e internacionales que financian esta investigación emprendan estudios sobre el empleo (y el abuso) de las NTR y publiquen los resultados de los trabajos realizados.
Recomendamos la constitución, en el plano nacional, de un Consejo interdisciplinar independiente (como ya se ha hecho en algunos países), encargado de estudiar minuciosamente las consecuencias sociales y éticas de la biotecnología sobre los nuevos métodos tanto de reducción de la fertilidad como de lucha contra la esterilidad.
Para la Comisión, el empleo de la coerción directa o indirecta en la aplicación de una política de población constituye una violación de los derechos del ser humano; debe ser abandonado todo método coercitivo para aplicar las medidas que recomendamos, las cuales aspiran a permitir un debate público y a poner en práctica una política social que facilite y promueva la limitación voluntaria del tamaño de las familias.
Asimismo recomendamos, con el fin de poner remedio a las insuficiencias de información disponible actualmente, un estudio sobre las migraciones inter-regionales y globales en los países en desarrollo.Recomendamos también estudios específicos sobre la migración de las mujeres de los países en desarrollo,tanto en los puntos de partida como de llegada, para definir la política de ayuda que se requiera.
