El capítulo "Responder a las necesidades: la capacidad de hacerse cargo del otro" ha evocado toda una serie de preocupaciones, porque nuestra Comisión estima que es necesario superar la noción estrecha de subsistencia material. Ahora debemos poner nuestras facultades psicológicas, espirituales y políticas al servicio de los demás: he ahí una condición determinante para el progreso y la supervivencia. Un ética de preocupación por el otro --que es la que nos define como seres humanos--- supera la racionalidad económica, porque puede contrarrestar el individualismo y la avaricia. La atención que damos a nosotros mismos, a los demás y al medio ambiente es el fundamento de una mejora sostenible de la calidad de vida para todos. Esta ética de hacerse cargo del otro exige un cambio drástico de paradigma.
La preocupación por el otro puede expresarse así: actitudes o actos que den testimonio de la interdependencia de las personas, de las comunidades y de las naciones, de su conciencia de la existencia del otro y de su compromiso en favor suyo. Este sentimiento es el que conduce a cada uno de los miembros de la sociedad a preocuparse de los demás y a crear así una sociedad que abre posibilidades y da poder a todos.
Trabajamos por un nuevo humanismo fundado en la promoción de los derechos humanos, no sólo en términos jurídicos, sino también desde el ángulo de la dignidad esencial de la persona humana. La preocupación por los demás puede ser el fundamento de este humanismo.
Sin embargo nos paraliza una grave paradoja: parece que somos capaces de resolver nuestros problemas pero, al mismo tiempo, somos real y simultáneamente incapaces de hacerlo. Tenemos conocimientos y medios --técnicos, financieros, operativos-- para organizar el cambio social, pero carecemos de voluntad política colectiva, de voluntad de actuar.
Lo que necesitamos es un nuevo marco de pensamiento en el que esté desterrado el egoísmo. Deseamos la aparición de una ética, que sea aceptable por todos, de la preocupación por el otro, de la preocupación por la Tierra, nuestra morada. Si se adopta este sistema de valores es posible que el objeto esencial de la política sea la mejora sostenible de la calidad de vida.
Basada de ese modo en una continua interacción, la preocupación por los demás puede facilitar actitudes y principios igualitarios: por eso debe ser ejercida de una manera visible. Incluso aunque no sea posible ponerle precio, la sociedad debe tomar conciencia del costo que supondría, en caso de que los servicios por estos cuidados tuvieran que ser pagados a precios de mercado.
Por ello estamos convencidos de que esta preocupación --por la atención que presta a las necesidades concretas de las personas y de los grupos, por las reacciones implícitas en la satisfacción de estas necesidades, por la seriedad del compromiso-- prepara o ayuda a la futura actividad social. Esta ética "de cuidar" desborda ampliamente el objetivo macro-económico de una calidad de vida mejor en un mañana distante.
La política social debe estar en el centro de las responsabilidades del Estado. Esto puede tener su traducción en la puesta en práctica de una estrategia activa, ya sea por el Estado, ya por el sector privado en un marco reglamentario que garantice la equidad. Un gobierno central no se puede abstener de asumir las responsabilidades y las obligaciones financiaras de un Estado consciente de su papel social (en asuntos de educación, de sanidad pública, de vivienda y de urbanismo), incluso cuando el principio de subsidiaridad y una mayor facilidad de acción conducen a confiar estas tareas a autoridades de nivel local. Inevitablemente estas tareas son mejor asumidas cuando los individuos interesados participan plenamente en ellas.
En la acepción que le da la Comisión, el Estado "atento al otro" no es lo mismo que el denominado Estado "providencia" (Welfare State). Deseamos que según el ritmo de su desarrollo económico y de su industrialización, haya más países que reformen inteligentemente el Estado-providencia, tomando como punto de partida políticas sociales cada vez más humanistas.
Teniendo como escenario la Cumbre de Copenhague de 1995, pedimos una intensificación de los esfuerzos en el sentido de alterar las prioridades en lo que toca al gasto y de adoptar nuevos programas de lucha contra la exclusión social en todas sus formas.
Consideramos que es imperativa la puesta en marcha rápida del acuerdo concluido en Copenhague sobre la eliminación de los obstáculos que impiden salir de la pobreza, así como el respeto por cada país del calendario convenido para la erradicación de la pobreza absoluta y de la exclusión.
Finalmente, apoyamos la idea de que cada país debe elaborar un plan nacional de desarrollo que cubra los principales elementos de la calidad de vida (nivel de renta, trabajo, alimentación, situación de los niños y de las mujeres, derecho de procrear) y que precise los objetivos que hay que conseguir, un calendario que debe respetar, y los indicadores cifrados que permitan medir los progresos obtenidos.
