A lo largo de todo este informe hemos percibido que la relación entre población y calidad de vida abre perspectivas nuevas y holísticas. Durante los próximos 50 años, muy probablemente se añadirán más de 4.000 millones de seres humanos a los 6.000 millones previstos para el año 2000. Estos hombres y mujeres deben estar libres de la opresión a la que les va a sujetar la miseria. ¿Cómo conseguir este objetivo cuando una de cada cuatro personas vive en la pobreza?
La tarea que nos espera es a la vez cualitativa --permitir que cada uno lleve una vida que valga la pena de ser vivida-- y cuantitativa --esforzarse por estabilizar la población mundial.
Hemos tratado de mostrar en este informe cómo estos dos objetivos están relacionados entre sí, y cómo pueden ser alcanzados mediante una perspectiva global y las prácticas que se derivan. Pero hay que actuar sobre varios factores diferentes si se quiere aprovechar esta oportunidad.
Se trata entre otros de hacer la vida mas vivible mejorando la salud y la seguridad individual y colectiva; de combatir las plagas de la pobreza y de la exclusión; de elevar los niveles de alfabetización y de educación y de mejorar el acceso a la información; de racionalizar la producción y el consumo adaptándolos a las capacidades del planeta y garantizando en todo caso la justicia y la equidad para todos en la explotación y uso mejor equilibrados de los recursos naturales (por ejemplo, manteniendo una parte mayor de los beneficios engendrados en el seno del país de origen favoreciendo una utilización más sostenible de practicar políticas de ayuda y asistencia internacional más eficaces; de concebir nuevos mecanismos de financiación entre el Norte y el Sur. Finalmente --y no es lo menos importante-- es necesario preocuparse de los demás, de nosotros mismos y de nuestros vecinos, teniendo cuidado del medio ambiente y respetando los derechos de toda la humanidad.
La preocupación por el otro es la antítesis de la competición (inclinación natural de la especie humana, esencial para la supervivencia) y su afirmación requiere hoy un profundo cambio de mentalidad. La noción de que todo es objeto de trueque, la competencia excesiva y la filosofía del "siempre más" amenazan con nuestra destrucción. Nos tenemos que preguntar, pues, si nuestra capacidad de preocupación por el otro puede protegernos a nosotros mismos y cómo, a la vez, hacer salir de la pobreza que pesa sobre más de mil millones de personas que luchan por sobrevivir, y ponerlas en camino de una mejora sostenible de la calidad de vida. Esto exige nada menos que otro tipo de desarrollo diferente del que hasta ahora se ha practicado. La humanidad se encuentra frente al desafío de un cambio de civilización. Su supervivencia y su existencia en la dignidad, exigen pasar a un tipo de desarrollo totalmente nuevo, un eco-desarrollo que deberá inspirar todas las formas de actividad humana y todas las relaciones entre el hombre y la naturaleza.
En ésta búsqueda, las reglas del juego las forman algunos principios directores: la equidad, la preocupación por el otro, el compartir, la sostenibilidad y la seguridad de las personas. La equidad representa un papel esencial e incluso preponderante en la búsqueda de una mejora sostenible de la calidad de vida: sin equidad no hay sostenibilidad ni seguridad. Se entiende por equidad un trato justo para todos que debe ser respetado por los individuos, las instituciones y los Estados.
Aparte nuestra preocupación fundamentalmente humanista por el cuidado y la atención al otro, en nuestro análisis y nuestras conclusiones nos hemos guiado por otros elementos no menos importantes: la población es un asunto de personas, no de cifras; es necesario colmar el abismo entre el Norte y el Sur; escuchar la voz de las mujeres, porque éstas están en el corazón mismo de las políticas de población y en la primera línea de las actividades sociales-especialmente las que tienen a su cargo el cuidado de los otros.
En función de las constataciones hechas por la Comisión que aparecen en los capítulos precedentes, preconizamos la adopción desde ahora de una serie de políticas, de estrategias, de programas de acción y de otras medidas en diferentes niveles destinadas a mejorar la calidad de vida en un mundo cuya población --hoy casi 6.000 millones de seres humanos-- va a continuar creciendo hasta aumentar a lo largo de las próximas cinco décadas la población de que constaba el mundo en 1975, es decir 4.100 millones.
Una seguridad mejor para un mundo habitable
Hemos visto en el capítulo "Una mejora sostenible de la calidad de vida" que la sostenibilidad es a la vez una condición previa y un componente integral de la calidad de vida que debería ser el foco central de los programas políticos en todos los países. La perennidad y la seguridad son dos características y dos determinantes importantes de la calidad de vida. Considerando que la seguridad transciende el concepto tradicional de soberanía nacional y de potencia militar, la Comisión preconiza una visión amplia de la seguridad humana que incluya, además, la seguridad de las personas contra el riesgo de lesiones, de accidentes o catástrofes, de enfermedad o violencia, la protección contra la pérdida de medios de existencia y contra la perturbación peligrosa del medio ambiente.
Esta nueva definición debe comprender a la vez las nociones de seguridad personal, económica, social, ecológica y militar, y debe reflejarse en las prioridades en el plano nacional. Los gastos militares, por tanto, deben ser hechos en áreas de gobernación que tienen un máximo impacto social: sanidad, planificación familiar, protección del medio ambiente y prevención de la criminalidad. Como primera etapa de mínimos, todos los gobiernos deberían proponerse gastar al menos tanto en sanidad y educación como en programas militares.
Nos asociamos a la llamada internacional dirigida a todos los gobiernos que todavía no lo hayan hecho, para que reduzcan sus gastos militares; esta llamada se dirige en particular a los países en desarrollo y a las regiones en que son endémicos los conflictos y el estado de guerra.
Las naciones desarrolladas deben contribuir activamente y de manera creíble a la desmilitarización de la vida, porque un Estado que saca provecho de la guerra no puede convencer cuando habla de paz. No basta con prescribir a los países en desarrollo que reduzcan sus gastos militares --que es necesario--, o que pongan esta reducción como condición de la ayuda y asistencia. La ayuda militar --que a menudo se esconde bajo el nombre de ayuda al desarrollo-- tiene que disminuir todavía más hasta terminar completamente.
Proponemos también una redefinición del concepto de seguridad colectiva. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado del mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales, debería estar habilitado también para ocuparse de las amenazas a la seguridad económica y social de la humanidad.
Es necesario, dentro de la búsqueda de una mejora sostenible de la calidad de vida, dar la máxima prioridad a satisfacer las necesidades primarias necesarias para la supervivencia de la población. Estas necesidades proceden de derechos, y hay que realizar un equilibrio entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales.
La Comisión pide que se hagan todos los esfuerzos para universalizar de aquí al año 2000 la aplicación de los cuatro grandes tratados que tratan de los derechos concernientes a la calidad de vida: La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDM), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Con ese fin conviene aumentar el número de Estados signatarios y persuadir a los países que han expresado reservas que las retiren, Los países que no quieran firmar, deberán explicitar sus razones e indicar en qué condiciones podrían superar los obstáculos a la ratificación de estos tratados.
La Comisión pide la rápida puesta a punto de un protocolo opcional del PIDESC que permita la presentación de quejas por los individuos o los grupos afectados. También se deberían elaborar protocolos análogos para completar los otros tres tratados, que prevean asimismo (como es el caso del PIDESC) la posibilidad de que un Estado presente una queja contra otro Estado.
Sin embargo, si no están sujetos a exigencias de cumplimiento, los derechos corren el peligro de quedar en letra muerta. A falta de procedimientos eficaces para que se cumplan, será necesario prever acciones directas o indirectas.
Se debe incitar a los países, de modo acuciante, para que respeten sus compromisos; con este fin, los comités establecidos en los diversos tratados y convenios deberían recibir el encargo de someter resúmenes analíticos regulares sobre el respeto de los derechos y los obstáculos que se señalen.
La Comisión apela a los organismos de desarrollo y a las ONG que se ocupan de las necesidades económicas y sociales (alimentación, vivienda, sanidad y planificación familiar, educación) para que orienten más su acción hacia los derechos reconocidos internacionalmente. El peso de estos derechos debe añadirse al de los derechos basados en la justicia y la equidad. En este campo las organizaciones implicadas deberían también someter informes y ejemplos concretos a los comités previstos por los tratados.
Deseamos que todos los derechos estudiados aquí sean recopilados en un concepto global, singular, que represente una perspectiva holística de las dimensiones económicas, sociales y políticas de la calidad de vida. Las nociones que se utilicen deben ser mensurables y verificables.
Ese método permitiría la elaboración de una estrategia basada en la determinación de normas mínimas de calidad de vida --mensurables, evaluables-- aplicables a todas las naciones. Habría que concertar un calendario para inducir a las partes a cumplir esas normas. Éstas últimas se podrían mejorar progresivamente, aportando ayuda a los países que quedaran retrasados en la consecución de este mínimo.
Los diferentes aspectos de calidad de vida se concretarán por objetivos e indicadores de resultados. Los indicadores constituyen un medio para que los gobiernos se comprometan en el camino del cambio, y para que la sociedad civil los pueda responsabilizar.
Para cada elemento de la calidad de vida un organismo internacional deberá visar el establecimiento de indicadores y normas mínimas. La sociedad civil --y en especial las instituciones universitarias-- bajo el impulso de los gobiernos y de las autoridades locales, participarán en la formulación y elaboración. Las normas deberán ser claras y cuantificables de modo que puedan ser aplicadas en un plazo razonable por los gobiernos, según un calendario determinado. Los mismos objetivos serán parámetros indicativos que no se deberán interpretar como medias nacionales, sino como un suelo por encima del cual tratarán de elevarse todos los subgrupos afectados (sexos, grupos étnicos o económicos, regiones). Esto implica la existencia de indicadores separados por subcategorías. Así será posible asegurarse de que cada grupo está por encima de esos mínimos y de que está erradicada la pobreza.
En primera fila de ese esfuerzo deben estar las naciones tomadas individualmente, con el Estado facilitando y sosteniendo la iniciativa del pueblo. Así se podrá establecer un contexto favorable a políticas y procesos sociales gracias a los cuales las personas se esforzarán por sí mismas para conseguir una mejor calidad de vida. Cuando estén asegurados para todos los derechos constitutivos de la calidad de vida, su mejora sostenible seguirá siendo un objetivo esencial en un proceso permanente.
En el plano internacional será necesario eliminar la ausencia de coherencia y cualquier incompatibilidad entre los objetivos existentes. Recomendamos que se armonicen y consoliden los objetivos y los calendarios relativos a los derechos económicos y sociales adoptados anteriormente por diversas conferencias de la ONU.
Los compromisos nacionales de los países pobres deberán estar apoyados por un pacto internacional, en cuyo marco la ayuda extranjera serviría prioritariamente para completar los recursos nacionales destinados a cumplir las normas mínimas. En los países que ya están situados por encima del mínimo, los gobiernos serán responsables ante su pueblo de la elaboración de una política orientada a elevar el nivel de los grupos sociales cuya calidad de vida está por debajo del nivel mínimo.
Recomendamos que se confíe la elaboración de los informes sobre los progresos realizados a un órgano independiente del gobierno del momento: éste podría ser, por ejemplo un "Defensor de la calidad de vida" que emitiría regularmente su opinión en un "Dictamen sobre la calidad de vida".
El PNB no refleja realmente la calidad de vida, porque no tiene en cuenta la totalidad de los factores del bienestar e ignora la sostenibilidad. Las comparaciones internacionales basadas en el PNB no traducen el nivel relativo de la calidad de vida en los diferentes países. Sería un paso importante en la buena dirección la adopción urgente de un sistema revisado de contabilidad nacional.
Hay que ir todavía más lejos. La degradación del medio ambiente y la depreciación del capital natural podrían estar reflejados en cuentas nacionales paralelas. Mientras no se haga esto se seguirán tomando decisiones importantes basadas en una información inexacta. Deberemos hacer una llamada a las personas disponibles y de la mayor competencia económica y científica para que evalúen los costos futuros de los daños que hoy se están causando al medio ambiente.
Pedimos también que se tomen medidas para evaluar los servicios no remunerados que se prestan en los hogares domésticos y en las colectividades locales, cuantificarlos e incluirlos en cuentas nacionales paralelas establecidas en el plano nacional.
La equidad es un elemento central de la mejora sostenible de la calidad de vida. Implica una igualdad real de oportunidades, que la sociedad reconoce cuando el reparto de los ingresos, de servicios e incluso de la riqueza es razonablemente igualitaria. Hay que buscar la equidad cada vez que aparece una discriminación persistente; entonces se impone una acción afirmativa --es decir, una acción que en sí representa un cierto grado de desigualdad en el sentido de que favorecen a los que están en desventaja, a los excluidos, o a las víctimas de pasadas injusticias. La equidad es un principio cuyo respeto no puede ser trasladado a un estadio ulterior del desarrollo. Corrige en todas las sociedades las desigualdades presentes y conserva su importancia cuando un país se hace "rico". Los países que se esfuerzan activamente por hacer real la equidad y cuyas restantes políticas son sanas, gozan de un crecimiento económico rápido y de buena seguridad de las personas; allí se corrigen las desigualdades y se acrecienta la cohesión social.
