LAS OCASIONES PERDIDAS DE LAS NEGOCIACIONES DE LOMÉ IV

Las posiciones ACP y CE más firmes lo eran sobre las cuestiones relativas al comercio, a losproductos básicos, a la deuda y al presupuesto financiero. Sólo al final de las negociaciones pudo llegarse a una especie de compromiso sobre estas cuestiones, cuando los ACP redujeron considerablemente sus demandas. A veces fueron necesarias largas sesiones nocturnas, durante las cuales los ministros de los Doce regateaban sus intereses nacionales.

Comercio: las migajas concedidas por los ministros de la CE

El resultado final de las concesiones sobre las importaciones agrícolas ACP limitadas por la Política Agrícola Común de la CE consiste esencialmente en:

1) un ligero aumento de las cantidades elegibles y una ligera reducción de las tasas o de los derechos de aduana para los productos que ya gozaban de un régimen preferente;

2) el añadido de unos 40 productos agrícolas, cuyas importaciones todavía estaban limitadas, en conjunto, a nivel del programa de comercialización y de las cantidades que son favorecidas por el acceso preferente.

Los ministros de la CE consideraban que su oferta era excepcional habida cuenta del elevado nivel de proteccionismo practicado por ciertos gobiernos. Pero, en comparación con el consumo total europeo, es muy mezquina. Está muy por debajo de lo que los ACP reivindicaban (por ejemplo, éstos no han conseguido más que un aumento de 3.000 toneladas para el arroz descascarillado en vez de las 30.000 toneladas solicitadas) y a veces no tiene ningún interés para ellos (como el queso y la porción de cuajada). No concede a los ACP un régimen comercial preferente, global y transparente, para sus productos agrícolas, que permitiría a numerosos exportadores ACP invertir en importantes unidades de producción y de distribución o remplazar los productos caros, subvencionados por la CE, por productos ACP competitivos. Algo igualmente importante: no se ha previsto ninguna disposición para parar el dumping de la CE en los mercados ACP cuando tiene un efecto desalentador y destructor sobre la producción local.

Los compromisos sobre la crítica cuestión de las normas de origen no satisficieron en absoluto las demandas ACP (ver Lomé Briefing, núm. 11). El valor añadido requerido para que un producto ACP pueda gozar de libre acceso sigue siendo elevado y sigue estando sometido a un complejo conjunto de reglas y de listas. La posibilidad, hoy, de solicitar una derogación que limite el valor añadido al 45 por ciento permite flexibilizar la mayor parte de las normas de origen, principalmente porque la CE tiene que dar una respuesta en el plazo de 60 días laborables o "la solicitud se la considera como aceptada". ¡Esta nueva medida debiera permitir a los ACP llevar la capacidad administrativa de la CE más allá de sus límites presentando demasiadas solicitudes al mismo tiempo!

En resumidas cuentas, el régimen comercial concedido todavía permite a la CE adoptar medidas contra las importaciones ACP que acarrearan graves perturbaciones en un sector de actividad económica de la CE. Sin embargo, la CE se comprometió aún más, en Lomé IV, a recurrir menos a estas medidas con fines proteccionistas.

Hay que señalar una importante mejora en el nuevo Protocolo relativo al ron. En efecto, éste prevé un aumento de las cantidades que pueden ser importadas con franquicia de derechos arancelarios así como la supresión de este cupo arancelario a partir de 1996.

La solicitud de compensación de los ACP para las preferencias comerciales que fueron o aun a ser disminuidas fue constantemente rechazada. En el actual ambiente de liberalización comercial, la CE está cada menos dispuesta a comprometerse a conceder una posición preferente a los ACP. Lo que queda bien ilustrado en la oferta referente a los productos tropicales -de los que ciertos Estados ACP dependen fuertemente-que hizo la CE a todos los países en desarrollo durante la Ronda Uruguay. La CE no hizo nada más que prometer ayudar a los ACP a conquistar los mercados terceros, sin precisar cómo. En cuanto a los problemas que se derivarán de la supresión del acceso preferente de los plátanos ACP a ciertos mercados nacionales de la CE después de 1992 (ver Lomé Briefing, núm. 11), la única ganancia de las negociaciones es que los abastecedores tradicionales ACP serán consultados "con objeto de proteger todos los intereses legítimos de las partes" (Anexo I=V). En Lomé lll (Art. 9, 134, 135), las garantías ofrecidas en materia de información y de consultas se revelaron totalmente insuficientes.

Ninguna esperanza nueva para los productos básicos ACP

La Comunidad rechazó categóricamente la solicitud de un programa especial de acción con vistas a reorganizar y racionalizar la transformación, la comercialización, la distribución y el transporte (TCDI) de los productos básicos ACP, así como su financiamiento, con arreglos temporales especiales ACP/CEE sobre los productos básicos y mecanismos de apoyo a las inversiones. En este campo, uno halla sólo principios generales en el capítulo sobre la cooperación en materia de productos básicos. Esto significa que un Estado ACP puede solicitar un apoyo para un programa de TCDT centrado en la diversificación, la consideración de las señales del mercado, la formación, el desarrollo de estrategias internacionales y regionales, el fomento de las inversiones y la mejora de las infraestructuras. El capítulo sobre el desarrollo industrial, la fabricación y la transformación también llama la atención sobre las industrias que transforman materias primas destinadas a la exportación, sin dejar de poner de relieve el vínculo que hay que establecer entre el proceso de industrialización, la agricultura local y el desarrollo rural. La mejora de la promoción y de la comercialización de los productos ACP es dejada al cuidado de una unidad especial, que será puesta en pie "a corto plazo", según la declaración conjunta que figura en Lomé IV. Por lo que se refiere al transporte, las propuestas concretas de los ACP para aumentar su participación en los transportes marítimos fueron bloqueadas por poderosos grupos de intereses dentro de ciertos Estados de la Comunidad. Sólo pudo llegarse a un compromiso después de negociaciones, concediendo la misma protección al sector de los transportes marítimos de la CE que en Lomé III.

Aunque la Comunidad y los Estados miembros podían, si lo deseaban, contribuir a mejorar el funcionamiento y la transparencia de los mercados internacionales de productos básicos, la nueva Convención se limita a consultas y cambios de impresiones, especialmente en lo que concierne a los acuerdos internacionales.

El mecanismo para ayudar a estabilizar los ingresos de exportación de los productos básicos agrícolas-el STABEX-fue modificado. Los "recursos transferidos" ya no tendrán que ser reembolsados y la Comunidad tendrá más control sobre la utilización de los recursos, que serán especialmente orientados hacia la diversificación. Los nuevos productos acabados no serán, sin embargo, cubiertos por el STABEX. Sólo se añadieron tres productos, entre ellos ... la cáscara de cacao. La mayor parte de los otros cambios se refieren a dos problemas capitales del sistema: la carencia de recursos y el método de cálculo. El objetivo fundamental de las nuevas reglas es dar menos a más países. El aumento de los subsidios a 1.500 millones de ECU apenas amortizará los efectos del derrumbe de los Acuerdos internacionales sobre el café y el cacao.

Medidas insignificantes sobre la deuda y las inversiones

La nueva sección sobre la deuda sólo prevé algunas medidas. Su objetivo es evitar una agravación de la deuda ACP en el transcurso de la nueva Convención (ver STABEX, SYSMIN) y conceder una asistencia técnica para administrar mejor la deuda y los capitales.

Al comienzo. la CE rechazaba cualquier inclusión de la cuestión de la deuda en la nueva Convención. La Comunidad alegaba que no tenía ninguna competencia para tratar la cuestión de la deuda, ignorando el hecho de que la Convención es firmada tanto por cada Estado miembro, individualmente, como por la Comunidad. La mayor parte de la deuda ACP es con gobiernos de la CE y con bancos privados de la Comunidad. Sin embargo, Lomé IV no contiene ningún compromiso de los europeos de llevar a cabo una acción concertada en los recintos internacionales o de crear un marco global para la concertación de acuerdos bilaterales que podrían ayudar a los ACP a restablecer su capacidad de pago del servicio de la deuda. Incluso la escasa deuda con la Comunidad no fue anulada.

Lomé IV introduce nuevas medidas sobre la promoción, la protección, el financiamiento y el apoyo a las inversiones nacionales y europeas. Los ACP están muy deseosos de captar nuevas inversiones privadas extranjeras, que consideran como un medio de afrontar su problema de la deuda y de financiar la TCDT. La CE no ha satisfecho todas las solicitudes de los ACP, por ejemplo, sobre la creación de un sistema de garantía para las inversiones extranjeras, y ha destacado más el desarrollo de las empresas-sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas-así como la creación de un ambiente de inversión seguro y favorable.

Es poco probable que las nuevas medidas inviertan eficazmente la tendencia a la fuga de capitales y a la desinversión, habida cuenta del actual ambiente de inversión internacional y de la concentración de la atención mundial en Europa oriental. Además, a causa de su propia situación económica, los gobiernos ACP no son suficientemente fuertes como para adueñarse de los beneficios procedentes de las inversiones privadas extranjeras. Esta situación tampoco permite hacer comercialmente rentables sus necesidades de desarrollo más acuciantes.

Los fondos para el séptimo FED: una gran decepción para los ACP

Para los cinco primeros años de Lomé IV, el séptimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED) asignará 10.800 millones de ECU en ayuda programable no programable (de los cuales 825 millones para los capitales de riesgo) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 1.200 millones de ECU en préstamos (ver Cuadro).

(1)1 ECU = aproximadamente 0,7 libras esterlinas o 6,9 francos franceses (febrero de 1990).
(2) Una parte de lo cual puede ser utilizada para el AAE.

La CE recalca que esto corresponde a un aumento nominal del 46 por ciento del FED. En valor real por habitante, el presupuesto financiero global de 12.000 millones de ECU es casi el mismo que para Lomé lll. Esto se debe principalmente a los franceses, que detentaban la Presidencia de la CE y que estaban decididos a pulir su imagen a los ojos del Tercer Mundo: intentaron, sin descanso, persuadir a los países más recalcitrantes (Reino Unido, Países Bajos, República Federal de Alemania). Los ACP fueron defraudados, porque ellos consideraban 15.500 millones de ECU como un mínimo, habida cuenta de los nuevos campos de cooperación (ver más adelante), de la pérdida de su poder adquisitivo en los cinco últimos años, del empeoramiento de la situación económica de varios Estados ACP clasificados como países de renta intermedia en Lomé lll (¡Nigeria!) y del aumento de la población ACP.

La oferta financiera de Lomé IV ignoró los llamamientos de instituciones internacionales en favor de un aumento de las transferencias financieras netas al África subsahariana cuando las perspectivas de un aumento de la ayuda al desarrollo, nacional o multilateral, no son alentadoras. Está claro que los 4,4 ECU anuales por habitante no permiten a la Convención estimular significativamente las economías ACP.

Las innovaciones en Lomé IV

Por primera vez, la duración de la Convención de Lomé es de diez años. El séptimo FED financiará los cinco primeros años y el texto puede ser modificado antes de que el próximo protocolo financiero sea firmado. El Grupo ACP tiene dos miembros nuevos Haití y la República Dominicana. Namibia puede convertirse en miembro automáticamente, si lo desea, cuando sea totalmente independiente.

Fuera de algunas referencias a la cuestión de la deuda (ver más arriba), en Lomé IV hay algunos campos nuevos de cooperación. Son reveladores de la opinión que mantienen la mayoría de los donadores oficiales desde fines de la década de los 80. Confirman las tendencias que los gobiernos beneficiarios seguirán afrontando a comienzos de la década de los 90.

Apoyo al ajuste estructural: un nuevo mecanismo socorro

Un fondo distinto y una parte de los recursos destinados al Programa Indicativo Nacional (PIN) podrán ser utilizados para ayudar a los países que emprenden programas de ajuste estructural (ver Lomé Briefing, núm. 9). Este apoyo cobrará la forma de programas de desembolso rápido para pagar las importaciones, o de una asistencia técnica. Las importaciones tienen que estar encaminadas a dar un apoyo en divisas a un sector particular (programas sectoriales de importación) o en general (para el carburante, por ejemplo). Los fondos de contrapartida pueden servir para responder a ciertas necesidades sociales inmediatas resultantes de las reformas macroeconómicas.

Se abonó un total de 1.150 millones de ECU al fondo distinto para el Apoyo al Ajuste Estructural (AAE). Difícilmente puede ser considerado como un monto suplementario al presupuesto global en términos reales, como lo solicitaban los ACP. La Comisión y el Parlamento europeos eran del parecer que se necesitaban 12.800 millones de ECU para que la ayuda programable y no programable de la nueva Convención (excluidos los fondos del BEI) fuera eficaz. Ese monto incluía los 2.000 millones de ECU para el AAE, lo que corresponde exactamente a la diferencia en la oferta final de los Estados miembros (10.800 millones de ECU).

Dado que los fondos disponibles son limitados, la Comisión ya admitió que, en la práctica, sólo de 30 a 35 Estados ACP podrán beneficiarse con el fondo AAE. Los alrededor de 34 Estados ACP que han emprendido un Programa de Ajuste Estructural (PAE) con el apoyo financiero o la aprobación de las instituciones de Bretton Woods (IBW) tendrán prioritariamente derecho a ello porque Use considera que han satisfecho automáticamente las condiciones requeridas para la obtención de una ayuda para el ajuste" (Art. 246). Esto es contrario al artículo 244, que estipula que el apoyo al ajuste estructural descansa en los siguientes principios: un análisis que incumbe principalmente a los Estados ACP; una adaptación a las condiciones sociales, culturales y del medio ambiente de cada país; el respeto de los objetivos de desarrollo, tales como la seguridad alimentaria; medidas previstas desde el comienzo para paliar los efectos negativos en el terreno social; así como otros principios que no figuran en muchos PAE tradicionales del FMI y del Banco Mundial.

El artículo 244 refleja la insistencia de ciertos Estados miembros, sobre todo de la cuenca mediterránea, para que los procedimientos de aplicación del AAE sigan un enfoque específicamente europeo. Sin embargo, a pesar de las críticas internacionales y las crecientes protestas populares que suscitan los resultados de los PAE "tradicionales", la Comunidad no tiene de ningún modo la intención de concebir o de poner en marcha estrategias de desarrollo alternativas. La Comisión sólo intentará, y ya lo hace, influir sobre las IBW en la concepción de los nuevos PAE y en la reorientación de los PAE existentes, insistiendo en una política de reformas macroeconómicas o sectoriales sostenibles desde un punto de vista político y social (ver las resoluciones de los Consejos de mayo de 1988 y mayo de 1989). No obstante, la capacidad de la Comisión al respecto es muy limitada. La creación de una "unidad macroeconómica", con un máximo de cinco personas, se topa con problemas inesperados, y los programas de formación del personal de la Comisión en la DG VIII son muy débiles comparados con los conocimientos de los expertos de las IBW. Paralelamente, una coordinación total de los votos de los Estados miembros en las IBW aún no está a la vista. Con todo, los ACP tendrán que afrontar cada vez más un frente unido de donadores que tratarán de convencerlos de que adopten un enfoque macroeconómico occidental del desarrollo.

Un Estado ACP beneficiario tendrá probablemente poco que decir en "la evaluación conjunta" de las medidas de reforma por parte de la Comunidad y del Estado ACP de que se trate. La experiencia reciente en materia de programación del ajuste estructural ha demostrado que los gobiernos ACP son poco capaces de hacer su propio análisis y tienen poco poder para imponer su programa. Esto nos conduce a dos observaciones.

La primera es que los ACP deberían sacar provecho plenamente de las disposiciones relativas a la asistencia técnica, que podrían darles la oportunidad de adquirir las informaciones y las técnicas de negociación necesarias para discutir con la CE y las IBW, y de reforzar su capacidad institucional para ayudarles a idear sus propios programas de transformación económica así como las medidas necesarias para adaptarse a la economía mundial en constante mutación.

La segunda es que cada vez más se reconoce la existencia de un grave problema político en la concepción y aplicación de las medidas de ajuste estructural. La población concernida no tiene nada que decir en la programación, y ni los gobiernos ni los donadores son responsables de las consecuencias de las reformas. El artículo 244-d, que estipula que "el apoyo al ajuste se sitúa en el marco del modelo político y económico del Estado ACP concernido", no favorece la adopción de un nuevo enfoque político y económico en lo que se refiere al proceso de reforma.

Los Estados ACP, que urgentemente deben paliar las nefastas consecuencias sociales de los PAE emprendidos con préstamos condicionales del Banco Mundial o del FMI, estarán muy deseosos de solicitar programas de importación o serán aconsejados en este sentido por las IBW, como ocurrió recientemente en Costa de Marfil. Estas importaciones convienen tanto a los países ACP, que así atenuarán a corto plazo sus presiones presupuestarias o su insuficiencia de divisas, como a las industrias de la CE. ¡Hace meses ya que los Estados miembros discuten de qué manera van a repartir los pedidos de exportación igualitariamente, es decir, no sólo para las antiguas metrópolis!

Recursos humanos: de la movilización de todos los actores de la cooperación a la planificación familiar

La nueva Convención tiene como propósito entrar en relación con más gente que participe en el desarrollo en el sector privado y las comunidades locales de los Estados ACP y de la Comunidad. Los beneficiarios de esta "cooperación descentralizada" serán "los poderes públicos descentralizados, las asociaciones rurales y aldeanas, las cooperativas, las empresas, los sindicatos, los centros de enseñanza y de investigación, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (las ONG), asociaciones diversas y todos los grupos y actores capaces y deseosos de aportar su contribución espontánea y original al desarrollo de los Estados ACP". El objetivo esencial es "la aplicación fructífera de las operaciones propuestas" (Art. 22). Con excepción de las sociedades comerciales, las organizaciones económicas culturales, sociales y educativas, tanto de los ACP como de la Comunidad, obtienen un apoyo financiero para las acciones de desarrollo que presentan. Las organizaciones sin fines de lucro pueden participar en las microrrealizaciones que son puestas en práctica por iniciativa de las colectividades locales y con su participación activa. A fin de dar un apoyo a los operadores privados del mundo financiero y de los negocios se introdujo un nuevo campo de cooperación relativo al desarrollo de las empresas (Título VIII).

Estas nuevas disposiciones no parecen capaces de "descentralizar" las actividades de la Convención y hacer participar a los verdaderos "actores del desarrollo". Por ejemplo será extremadamente difícil hacer saber a las organizaciones de base locales y a los pequeños actores del desarrollo que pueden sacar provecho de estas disposiciones. Y aunque estuvieran informadas, las organizaciones (para el desarrollo) sin fines de lucro no podrían participar en los concursos-subastas para los mercados de trabajos, de abastecimientos y de servicios.

Pero, algo aún más importante, ciertas organizaciones podrían mostrarse poco dispuestas a brindar sus "modos de acción originales y sus recursos" para proyectos enmarcados en programas en los que ellas no han tenido nada qué decir, por ejemplo, para reducir las consecuencias nefastas del ajuste estructural (ver Art. 226-d-i).

La Convención sigue sin tener un enfoque que se funde en las necesidades de la base, aunque tal enfoque constituya una garantía esencial de éxito para el desarrollo a largo plazo. Lomé IV afirma (Art. 13 y Art. 220-c), como lo hacía Lomé III (Art. 10 y Art. 185-c), que la cooperación debe favorecer la participación de las personas concernidas por la concepción y la puesta en práctica de las acciones de desarrollo. Pero los Programas Indicativos Nacionales (PIN) de Lomé III han sido concebidos casi exclusivamente por los gobiernos de cada uno de los Estados ACP y la Comisión Europea, sin la participación de la población. La iniciativa de hacer participar a la población desde las primerísimas fases de la preparación incumbe totalmente a los gobiernos ACP, cuya reticencia al respecto apareció claramente durante las negociaciones.

Las nuevas disposiciones relativas a la cooperación descentralizada incluyen cláusulas categóricas que prevén que estas acciones sólo serán apoyadas "en los límites fijados por los Estados ACP interesados" (Art. 20). Ninguna de las dos partes consultó a las ONG ACP o europeas para el desarrollo, incluso durante las negociaciones, sobre cómo participarán en la Convención. Lomé IV no ofrece ninguna garantía de que las ONG serán tratadas de un modo que sea compatible con su método de trabajo con la población ni de que las organizaciones interesadas únicamente en el dinero serán excluidas. En ciertos países, el control por los gobiernos ACP puede ser un serio obstáculo para la participación del sector privado.

La importancia dada a la cooperación centrada en la población misma puede notarse también en las mejoras realizadas en el campo único de la cooperación cultural y social de Lomé. Entre las innovaciones importantes citemos las nuevas disposiciones en favor de un diálogo intercultural, especialmente de contactos y encuentros entre grupos de jóvenes, y de programas que conciernen a la población, entre ellos, la planificación familiar voluntaria.

Hay que alegrarse de que otros artículos sobre el perfeccionamiento de los recursos humanos también hayan sido ampliados a acciones que abarcan la educación y la formación, la investigación, la ciencia y la tecnología, la salud y las mujeres.

El papel y las necesidades de las mujeres, así como su participación, fueron introducidos en numerosos campos de cooperación. Habida cuenta de los pobres resultados de la Convención a este respecto, la implicación de las organizaciones de mujeres en la concepción, la aplicación y la evaluación plantea un serio reto a los gobiernos ACP, a la Comisión y a los responsables de la ejecución de los proyectos.

Los ACP se decepcionaron de que la Comunidad se haya negado a hacer de la Fundación para la Cooperación Cultural ACP/CEE una institución de pleno derecho de la Convención para la puesta en práctica de numerosas disposiciones loables de la cooperación cultural y social. Pero la mayoría de los gobiernos ACP no dieron suficiente importancia en sus programas a la dimensión sociocultural de Lomé III. Hoy es imperativo desplegar esfuerzos concretos para hacer de esta dimensión humana la base de la aplicación de Lomé IV.

Naturalmente ... el medio ambiente

El nuevo "Título" dedicado al medio ambiente es mencionado con orgullo al comienzo del texto de Lomé IV. Fija los principios y los objetivos cuyo objeto es tener sistemáticamente en cuenta el medio ambiente en las acciones de la nueva Convención y apoyar los esfuerzos desplegados por los Estados ACP para detener el deterioro de los equilibrios ecológicos y proteger sus recursos naturales. Por otro lado, la lucha contra la sequía y la desertización es objeto de un capítulo más amplio en la sección relativa a la cooperación agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Además, en diversos campos de la cooperación, tales como la pesca, han sido introducidas o ampliadas medidas de protección del medio ambiente.

Las partes han acordado, por ejemplo, privilegiar enfoques preventivos, sistemáticos y transsectoriales, así como una gestión global que tenga en cuenta la dimensión sociocultural. Sin embargo, estas medidas serán aplicadas, en general, teniendo como base listas de los elementos que hay que tomar en cuenta (por establecer) aceptadas en común. Estudios de impacto en el medio ambiente (¿sólo.2) serán realizados "para los proyectos de gran trascendencia y para los que presentan un riesgo importante para el medio ambiente". Cuando se prevean consecuencias negativas para el medio ambiente deberían formularse medidas correctivas indispensables desde la fase inicial de los proyectos o programas, "de modo que éstos puedan avanzar según los calendarios de ejecución previstos". Llegado el caso, ¿por qué no considerar abandonarlos completamente? El problema es que los aspectos económicos y ecológicos no serán examinados al mismo tiempo en la programación, dado que ningún análisis de la base de recursos naturales precederá la fijación de los objetivos económicos.

La prohibición de cualquier exportación, directa o indirecta, de desechos peligrosos (tal como los define la Convención de Basilea) y de desechos radiactivos de la Comunidad con destino a los Estados ACP, mientras que, simultáneamente, los Estados ACP prohiben la importación a su territorio, directa o indirecta, de estos mismos desechos procedentes de la Comunidad o de cualquier otro país (Art. 39), constituye un importante progreso. Lomé IV obliga también a la Comunidad a facilitar las informaciones técnicas sobre los pesticidas y otros productos químicos exportados hacia los ACP, pero sólo si están disponibles y si los Estados ACP lo piden. Una u otra parte pueden hoy solicitar consultas sobre los riesgos ecológicos mayores, sea de alcance planetario (como el efecto invernadero), sea de alcance más específico, en la medida en que estos riesgos les afecten concretamente; esto incluye cambios de impresiones antes de iniciar las discusiones en los recintos internacionales.

El cumplimiento de estas disposiciones plantea un verdadero desafío a la credibilidad de la Convención en su calidad de contrato que depende del derecho internacional. Por ejemplo, ¿qué "medidas apropiadas con arreglo a la situación" serán tomadas si no se han adoptado medidas internas de tipo jurídico y administrativo necesarias para aplicar la prohibición relativa a los desechos peligrosos y radiactivos, o "en caso de dificultades a este respecto"? La Convención debería dar un apoyo total al fortalecimiento de la capacidad de los ACP de controlar los movimientos transfronterizos de desechos (véase el grupo de trabajo de la OUA sobre las leyes de prohibición relativas a los movimientos transfronterizos de desechos en África).

En términos generales, la Convención no tiene disposiciones suficientemente poderosas para combatir las causas fundamentales del deterioro del medio ambiente, tales como la pobreza, la ausencia de principios democráticos, el perseguimiento de objetivos sectoriales, la deuda, la injusticia de la relación de intercambio, la insuficiencia de medios de aplicación (ver Lomé Briefing, núm. 3, sobre el informe Brundtland).

Más allá de las negociaciones: la aplicación

Las negociaciones de Lomé IV apenas han tocado un problema fundamental de las Convenciones anteriores: el nivel decepcionante de la aplicación y sus escasos resultados. No fue fácil reflejar los numerosos principios y declaraciones de Lomé III en una línea de conducta coherente, y aún menos ponerlos en práctica. Comparada con Lomé III, la nueva Convención se ha vuelto aún más voluminosa y más compleja. Durante las negociaciones no se ha buscado ninguna solución a las lagunas políticas tales como la falta de directrices de los gobiernos ACP y el mantenimiento de una centralización excesiva de los poderes de decisión en Bruselas (Comisión, Estados miembros). Han seguido sin ser examinadas graves lagunas administrativas, entre las cuales la utilización de procedimientos inadaptados para las administraciones ACP, la monopolización por compañías de los estudios de factibilidad para programar los PIN, la falta de competencia técnica en la Comisión Europea (DG VIII, incluso las delegaciones en los Estados ACP). En pocas palabras falta un sistema eficaz de control conjunto.

Una de las consecuencias de estos problemas fue el bajo ritmo de entregas reales de fondos de Lomé a los Estados ACP(en octubre de 1988 se había desembolsado alrededor del 10 por ciento, mientras que ya había transcurrido el 70 por ciento de la duración de la Convención). Aunque las entregas rápidas no son una garantía de la calidad de la ayuda facilitada, los negociadores estimaron necesario acelerar las entregas de fondos provenientes de las Convenciones anteriores. El artículo 240-2-a permite la utilización de los recursos de los programas anteriores que no hayan sido comprometidos en programas de importación "de desembolso rápido". En otras palabras, una considerable parte de los recursos de Lomé ya no será asignada para actividades a largo plazo. Dado que los negociadores no atacaron los problemas en sus raíces, ¿se va a seguir el mismo procedimiento después de algunos años de aplicación de Lomé IV?

Ciertos problemas de aplicación podrían ser resueltos reforzando los efectivos de la DG Vlll. Pero la Comisión de ningún modo tiene la intención de hacerlo, a pesar de los nuevos campos de cooperación y los campos ampliados en Lomé IV. Por el momento, cualquier personal suplementario es destinado al perfeccionamiento del Mercado interno y a la cooperación con Europa Oriental.

¿El rostro humano de Lomé?

El aumento del número de personas tanto de los ACP como de la CE que participan en la aplicación tal vez permitiría adaptar mejor la Convención al problema de la pobreza creciente en muchos Estados ACP. Son necesarias medidas y métodos específicos para dotar a los pobres de medios que los hagan menos vulnerables en el futuro. Aunque llegar a los pobres no se reconozca como un objetivo fundamental en todos los campos de cooperación, si hubiera voluntad política, la aplicación podría ser benéfica para los pobres. El artículo 5 prevé que "las partes se esforzarán, conjuntamente o cada una en su esfera de responsabilidad, por contribuir a la eliminación de las causas de situaciones de miseria indignas de la condición humana y de profundas desigualdades económicas y sociales".

El añadido de este nuevo artículo sobre los derechos humanos y de los pueblos en el cuerpo principal de la Convención (ver Lomé Briefing, núm 13) reconoce también que el respeto de los derechos humanos es un real factor fundamental. De qué manera se aplicará este artículo todavía no está claro. ¿Será utilizado únicamente para suspender la ayuda a los países en donde se den a conocer flagrantes violaciones de los derechos humanos, como en el pasado? ¿O tendrá finalmente Europa valor para admitir que los problemas de África son más de tipo político que económico, y de evidenciar este hecho durante la programación? ¿Y cómo se puede obligar a la CE a asumir su

responsabilidad de contribuir a ala eliminación de los obstáculos que impiden el goce pleno y efectivo por los individuos y los pueblos de sus derechos económicos, sociales y culturales"?

Luz verde a la cooperación regional

Durante las negociaciones, numerosos expertos destacaron que la cooperación regional entre los diferentes Estados ACP era capital para desarrollar sus economías, promover un desarrollo autónomo y combatir los problemas del medio ambiente. La CE, siendo ella misma una organización regional en marcha hacia una mayor integración económica, está muy bien situada para poner su experiencia de la "regionalización" a disposición de los ACP.

La integración económica regional es uno de los terrenos a los cuales fue ampliado el campo de aplicación de la cooperación regional en Lomé IV. Hay que alegrarse de este refuerzo, dado que los ACP deberán competir con bloques comerciales más potentes en la década de los 90.

Es lamentable que la Convención prevea relativamente pocos fondos para la cooperación regional (1.250 millones de ECU). Podría ser que esto limite el apoyo que la CE da a la SADCC (ver Lomé Briefing, núm. 4) para permitir que esta organización regional reaccione con prontitud a los cambios políticos en África del Sur. Pero se impone con toda urgencia una voluntad política más firme entre los gobiernos ACP a fin de utilizar los fondos disponibles, por ejemplo, para la coordinación regional de los programas de Lomé (los PIN) o los programas de ajuste estructural.

Conclusión

Las ocasiones perdidas

Cuando nació la Convención de Lomé, su objetivo era cambiar las relaciones Norte-Sur existentes, que obstaculizaban los esfuerzos de desarrollo de los ACP, y promover reglas que contribuyeran al establecimiento "de un nuevo orden internacional más justo y más equilibrado" (Preámbulo). Desde la primera Convención de Lomé no fue aprobado casi ningún nuevo instrumento de vanguardia, como el STABEX. En Lomé IV, sólo la prohibición sobre los desechos peligrosos y nucleares se asemeja a esta categoría de instrumentos. En el transcurso de las negociaciones, sin embargo, se perdieron numerosas ocasiones de crear reglas innovadoras.

Citemos, como ejemplo, la disposición relativa a los intercambios de servicios. Aunque el error de haber ignorado hasta ahora la importancia de los servicios en el aumento de la productividad de las economías ACP fue rectificado (ver Título LX), la fijación de reglas para los intercambios de servicios fue dejada totalmente al cuidado de los negociadores de la Ronda Uruguay (ver Art. 185). Estos habrían apreciado la existencia de un acuerdo entre un grupo de países del Norte y del Sur, por ejemplo, sobre disposiciones que reglamenten la dirección de las operaciones de las empresas de la CE en los mercados de los países ACP. Los objetivos y las modalidades referentes a los intercambios de servicios no pudieron ser aprobadas, sobre todo porque los ACP temían ser colocados en una situación más débil y porque tenían pocos conocimientos sobre los problemas en juego. Esto es particularmente inquietante ante la rápida expansión, en la economía mundial, de las industrias de servicios y de información que tendrá lugar en la década de los 90.

Otra ocasión que se perdió fue en el campo de la pesca. La CE se negó a conceder al pescado capturado en la Zona Económica Exclusiva de un Estado ACP y desembarcado en este país por barcos que no pertenecen ni a la Comunidad ni a los Estados ACP la condición de pescado "originario" de ese Estado ACP. Esto significa que los Estados ACP que sólo tienen una pequeña flota son privados de la ocasión de ganar divisas de las exportaciones de sus recursos haliéuticos cogidos por barcos extranjeros. La CE utilizó claramente una laguna del derecho marítimo internacional para proteger su mercado antes que acordar una nueva regla que diera un trato justo a los países en desarrollo.

La reorientacíón de las prioridades

Lomé IV se aleja un poco más todavía de la ambición política original de la Convención, que pretendía ser un modelo de relaciones entre países pobres y países ricos. Aunque los problemas interdependientes de los productos básicos, de la deuda y de las inversiones seguirán poniendo trabas a las economías ACP en la década de los 90 no se previó ninguna estrategia particular ni ningún apoyo especial para resolverlos. En Lomé III, la Convención ya transmitió un paquete de medidas encaminadas a transformar el papel tradicional de los ACP como abastecedores de materias primas a una ayuda que daba la prioridad al desarrollo agrícola y rural y a la seguridad alimentaria. Los negociadores quisieron mantener esta prioridad en Lomé IV (ver Art. ó), aunque las negociaciones sobre estos temas llamaron poco la atención. Pero un amplio abanico de principios, objetivos, campos e instrumentos fue incorporado a Lomé IV sin mucha coherencia. La Convención continúa dando un apoyo a la realización de un desarrollo global autónomo y autosostenido, basado en los valores sociales y culturales de los ACP (Art. 4 y Art. 13), pero brinda un nuevo apoyo al ajuste estuctural (AAE), que está ideado por las instituciones financieras multilaterales (ver más arriba) y basado en criterios macroeconómicos (Art. 243). Señales claras nos permiten pensar que ciertos países van a orientar su PIN preferentemente en apoyo de su ajuste estructural.

Uno de los cambios notables en Lomé IV es que el 10,6 por ciento de los recursos del séptimo EED están reservados para las medidas a corto plazo y que la utilización de una parte de los fondos del PIN para el AAE disminuye todavía más la prelación dada a la ayuda al desarrollo a largo plazo en la Convención.

Cambio de sociedad

Aunque los ACP nunca hayan sido tratados como los socios iguales definidos en la Convención, el concepto les da un cierto poder de negociación para exigir un trato equitativo y el respeto de su soberanía. Esta última está hoy comprometida por las disposiciones que prevén un control más estricto y un "diálogo" sobre la utilización de los fondos, particularmente de los concedidos como STABEX, SYSMIN y AAE. La CE quiere mejorar los resultados de la Convención en África cueste lo que cueste y considera este control más estricto de los fondos de Lomé, y el hecho de precisar su utilización en el texto, como una manera de lograrlo. En efecto, ciertos gobiernos ACP no se mostraron a la altura de las responsabilidades que les dio la Convención y no utilizaron ciertos fondos de Lomé para acciones de desarrollo.

La condicionalidad que estaba implícita en los diálogos sobre las políticas durante Lomé III será reforzada con la coordinación de la ayuda de la Comunidad con la del Banco Mundial y del FMI. Estas IBW podrían ser consideradas como nuevos "socios', ya que Lomé les dará indirectamente los fondos que necesitan urgentemente para sostener sus programas (ver Art. 226d-vi: los fondos de contrapartida de Lomé pueden servir para pagar subsidios iniciales a los trabajadores del sector público o semipúblico echados al paro por el ajuste estructural). Este tipo de cooperación se aparta mucho del objetivo inicial, que era crear un verdadero instrumento comercial y de desarrollo a largo plazo.

Además, a la CE le interesa más, sin duda alguna, la puesta a punto de un sistema comercial multilateral a través de las negociaciones del GATT y un fortalecimiento de su propia posición comercial gracias al Mercado Único.

El séptimo FED propuesto por los Estados miembros de la CE, comparado, sobre todo, al volumen de la ayuda y de los fondos puestos a disposición de Europa Oriental, demuestra claramente a los ACP que quedan pocas cosas de su relación privilegiada con la CE.

Los ACP deberán manifestar una voluntad política mas firme para explotar el potencial de la Convención relativo a la ayuda al desarrollo autosostenido a largo plazo si quieren que la Convención de Lomé no se deteriore todavía más hasta ya no ser más que un simple proveedor de fondos.