La Convención de Lomé,
que asocia a Europa y los Estados de Africa-Caribe-Pacífico,
es un objeto mitológico.
En la historia de las relaciones
Norte-Sur, esta cooperación aparece como el único
ejemplo de "convenio colectivo" global de desarrollo
concertado entre dos grupos de países soberanos.
Los poderes públicos
europeos han hecho un importante trabajo de legitimación
ideológica de estas Convenciones, presentadas como ejemplares
o modelos de las relaciones Norte-Sur.
La presente contribución
sólo pretende una cosa: contribuir a un análisis
en términos de costos/ventajas de estas relaciones de cooperación.
Intentamos mostrar qué ventajas y qué costos se
han derivado de esta convención de asociación y
para quién.
¿Se trata de una asociación
igualitaria entre dos sujetos políticos que existen realmente?
¿O de compromisos sucesivos entre socios sin existencia política
(la CEE, los ACP)?
Nuestra contribución
se estructura en tres partes:
I. Un corte histórico
que sitúa la construcción de una asociación
Europa Africa (Caribe-Pacífico) en el ritmo de la integración
europea.
II. Una lectura de las políticas comerciales
y de estabilización de ingresos de los productos básicos
... o cómo la integración europea se asocia a las
economías ACP hasta el momento en que esta asociación
pierde su utilidad.
III. Interrogaciones sobre los límites de
la Asociación Europa-ACP.
Del Tratado de Roma a las dos Convenciones de
Yaundé: una zona de librecambio primero impuesta, luego
negociada
El Tratado de Roma, que en 1957 creó el Mercado
Común, ya contenía las primicias del futuro acuerdo
de Lomé.
La cuarta parte del Tratado había decidido
asociar a los seis países fundadores de la CEE los "países
y territorios no europeos que mantienen con ellos relaciones especiales".
Entonces, de lo que se trataba era de aclarar una
situación jurídica extendiendo a los países
y territorios de ultramar el librecambio comercial instituido
en el interior de la Comunidad Económica Europea.
De 1958 a 1962, la zona de librecambio creada entre
los Seis por el desarme arancelario y de fijación de cupos
se extendió, según un calendario de vencimientos
progresivo, a los asociados de ultramar.
La Convención de aplicación de esta
"asociación" decidida en el Tratado de Roma instauró
un primer Fondo Europeo de Desarrollo (FED), principal instrumento
de gestión de las ayudas financieras e inversiones destinadas
a "facilitar el desarrollo progresivo de los países
asociados" (Art. 132 del Tratado de Roma).
Esta asociación había sido limitada
a cinco años. Cuando expiró en 1962, la mayoría
de los países y territorios asociados unilateralmente habían
conquistado su independencia política. ¿Iban a reanudar
por su cuenta esta alternativa de asociación?
Dieciocho de estos países aceptaron negociar,
a partir de 1961, un nuevo acuerdo de asociación. Todos
ellos antiguas posesiones de Francia, especializados en la producción
de productos tropicales destinados a satisfacer las necesidades
del mercado de la metrópoli, estos Estados firmaron la
Convención de Yaundé en 1963 con la esperanza de
que sus "privilegios" inherentes al viejo sistema de
preferencia imperial no serian puestos en tela de juicio por su
independencia y por la construcción de la CEE.
Así nacieron los EAMA, es decir, los Estados
Africanos y Malgache Asociados, Estados que nunca estuvieron asociados
entre ellos, pero que se reunieron para negociar juntos con la
Comunidad.
El objetivo proclamado en Yaundé, en el linaje
del Tratado de Roma, era "crear una zona de libre circulación
de mercancías adaptada a las necesidades de desarrollo
de economías todavía no suficientemente industrializadas".
Esta primera Convención (1963-1968) mantenía
un régimen de preferencias comerciales recíprocas
entre los EAMA y la CEE e instituía una ayuda financiera
de 730 millones de unidades de cuenta (equivalentes, hasta 1971,
a un dólar estadounidense). De este modo, esta Convención
no hacía más que dar una forma contractual a
un sistema de asociación que el Tratado de Roma había
concedido e impuesto a la vez.
"Está claro que, con este tratado, el
Mercado Común institucionaliza el tránsito del capitalismo
tradicional a nuevas formas de dominación. Los instrumentos
de esta política son la instauración de una zona
de librecambio, una posibilidad de amplia instauración
en los 18 EAMA, la libre circulación de capitales y de
mano de obra en los dos sentidos" (Documento CGT).
Desde el punto de vista del régimen comercial
de los intercambios instaurado por Yaundé I se puede, sin
duda, afirmar que ha permitido evitar catástrofes en el
momento en que los países africanos, que salían
del régimen colonial, vieron desaparecer las garanttas
de acceso y de precios que Francia reconocía a la mayona
de ellos.
El acceso en franquicia garantiza a los EAMA la protección
de la tariSa aduanera común (TAC) contra sus competidores
de América Latina, de Asia o del Africa anglófona.
Así, al abrigo de esta TAC, los productos marfiteños,
m;tlgaches, camerunenses pudieron partir a la conquista de los
mercados alemán y del Benelux y conseguir allí algunos
resultados.
Sin embargo, las estadísdcas revelan que las
exportaciones de los EAMA hacia la CEE no progresaron tan rápido
como las de los demás países subdesarrollados hacia
esta misma Comunidad: el 11 por ciento anual entre 1964 y 1973
frente al 13 por ciento para los demás pa'xses en vías
de desarrollo. El ritmo de las exportaciones de los EAMA hacia
la CEE fue inferior al de sus exportaciones hacia el conjunto
de los países desarrollados (el 6,8 por ciento) para el
período de 1958 a 1%9. Para este semifracaso hay una razón
fundamental: ciertos grandes productos de exportación de
los pa'wses asociados, tales como el cobre, el hierro o los cereales
oleaginosos, nunca fueron favorecidos por ninguna preferencia
y su entrada en la Comunidad se hizo en franquicia, cualquiera
que fuese el proveedor.
Firmada en 1969, esta Convención casi no hizo
más que prorrogar las principales disposiciones
del acuerdo anterior, pero en un contexto de erosión de
las tJentajasy preferencias aduaneras.
En el momento de Yaundé II, Europa aparecía
tironeada entre una voluntad de crear-consolidar su propia zona
de influencia (voluntad criticada por EE.UU, que rechazaba el
principio de las preferencias recíprocas EAMA-CEE de los
acuerdos de Yaundé) y su contribución a obrar por
el librecambio generalizado.
El alcance de las preferencias concedidas a los EAMA
era cada vez mas reducido y los EAMA habían de tener en
cuenta competidores que también eran favorecidos por preferencias
o reducciones arancelarias: los 91 países stlhdesarrollados
a los que la CEE había concedido, el 1 de julio de 1971.
preferencias arancelarias generalizadas para
los productos manufacturados y semiacabados (la SPG).
Esta evolución favorecía a los países
en vías de desarrollo más avanzados. Además,
bajo la presión de Alemania y Países Bajos, más
sensibles a las opciones mundialistas que a una estrategia de
cooperación "compartimentada" del tipo de la
asociación de Yaundé, la CEE determinó disminuciones
de los derechos aplicados a las importaciones de aceite de palma,
café y cacao en beneficio de Indonesia.
Así, Yaundé II entró en vigor
en un contexto en que los EAMA acusaban a la CEE de orientarse
hacia un sistema de preferencias generalizadas y de abandonar
el régimen de preferencias recíprocas, conduciendo
a la zona de librecambio euroafricana a no ser, pronto, más
que una ficción jurídica.
Contexto marcado igualmente por las críticas
hechas por los países asiáticos a Europa de mostrar
poca prisa en la firma de nuevos acuerdos comerciales y, por lo
contrario, de conseguir verdaderas cláusulas de salvaguardia
que permitían a los europeos poner un dique a la entrada
de productos japoneses "sensibles" .
Tal como se lo ve desde el punto de vista del socio
más débil de la asociación-los EAMA-, el
balance de Yaundé no es totalmente negativo. El aparato
institucional establecido por las dos convenciones de asociación
es el único ejemplo de cooperación que permite a
países en vías de desarrollo un poder de negociación
relativo, pero nunca nulo.
En el terreno de los flujos de inversiones, el FED
seguía a Francia como fuente de ayuda pública para
los EAMA (el 44 por ciento de la ayuda procedía de Francia
y el 19 por ciento del FED entre 1968 y 1970, frente a sólo
el 11 por ciento del FED de 1960 a 1966).
El alcance modesto de la instauración de la
zona de librecambio para el comercio de los EAMA (en 1974 se comprueba
que sólo un tercio de las exportaciones de los países
asociados es favorecido por un régimen preferente en la
CEE) demuestra que no es una liberalización del comercio
lo que debería ser el eje de la cooperación, sino
una estrategia (¿común?) de desarrollo.
Lomé I: la plasmación de una nueva etapa de la
integración europea
La aceleración del proceso de negociación
para la incorporación del Reino Unido a la CEE-cumbre de
La Haya de diciembre de 1969, que concluyó con el Tratado
de incorporación de enero de 1972-planteaba el caso de
los países de la Commonwealth en la asociación.
Según el protocolo 22 adjuntado a las actas
de incorporación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca,
la Comunidad ofrecía a veinte países de la Commonwealth
en África, el Océano Indico, el Pacífico
y las Antillas lo siguiente:
Vacilantes durante mucho tiempo ante la asociación
EAMA/Europa (pues este tipo de acuerdo regional parcial podía
aparecer como una concesión con relación a las reivindicaciones
globales de los países no alineados), los países
del Commonwealth confirmaron en 1973, en la cumbre de la OUA,
su interés por una negociación "de bloque
a bloque" con la CEE.
Uno de los puntos que habían hecho vacilar
a los Estados "asociados" anglófonos ante la
Comunidad era la exigencia de la reciprocidad expresada
por la CEE en lo que se refiere a las ventajas comerciales, reciprocidad
que los europeos enarbolaban en nombre del respeto de las reglas
del GATT.
En julio de 1973, 43 países de Africa-Caribe-Pacífico
aceptaron participar en una conferencia de apertura de una negociación
CEE-ACP.
Nombraron tres portavoces, uno por cada parte geográfica,
para expresar su concepción de los vínculos que
había que entablar con la Comunidad: el acceso al mercado
europeo sin reciprocidad; la revalorización de los productos
básicos y la mejora de la relación de intercambio;
la cooperación industrial, y una ayuda financiera.
En 1975, el acuerdo de Georgetown, que reunía
a los países en desarrollo asociables a la CEE, condujo
a la creación del Grupo de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico: los ACP.
El hecho de que esta unidad de 46 países haya
podido realizarse tiene, en sí mismo, una importante significación.
El contexto-choque petrolero, recesión de
las economías CEE y ACP, las reivindicaciones por un Nuevo
Orden Económico Internacional encaminadas a operar una
redistribución de las ganancias realizadas en los países
industrializados durante los años 1945-1979 hizo posible
una convención como la de Lomé.
Los Estados de la CEE se preocupaban del acceso a
los mercados y de la seguridad de su aprovisionamiento en productos
básicos, y los Estados ACP, del acceso a los mercados,
de la estabilidad de los ingresos de exportación de los
productos básicos y de las transferencias reales de recursos.
En el momento de su firma en 1975, Lomé
I podía
equivaler a un arbitraje de costos/ventajas respectivas para
cada uno de los dos grupos de la negociación.
¿Cuáles son los elementos esenciales
de esta primera Convención de Lomé
La CEE concedía a los ACP la supresión
total de los derechos arancelarios y de las restricciones cuantitativas
a la importación de productos industriales. Esto significaba,
por ejemplo, que ropa o perfiles de aluminio fabricados en los
ACP no tendrían que pagar, al entrar en el Mercado Común,
los derechos arancelarios del 17 y del 7,5 por ciento que se aplicaban
a las mismas mercancías procedentes de Asia o de América
Latina. La misma preferencia era concedida al 96 por ciento de
los productos agrícolas exportados por los ACP.
Sólo los productos ACP que competían
a la Política Agrícola Común, para los que
la CEE mantenía grandes protecciones (maíz, arroz,
carne vacuna, Rores cortadas, etc.), no disfrutaban del libre
acceso al mercado europeo.
Escaldados por la experiencia de los EAMA, quienes
se habían encontrado con que la CEE les negaba concesiones
arancelarias para productos hortifructícolas de fuera de
temporada en 1972, los ACP habían pedido, desde el comienzo
de las negociaciones, el libre acceso total y sin restricciones
al mercado europeo para sus productos agrícolas. La CEE,
aunque aceptó relajar considerablemente la protección
de su propia agricultura con reducciones de los derechos aduaneros
y tasas agrícolas, no dejó de sostener que su política
agrícola no era negociable. Esta posición europea
revela la ficción de la igualdad de los socios en la negociación
de la asociación ACP-CEE: las políticas internas
europeas no son negociables por lo que se refiere a su impacto
sobre las economías ACP.
El asunto es saber quiénes son los beneficiarios
reales de la supresión de estas fijaciones de cupos y derechos
arancelarios: ¿los actores transnacionales que comercializan
las producciones ACP, que así se ven gratificados con mejores
condiciones de penetración en un mercado más grande,
o los Estados?
El principio del librecambio fue reemplazado por
el principio de la no reciprocidad de las obligaciones comerciales.
Esta renuncia a la reciprocidad era una de las reivindicaciones
capitales del grupo ACP en la Conferencia de Kingston de 1974.
Es, por decirlo así, la aplicación del principio
llamado de "la desigualdad compensatoria".
Potencialmente, la posición de los países
ACP en el mercado de la CEE.
uno de los más importantes del mundo, se vio
de ese modo reforzada.
Esta victoria debe ser atenuada por las cláusulas
de salvaguardia que se otorga la CEE: ésta podía
tomar medidas de salvaguardia si la aplicación de la libre
entrada de mercancías en la CEE ocasionaba graves perturbaciones
en un sector de su actividad económica. La imprecisión
de los términos permitía a la CEE poner en tela
de juicio lo que acababa de conceder en materia de cooperación
comercial.
El STABEX o
mecanismo de estabilización de los ingresos de exportación
ha sido considerado como la pieza maestra de la Convención.
Así, C. Cheysson pudo declarar, en 1975, que
"el STABEX es tan importante a nivel mundial como lo que
se ha hecho en cada uno de nuestros países el día
en que se reconoció que los trabajadores tenían
derecho a los sub sidios deparo o a subsidios de asistencia
en caso de enfermedad».
El STABEX no era una propuesta ACP. El grupo ACP,
volviendo a tomar las opciones de la Conferencia de Argel de 1973
y del Grupo de los No Alineados, había pedido, para garantizar
sus ingresos de exportación, el compromiso de índizarlos
precios de sus productos básicos a los de los productos
manufacturados exportados por la CEE. Así se habría
protegido contra el hundimiento de las cotizaciones mundiales
y la inflación. La Convención de Lomé, con
el STABEX, no suscitó progresos en este campo.
La CEE quería generar, a escala de su asociación
con los ACP, no un sustituto sino un complemento de una política
de materias primas por construir a escala internacional. Por primera
vez, ciertos riesgos inherentes a la producción y exportación
de productos agrícolas básicos eran cubiertos por
una especie de seguro financiado por el importador que no imponía,
en reciprocidad, ninguna clase de condicionalidad. Examinaremos
la "eficacia" de este instrumento en la segunda parte.
Rápidamente, los países ACP productores
de azúcar debieron comprobar que el protocolo azúcar
no era respetado por la Comunidad. Esta llevó a cabo una
política de fomento de su propia producción de remolacha;
la exportación de sus excedentes a precios subvencionados
perjudicaba a los países ACP exportadores de azúcar
al hacer caer los precios en el mercado mundial. "Ese no
es, ni mucho menos, un modelo de 'partnership"' (S. RAMPHAL,
secretario general de la Commonwealth, en Lomé Breifing,
1983).
Lograda esa ventaja, este instrumento inadecuado
(con relación a un mercado mundial marcado por la productividad
creciente de la remolacha y la aparición de sustitutos
tales como la isoglucosa) se vio prorrogado hasta Lomé
IV.
La conferencia ministerial de Kingston entre ACP
presentó un memorándum relativo a la cooperación
industrial, el cual inspiró ampliamente el capítulo
de Lomé I sobre esta cooperación.
Si el texto de la Convención incitaba a los
"operadores económicos" a conformarse a los objetivos
de desarrollo y a los planes de los Estados ACP, no preveía
que representantes de los trabajadores pudieran estar presentes
ahí donde la cooperación industrial se iba a poner
en práctica.
Por otro lado, la Convención había
previsto ' normas de origen" muy estrictas, que requerían,
para el acceso de un producto ACP al mercado europeo, que una
proporción exageradamente elevada del valor del producto
fuera originaria del Estado ACP (el 50 por ciento del valor o
valor añadido).
Para numerosos Estados ACP pequeños, cuya
esperanza de industrialización basada en la utilización
de materias primas locales era limitada, estas normas de origen
les cerraban el acceso a la industrialización, de la que,
sin embargo, Lomé se hacía el cantor.
La Convención creó el centro de desarrollo
industrial, que ha funcionado apenas como oficina de estudios
industriales comunitarios para uso de los países asociados.
Lomé II
La principal innovación de Lomé
II, firmada en 1979, ha sido la introducción de una
facilidad de ayuda al sector mines, conocida con el nombre
de SYSMIN.
A comienzos de la década de los 70, la CEE,
que cubría su demanda de productos mineros, por lo menos
a medias, con importaciones (procedentes de los PMA en un 44 por
ciento), evaluaba sus perspectivas de abastecimiento como precarias
y podía temer la eventualidad de una acción de cártel
de parte de los productores, calcada de la OPEP. El "Sistema
mineral" fue instaurado con el objetivo de salvaguardar la
viabilidad y la competitividad del potencial minero de los países
asociados.
El sistema preveía una cooperación
financiera (un máximo de 285 millones de ECU durante Lomé
11, que pasó a 415 millones durante Lomé III) destinada
a la realización de proyectos y programas de auxilio al
sector minero cuando, para un producto cubierto por el sistema
(cobre, fosfato, bauxita, manganeso, hierro, estaño y uranio
de Niger), se apreciara una baja sustancial de sus capacidades
de producción o de sus ingresos de exportación.
La existencia de un umbral de dependencia-la parte de la industria
minera en los ingresos de exportación debía ser
de por lo menos el 15 por ciento-limitó la utilización
del SYSMIN a algunos grandes exportadores tradicionales (Zaire,
Zambia).
La lógica del SYSMIN es la de una ayuda que
se aplica en caso de rupturas temporales de la producción.
Al ser usado, el SYSMIN resultó inadaptado
al contexto de crisis caracterizó, en la década
de los 80, a la casi totalidad de los mercados concernidos, y
a la disminución de las tasas de crecimiento del consumo
de metales en los países industrializados. Así,
su lógica le impidió aplicarse en los casos en que
un productor decidiera voluntariamente una baja de la producción
en respuesta a las condiciones desfavorables del mercado, o ser
utilizado para sostener programas de reestructuración destinados
a anticipar una modificación de las condiciones del mercado.
Lomé III: "La Convención del
regreso a la tierra" o "Luz verde a la seguridad alimentaria,
pero demasiado tarde"
Las dos primeras Convenciones de Lomé pueden
analizarse en términos de adaptación de espacios
de estabilización o de compensación con relación
a los mercados mundiales.
Ahí, la ayuda financiera fue concentrada esencialmente
en las infraestructuras que unen a las regiones con los centros
urbanos conectados al mercado mundial.
En cuanto al memorándum presentado por el
comisario Pisani en octubre de 1982, que serviría de base
para la renegociación de Lomé para 1985, en él
se proponía cuadrar la cooperación CEE-ACP con el
objetivo de autosuficiencia alimentaria de los países
asociados.
En este sentido, el memorándum se adhería
a la principal propuesta del Plan de Acción de Lagos, aprobado
por la OUA en 1980, el cual abogaba por políticas agrícolas
regionales que permitieran la aparición de mercados de
dimensiones suficientes para la creación de una base de
apoyo industrial para el desarrollo agrícola.
Este tema de la estrategia alimentaria, que sería
transmitido por numerosas agencias de desarrollo en la década
de los 80, es, en sí mismo, portador de ambigüedades.
Para el Banco Mundial, la autosuficiencia alimentaria
debe provenir de un paquete de medidas estandarizadas que restablezcan
los equilibrios económicos globales, tales como la privatización
de los circuitos de comercialización, la supresión
de las subvenciones y el abandono progresivo de los sistemas de
protección rural; se supone que estas medidas favorecen
la producción en un mercado totalmente liberado.
El razonamiento del Banco Mundial no integra, como
condición de viabilidad externa a los países implicados,
la disminución de la competencia internacional sobre los
actores de las hileras agroalimentarias de los países ACP.
Lo cual significa la protección regional de los campesinados
con relación a las colosales diferencias de productividad
de las agriculturas de los países industrializados.
Por su parte, el memorándum Pisani integraba
implícitamente el análisis de que una estrategia
alimentaria es una transferencia de rentas; transferencia de rentas
de los consumidores urbanos a los productores rurales, de los
consumidores urbanos hacia el Estado por la supresión de
las subvenciones al consumo, del sector público hacia el
privado al hacerle la retrocesión de las actividades más
arriba y más abajo de la producción.
Tal política ponía en tela de juicio
la posición económica y social de los grupos sociales
que viven de la retención del excedente en toda la cadena
alimentaria: funcionarios prebendados de las oficinas estatales,
comerciantes usureros de los mercados paralelos, especuladores
sobre importaciones, etc. También ponía en tela
de juicio la función desempeñada por las ayudas
técnicas extranjeras "enganchadas" a "proyectos»
agrícolas concretos, que no hallarían sitio dentro
de una estrategia global e integrada.
El recurso al sector campesino como el único
capaz de realizar la autosuficiencia alimentaria choca rápidamente
contra el límite que fija la debilitación de la
clase dominante. Pero también implica un Estado capaz de
realizar y de arbitrar la transferencia de rentas.
Esta necesaria función de arbitraje del Estado
es puesta en tela de juicio por los ajustes estructurales impuestos
por el Banco Mundial. Así, para la estrategia alimentaria
piloto que Lomé III sostuvo en Malí a mediados de
la década de los 80, la política de presión
sobre los salarios impuesta al país por el FMI y el Banco
Mundial hizo que todo aumento del precio de los cereales en ciudad
fuera políticamente explosivo. Así, Malí
fue conducido a mantener una estructura de precios que actuaba
en beneficio de los cereales importados, cuando un solo aumento
del 9 por ciento de los salarios habría permitido aumentar
en un 30 por ciento el precio de sus cereales pagado a los campesinos.
Para soportar estos aumentos de precios al consumo, los no agricultores
deberían poder beneficiarse con una política de
creación de empleos no agrícolas, que, a su vez,
supondría un mercado interior suficientemente amplio y
protegido desde dentro.
La reorientación de la cooperación
ACP-CEE hacia la autosuficiencia alimentaria chocaba, pues, con
coacciones de tres órdenes:
El STABEX
Su objetivo explicitado por Lomé I es "remediar
los efectos nefastos de la inestabilidad de los ingresos de exportación
y permitir también a los Estados ACP velar por la estabilidad,
la rentabilidad y el crecimiento continuo de sus economías
... tendiendo a garantizar la estabilización de los ingresos
provenientes de la exportación, de los Estados ACP hacia
la CEE, de productos afectados por fluctuaciones de los precios
y de las cantidades".
Esto concierne a doce productos y sus derivados (o
sea, 29 productos en total): cacahuete, cacao, café, algodón,
coco, palmera y palmito, cueros y pieles, productos del bosque,
plátanos, té, sisal sin refinar y un solo mineral:
el hierro.
El sistema actúa a partir de dos umbrales,
cuando:
Para estos dos umbrales, la cifra es reducida al
2,5 por ciento para 34 países ACP "menos desarrollados,
enclavados o insulares".
Si se cumplen estos requisitos, el Estado ACP concernido
tiene derecho a pedir una transferencia financiera, cuya base
está constituida por la diferencia entre el nivel de referencia
y los ingresos efectivos. Para cubrir esas transferencias, la
CEE destina un total de 375 millones de unidades de cuenta (UC)
por el tiempo de duración de la Convención (cinco
años), cuya gestión compete a la Comisión.
Los Estados ACP que se han beneficiado con la transferencia
deben contribuir a la reconstitución de los recursos del
sistema si sus ingresos aumentan de nuevo, pero esto no atañe
a los países "menos favorecidos».
El STABEX, calificado de "revolucionario"
por sus promotores, ha hecho gastar mucha tinta desde (e incluso
antes de) la firma de la Convención.
Así, durante la negociación de Lomé
11 en 1978, frente a la solicitud de los ACP de introducir un
sistema que cubriera todos los productos hacia todos los destinos
(y no sólo hacia la Comunidad), C. Cheysson, rechazando
esta "globalización", hacía notar
que, en el momento en que el STABEX era criticado por sus limitaciones
por los ACP, los países de la ASEAN acababan de decidir
proponer que se adopte un sistema idéntico para garantizar
sus ingresos de exportación hacia Japón.
El STABEX: ¿mecanismo destinado a ser el primer
movimiento de la sinfonía del Nuevo Orden Económico
Internacional? En realidad, el mecanismo no hace más que
coincidir con las exigencias de los Estados europeos defensores
de la economía de mercado (RFA, RU), esto es, no actuar
sobre los precios, no oponerse al libre juego de la oferta y la
demanda. Se acepta que no se pague el precio debido por un producto
dado porque la especulación o los acuerdos han logrado
hacerlo bajar, pero se prestará o donará una parte
de la diferencia.
Para los promotores del STABEX de lo que se trata
es de compensar, con subvenciones reembolsables, los efectos de
las leyes del mercado sobre las principales exportaciones de los
ACP.
Con la experiencia se ha caído en la cuenta
que el STABEX de ningún modo cubría la totalidad
de los ingresos de exportación de los ACP por varias razones.
Además del hecho de los dos umbrales que limitan
el automatismo del funcionamiento de las transferencias-umbrales
que son sobre todo desventajas para los PMA-, la estabilización
sólo atañe a la parte de las exportaciones realizadas
entre países ACP y la CEE (parte que se ha visto que decrecía
de año en año desde 1972). Este sistema penaliza
a los ACP cuyo comercio con sus países limítrofes
es considerable y penaliza todo desarrollo de relaciones inter-ACP.
Más importante aún, el sistema congela
la estructura de los intercambios (productos agrícolas
y no productos industriales) e incita al desarrollo de las exportaciones
de productos sin refinar en perjuicio de su transformación
in situ. El efecto nocivo del sistema es ver que aumenta la producción
de productos sin refinar y, por lo tanto, presenciar nuevas caídas
de precios.
El sistema sólo retiene productos básicos
agrícolas; entre las materias primas minerales sólo
es retenido el mineral de hierro (debido al interés de
los especialistas en siderurgia europeos).
"Y entonces, lejos de contribuir a hacer más
independientes económicamente a estos países, el
STABEX refuerza los lazos Sur-Norte. ¿No es la definición
del neocolonialismo comercial y, por lo tanto, político...
? (Paul DESBOIS y Jean-Pierre RAMADAC, 1979).
Si se profundiza más en el análisis
y si en vez de productos se procura conocer las firmas multinacionales
o nacionales que sirven de intermediarias, uno encuentra nombres
como Unilerver, Philips, Lesieur, la Société Générale
de Belgique, todas estas antiguas "compañías
de tráfico", para las que los ACP son cotos reservados
desde el comienzo de la era colonial.
Algunos productos han concentrado, en catorce años
de aplicación (1975-1989), la mayor parte de las transferencias:
el café (el 36 por ciento del total), el cacao (el 17 por
ciento) y el cacahuete (el 15,5 por ciento) representan las dos
terceras partes de los fondos. Por lo tanto, los principales beneficiarios
fueron algunas economías de renta (Costa de Marfil, Senegal
y Sudán recibieron el 40 por ciento de los desembolsos).
El crecimiento de los recursos del STABEX (375 millones
de ECU durante Lomé I, 550 durante Lomé II, 925
para Lomé III y 1500 para Lomé IV) debe ser relativizado
por la inflación y por la explosión de las necesidades
con la crisis de las materias primas. Así, en 1988 y 1989,
los fondos sólo han financiado el 61 y el 50 por ciento
de las solicitudes elegibles de transferencia de los ACP.
Se calcula que la subestimación del presupuesto
global del STABEX durante Lomé III ha debido ser aproximadamente
dos veces inferior a las necesidades de los países ACP.
Ante la crisis de las estructuras de la oferta no
se ve cómo su déficit no será estructural.
Ultima cuestión ligada al STABEX: las incertidumbres
que atañen a la asignación de los fondos.
Si los financiamientos transferidos por medio del
STABEX están mayoritariamente orientados hacia la financiación
de ingresos públicos en detrimento de la financiación
de proyectos de ayuda a la diversificación de las producciones
de exportación o de otros proyectos de desarrollo, uno
se puede plantear la pregunta legítima de la utilidad del
STABEX para las poblaciones interesadas.
Cooperación comercial: ¿ha generado
el sistema comercial de Lomé un proceso de desarrollo?
Con motivo de las negociaciones para Lomé
II, el profesor C. K. Helleiner de Toronto escribía en
1979 que la verdadera prueba del valor de una nueva Convención
de Lomé consista en determinar si ésta ayuda a los
países ACP, tomados individualmente o en su conjunto, a
reactivar y diversificar su sector de exportación y si,
con ello, sus estructuras económicas se ven mejoradas.
Se puede discutir la elección de este criterio
para juzgar el conjunto de la Convención de Lomé.
Sin embargo, resulta válido para juzgar los resultados
en materia de cooperación comercial.
Para el período 1972-1982, que cubre tres
años anteriores a Lomé I, el período Lomé
I y tres años de aplicación de Lomé II, la
participación de los países ACP en las importaciones
de la CEE, en porcentaje de todas las importaciones extracomunitarias,
pasó del 7,4 al 5,5 por ciento (4,45 por ciento en 1988).
En porcentaje de todas las importaciones de la CEE
procedentes de los países en vías de desarrollo,
la participación de los países ACP pasó del
20 por ciento en 1972 al 13,8 por ciento en 1982 (15 por ciento
en 1988). Observemos, por otro lado, que la parte del petróleo
procedente de los ACP en el volumen de importación de la
CEE varió del 20 al 40 por ciento con fluctuaciones de
precios en valor relativo. Sin el rápido aumento de las
importaciones petroleras en la década de los 70, la participación
global de los ACP en el volumen de importación de la CEE
habría disminuido aún más dramáticamente.
Para concluir con la contribución de Lomé
al comercio, también hay que destacar que el enfoque de
Lomé no constituye un nuevo modelo: la admisión
de productos exentos de tasas aduaneras o cualquier otro tipo
de acceso preferente no tenían nada de innovador.
Los productos básicos ACP habrían tenido
acceso al mercado comunitario teniendo como base tarifas reducidas
o nulas incluso en ausencia de Lomé (ver Lomé
Briefing).
En otra palabras, puesto que los ACP no tenían
producción industrial importante era beneficioso abrir
los mercados ampliamente.
En cambio, Lomé previó dispositivos
de protección del mercado europeo contra las eventuales
amenazas de desestabilización del mercado interno europeo:
sin hablar de las normas de origen, la amenaza de invocar la cláusula
de salvaguardia fue utilizada para reducir las exportaciones textiles
de la isla Mauricio. La amenaza de utilización de la cláusula
de salvaguardia pudo desmovilizar inversiones.
Por lo que se refiere a las restricciones de acceso
para los productos agrícolas templados competidores de
la Política Agrícola Común, éstas
limitaron, entre otros, las exportaciones ACP de carne de vacuno
y de productos hortifrutícolas de fuera de temporada.
Los productos manufacturados y semimanufacturados
sólo representaron un porcentaje mínimo (del 3
al 4 por ciento anual). Los Estados ACP tuvieron que comprobar
que el progreso de su industrialización sólo había
sido una ilusión.
Algunos países son una excepción,
como la isla Mauricio, que, en el transcurso de los años
70, se transformó para convertirse en un centro de in versiones
extranjeras y de corporaciones multinacionales especializadas
en la construcción automóvil de exportación,
aprovechando su condición de ACP.
En el marco del GATT, Europa, enfrentada a los nuevos
dragones agrícolas del Sur-Brasil, Indonesia, Malasia-,
propuso liberalizar el mercado europeo de productos agrícolas.
Esta liberalización, que costó caro al presupuesto
comunitario-consecuencia de la baja de los derechos sobre las
importaciones europeas de productos tropicales-, linda con ventajas
que, por lo menos en lo tocante a productos sin refinar, permitieron
a los ACP ganar parcelas del mercado europeo.
En el comercio CEE-ACP, la existencia de márgenes
de preferencia ha ayudado a las relaciones comerciales. Los productos
para los cuales los ACP no tuvieron preferencia especial, como
los orujos oleaginosos o el caucho, tuvieron menos éxito.
En cambio, en los casos de preferencia acentuada, como el plátano,
los ACP mantuvieron un mejor crecimiento de sus exportaciones.
Por supuesto, el trato preferente no lo explica todo.
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Fuente:
Cartas de Solagral, núm. 92, mayo de 1990.
¿Qué será
de ello al término de la negociación de la Ronda
Uruguay? La construcción del mercado de 1992, sobre el
que los ACP casi
no han sido consultados, podría significar también
la regresión de la integración comercial de los
ACP.
Un solo ejemplo: el cacao.
La armonización de las normas de los productos alimentarios
pone en peligro a los socios
ACP, ya que en toda
Europa se podrán utilizar materias grasas vegetales en
la fabricación del chocolate en perjuicio de la manteca
de cacao.
La ejemplaridad de Lomé:
la gestión contractual es institucional
Una especificidad que debe reconocerse a las Convenciones
de Lomé es haber establecido un sistema institucional de
cooperación que sirve de soporte a la definición
y a la gestión de la cooperación.
Estas características no se encuentran en
ningún otro proveedor de fondos, multilateral o bilateral.
La ayuda europea es, en primer lugar, previsible,
contratada de manera plurianual por un período de cinco
años, con transferencia de los montos no desembolsados;
este compromiso jurídico permite a los Estados ACP hacer
una programación de la ayuda por un tiempo de duración
que cubre un plan nacional quinquenal.
La Comunidad presenta a los ACP una "caja de
herramientas" diversificada (ayuda financiera directa, estabilización
de los ingresos, facilidades de financiamiento especiales para
los productos mineros, facilidades comerciales, etc.) sin condiciones.
Corresponde a los ACP servirse de ella con pleno dominio de su
elección.
La cooperación del FED comprende la ayuda
"programada" (las subvenciones y préstamos especiales)
y la ayuda Uno programada" (que incluye los fondos del STABEX,
del SYSMIN, la ayuda de urgencia, los capitales de riesgo del
Banco Europeo de Inversiones). El conjunto permite tipos de intervención
más diferenciados y menos "coloniales" que las
intervenciones de los Estados miembros.
Lomé establece un sistema institucional de
cooperación único en su género; ampliamente
"apolítico", este sistema es de carácter
administrativo y diplomático, no es selectivo, porque se
aplica a todos los países ACP sin distinción de
régimen. La distribución de la ayuda la hace la
administración europea teniendo como base criterios objetivos
(PNB, enclave, etc.). Va enteramente a las inversiones y teóricamente
no es una ayuda presupuestaria.
El sistema es más transparente que el de las
cooperaciones bilaterales, lo cual se debe a la existencia de
un sistema de controles internos y externos a la Comisión.
La ayuda no está atada y todos los contratos
tienen que dar lugar a concursos-subasta que permitan la competencia.
Si uno se coloca desde el punto de vista de los objetivos
del desarrollo, el sistema comunitario contiene un aspecto esencial:
es su carácter contractual.
El grupo ACP tiene una realidad en el momento de
la negociación. Una de las consecuencias del carácter
contractual de la Convención es que el FED no está
condicionado por las exigencias de compromisos de los programas
de ajuste estructural; de manera general, las acciones financiadas
por el FED no tienen que responder a las estrictas condiciones
de rentabilidad financiera y económica que imponen las
intervenciones de organismos como el Banco Mundial.
Desde este punto de vista, Lomé III ha introducido
un cambio bastante radical con relación al enfoque tradicional
por proyectos: es el «diálogo sobre las políticas",
el apoyo a orientaciones sectoriales en los ACP y el principio
de concentración de la ayuda (en una región o un
sector).
El nuevo enfoque en materia de programación-cada
país ACP establece y somete a la Comunidad un programa
indicativo teniendo como base sus prioridades de desarrollo-puede
perfeccionar el proceso de definición de objetivos del
desarrollo.
Dentro de la ayuda programada (subvención),
una asignación específica está encaminada
a apoyar la integración regional. El objetivo es ideal;
prácticamente, los proyectos regionales son raros.
Cuando el sistema Lomé se acomoda a los
vientos de la condicionalidad
La tendencia actual es incrementar considerablemente
la ayuda no programada y no vinculada a proyectos. Ya actualmente,
si a los instrumentos de ayuda no programada de Lomé se
añade otros medios, como la ayuda alimentaria, el conjunto
de la ayuda no programada representa ampliamente más de
la mitad de la ayuda total a África.
Esta tendencia es un peligro en la medida en que
el mejor trabajo que podría hacer la Comunidad con relación
a los Estados miembros (cuya ayuda, sobre todo la de Francia,
es esencialmente política) es concentrarse en la aplicación
de programas y proyectos de desarrollo. Cuanto más desprogramada
es la ayuda financiera de la Comunidad, más peligro corren
los países ACP de ver condicionada la concesión
de esta ayuda a cambios políticos y sociales que afectan
al corazón del Estado: es una especie de colonialismo al
que vuelven los Estados miembros (sobre todo Francia, el Reino
Unido y Alemania) bajo la égida del FMI y del Banco Mundial.
Esta condicionalidad puede ser, de hecho, contradictoria
con los principios de contractualidad y neutralidad, que han constituido,
hasta ahora, la originalidad de las sucesivas Convenciones de
Lomé, sobre todo cuando evoluciona, como es el caso, hacia
la consideración de elementos cada vez más esenciales
de la política económica y social de los ACP.
Esta tendencia está muy marcada en varios
Estados miembros (Reino Unido, Francia, RFA), que consideran los
acuerdos de ajuste estructural FMI Banco Mundial como una garantía
y sitúan cada vez más sus programas dentro de estas
políticas.
En ciertos casos, los programas de la CEE instaurados
lo son explícitamente también para "ayudar"
al país de que se trata a poner en práctica el ajuste
estructural establecido por el Banco Mundial; es decir, se convierten
en un instrumento, entre otros, de aplicación de la política
del Banco.
Lomé III ya contiene un instrumento que se
incluye típicamente en la panoplia de los que se utilizan
para el ajuste estructural: el programa sectorial de importación
condicionado a la aceptación de reformas económicas
y sociales por los ACP concernidos.
"El problema no es sencillo. Muchos proveedores
de fondos no ven otras posibilidades, para mantener su credibilidad
y reforzar la del sistema financiero internacional, más
que seguir las políticas del Banco Mundial, que son orientaciones
de carácter dominante y que hasta ahora no han sido enfrentadas
con políticas alternativas creíbles. Sin embargo,
por lo que se refiere al África subsahariana por lo menos,
no hay ningún elemento para afirmar que los países
que han aplicado un programa de ajuste estructural del Banco hayan
conseguido mejores resultados económicos y sociales que
los que no lo han aplicado.
Muchas medidas contenidas en ciertos programas de
ajustes estructurales son comprensibles y hasta legítimas;
es el caso de las medidas cuya aplicación es una condición
esencial de la eficacia de la ayuda, como las políticas
de sostenimiento de los precios agrícolas.
Lo que ya no lo es son algunas de ellas que tienen
como resultado, si no como objetivo, despojar totalmente de la
concepción y de la gestión de sus políticas
sociales, e incluso económicas, a los países ACP
concernidos, muchos de los cuales, por lo demás, resisten
fuertemente a esas políticas impuestas desde el exterior.
La introducción de mecanismos de ajuste estructural
ligados a una condicionalidad económica general significaría,
aún cuando esta introducción esté limitada
financieramente, la transformación oficial del papel de
la Comunidad en ejecutante de políticas establecidas por
otros; y, sobre todo, el fin de una rara y notable originalidad;
y esto, en el fondo, no porque las medidas del Banco Mundial sean
justas, sino, simplemente, porque el Banco Mundial es el único
socio dominante.
La introducción de un sistema semejante constituiría
una novación, aunque la Comunidad, en su práctica
corriente de identificación de numerosos proyectos, considere
ya los proyectos del Banco Mundial como una circunstancia determinante
de hecho de sus propias acciones.
Varios Estados miembros serán, sin duda alguna,
muy favorables a esta evolución, lo cual les dispensa de
hacerse preguntas sobre el objetivo y los resultados de la ayuda,
y lo cual, según creen, favorecerá la inversión
privada de las firmas europeas", (Jean-Pierre DUBOIS, "L'Afrique
et l'Europe").
Lo que es significativo es que estas ideas fueron
lanzadas antes de que los programas Lomé III llegaran al
comienzo de su fase de ejecución en 1988-1989; lo que significa
que estas ideas fueron lanzadas teniendo como base no la experiencia
de la Comunidad, sino las experiencias de otros proveedores de
fondos, que no son concluyentes desde el punto de vista del desarrollo
(aumento del endeudamiento, baja del consumo por habitante, aumento
de la dependencia externa, etc.). La CEE, en virtud de su experiencia
de la cooperación de Lomé, se ha forjado una experiencia
sobre este apoyo a programas sectoriales; no tiene peritaje propio
sobre la regulación macroeconómica. Por consiguiente,
no se sabe cómo podría desempeñar otro papel
que el de ser, en el mejor de los casos, el amortiguador social
de políticas definidas por otros.
Tal alineación amenaza con relegar a un segundo
plano los objetivos y las acciones del desarrollo en beneficio
exclusivo de objetivos políticos y financieros (reducción
de la deuda), cuyo efecto sería el aumento de la dependencia
externa y la acentuación considerable de las diferencias
en la distribución de los ingresos (baja del consumo por
habitante mientras la población aumenta), que marginarían
aún más las acciones de apoyo a las estructuras
locales de estos países.
El sistema Lomé: una política marginal
para Europa
Su monto financiero (2.000 millones de ECU por año
para Lomé III) no constituye una masa significativa con
relación a otros proveedores de fondos que intervienen
en África, esencialmente el Banco Mundial y también
los Estados miembros. La ayuda concedida por la Comunidad para
los ACP sólo representa una décima parte de toda
la ayuda pública al desarrollo proporcionada bilateralmente
por los 12 Estados de la CEE. Se ha podido decir que Lomé
no era, en realidad, más que la décimotercera política
de cooperación en Europa. Su ambición ya no es ser
la política europea de cooperación, sino sólo
un "modelo".
Si uno de los objetivos a los que se aspiraba al
principio de Lomé era permitir un "sindicato de los
países del Sur" es forzoso comprobar que Europa no
se ha planteado más que débilmente el mismo objetivo
para ella misma.
La política de cooperación de los países
europeos sigue siendo fundamentalmente bilateral y no comunitaria.
Desde el punto de vista de la política exterior de la Comunidad,
la cooperación al desarrollo no está, en efecto,
realmente integrada en los raros esfuerzos diplomáticos
que la Comunidad lleva a cabo en el exterior.
La Comunidad no está comisionada por sus Estados
miembros para interesarse en el problema de la deuda y, con mayor
motivo, en la renegociación de su servicio.
Deja a sus Estados miembros el cuidado de interesarse
en las políticas macroeconómica s .
Lomé puede ser considerada también
como "el espejo del trabajo que le cuesta a la CEE definirse
como sujeto político colectivo y coherente, y espejo también
de la persistente preeminencia de los intereses individuales de
los Estados en detrimento de una política europea"
(Foro de Delfos).
La posición de la CEE en el diálogo
Norte-Sur evoluciona, principalmente como consecuencia de la evolución
interna de los Estados de la CEE y de sus relaciones mutuas (1992),
y de la evolución de las intervenciones del capitalismo
norteamericano y japonés.
La interpenetración entre el capitalismo japonés
y la CEE se acelera (gran mercado europeo, excedentes japoneses,
introducción progresiva del yen en el mundo financiero).
La cooperación japonesa, rica en capitales, débil
en interventores y en experiencia, se acerca a la CEE para una
especie de asociación en la zona reservada de ésta:
África (pero no para el Pacífico). La zona de intercambios
preferentes está amenazada con fragmentarse.
Las relaciones CEE/EE.UU. están marcadas por
el doble juego británico (ideológico) y neerlandés
(preeminencia dada a las contribuciones a los organismos multilaterales:
PNUD, BIRD, etc.), que impide a la CEE realizar una real delimitación
de su zona de influencia y una real cohesión de políticas.
Una política implícita de la CFF
podría ser
velar por que su importancia política sea por lo menos
igual a su influencia en los intercambios y, por lo tanto, a su
compromiso económico en forma de APD. Naturalmente, eso
era lo que ocurría, en líneas generales, antes del
PAE; ya no ocurre automáticamente. Eso es lo que defienden
los militantes de la unión política y monetaria
europea; son los mismos que defienden el aumento masivo del FED,
la mejora de los instrumentos y el refuerzo de la coordinación
de las cooperaciones de los Estados miembros.
Los opositores de tal política implícita
son o partidarios del canal multilateral "liberal" (y,
por lo tanto, de PAE mejorados), o partidarios de un nacionalismo
confirmado (Francia a veces, en particular en la zona CFA); pero
estos últimos ya no tienen las posibilidades de su ambición
y, a falta de ello, se juntarán con los defensores de la
unión (zone ECU).
Apoyar de manera selectiva el refuerzo del FED y
de sus instrumentos es preservar la posibilidad de poder hacer
surgir, dentro del proyecto CEE/ACP, una alternativa (capitalista,
sin duda, pero fundada en un proyecto social y dejando un sitio
central a la economía mixta) a la política liberal
estilo FMI/BIRD/PAE.
Pero este apoyo no es más que la necesaria
condición previa de la reivindicación de una política
explícita "europea", cuya elaboración
pasa totalmente por un debate intraeuropeo.
Financieramente marginal, la política europea
de cooperación al desarrollo no constituye ni un elemento
sustancial de la política exterior de la Comunidad, ni
un elemento de refuerzo interno de ésta.
La posición europea en las actuales negociaciones
comerciales de la Ronda Uruguay demuestra, entre otras cosas,
el carácter unilateral de las decisiones de la CEE, que
no consulta más que formalmente a los ACP sobre lo que,
sin embargo, les concierne, y muestra los a los límites
de la condición de socios propuesta a los ACP'.
Por último es esencial comprender que la política
de cooperación de la Comunidad sólo actúa
sobre una parte muy limitada de lo que está en juego y
de las relaciones de fuerzas a nivel internacional. Es así
que las transferencias netas en concepto de las Convenciones de
Lomé sólo representan una fracción ínfima
de la deuda de los países del África subsahariana
(el 2 por ciento); estas transferencias, por lo demás,
no han tenido como objetivo, hasta 1987, disminuir el peso de
la deuda.
Del mismo modo, las decisiones de los grandes
operadores comerciales y firmas multinacionales escapan
naturalmente del marco de Lomé; y no es la entrada
libre de productos ACP en el mercado comunitario lo que cambiará
algo. Los efectos perjudiciales del vertimiento de los excedentes
agrícolas en concepto de ayuda alimentaria subsisten; y
el STABEX no tiene, evidentemente, ninguna influencia en los mercados
internacionales de materias primas cuyas cotizaciones bajan, aun
cuando constituya una ayuda presupuestaria bienvenida, si no para
las poblaciones, por lo menos para los gobiernos y las administraciones
de los países ACP.
La ayuda al desarrollo de la Comunidad funciona,
al menos en parte, como un fondo de ayuda a la exportación
para las industrias, los servicios y la agricultura europea.
Para el quinto FED
(1979-1984) se estima
que el conjunto de los contratos de trabajos, suministros y asistencia
técnica fueron revertidos en un 75 por ciento como promedio
a los Estados miembros de la Comunidad en forma de pedidos a sus
empresas (la tasa de reversión para Francia es del 21,5
por ciento del conjunto de estos contratos). En cuanto el porcentaje
del 27 por ciento que va a los operadores ACP-TOM [Territorios
de Ultramar franceses], éste debería ser afinado:
¿cuántos de estos operadores son verdaderamente nacionales,
o filiales más o menos controladas por capitales extranjeros?
Para concluir
Responder a esta pregunta es saber si la CEE ha podido
ayudar a los Estados ACP a aflojar las coacciones exteriores que
influyen en las políticas interiores, permitiéndoles
así romper el círculo vicioso del marasmo económico.
La degradación de las condiciones exteriores
para la rnayoría de los Estados ACP deja cernerse una duda
cierta en cuanto al carácter apropiado para los problemas
de hoy de los actuales instrumentos de Lomé.
Esta pregunta acerca de la eficacia del sistema de
asociación de Lomé remite al tema de los actores.
Hemos podido comprobar hasta qué punto la
Convención de Lomé era marginal en las políticas
europeas.
No es el fruto de la voluntad de un actor público
europeo que hubiera. construido su política exterior, sino
de un arbitraje de rivalidades e intereses.
Los Estados CEE y los Estados ACP han situado la
integración comercial como matriz de su asociación
si preguntarse si el desarrollo de los intercambios constituía
la clave del desarrollo.
Al término de Lomé lll, las preferencias
ACP-CEE se ven banalizadas: el sistema de relaciones preferentes
establecido por la CEE con sus asociados se relajó a medida
que la integración interior europea se construía.
La CEE como tal no interviene en la negociación
de la deuda de sus asociados; este papel está reservado
para el Comité Monetario, compuesto por representantes
de los ministerios de Finanzas de los Estados y por gobernadores
de bancos.
En el GATT, la CEE no es en modo alguno el portavoz
de su asociación con los ACP, ninguna reflexión
es hecha allí sobre la conveniencia, para el conjunto ACP-CEE,
de renunciar a la regla de la reciprocidad a cambio de una selectividad.
Otra señal del vacío de asociación
política: el conjunto Europa-ACP se prohibe elaborar una
política conjunta sobre los movimientos migratorios. La
política migratoria es dejada a los Estados nacionales.
Hablamos de su fracaso en construir una cooperación
regional que Lomé 1I y 1l le autorizaban.
Más fundamentalmente, los "sindicados"
ACP tenían intereses divergentes que han paralizado cualquier
evolución de los instrumentos de la cooperación.
Las diferentes renegociaciones de Yaundé y
Lomé han presenciado los arbitrajes obligados entre los
rentistas del STABEX, los rentistas del Protocolo Azúcar
y los beneficiarios del SYSMIN;
El juego de intereses divergentes-la coyuntura de
los PMA está, además, más ligada a espacios
privilegiados como la zona del franco o la CEE, mientras que las
coyunturas de países de rentas intermedias (Nigeria, etc.)
los liga más bien a la economía norteamericana-ha
anulado cualquier redefinición de estos instrumentos.
La alternativa Pisani para las estrategias alimentarias
podía ser un momento de elección para los ACP con
respecto a los guiones o modos de desarrollo para los que optaban:
competitividad externa, especialización en el intercambio
internacional, acumulación en un espacio protegido.
Esta interpelación se hizo en un contexto
de crisis financiera y de estrangulación económica,
que dejaba pocos márgenes para la elección. Además,
el memorándum Pisani implicaba una redefinición
de la política agrícola europea, para la que no
había voluntad política.
Ahí se vuelve a plantear la cuestión
de la coherencia entre la política escaparate de Lomé
y las políticas internas de Europa.
Lomé se manifiesta menos como un "pequeño
Norte-Sur", una asociación política capaz de
influir en el contexto internacional, que como una reagrupación
retórica de socios sin voluntad ni significación
política propia.
Bibliografía
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análisis
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Qud avenir pour Lom^?. «Dossier" núm. 92,
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Siglas
FED: Fondo Europeo de Desarrollo
BEI: Banco Europeo de Inversiones
STABEX: Estabilización de los ingresos de Exportación
SYSMIN: Sistema de facilidades de financiamiento especial para los productos mineros
TDC: Tarifa Aduanera Común
EAMA Estados Africanos y Malgache Asociados
ACP: Africa, Caribe y Pacífico
PAE:
Política de Ajuste Estructural
Este capítulo se ha beneficiado
con las contribuciones de Jean-Pierre DIEHL y Michel LEVANTE de
la AITEC.