La firma de la primera Convención entre la
Comunidad Económica Europea (CEE) y los países del
África subsahariana, del Caribe y del Pacífico (ACP),
en Lomé (capital de Togo), en febrero de 1975, debía
su importancia al conflicto entablado entonces entre los países
industrializados y los países llamados en vías de
desarrollo. El primer choque de los precios petroleros iniciado
por la acción de algunos países-la mayor parte de
ellos árabes-, coordinada en la OPEP, había puesto
de manifiesto cuán dependientes del petróleo y de
las materias primas eran los países industrializados. Esto
había inspirado una estrategia y un poder de negociación
a un grupo de 46 ex-colonias-entre ellas Nigeria, productor de
petróleo-a punto de negociar un nuevo acuerdo con la Comunidad
Europea. De ello resultó que los Estados miembros fueron
arrastrados a hacer más concesiones de lo que habían
previsto. En consecuencia, Lomé I fue acogido por la novedad
de sus instrumentos de cooperación, que incluían
preferencias comerciales, compensaciones por pérdida de
rédito de la exportación de productos agrícolas,
proyectos de desarrollo a iniciativa de los países ACP,
etc., en un contrato de cinco años. La Convención
de Lomé fue presentada por la CE y sus países miembros
como un modelo de cooperación y de nuevas relaciones NorteSur
y suscitó las esperanzas de los países en vías
de desarrollo.
Después de la firma de las Convenciones siguientes-hasta
Lomé IV, en diciembre de 1989-, la Convención de
Lomé sigue siendo, para la Comunidad Europea, la imagen
emblemática del diálogo Norte-Sur, pero sin que
esto reciba mucha atención o seguimiento. Aunque Lomé
contenga instrumentos de cooperación con los que no se
beneficia ningún otro (grupo de) país(es) no industrializado(s),
la Convención no ha tenido un resultado tan satisfactorio como dicen la
CE y sus Estados miembros. Esto lo explica Bruno Carton en su
artículo, donde traza el historial y el balance de las
tres Convenciones de Lomé.
En un contexto más
reciente, en que la Comunidad Europea teme que la inmigración
magrebí se torne imposible de absorber y que su aprovisionamiento
de petróleo sea puesto en peligro por conflictos, la CE
tiende a intensificar su cooperación económica con
los países del Mediterráneo y del Golfo para garantizar
su seguridad. Como señala Bichara Khader, la Comunidad
ya ha llegado a un acuerdo en su seno sobre una Política
Mediterránea Renovada para "su jardín"
más cercano. Los instrumentos y la filosofía económica
de esta "política renovada" presentan una semejanza
con los de la IV Convención de Lomé, tal como, por
ejemplo, la ayuda no programada reservada para el apoyo a las
reformas económicas (sobre todo, a los programas de ajuste
estructural), la importancia dada al sector privado y al mercado
libre, y al perfeccionamiento de los recursos humanos, el apoyo
financiero a la planificación familiar, la cooperación
técnica en lo que concierne a la protección del
medio ambiente (por ejemplo, del Mediterráneo), etc. Si
Lomé IV sigue estando mucho más elaborada que la
Política Mediterránea Renovada, ¿por cuánto
tiempo más podrán los países ACP gozar de
más privilegios que los países de la región
árabe limítrofe de Europa? En su enfoque de política
activa de la posguerra del Golfo para Oriente Próximo,
la Comunidad tiene la intención de incluir provisiones
de fondos de ayuda económica junto a otras iniciativas
políticas y de seguridad regional. Los países del
Golfo podrían sin duda estar tentados a tomar la Convención
de Lomé como ejemplo para una cooperación más
amplia de parte de la CE.
Por eso, un análisis crítico del texto de Lomé IV (ver el posterior artículo de Myriam Vander Sticbele, cap. III) puede ser útil para ambos espacios. Las experiencias de las Convenciones anteriores permiten mostrar las lagunas de los instrumentos incluso renovados y los peligros de las novedades de esta Convención. Junto a la identificación de los problemas a los que deberán hacer frente los 69 "socios ACP" en la aplicación de la nueva Convención, las críticas pueden indicar, por otra parte, los aspectos que merecen una advertencia en la Política Mediterránea Renovada o en cualquier otra ayuda económica para el mundo árabe. Habrá que evitar, cueste lo que cueste, que los países árabes se encuentren en una relación de clientelismo con respecto a la CE, como los países ACP hasta ahora.
A la vista del estado actual de la economía
está claro que la Convención de Lomé no ha
ayudado a África a superar su especialidad agrominera.
En un momento en que se consideraba que la industrialización
era una etapa importante del desarrollo, los países de
la CE no tuvieron la voluntad política de poner a disposición
de la Convención recursos suficientes para hacer evolucionar
a los ACP hacia otro estadio económico. En una época
en que los países industrializados entran plenamente en
una economía de servicios sin que Lomé IV prevea
por lo demás medios adecuados a los ACP para aceptar
este desafío, uno se puede preguntar sobre qué estrategia
de desarrollo se apoya la Comunidad en sus acuerdos con los países
del Sur.
El artículo de Christian Coméliau
pone claramente de manifiesto qué cuestiones y problemas
fundamentales debe abordar un acuerdo que pretenda apuntalar el
desarrollo. Hallar una estrategia adecuada a la dimensión
del desarrollo de los pueblos, en todas sus aspiraciones, exige
superar el economicismo que domina cualquier idea de progreso
en los acuerdos Norte-Sur. A pesar de unos pocos y excepcionales
pasajes filosóficos, y de la introducción de los
instrumentos de cooperación cultural y social en la III
y IV Convención de Lomé, ni la Comunidad ni los
países del Sur se han lanzado hasta ahora a tal ejercicio.
Muchas condiciones previas del desarrollo deberán ser examinadas
y aclaradas en un diálogo abierto antes de que la Comunidad
y una o varias contrapartes árabes se metan en una colaboración
concreta de desarrollo o de transformación económica.
Las negociaciones de la última Convención
han mostrado cuán reticentes son los Estados miembros a
un diálogo semejante, orientado hacia una visión
global, que implicaría un análisis de sus propias
políticas. Por lo contrario, la filosofía de la
Comunidad se ha orientado hacia los programas de ajuste estructural
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El ejemplo
más claro es la facilidad de obtener el apoyo al ajuste
estructural (AAE), que ha sido incluido en Lomé IV y en
la "política mediterránea renovada». Uno
de los criterios de elegibilidad es que los países que
emprenden programas de reformas con el apoyo financiero o la aprobación
de las instituciones de Bretton Woods podrán obtener automáticamente
el AAE. En la nueva Convención de Lomé, algunos
artículos deberían proteger un enfoque distinto,
pero no contrario, a los programas de ajuste estructural (PAE)
del Banco Mundial y del FMI y dejar más iniciativas a los
países ACP, incluso a los que no tienen un PAE con las
instituciones mencionadas. Ahora bien, el 13 de febrero de 1991,
la Comisión firmó un acuerdo con el Banco Mundial,
sin informar de ello al Consejo de la CE ni al Secretariado ACP,
para confirmar la participación financiera de la Comunidad
en la segunda fase del Programa Especial de Ayuda a África
(SPA-II) coordinado por el Banco Mundial, al que están
asociados todos los donadores occidentales para el período
1991-1993. Esta contribución ascenderá aproximadamente
a mil millones de ECU en calidad de recursos de la Convención
de Lomé IV previstos para el AAE y los acuerdos con cada
país ACP. Reconociendo que, en la primera fase de este
programa especial, alas verdaderas cuestiones de políticas
de desarrollo a largo plazo, así como los problemas ligados
a la problemática del ajuste estructural no han tenido
más que un espacio limitado en los debates", la Comisión
dice que, en la segunda fase, tendrá más posibilidades
de garantizar un enfoque más realista y social, y tiene
intención de especializarse en la educación y la
salud. Esta influencia deseada no está de ningún
modo garantizada, y la participación en la SPA-II permite
dudar si todos los artículos que especifican la puesta
en marcha del AAE están aplicados (ver más adelante
el artículo de Myriam Vander Stichele).
Con todo, un tabú ha caído en los discursos
políticos de los ministros de la CE y de la Comisión.
Tras los cambios en Europa Oriental, estos discursos han destacado
la importancia de los derechos humanos, de la democracia y de
las reformas políticas. Esto ha conducido a la discusión
de una política comunitaria en este sentido y a la incorporación
de estos temas en los objetivos de la Política Mediterránea
Renovada. El aspecto negativo ligado a esta nueva actitud
es el vínculo directo establecido entre democracia y reestructuración
económica hacia un libre mercado, la condicionalidad de
la ayuda, el peligro de hacer demasiado hincapié en
la democracia y menos hincapié en las responsabilidades
de los países industrializados, y la insuficiente atención
puesta en los derechos de los pueblos en comparación con
los derechos humanos.
Por lo que se refiere a los derechos humanos, la
Comunidad ha podido evidenciar en el texto de Lomé IV la
importancia de estos derechos en el proceso de desarrollo, a pesar
de las objeciones de los países ACP. Se prevé que
organizaciones (gubernamentales y no) y ayudas técnicas
(por ejemplo, para mejorar los procedimientos jurídicos)
que refuerzan los derechos humanos reciban un financiamiento en
el marco de la Convención. Tales medidas concretas no existen
o son mínimas en la "política mediterránea
renovada-" y otros acuerdos de cooperación. Por lo
demás, los procedimientos para una intervención
de la Comunidad en caso de violación de los derechos humanos
en absoluto están claramente elaborados. Las acciones
posibles por la intervención de la Asamblea paritaria ACP-CE
(ver Lomé Breifing núm. 13) han sido hasta
ahora muy limitadas. Las experiencias muestran claramente que
los procedimientos en el campo de los derechos humanos y de los
pueblos-que quedan por elaborar bajo la Convención de Lomé,
pero también para otros países con los que la CE
concierta acuerdos-deben ser más independientes, abiertos
y asequibles que los que existen hoy, para evitar cualquier explotación
u obstrucción política y diplomática del
problema y para garantizar una reciprocidad en lo que concierne
a la violación de estos derechos en la Comunidad Europea
y por ella.
Incluso en el nivel económico de la cooperación
al desarrollo hay graves carencias. La Comunidad Europea dice
que no puede abordar todos los problemas del desarrollo en sus
acuerdos de cooperación. Pero las lagunas inducen a preguntarse
si la CE tiene intención de resolver alguno de los problemas
económicos importantes de los países no industrializados.
De los artículos de este libro resulta que, ni por la Convención
de Lomé ni por la política mediterránea,
la Comunidad invierte recursos para resolver más substancialmente
los problemas que obstaculizan la transformación estructural
en los países implicados, tales como:
Es indiscutible que todos estos aspectos también
tienen dimensiones internas de los países. Sin embargo,
la Comunidad Europea y sus Estados miembros siguen teniendo importantes
palancas que podrían quitar de en medio numerosos obstáculos
económicos para las transformaciones en los países
del Sur. Se espera mucho más de la CE, no sólo otro
diálogo con los países firmantes de acuerdos, sino
también otros instrumentos y otro funcionamiento de los
acuerdos de cooperación económica; más aún,
un cambio de su política interna y externa en muchos campos.
Esto se refiere concretamente a su política agrícola,
a su política de investigación y de aplicaciones
industriales, de unión política y monetaria de la
Comunidad, así como a su posición en las negociaciones
comerciales del Mercado Unico, del GATT Ronda Uruguay, con los
países ACP y los países de Europa central y Oriental.
Eso se refiere sin duda también a las decisiones tomadas
por sus Estados miembros en las instituciones de Bretton Woods
(FMI y Banco Mundial) o en el Grupo de los Siete. Hay demasiado
poca coherencia entre la política de cooperación
al desarrollo y la política (económica) exterior
de la Comunidad, y entre estas políticas y las de sus Estados
miembros individualmente considerados.
Ciertos instrumentos de la Comunidad con relación
a los países del Sur podrían proporcionar una ayuda
real en su proceso de desarrollo. Un ejemplo es la ayuda a la
cooperación regional que figura en la Convención
de Lomé, incluida en la Política Mediterránea
Renovada y en la cual la CE hace hincapié en sus planes
de cooperación con el mundo árabe después
de la guerra del Golfo. Sin embargo, en el pasado, los ACP utilizaron
poco estos fondos, sobre todo en África, excepto la Conferencia
para la Cooperación y el Desarrollo en África Austral
(SADCC). La integración regional no es, por cierto, una
solución a todos los problemas, por ejemplo, en lo que
se refiere a la necesidad de divisas para reembolsar la deuda.
También tiene sus propios desafíos: por ejemplo,
la diversificación coordinada, la opción por el
mercado interior o exterior, la conexión de infraestructura,
y, sobre todo, una política regional mejor definida de
parte de los países del Sur en un período en que
importantes bloques comerciales surgen en los continentes americano,
europeo y asiático. En resumidas cuentas se trata de arbitrar
las relaciones y las dependencias necesarias para satisfacer las
necesidades de desarrollo de la población. Eso no concierne
sólo a las cuestiones económicas, sino también
a un modelo de desarrollo arraigado en la cultura de las poblaciones.
Otro de los problemas cruciales es el mal conocimiento
del funcionamiento de la Comunidad por sus contrapartes. En lo
político existen órganos que permiten un diálogo
hasta el nivel ministerial, como, por ejemplo, el Consejo de
ministros ACP-CE, que se reúne una vez al año, el
diálogo político con la Unión del Magreb
Árabe y en el Consejo CE-Consejo de Cooperación
del Golfo. Estos contactos han sido insuficientemente aprovechados
hasta ahora por los países del Sur. Una estrategia y un
frente más unidos podrían sacar mucho más
de la CE y promover el desarrollo de las ideas progresistas que
circulan en ella.
Las poblaciones de una y otra parte están
también mal informadas sobre los acuerdos de ayuda económica
y de cooperación al desarrollo, de modo que sus potencialidades
siguen estando inexploradas.
El debate por un mejoramiento de la cooperación
y de la ayuda europea no puede limitarse al ámbito político
y diplomático ni al de negocios. Tres Convenciones de Lomé
han demostrado que la falta de participación directa de
la población implicada desde el comienzo de la cooperación,
incluso en la fase de las negociaciones, se refleja en instrumentos
y acciones que responden mal a los desafíos de los problemas
y a las aspiraciones de desarrollo. los textos de Lomé
IV intentan nrmediar este enor, pero su aplicación se presenta
digicil y las discusiones al respecto se hacen con poca concertación
con el mundo no gubernamental.
En la Comunidad Europea, la voluntad política
para un nuevo enfoque solidario a largo plazo deberá proceder
de su población, o, al menos, ser aceptada por ella. ¿Está
el pueblo europeo dispuesto a ello? ¡He aquí un reto
para la democracia! Más análisis e informaciones
deben ampliar el debate al que este libro quiere contribuir.