A partir de la independencia, en 1975, la tierra se considera propiedad del Estado, quien establece las condiciones de su uso y aprovechamiento (Constitución de la República, artº 80). Por lo tanto, ninguna persona, singular o colectiva, puede tener posesión absoluta de la tierra. Las modificaciones introducidas en la Ley Fundamental, en 1990, reiteran esos principios, reconocen y protegen los derechos de uso y aprovechamiento de la tierra adquiridos por herencia u ocupación, salvo reserva legal o si la tierra fue legalmente atribuída a otra persona o entidad (Artºs. 46 a 48).
Durante la primera etapa de este período (llamada de 'socialización') se establecieron aldeas comunales, consistentes en unidades administrativas en las que la tenencia de la tierra es de carácter familiar, cooperativo o colectivo y la población reasentada en dichas aldeas tiene a su disposición los servicios de agua, salud, escuela, etc. (5). En realidad han sido pocas las aldeas que llegaron a establecerse conforme al modelo teórico, ya que tuvieron problemas de organización, falta de recursos y número excesivo de familias en cada una de ellas, situación que creó obstáculos a los campesinos para conseguir parcelas cercanas a sus viviendas. Por tal motivo, en 1978, se determinó que el límite de familias por aldea debía ser de 250.
Las plantaciones de la época colonial se nacionalizaron y reorganizaron en empresas agropecuarias administradas como explotaciones del Estado. Pero a causa de problemas de inseguridad, ineficacia en el empleo de tecnología, falta de capacitación de los trabajadores, etc., debieron afrontar dificultades y deudas bancarias elevadas, llevándo a muchas de ellas a su disolución. Por Decreto nº 21 de 1989, se dispuso el cambio de titulación de la explotación estatal en familiar, privada o mixta (6). Faltan datos precisos sobre la cantidad de tierras que pertenecían a las empresas estatales disueltas.
Las cooperativas agrícolas de producción constituyeron en esta primera etapa un elemento esencial en la estrategia de socialización de la agricultura. Pero el conflicto armado, la adopción de nuevas tecnologías dependientes de insumos, la falta de experiencia en organización y planificación de la producción, la centralización excesiva y el asesoramiento escaso, entre otros motivos, determinaron que su funcionamiento resultase un fracaso. Esta situación ha provocado el rechazo por parte de los campesinos a formas de producción colectiva.
Otro tipo de explotación es la del sector privado, constituído por personas físicas o jurídicas que solicitan al Estado tierras para su explotación mediante el pago de una renta y en forma temporal.
El sector que reviste mayor importancia es el familiar, tanto por la cantidad de población que abarca (dos millones y medio de familias) como por el ámbito geográfico que ocupa (90 % del área total cultivada), siendo el mayor productor de alimentos (3/4 partes del total de cultivos del país y más de 1/3 de la producción comercializada, incluyendo cultivos de exportación). En el sector familiar, el uso y aprovechamiento de la tierra tiene en mira la subsistencia de la familia, no emplea mano de obra asalariada, realizando gran parte del trabajo la mujer con ayuda de sus hijos.
Después de dos años de cultivo de la parcela, se la deja en descanso, abriéndose una nueva parcela de dimensiones semejantes a la anterior, y así, sucesivamente, cada dos años hasta abarcar un período de diez, en que se vuelve a la parcela originaria para recomenzar el ciclo.
La segunda etapa del período de la independencia comienza en 1987 y se caracteriza por la libertad de iniciativas. El programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) de ese año enfatiza el papel del agricultor tradicional como productor de excedentes agrícolas, y proyecta reformas económicas en beneficio del sector familiar. Dentro del PRES y de su sucesor, el Programa de Rehabilitación Económica (PRE), se estableció en 1990 el Programa de Distritos Prioritarios (PDP) bajo dirección y control del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Este programa tiene por objeto ejecutar en cuarenta distritos, seleccionados conforme a ciertos indicadores (seguridad, potencial agrícola, infraestructuras, representación de todas las provincias del país, etc.) prioridades de desarrollo rural, reducir la pobreza absoluta en las áreas rurales y producir alimentos en beneficio principalmente del sector familiar, reforzando las capacidades y organización de los niveles provincial y comunitario.