Es fundamental para la supervivencia del planeta y de sus especies la existencia de comunidades sustentables a pesar de que la rutina sea pasar por alto los negativos impactos económicos, sociales, y sobre la salud, de las grandes obras energéticas. El antidemocrático paradigma de desarrollo dominante, incluidas las políticas energéticas orientadas al suministro, es insustentable, genera deudas inaceptables y desigualdades en el consumo de energía, altos niveles de contaminación, destruye culturas, economías locales y la naturaleza.
La decisiones energéticas tienen un profundo efecto sobre el desarrollo de cada sociedad y de su economía, sobre la división mundial del trabajo, sobre la soberanía de las naciones e incluso sobre la geografía mundial.
Poderosas trasnacionales y grupos de capitales que no rinden cuenta a los Estados son las que controlan la producción y la distribución de energía, así como los bienes y servicios a ella asociados y son causantes de graves problemas sociales y ambientales. En especial, todas las formas de energía nuclear tienen peligrosas consecuencias ambientales, sanitarias, sociales y militares. Son, por tanto, insustentables e inaceptables.
Deben usarse cada vez más recursos financieros y humanos para la conservación, la eficiencia energética y fuentes alternativas de energía renovable para proporcionar un sustento ecológico a las generaciones presentes y futuras. Una canalización así de los recursos, junto a una creciente educación ambiental, son esenciales para cambiar las tendencias actuales de devastación ecológica, tales como deforestación, calentamiento global, disminución de la capa de ozono y la contaminación radiactiva. Ello debe incluir una oferta mayor de formas de transporte y producción de energía que sean ecológicamente sustentables, así como la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
La energía debe ser utilizada, producida y distribuida siempre con la máxima eficiencia y la mínima repercusión sobre el bienestar de la gente y del resto de la naturaleza.
Los costos sociales y ambientales deben ser tenidos en cuenta en el cálculo de los costos finales de las opciones energéticas.
Todos los pueblos, comunidades y naciones tienen derecho a un acceso equitativo a los bienes y servicios que la energía proporciona. Ello implica un uso, producción y distribución equitativo de estos bienes y servicios en todos los niveles local, nacional, internacional y cambios en los estilos de vida derrochadores. Todas las comunidades tienen igual derecho a captar y producir su propia energía utilizando fuentes locales.
Las decisiones en materia de energía deben ser democráticas y participativas, equilibrando la participación etnocultural, socioeconómica, de color y de género. Particularmente, la gente directamente afectada debe jugar un papel decisivo. Todos los impactos sobre la biosfera, resultantes de la transformaciones cualitativas y cuantitativas de materiales y energía deben ser contabilizados, entre ellas el uso de los recursos y la producción de residuos. Se deberá informar honesta y claramente toda la información sobre estos impactos y abrir espacios para su discusión.
Las ONGs reunidas en el Foro Global '92 se comprometen con el siguiente plan de acción:
1) Trabajaremos para cambiar los modelos de consumo dispensioso de energía en favor de la frugalidad energética, la eficiencia y la conservación, como por ejemplo una urgente reducción de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y de otros agentes contaminantes.
2) Trabajaremos en favor de la producción descentralizada de energía renovable y nos opondremos a los gigantescos proyectos energéticos.
3) Insistimos en una moratoria en la creación y construcción de instalaciones nucleares y minas de uranio y en la desactivación de las instalaciones existentes tan pronto como sea posible.
4) Trabajaremos en favor de la desmilitarización para disminuir los enormes consumos de energía de las actividades militares (incluida la guerra) y de la fabricación de armamento.
5) Trabajaremos solidariamente con las personas que luchan contra las injustificables y desiguales tarifas energéticas para poder sus necesidades energéticas básicas.
6) Nos comprometemos a practicar la solidaridad internacional con la gente desplazada a causa de enormes obras energéticas.
7) Insistimos en la contabilización de todos los costos ambientales, ecológicos y sociales de forma integral para todas las opciones energéticas.
8) Presionaremos a los gobiernos para que se haga una revisión pública completa de todas las decisiones en materia de energía, en especial la consulta a las personas afectadas y su aprobación.
9) Realizaremos actividades políticas y educativas para transformar los actuales hábitos consumistas y los modelos agrícolas, comerciales, industriales, residenciales y de transporte para que se cubran las necesidades sociales y se minimice el consumo de recursos, entre ellos la energía.
10) Trabajaremos para que sean obligatorios niveles mínimos de eficiencia energética y para que se incorpore a los productos una etiqueta respecto del consumo energético.
11) Trabajaremos en el establecimiento de una entidad internacional permanente de coordinación de ONGs sobre energía, a partir de las redes actualmente existentes, para participar en el proceso de la CNUMAD y para facilitar el aporte de las ONG a las distintas entidades de las ONU.
12) Trabajaremos para el establecimiento de mecanismos equilibrados de representación de las ONG, con voz y voto, en todos los organismos internacionales de financiación.
13) Trabajaremos internacionalmente en favor del desarrollo, la promoción y la transferencia de tecnología para el aprovechamiento de fuentes de energía renovable que sean sustentables, eficientes, descentralizadas - tales como solar, eólica, biomasa e hidraúlica en pequeña escala- y mecanismos para asegurar la asimilación local de la tecnología.
14) Trabajaremos por una reducción progresiva en todo el mundo de las emisiones de CO2 y CH4, tanto en la producción de energía y en la industria como en el transporte automotriz, teniendo como objetivos una reducción del 20% en el año 2000, 50% en el año 2025 y cercano al 100% en el año 2050.