Como en otros países de América Latina, las mujeres han contribuido al desarrollo socioeconómico de Uruguay por diversas vías, siendo las dos fundamentales el trabajo doméstico y el empleo en actividades referidas al mercado económico. Asimismo, dicha participación femenina ha estado condicionada por las características del desarrollo uruguayo y por su condición general de género.

Pero, como también sucede en toda la región, el problema es que, por distintas causas, esa contribución de las mujeres es sólo parcialmente visible. Principalmente, porque únicamente las actividades convencionalmente consideradas como económicas forman parte de las cuentas nacionales. Los intentos realizados para medir el aporte a la economía nacional del trabajo doméstico no han conseguido modificar las convenciones vigentes. Por otra parte, no es fácil saber si ese trabajo podría ser de alguna forma retribuido, al igual que tampoco ha concluido la discusión sobre si con ello se mejoraría la condición de las mujeres.

Así, la participación de las uruguayas en el desarrollo adquiere visibilidad fundamentalmente cuando puede ser medida en términos de actividad económica. Esto representa una dificultad en ciertos sectores, como el agrícola, donde los trabajos domésticos y los dedicados al mercado no siempre se distinguen fácilmente. Ante esta dificultad, tanto las propias mujeres como los medios de encuesta optan por considerar que los trabajos de las mujeres son tendencialmente domésticos, con lo que se registran en calidad de dueñas de casa, es decir, económicamente inactivas.

Esta inclinación también procede, desde luego, de antiguos patrones culturales que establecen una división social del trabajo, según la cual a las mujeres les corresponde la responsabilidad del trabajo doméstico y a los hombres el desempeño de actividades propiamente económicas y, en general, públicas. Aunque esa división se ha flexibilizado, más en Uruguay que en otros países latinoamericanos, existe evidencia de que todavía se supone que la responsabilidad de los quehaceres domésticos sigue siendo principalmente de las mujeres, independientemente de si éstas participan o no en el mercado laboral.

En realidad, dadas las características de temprana modernización productiva y urbanización de Uruguay, una proporción considerable de la población femenina ha participado desde que el país existe en el trabajo considerado económico. La visibilidad se hizo mayor conforme se ocuparon como asalariadas o incrementaron su actividad mercantil generadora de ingresos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Al inicio de los años noventa se estima que más de un 40% de la PEA uruguaya está compuesta por mujeres, lo que significa que cerca del 44% de las que están en edad de trabajar lo hace efectivamente. Ciertamente, esta tasa de participación es aún considerablemente menor que la de los varones, ya que ésta se sitúa por encima del 72%. No obstante, es necesario recordar que existe un grado de subregistro en la participación laboral femenina, por las razones ya indicadas (que es mayor en los Censos que en las Encuestas de Hogar).

En los últimos decenios, el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) de Uruguay ha sido lento, como consecuencia, ante todo, del bajo crecimiento demográfico del país, así como por la crisis económica que éste ha atravesado durante los años ochenta. Pero es importante subrayar que el principal factor del crecimiento de la PEA nacional es el aumento de la participación femenina: entre 1970 y 1990 la PEA femenina creció en Uruguay cerca de un 75%, mientras la PEA masculina permaneció prácticamente estancada, en esos veinte años apenas creció en un 3,3%.

Debido a las mencionadas pautas culturales, las uruguayas se ocupan preferentemente en cierto tipo de actividades, consideradas tradicionalmente femeninas. Casi un tercio se emplea como trabajadoras de servicios personales y cerca de otro tercio en calidad de empleadas de oficina y comercio, en tanto los hombres lo hacen principalmente como trabajadores agrícolas y manufactureros, seguidos de empleados de oficina y comercio.

Sin embargo, destaca la alta proporción de técnicas y profesionales que presenta la PEA femenina respecto de la masculina (18% por 7%) y aunque una cantidad alta de dichas profesionales desempeñen actividades tradicionalmente femeninas (maestras, enfermeras, etc.), lo cierto es que igualmente han requerido de educación superior para poder ejercerlas. Por otra parte, hay un aumento de participación de las mujeres en profesiones consideradas masculinas: en 1990 eran ya paritarias entre los médicos y mayoritarias en la profesión de abogados, lo que destaca a Uruguay en el contexto latinoamericano.

Ello guarda relación con el hecho de que la PEA femenina uruguaya hace tiempo que presenta un nivel educativo más elevado que la PEA masculina. Una proporción más alta de ocupadas mujeres que de ocupados varones ha llegado a la secundaria y a los estudios superiores. Con todo, las mujeres continúan ocupando los rangos más bajos del mercado laboral, lo que acentúa su menor obtención de ingresos por actividad laboral que los hombres.

Todo indica, pues, que los problemas que las mujeres tienen en el empleo no dependen ya de su nivel de educación formal, sino principalmente de su segmentación a la hora de elegir carrera, de su falta de preparación específica para el mercado de trabajo y de la existencia de los patrones culturales que siguen considerando el empleo de la mujer como "trabajo secundario", complementario socialmente del que ejercen tradicionalmente los varones.