PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA

La República Oriental del Uruguay nació de una negociación entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, arbitrada por Gran Bretaña, tras largos años de guerra, conflictos internos y reiterados intentos de anexión por parte de portugueses, rioplatenses y los propios británicos. Su independencia se selló en 1828 y en 1830 se dio su primera Constitución Política como Estado independiente. Cristalizaron entonces tensiones que marcarían toda la vida política uruguaya: entre Montevideo y el interior, entre centralistas y federalistas. La inestabilidad se mantuvo hasta comienzos del presente siglo y la división y luchas entre "blancos" y "colorados" recorre la historia uruguaya, rompiéndose el bipartidismo de hecho recién a inicios de los setenta.

La participación femenina en la independencia y creación de Uruguay como Estado nacional no registra liderazgos, pero es reconocida, por ejemplo, la relevancia del acompañamiento de mujeres al General Artigas en el abandono de la llamada "Banda Oriental" antes de caer en manos extrajeras. En el mundo social las mujeres obreras tuvieron una participación significativa a fines del siglo XIX, en protestas y huelgas y en la creación de sus primeras organizaciones, cuando se debatía la "cuestión femenina" en temas de educación y legislación.

Desde comienzos del siglo XX Uruguay, que se dotó de un Estado fuerte, desarrolló la más avanzada legislación de protección social y laboral a la mujer trabajadora como política de bienestar social. Las leyes de divorcio por causales (1907) y por sola voluntad de la mujer luego de transcurridos dos años de matrimonio (1913) acompañaron el proceso de secularización de la vida pública y privada, coronado en 1917 con la separación de la Iglesia del Estado. De esta época datan los partidos Socialista (1911) y Comunista (1921).

En 1917 se aprobó una Constitución con un Poder Ejecutivo dividido en Presidencia y Consejo de Administración. La Constitución de 1934 volvió a un Ejecutivo presidencial. Nuevamente en 1952 se instauró un sistema de gobierno colegiado, con un Consejo Nacional de Gobierno, para volver a un sistema presidencialista en 1966.

Las mujeres adquirieron sus derechos políticos en 1932, como consecuencia de un proceso que duró 18 años, en el que hubo movilizaciones, presentación de proyectos de ley y numerosas polémicas públicas. No obstante, su incorporación al Parlamento se produjo recién en 1942 y se mantuvieron ausentes del Poder Ejecutivo hasta 1968.

En la década de los 60 se iniciaron nuevos procesos en el país, al tiempo que se manifestaba una profunda crisis del modelo de desarrollo vigente: una sostenida movilización popular, guerrilla urbana, la unificación en 1964 de todas las corrientes sindicales en la Convención Nacional de Trabajadores y el agrupamiento, en 1971, de las fuerzas políticas de izquierda en el Frente Amplio.

Como reacción, en 1967 el Presidente Pacheco Areco comenzó un período de represión, tanto de la guerrilla como de la actividad política en general. En 1968 impuso medidas de seguridad con suspensión del derecho a reunión y censura de prensa. En 1972 el Presidente Bordaberry obtuvo la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado, implantó el "Estado de Guerra Interna" y en 1973, tras un levantamiento militar, disolvió el Parlamento, iniciándose una dictadura militar que duró doce años. Hasta 1976 continuó en la presidencia, suspendió y proscribió a los partidos políticos. Entonces se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos. Al completar su período legal, Bordaberry fue derrocado por los militares, los que introdujeron cambios en la Constitución, y un cronograma de institucionalización que debía culminar en 1981.

En 1980 se plebiscitó negativamente la Constitución propuesta, que restauraba una democracia tutelada por las fuerzas armadas, con exclusión de los partidos de izquierda. Esta derrota tuvo importantes consecuencias que se expresaron en la capacidad de movilización opositora, en un recrudecimiento de la represión pero también en una búsqueda de acuerdo con los partidos tradicionales por parte de los militares con el fin de definir un nuevo itinerario político para el retorno democrático. Este incluyó la reposición de la actividad política, elecciones internas en los partidos no proscritos, negociación sobre la Constitución en 1983 y elecciones para los cargos de representación en 1984.

Ese año reinició sus actividades el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay (CONAMU), fundado en 1916 por las feministas "históricas", que preparó un proyecto de ley de obligatoriedad de inclusión de mujeres candidatas para las elecciones nacionales y municipales. En 1982 -año de gran actividad electoral en los partidos- surgieron los primeros grupos de mujeres preocupados por la condición femenina. Paralelamente, grupos de mujeres de los partidos políticos empezaron a plantear reivindicaciones específicas. También irrumpieron en la escena pública las madres y familiares de procesados por la justicia militar.

En enero de 1984 se realizó el primer acto masivo convocado desde las mujeres: una marcha por Montevideo que congregó a miles de ellas. Esta experiencia impulsó la creación de organizaciones y coordinaciones de mujeres, como el Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMUU), que se abocó a la tarea de asegurar su participación en el proceso de transición. Se integró a la Intersocial, coordinación de partidos políticos y organizaciones sociales contra la dictadura.

Este proceso culminó con la inserción de organizaciones sociales y políticas de mujeres en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), instancia de articulación del consenso entre actores políticos y sociales que comenzó a actuar en 1984. Elaboró cinco documentos temáticos considerados como el compromiso del nuevo gobierno con las mujeres organizadas.

A fines de 1986 el gobierno promovió -mediante la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado- la amnistía para los militares comprometidos en el terrorismo de Estado bajo la dictadura, apoyado por la mayoría del Partido Nacional. Contra esa decisión, y para llamar a un plebiscito que revocara la ley que la avalaba, las viudas de dos senadores, respaldadas por las organizaciones de derechos humanos, convocaron a una campaña de recolección de firmas. Grupos de mujeres desempeñaron un papel fundamental en dicho proceso lográndose la cantidad necesaria. Sin embargo, el plebiscito fue ganado por la opción de gobierno, con lo que quedaron inhabilitadas legalmente las peticiones de verdad y justicia y en evidencia el poder que aún conservaban los militares.

El retorno a la democracia no reflejó en el Parlamento el aporte femenino a la democratización del país: ninguna mujer fue elegida. No obstante, permitió una paulatina incorporación de las preocupaciones del movimiento de mujeres a la esfera pública y gubernamental. En 1985 se formó en el Parlamento una comisión especial sobre la Condición de la Mujer y en 1987 se creó el Instituto Nacional de la Mujer. En 1990, con el cambio de gobierno, las mujeres mejoraron su presencia en el Parlamento y en las Juntas Departamentales.