Durante la década de los años ochenta la economía uruguaya sufrió los desajustes de la crisis y trató de modificar lentamente el modelo tradicional de su desarrollo. De acuerdo al criterio de sus actuales autoridades, a comienzos de los años noventa se hace necesario producir una reconversión más a fondo, con el objeto de adecuar mejor el país a las circunstancias regionales y mundiales.
El modelo tradicional, centrado en el desarrollo del mercado interno sobre la base de las exportaciones y la sustitución de importaciones, apoyado en un sector público -principalmente de servicios- importante, que protegía fuertemente el sistema, había sufrido sólo modificaciones circunstanciales durante los años setenta. Primero, fue puesto en cuestión desde el plano sociopolítico, con la crisis nacional que afectó al país a fines de los años sesenta y principios de los setenta. Después, con la instauración de un régimen político militar, el funcionamiento del modelo se estabilizó durante los años setenta (a partir de 1973), a través del control autoritario de los factores de producción y una protección aún mayor sobre el mercado interior: entre 1974 y 1979 las tarifas al mercado externo alcanzaron niveles históricos (las tasas a la importación oscilaron entre el 346% y el 116%).
A fines de esa década, en 1979, las autoridades buscaron un reacomodo interno, sobre la base de un modelo de desarrollo inflacionario (se suponía que controlado): se liberalizó los precios internos, y -de forma más coyuntural- los créditos, se regularizó la tabla de cotizaciones diarias del Banco Central, así como se produjo la indización de los salarios y beneficios del sistema de seguridad social. Esta modificación provocó efectivamente un relanzamiento de la actividad interna, que duró poco más de un año. Pero colocó al país en condiciones precarias en el contexto internacional: la competitividad de los productos de exportación cayó en picado, aumentó paralelamente el endeudamiento exterior y el crecimiento del déficit de la balanza de pagos.
Hacia 1981 comenzó a hacerse evidente que, en esta dirección, lo peor estaba aún por llegar. La sobreevaluación del peso terminó por derrumbar el nivel de competencia de las exportaciones uruguayas, al tiempo que en el mercado interior comenzaban a generalizarse las quiebras, lo que dejaba a numerosos bancos en serias dificultades financieras, y al Estado ante un desequilibrio fiscal de consideración.
Así pues, con la contracción del comercio mundial de 1982, la crisis explotó: en ese año la recesión económica produjo un crecimiento negativo del PIB del 9,4% (uno de los mayores de América Latina) y entre 1982 y 1985 el PIB real disminuyó en casi un 16%. El desempleo abierto pasó del 8% a comienzos de 1982 al 17% en el primer trimestre de 1983. La caída fue tan fuerte que la recuperación del segundo quinquenio del decenio no pudo evitar que los años ochenta fueran realmente una década perdida en términos económicos: entre 1980 y 1990 el PIB por habitante se contrajo en un 7%, a pesar de que Uruguay es uno de los países de menor crecimiento poblacional de la región (en torno al 0,6% anual).
En este contexto, los militares uruguayos decidieron en 1984 pasar suavemente la conducción del país a las autoridades civiles, las cuales iniciaron un proceso de ajuste, apoyado por el FMI, que permitió la normalización económica. Este proceso ha sufrido cambios importantes, en los primeros años noventa, cuando la decisión de profundizar la apertura y el ajuste económicos parece imponerse, acelerada por la necesidad de mejorar la posición de Uruguay al interior del programa de integración con Argentina y Brasil (MERCOSUR), aunque el ritmo de tal integración no sea considerable.
Como ha sucedido en otros países de la región, es previsible que la reconversión y la apertura en curso produzcan en Uruguay un aumento de la desigualdad en el ingreso y del nivel de pobreza.
