El incremento en República Dominicana de ese indicador grueso de salud que es la esperanza de vida, ha guardado relación con la mejoría de las condiciones sanitarias y el desarrollo del sistema de salud entre los años cincuenta y fines de los setenta, realizado sobre la base de un esfuerzo fiscal apreciable. Al concluir los años setenta el gobierno gastaba cerca del 12% de su presupuesto en salud, lo que significaba un 2,2% del Producto Interior Bruto, PIB. De esta forma, en 1980 el gasto general en salud ascendía a 33,2 dólares por habitante.

La crisis de los años ochenta (1982-1985) hizo retroceder significativamente ese impulso: en 1986 el gobierno apenas gastaba en salud un 6,9% de su presupuesto, lo que representaba nada más que un 0,6% del PIB, con lo que el gasto general por habitante descendía a 8,6 dólares. El nuevo gobierno elegido ese año volvió a relanzar la inversión pública y así en 1988 gastó cerca del 9% de su presupuesto en salud, estimándose que el gasto general superaba los 16 dólares por habitante. La crisis de 1989-1990 volvió a contraer los recursos financieros y el plan de ajuste global que siguió se basa principalmente en un fuerte recorte del gasto público. No existen cifras disponibles sobre lo que está significando todo esto en términos precisos.

En todo caso, se sabe que la década difícil deterioró sensiblemente la infraestructura del sistema de salud. Dicho sistema está compuesto por los sectores público y privado. El primero está formado por tres organismos: la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, SESPAS, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, INSFAPOL. Estos dos últimos forman el sistema dominicano de seguridad social, cuyos servicios alcanzan al 10% de la población y que posee el 35% de las camas hospitalarias del sector público, las cuales significan los dos tercios del total de camas existentes en el país. El tercio restante está en manos privadas y se concentra básicamente en las dos ciudades principales.

Se estima que la cobertura de esta infraestructura general incluye sólo a la mitad de la población dominicana y que ésta se ha ido reduciendo durante los años ochenta: en 1970 había 3,3 camas por mil habitantes, en 1982 esa cifra había descendido al 1,6 y en 1990 sólo había una cama por cada mil personas. Por otra parte, dicha infraestructura se fue deteriorando con la crisis: a fines de los ochenta una evaluación oficial indicaba que habían quedado fuera de uso el 90% de las incubadoras, el 75% de los aparatos de rayos X y el 50% de los autoclaves. La falta de energía eléctrica ha contribuido a incrementar las dificultades.

Las condiciones sanitarias básicas también mostraban deficiencias: en 1991 sólo un quinto de los hogares dominicanos disponía de agua en el interior de la vivienda y en torno a un tercio poseía inodoro propio (en las ciudades el 51% y en el campo el 7%).

RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA

DE SALUD, 1976-1986

 

 Notas: Se refiere a los niños menores de 5 años que han sido vacunados y como promedio de los que tienen y no tienen tarjeta.

Fuentes: Consejo Nacional de Población y Familia, CONAPOFA, Informe General 1987 de la Encuesta Demográfica y de Salud, DHS-1986.