Durante los años ochenta el desarrollo de la producción interna dominicana estuvo referido a tres factores estructurales: la dinámica de cambio productivo que venía dándose desde los años setenta, el impacto de la crisis económica de los primeros años de la siguiente década y los cambios de política económica, particularmente la voluntad gubernamental de perseguir objetivos de política interior.

La necesidad de modificar el viejo modelo productivo, basado en la exportación primaria (productos agrícolas y minerales) y el proceso de sustitución de importaciones hacia el mercado interno, se puso ya de manifiesto en la segunda mitad de los años setenta. Progresivamente, la balanza comercial fue perdiendo importancia frente a la de servicios, en especial a través del flujo de capital inducido por el turismo y las remesas de los emigrantes a sus familiares. Por otra parte, fue evidenciándose la capacidad competitiva de la industria de montaje para exportar, en el cuadro general de las zonas francas comerciales e industriales. Estas últimas, impulsadas con la Ley 299, de 1969, fueron desarrollándose paulatinamente durante los años setenta, hasta que su relieve aumentó considerablemente con la crisis económica del comienzo de la siguiente década.

El rápido empeoramiento del clima externo y la falta de competitividad de la industria interior, exigieron tempranamente la acentuación del cambio productivo ya iniciado, pero sobre bases no expansivas sino marcadamente restrictivas. De hecho, el deterioro de la actividad productiva incrementó la relevancia del turismo y las remesas de emigrantes, las zonas francas industriales, que en 1984 se ligan a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) realizada por el Gobierno de los Estados Unidos, se entiende ya no sólo como una importante fuente de generación de divisas, sino también como una instancia generadora de empleo. Se estima que si en 1980 tales zonas daban empleo a 20 mil personas, esa cifra había ascendido a 125 mil en 1989 (más de la mitad de las cuales son mujeres).

Desde 1982 la crisis fue enfrentada mediante programas de ajuste que buscaron reducir la actuación financiera pública, lograr el reequilibrio del cuadro fiscal y monetario, y el saneamiento del sector externo, tratando de frenar el alto nivel de importaciones. Sobre la base de este ajuste interno, se consiguió el respaldo del Fondo Monetario Internacional en 1985. Sin embargo, el impacto de tales medidas se tradujo políticamente en la elección, a mediados de 1986, de un gobierno con un programa económico de orientación opuesta. Así, entre 1986 y 1989 se reactivó la inversión fiscal, apoyando directamente los focos generadores de empleo. Este cambio hacia una política expansiva fue induciendo desequilibrios macroeconómicos que llevaron a la crisis de 1990, año en que el PIB decreció un 5,5%. En 1991 se regresaba, pues, a una política de ajuste generalizada.

CREACION Y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO

BRUTO (PIB), 1980-1991

CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL PIB POR HABITANTE

EVOLUCIÓN DEL PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS

GASTO TOTAL DEL PIB

 

Fuentes: CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1989, 1990, 1991, 1992, Santiago de Chile