DERECHO DE FAMILIA

Las relaciones entre marido y mujer y de éstos con los hijos están reglamentadas en el Código Civil.

MATERIA y DisposiciónOBSERVACIONES
AUTORIZACION PARA CONTRAER MATRIMONIO

El hijo menor de 25 años y la hija menor de 21 no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres (Art. 148).

Se trata de una edad exagerada, considerando que la capacidad civil se adquiere a los 21 años y la ciudadanía a los 18. No se entiende por qué, además, se exige mayor edad al hombre para casarse sin autorización de sus padres.

Si los padres han muerto o si están imposibilitados de manifestar su voluntad, el consentimiento deben darlo los abuelos. Si hay desacuerdo entre el abuelo y la abuela de la misma línea prevalece la voluntad del abuelo.

El hijo natural no reconocido, no puede casarse antes de los 25 años sin obtener previamente el consentimiento de un tutor nombrado ad hoc.

NACIONALIDAD DE LOS CONYUGES

La mujer dominicana casada con un extranjero puede adquirir la nacionalidad de su marido. La mujer extranjera casada con un dominicano seguirá la condición -nacionalidad- de su marido, a menos que las leyes de su país le permitan conservar su nacionalidad (Art. 11, Nº 4, Párrafo 3 de la Constitución).

La dominicana que se case con extranjero es libre para conservar su nacionalidad o para adoptar la de su marido. La extranjera que se casa con dominicano, en cambio, pierde su nacionalidad, salvo que las leyes de su país le permitan conservarla, caso en el cual podrá declarar, en el acta matrimonial, que declina la nacionalidad dominicana. Es decir, se requiere una renuncia expresa a la nacionalidad de origen.

El hombre conserva siempre su nacionalidad, independientemente de la de su cónyuge. Si marido y mujer gozan de iguales derechos, no hay justificación para que el hombre esté privado de la posibilidad de optar por la nacionalidad de su mujer extranjera.

OBLIGACIONES DE LOS CONYUGES

Los cónyuges se deben mutuamente fidelidad, socorro y asistencia (Art. 212).

Esta disposición recoge la tendencia moderna a la igualdad en las relaciones personales de los cónyuges. Hasta hace poco tiempo en la mayoría de las legislaciones se establecía que la mujer debía obediencia al marido y éste protección a la mujer.

CAPACIDAD DE LA MUJER CASADA

La mujer casada disfrutará de plena capacidad civil (Art. 8, Nº 15, letra d) de la Constitución).

La mujer casada tiene la misma capacidad civil que la soltera (Art. 213 inciso 2º).

Toda disposición legal que menoscabe la plena capacidad civil de la mujer casada debe ser considerada como inconstitucional y así declarada por el tribunal competente.

Hay varias excepciones a esta disposición de origen constitucional.

DIRECCION Y MANTENCION DEL HOGAR

Los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionan educación a sus hijos preparan su porvenir (Art. 213 inciso 1º).

Esta dirección conjunta es positiva. Hasta no hace muchos años (1978) la dirección correspondía al marido, así como la patria potestad.

Cada uno de los cónyuges debe contribuir, en la medida de lo posible, a los gastos del hogar y a la educación de los hijos.

DOMICILIO DE LA MUJER CASADA

El domicilio de la mujer casada es el de su marido (Art. 108).

Esta disposición constituye una excepción a la igualdad de capacidad de la mujer casada y la soltera, pues esta última determina libremente su domicilio. Contraviene, igualmente, la Constitución.

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

Bajo el régimen de comunidad el marido es el único administrador de los bienes comunes. Puede venderlos o hipotecarlos sin el consentimiento de la mujer (Art. 1421)

El régimen de comunidad de bienes es el que se adopta generalmente, a menos de estipulación contraria.

El marido, además de los bienes comunes, administra los bienes propios de la mujer, pero no puede enajenar los inmuebles de ella sin su consentimiento.

Esta disposición no se compadece con aquella que consagra la dirección económica conjunta del hogar ni con la que establece la plena capacidad de la mujer casada.

Las multas impuestas al marido por delito que no produzca la interdicción legal pueden exigirse sobre los bienes de la comunidad, salvo la recompensa que se deba a la mujer. Las multas impuestas a la mujer, en cambio, no pueden ser exigidas sino sobre sus bienes personales.

REGIMEN DOTAL

La dote es el haber que aporta la mujer al marido para soportar las cargas del matrimonio (Art. 1.540).

El marido administra los bienes dotales de la misma manera que en el régimen de comunidad de bienes.

PATRIMONIO RESERVADO DE LA MUJER CASADA

Cualquiera sea el régimen patrimonial del matrimonio, la mujer casada tiene sobre los productos de su trabajo personal y de los frutos de éste plenos derechos de administración y disposición (Art. 221).

El marido queda excluido de la administración de este tipo de bienes. La mujer puede enajenarlos y gravarlos sin la autorización de aquél.

BIENES DEL HIJO

El padre es, durante el matrimonio, el administrador de los bienes personales de sus hijos menores (Art. 389).

Esta exclusividad del padre constituye otra lesión a la plena capacidad civil de la madre. Si la dirección del hogar es conjunta, sería lógico que la administración de los bienes del hijo también lo fuera.

DIVORCIO

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y procede por ocho causales contempladas en la ley. La primera de ellas es el mutuo consentimiento (Art. 1 de la Ley 3932).

En caso de divorcio todos los hijos hasta la edad de cuatro años permanecen bajo el cuidado de la madre y los mayores de esa edad a cargo del padre que haya obtenido el divorcio (Art. 12, párrafo 1 de la Ley 3932).

No se establecen diferencias en las causales que pueden fundamentar una demanda de divorcio en función del sexo. Así, el adulterio de cualquiera de los cónyuges constituye causal de divorcio.

En otras legislaciones, y con razón, se establece una edad mayor para determinar si los hijos quedan a cargo del padre o de la madre. En Chile, en caso de divorcio o nulidad de matrimonio, todos los hijos menores de 18 años quedan al cuidado de la madre, en virtud de una reforma introducida al Código Civil en 1989.