Las condiciones de salud de las mujeres paraguayas han mejorado sólo moderadamente en las últimas décadas, lo que significa que aún presentan serios problemas, unos relativos a las graves deficiencias sanitarias que sufre el conjunto de la población y otros referidos específicamente a su condición de género.
Las dificultades sanitarias de Paraguay están relacionadas con las necesidades insatisfechas de una población que apenas está iniciando su transición demográfica, que en su gran mayoría vive en condiciones básicas desfavorables (sanidad habitacional, nutrición, educación, etc.) y, sobre todo, asistida por un sistema de salud de baja calidad y con una de las coberturas más reducidas de América Latina.
En relación con la limitación del sistema de salud se produce uno de los problemas más acuciantes de Paraguay en este campo: la fragilidad y reducción de la información estadística. Las fuentes principales de conocimiento sanitario del país no están referidas a la misma área de información y suelen arrojar datos distintos, como sucede con las cifras de nacimientos y muertes recogidas en los registros civiles y las registradas por el Ministerio de Salud y Bienestar Social. Existe coincidencia en que la información del Ministerio de Salud se refiere a un universo más amplio y es más confiable. De acuerdo al propio Ministerio, el área que produce regularmente información abarca entre el 60% y el 70% de la población paraguaya. Se trata de la población que vive en zonas urbanas (en torno a la mitad del país) y de un sector de la que reside en zonas rurales (estimado en algo más de un tercio de dicha población rural), preferentemente la que vive más cerca de las ciudades.
De esta forma, la información necesita ser evaluada en relación con sus posibles usos, estimando en cada circunstancia su representatividad. En el caso de la mortalidad y sus causas los datos son de una cobertura bastante limitada. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimaba en 1991 que el subregistro de las muertes ocurridas en 1985 era del 48%, aunque el informe oficial enviado a la OPS para ese mismo año (1985) sostenía que esa cifra era en torno al 30%.
Todo ello no sólo significa que las tasas de mortalidad deberían ser apreciablemente más altas, sino que el cuadro de causas principales que producen estas muertes no es representativo del conjunto del país. Esto se hace evidente especialmente cuando se examina el conjunto de la población cubierta en todas sus edades. En efecto, las principales causas de muerte se refieren a las enfermedades características de las personas adultas y mayores (cardiovasculares y cáncer), algo que no se corresponde con la juventud que presenta la población paraguaya, la composición etaria de la mortalidad estimada demográficamente por CELADE y la alta ruralidad que tiene todavía Paraguay.
En todo caso, la evolución de la mortalidad estimada por CELADE indica que ésta ha mejorado sólo lentamente desde hace cuarenta años, sin que se modifique de manera notable la diferencia entre hombres y mujeres. Ello tiene como consecuencia que tampoco la esperanza de vida de la población paraguaya haya aumentado de forma importante en estas últimas cuatro décadas (pasando de 63 años al comienzo de los cincuenta a 67 al inicio de los noventa), y que la diferencia entre hombres y mujeres se haya mantenido estable.
El hecho de que la mortalidad de hombres y mujeres no haya variado sustantivamente en ese período se refiere a un efecto de compensación: la mortalidad masculina ha crecido apreciablemente por traumatismos externos (principalmente accidentes), pero la mortalidad femenina se ha mantenido alta, entre otras razones por la elevada cantidad de muertes debidas a la función reproductiva de la mujer. Así, al contrario de lo sucedido en la mayoría de los países latinoamericanos, la diferencia de mortalidad entre ambos sexos no ha ido aumentando tanto en contra de los hombres en los últimos decenios.
El sistema de salud paraguayo se basa en los siguientes subsistemas: el compuesto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que presta servicios al 60% de la población atendida; el Instituto de Previsión Social (IPS), que cubre el 14% de la misma; la Sanidad de las Fuerzas Armadas que sirve al 10% de esa población, y el sector privado, que otorga servicios al 16% restante de la población atendida.
Este subsector privado creció notablemente durante los años ochenta, estimándose que en 1986 poseía el 18% de las camas hospitalarias, atendía el 59% de las consultas y el 27% de los partos institucionales.
Como consecuencia, el mapa de la atención sanitaria quedaba a fines de los años ochenta estructurado de la siguiente forma: en las zonas urbanas la población de menores recursos se atendía parcialmente en las instituciones centralizadas del sistema público, mientras que los sectores sociales de mayores ingresos lo hacían en el creciente subsistema privado. En las zonas rurales sólo una proporción (estimada en un tercio) se atendía deficitariamente en el sistema público, quedando prácticamente fuera del sistema los otros dos tercios de la población rural.
En este contexto, las diferencias de morbilidad y mortalidad al interior de la población femenina son dramáticas: las mujeres urbanas de medianos y altos ingresos tienen cubiertas sus necesidades de asistencia obstétrica y sufren de enfermedades propias de los países desarrollados (cardiovasculares y tumores malignos), mientras en el extremo opuesto una gran cantidad de mujeres rurales carece de los servicios mínimos y presenta una de las mortalidades más altas de América Latina en relación con su función reproductora.
