Paraguay ganó su independencia en 1811. Entre 1865 y 1870 fue devastado por una guerra contra Basil, Argentina y Uruguay -la Guerra Grande-, la que finalizó con su derrota, la muerte de su gobernante y una población diezmada, reducida a 240.00habitantes, en su mayoría mujeres.

Desde entonces la participación femenina ha sido determinante, pero vinculada a los ámbitos doméstico y de producción económica. Al término de la guerra las mujeres tomaron en sus manos la reconstrucción del país en lo económico y en lo social. Otro tanto hicieron tras la Guerra del Chaco (1932-1935) cuando se movilizaron intensamente para cuidar de los heridos, cumplieron diversas funciones en la Administración Pública y sustituyeron a los combatientes en trabajos agrícolas e industriales. No obtuvieron, sin embargo, el reconocimiento de derechos civiles ni políticos hasta los años 60, aun cuando hubo notables luchadoras desde comienzos de siglo y se presentaron proyectos de ley que los proponían ya en 1919.

Al mismo tiempo, han estado excluidas de los cargos de dirección, tanto en el ámbito estatal como en los partidos políticos y organizaciones sociales en general.

Paraguay presenta particularidades en su historia política reciente, al haber sufrido una dictadura institucional por 35 años. Instalada en 1954 mediante un golpe militar apoyado por los sectores mayoritarios del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana-ANR), buscaba poner término a un largo período de guerras e inestabilidad. En 1959 el General Stroessner dio un autogolpe, radicalizando los rasgos de la dictadura. El modelo impuesto se apoyaba en: la existencia de un partido único al que era obligatorio afiliarse para ocupar cargos en los organismos públicos y en el Poder Judicial, así como para ingresar a la carrera militar o policial, la persecución y hostigamiento a los opositores y la solución clientelista de los problemas de la población mediante el empleo de los bienes del Estado canalizados a través del partido.

En 1967 se institucionalizó la dictadura mediante una Convención Nacional Constituyente que elaboró la Carta Fundamental vigente hasta 1992. El gobierno autocrático fue capaz de desarticular todo intento político o social que pudiera convertirse en alternativa de cambio. Las organizaciones intermedias de la sociedad civil fueron destruidas, copadas o neutralizadas, como la Confederación Paraguaya de Trabajadores, intervenida luego de una huelga general en 1958 y manejada policialmente hasta la caída de Stroessner. No sólo fueron intervenidas las organizaciones de sectores sociales con capacidad efectiva de movilización, sino también las organizaciones empresariales, gremios de profesionales, comisiones vecinales, clubes sociales y deportivos.

Si bien la Constitución garantizaba las libertades públicas, el estado de sitio fue mantenido durante 33 de los 35 años de dictadura, renovado cada 90 días. Se practicó sistemáticamente el fraude electoral, institucionalizándose la corrupción y la lógica clientelista. El partido oficial reinaba subordinado al poder del Estado. Además de las disposiciones constitucionales, las leyes de Defensa de la Democracia (1955) y de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas (1970) confirieron poderes especiales al Gobierno para la intervención política. En este marco se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y se aplicó el terrorismo de Estado, que utilizó la represión contra todo opositor, no existiendo libertad de expresión ni de asociación. Arrestos arbitrarios, procesos judiciales sin garantías, tortura, desaparecimientos, expulsiones del país, así como la acogida a reconocidos ex dictadores y sus seguidores de todo el continente, caracterizaron la dictadura de Stroessner. Sectores campesinos e indígenas sufrieron numerosos abusos no sólo al perder sus tierras para ser distribuidas a miembros del Partido Colorado y a empresarios, sino por la destrucción de casas y cosechas, el control de movimientos, el amedrentamiento, extorsión, persecución, detención, tortura y muerte de sus dirigentes, incluso a fines de los ochenta.

Tras más de treinta años de gobierno autocrático de Stroessner, la vuelta a la democracia se gestó al interior de las propias fuerzas armadas, más allá de los esfuerzos de la oposición, al erosionarse sus fundamentos ideológicos y también la capacidad de reproducir el sistema clientelista de prebendas ante una crisis económica que tampoco lograba administrar.

Paraguay vive actualmente un momento de profunda transformación política. El proceso de democratización iniciado con el derrocamiento de la dictadura de Stroessner el 3 de febrero de 1989, abrió por primera vez espacios de participación política a la ciudadanía paraguaya.

El triángulo que dominaba dictatorialmente el Estado: gobierno-Fuerzas Armadas-Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado), entró en crisis. Aunque la Presidencia de la República siguiera teniendo como titular a un General, cuyo poder emanaba de un golpe de Estado exitoso y fueran las FF.AA. quienes conducían el proceso de democratización, la forma de la política cambió. Elecciones competitivas tanto para Presidente como para el Congreso y los municipios, algunos nombramientos de alto rango a personas no pertenecientes al Partido Colorado, procesos y apresamiento de personas que malversaron fondos públicos o responsables de las graves violaciones a los derechos humanos marcaron el inicio de la transformación democrática. A partir de la apertura política se inician algunos cambios en la situación de exclusión de las mujeres de la esfera de toma de decisiones. De hecho, las organizaciones de mujeres se incorporaron al proceso de democratización política y social, han participado en debates como el diálogo cívico-militar, al que elevaron diversas propuestas. En 1989 una mujer es designada Ministra de Salud Pública y Bienestar Social.

El nuevo Código Electoral de 1990 permitió que por primera vez en la historia, en las elecciones municipales de 1991, los vecinos de cada municipio pudieron elegir sus intendentes. Hubo traspaso del poder, cambiando el mapa político paraguayo.

En 1991 se eligió una Convención Nacional Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Las mujeres organizadas realizaron dos Foros de la Mujer para la Constituyente con participación de profesionales, feministas, intelectuales, dirigentas políticas y sociales. Elaboraron propuestas y velaron, mediante la asesoría a convencionales, por la incorporación de las mismas. Las convencionales integraron una Interbancada de Mujeres y actuaron coordinadamente.

La Constitución, aprobada en 1992 y que se completará de implantar una vez instalado el gobierno elegido en mayo de 1993, establece la igualdad del hombre y de la mujer, al tiempo que introduce profundos cambios a los poderes de Estado, particularmente al Poder Judicial, que desde ahora es autónomo del Ejecutivo. Frente a las discriminaciones que persistían en el Código Civil, en 1992 se aprobaron reformas propuestas por la Coordinación de Mujeres del Paraguay que superan esa situación.