La opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer, INSTRAW.
Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera comparable.
A continuación se formula algunas observaciones y se señala los mayores obstáculos metodológicos en cada tema para este país.
Identificación socioeconómica
A causa de los problemas de comparabilidad en la región fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por organismos internacionales, principalmente, CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya información procede de organismos oficiales de cada uno de los países.
Respecto a las cifras sobre pobreza se ha utilizado las estimaciones de la CEPAL que aparecen en el informe "El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos de los años noventa", realizado para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza, efectuada en Santiago de Chile en noviembre de 1992.
Demografía
Las series evolutivas de población y su crecimiento han sido tomadas de las estimaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Otros aspectos más específicos han sido recogidos del Censo de 1982 y de las Encuestas de Hogar, así como de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud aplicada en 1990 por el Centro Paraguayo de Estudios de Población, CEPEP, y el Institute for Resource Development/Macro Systems Inc. de Columbia, Maryland, USA.
En cuanto a la población indígena, se ha usado la información procedente del Censo de Población Indígena realizado por el Instituto Nacional del Indígena, INDI, en 1981, según el cual esta población es sólo un 1,3% de la nacional. Sin embargo, diferentes factores (el extendido uso de la lengua indígena, el guaraní, junto a la alta ruralidad, etc.) hacen pensar que el peso del componente indígena en el mestizaje paraguayo es considerable, o bien que la definición de indígena en Paraguay es fuertemente restrictiva.
Ha surgido un problema grave acerca de la composición de hogares, especialmente a partir de los datos que publica al respecto el Censo de 1982. Según dicho Censo una proporción cercana al 10% de población vivía en hogares nucleares ese año. Todas las otras fuentes (Encuesta de Demografía y Salud, Encuestas de Hogar para el Area Metropolitana) señalan que los hogares nucleares son en torno al 50% del total, como sucede normalmente en el resto de América Latina (por cierto que el Censo paraguayo de 1970 no publica este tipo de datos). Examinado el cuestionario censal no parece presentar diferencias sustantivas respecto a las convenciones establecidas en la región. Todo parece indicar que se trata de un error de procesamiento de la información recogida. En todo caso, se supone que en el Censo de 1992 se pondrá atención a este asunto, resolviéndose así definitivamente las dudas al respecto.
Trabajo
Este capítulo ha presentado problemas metodológicos de consideración, referidos principalmente a la necesidad establecida en este proyecto de obtener cifras nacionales. En Paraguay sólo los Censos ofrecen esa posibilidad, dado que las Encuestas de Hogar cubren únicamente el Area Metropolitana. Pero, como se ha indicado en el capítulo sobre empleo, los Censos presentan un subregistro considerable de la participación económica femenina.
Para ofrecer alguna imagen de alcance nacional se ha usado dichas encuestas como referencia del área urbana, y respecto del área rural se ha tratado de indagar datos indirectos que procedan del estudio de la actividad de las mujeres en el campo. Un dato adicional es el Censo Indígena de 1981. Pero la referencia principal ha sido el estudio "Participación de las Mujeres en la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural" (Proyecto TCP/PAR/0153, Asunción, 1991). Según dicho estudio una alta proporción de mujeres rurales (entre el 40% y el 60%) realizan distintos tipo de tareas agrícolas (en muchos casos consideradas como "complementarias") y ganaderas (especialmente cría de ganado menor), además de otra tareas comerciales (venta de productos y trabajos manuales), tanto dentro como fuera de la casa. Sobre la base de esta evidencia puede afirmarse que no menos de un tercio de la PEA paraguaya se registraría compuesta por mujeres, en el caso de que existiera una Encuesta de Hogares de cobertura nacional, como sucede en otros países latinoamericanos (es decir, aceptando el nivel de registro que tienen actualmente estas Encuestas en las zonas rurales, que aunque es mayor que los Censos, no recoge realmente la ejecución de tareas agrícolas que realiza la mujer en el campo).
Esta situación tiene consecuencias que se extienden al conjunto de la estructura ocupacional (ocupación por ramas, grupos profesionales, etc.), pero sobre todo en la composición urbano-rural de la PEA femenina, por cuanto la parte rural aparece notablemente disminuida.
Educación
El problema principal surgido en este capítulo se refiere a la comparabilidad de los datos censales sobre analfabetismo. En el Censo de 1962 se consideraba analfabetas aquellas personas de 7 años y más que no sabían leer y escribir. En el Censo de 1972 a todas las personas que estaban en esa situación de 10 y más años. Sin embargo, en el Censo de 1982 se consideró analfabetas a las personas que no tenían el segundo grado aprobado, aunque declararan que sabían leer y escribir. Esto aumentó notablemente las cifras absolutas y relativas de analfabetismo, lo que obligó a realizar esa precisión metodológica en el propio texto de presentación de resultados, apuntando su no comparabilidad.
Salud
Este capítulo ha enfrentado graves problemas metodológicos procedentes de las deficiencias que presenta la información estadística sanitaria en Paraguay, especialmente en lo que se refiere a la mortalidad y la morbilidad. La necesidad de usar datos de comparabilidad regional indicó que la información más adecuada era la procedente del Ministerio de Salud (y no de los registros civiles), que es la que utiliza la OPS en sus publicaciones. Se asegura, además, que esa información es la de mayor cobertura en el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud advierte que sólo cubre un Area de Información, cuya dimensión no está actualizada: en 1981 dicho Area cubría en torno a un 60% del total de la población nacional, aquélla que vivía en zonas urbanas y las zonas rurales próximas a las ciudades. El Ministerio no ha producido una nueva estimación consolidada, pero en el informe a OPS de 1989 afirma que dicha zona cubría a mediados de los años ochenta alrededor del 70% de la población de Paraguay.
Esto significa que las tasas de mortalidad serían en realidad mayores y, sobre todo, que el cuadro de causas de mortalidad que presenta el Area de Información no es representativo del país. De hecho, al examinar esas causas para todas las edades aparecen como principales las referidas al aparato cardiovascular y al cáncer, lo que no es consistente con la juventud de la población, la composición etaria de la mortandad (estimada por CELADE), ni la alta ruralidad de Paraguay.
De esta forma, para enfrentar este problema ha sido necesario reducir las descripciones explicativas, así como introducir en la presentación de resultados cómo afecta a cada tema esta limitación de los datos estadísticos.
Legislación
La situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal y Código del Trabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.
Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las situaciones son siempre distintas.
El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos específicos, la evolución de la ley.
No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.
Participación sociopolítica
Este área presentó dificultades, por el proceso político vivido, en la participación femenina en los partidos políticos, la participación y abstención real en elecciones, puesto que no existieron registros electorales confiables hasta los confeccionados en 1991.
La información sobre sindicalización no proviene de fuentes oficiales por las serias deficiencias de archivo del Ministerio de Justicia y Trabajo. Se utilizó la Guía Sindical elaborada por el Centro de Documentación y Estudios, CDE, reconocida por los propios funcionarios de la Subsecretaría del Trabajo. En relación a las asociaciones profesionales sólo se obtuvo información en tres de ellas.
Para los antecedentes históricos y de contexto se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas, entre ellas: House of Representatives, Human Rights in Argentina, Chile, Paraguay, and Uruguay. Hearings before the Subcommittees on Human Rights and International Organizations and on Western Hemisphere Affairs of the Committee on Foreign Affairs, October 4 and 21, 1983, USA, 1983; F. Friedrich Naumann, Participación política de la mujer en el Cono Sur, Buenos Aires, 1987; The Americas Watch Committee, Paraguay. Repression in the Countryside, USA, 1988; Corvalán, G., (Comp.), Entre el silencio y la voz, GEMPA, CPES, Paraguay, 1989; Roa, A., Mujeres y violencia en el Paraguay (Situación general), Documento de Trabajo Nº 1, Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, Paraguay, 1990; Colazo, C. (Coord.), ¿Un poder distinto desde las mujeres?, CDE/Area Mujer, Solidaridad Internacional, Paraguay, 1991; Arditi, B., Adiós a Stroessner. La reconstrucción de la política en el Paraguay, CDE, Paraguay, 1992; Molina, M., Violencia, la plaga del año, fotocopia, Paraguay, s/f; Informativo Mujer de CDE/Area Mujer, Paraguay; revista Mujer/fempress, Santiago; revista La puerta de las Mujeres, Paraguay.
Organismos y acción de promoción de la mujer
La información que se entrega incluye los resultados del proyecto "Mejoramiento del marco legal e institucional para la incorporación de la mujer al desarrollo en países seleccionados de América Latina y el Caribe", realizado para CEPAL durante 1991 por Line Bareiro, Carmen Echauri, Margarita Elías, Clyde Soto y Verónica Torres y recogida en la publicación Hacia una presencia diferente. Mujeres, organización y feminismo, CDE, Area Mujer, Solidaridad Internacional, Instituto de la Mujer, Paraguay, 1992.
Se utilizó los siguientes textos, aparte de los mencionados para el capítulo anterior: Isis Internacional, Transiciones. Mujeres en los procesos democráticos, Ediciones de las Mujeres Nº 13, Santiago, 1990; Soto, C., Movimiento de Mujeres en Paraguay, Seminario "Movimiento de Mujeres hoy en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina", Red de Comunicación Regional entre Mujeres Sur-Sur, Buenos Aires, 1993; Informativo Mujer, CDE/Area Mujer, Paraguay.
