La opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer (INSTRAW).

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera comparable.

A continuación se señala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país.

A causa de los problemas de comparabilidad en la región fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por organismos internacionales, principalmente, CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya información procede de organismos oficiales de cada uno de los países.

Respecto a las cifras sobre pobreza se ha utilizado las estimaciones de la CEPAL que aparecen en el informe "El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos de los años noventa", realizado para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza, efectuada en Santiago de Chile en noviembre de 1992.

Las series evolutivas de población y su crecimiento han sido tomadas de las estimaciones del Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE. La información actualizada se ha buscado en la edición del Censo de Población de 1990, realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos, DEC, de Panamá.

Dos temas merecen observaciones metodológicas: la información sobre grupos étnicos y la jefatura femenina de hogar. En una sociedad multirracial como la panameña se decidió no recoger información sobre este asunto, a excepción de la población indígena. Los datos sobre esta población muestran un aumento espectacular en el último período intercensal: en 1980 se registraban 93 mil indígenas, cifra que ascendía a 194 mil en 1990. Es probable que además del crecimiento demográfico esa duplicación esté referida a una mejoría en el registro de esta población.

En cuanto a la jefatura femenina de hogar, es necesario subrayar lo ya dicho en el texto de presentación de resultados: la proporción de hogares dirigidos por una mujer que se recoge en el último Censo (22,3%) está subestimada por el sesgo cultural que hace coincidir la idea de jefatura con el sexo masculino.

En el istmo centroamericano, Panamá junto a Costa Rica destacan por tener todos los años Encuestas de Hogares de cobertura nacional, lo que elude los problemas de consistencia que aparecen en otros países latinoamericanos. Sin embargo, ello no evita las dificultades habituales que existen para registrar en forma adecuada la participación económica femenina, especialmente en las zonas rurales. Problemas que, como se indicó, son mayores en los Censos que en las Encuestas.

Este capítulo toma en cuenta dos universos: el referido a la población general y sus declaraciones en Censos y Encuestas sobre cuestiones educativas y el formado por la matrícula de los diversos niveles de enseñanza, compilado por el Ministerio de Educación, DEC y Unesco.

En cuanto al registro de analfabetismo es necesario subrayar que se realiza por autodeclaración y que no se recoge datos sobre el de carácter funcional. Ya se ha manifestado en el texto el problema que representa la gran magnitud del analfabetismo indígena, que modifica la imagen a nivel nacional: entre la población no indígena las mujeres presentan un analfabetismo menor que los hombres.

Este capítulo hubo de usar una diversidad de fuentes: el Ministerio de Salud, la Dirección de Estadísticas y Censos, DEC, CELADE y la Oficina Panamericana de la Salud, OPS. Este hecho ha exigido un esfuerzo al momento de establecer una lectura global de la información recogida. Por otra parte, especialmente en el ámbito de la morbilidad, se han producido algunas lagunas importantes, aún mayores en cuanto a su desagregación por sexo.

Una particular deficiencia presenta la información sobre el aborto, del cual sólo se ha obtenido datos fragmentarios o indirectos, que no permiten estimar el verdadero volumen que tiene esta circunstancia en el país.

La situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal y Código del Trabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las situaciones son siempre distintas.

El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos específicos, la evolución de la ley.

No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.

Las dificultades presentadas por esta área temática refieren en parte al proceso político de Panamá y también a la información disponible, no desagregada por sexo para varios indicadores. Es el caso, por ejemplo, de la participación femenina en elecciones, en partidos políticos y sindicatos. Sólo se obtuvo información de participación femenina en cooperativas, quedando vacío el ámbito de las organizaciones urbano populares.

Para los antecedentes históricos y de contexto se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas, entre ellas: Americas Watch, Human Rights in Panama, New York, 1988; Gandásgui, M. (h), Panamá: Partidos políticos y hegemonía ideológica, En Meyer, L. y J. L. Reyna (Coords.), Los sistemas políticos en América Latina, Siglo XXI y Universidad de las Naciones Unidas, México, 1989; Moreno de Rivera, A. L. y otras, Perfil de la situación de la mujer en Panamá y lineamientos de acciones prioritarias, CEDEM, Panamá, 1992.

Para el tema de violencia se utilizó el trabajo de Montenegro, M., La Violencia contra la mujer en Panamá, presentado al Primer Seminario Subregional sobre Violencia Contra la Mujer, recogido en la publicación de OPS, Violencia Contra la Mujer. Un Problema de Salud Pública, Memoria, Managua, Nicaragua, marzo 1992.

Se encontraron dificultades en la dimensión histórica de este capítulo debido a la exigua disponibilidad de antecedentes. Asimismo, no se obtuvo información sobre organizaciones de mujeres campesinas o de grupos indígenas. La información que se entrega está limitada al ámbito urbano, excepto aquellos organismos no gubernamentales, ONG, que realizan alguna actividad a nivel rural.

Al igual que en otros países de la región, en Panamá no se distingue claramente entre organismos no gubernamentales y organizaciones sociales de mujeres. Efectivamente en algunos casos los límites son tenues, pero para efectos de este proyecto se ha separado lo que son instituciones formales de investigación y acción social sin fines de lucro, de las asociaciones de mujeres. Sin embargo, aquí se presenta los resultados de una investigación realizada por CEDEM en 1991 y se asume sus criterios metodológicos. Al no contar con un listado y descripción de los organismos considerados, no es posible evaluar el grado de superposición que pudiera haber con la información entregada en el subcapítulo organizaciones sociales. Este subcapítulo considera los datos entregados en diversos directorios y entrevistas de la investigadora responsable del proyecto en Panamá, que describen y caracterizan dichas organizaciones.

La información sobre organismos e instituciones de género se extrajo de: OPS/OMS, Directorio sobre la mujer en Centroamérica, Panamá y Belice, Costa Rica, 1989; UNICEF, La Mujer en Panamá, Panamá, 1988; MIPPE, Directorio de Organizaciones No Gubernamentales Nacionales, Panamá, junio 1993. También se utilizó los textos mencionados para el capítulo anterior.