Las mujeres han tenido una amplia participación en el desarrollo socioeconómico de Nicaragua, principalmente por dos vías: el trabajo doméstico y el empleo en actividades propias del mercado económico. Esta participación femenina ha estado condicionada por los particulares procesos económicos que ha experimentado el país y por su propia condición de género.
Como sucede en el resto de América Latina, el problema es que, por diversas razones, la contribución de las mujeres resulta sólo parcialmente visible. Ante todo, porque únicamente las actividades convencionalmente consideradas como económicas son integradas en la contabilidad nacional. Los intentos realizados para medir el aporte del trabajo doméstico a la economía nacional no han modificado las convenciones al respecto. Así como tampoco ha concluido la discusión acerca de si ese trabajo podría ser de alguna forma retribuido, y si con ello aumentaría la autonomía personal de las mujeres.
La participación de las mujeres en el desarrollo adquiere visibilidad, fundamentalmente cuando puede medirse como actividad económica. Ello representa un problema en ámbitos donde esa actividad es difícil de distinguir del trabajo doméstico. Así sucede, por ejemplo, en las zonas rurales, donde la mujer trabaja en los cultivos, pero se declara ama de casa; se enrola como trabajadora agrícola, pero como ayudante del hombre, y si hay un hombre en la familia, éste es el miembro de la cooperativa y no la mujer, aunque los dos trabajen en ella.
Lo anterior responde a valores culturales que consideran natural una cierta división sexual del trabajo, según la cual la mujer debe asumir el quehacer doméstico, lo que generalmente hace, aunque realice otro trabajo claramente reconocido como integrado al mercado laboral. Asume, así, la ya reconocida doble jornada femenina.
En realidad, desde siempre, una buena proporción de mujeres ha estado integrada al sector económicamente activo. Esto se ha hecho cada vez más evidente, tanto a través de su incremento numérico como asalariadas, como mediante su registro como persona que se ocupa por cuenta propia.
De esta forma, desde mediados de los años ochenta, un tercio de la fuerza laboral nicaragüense está constituida por mujeres, así como también en torno a un tercio de las mujeres en edad de trabajar (10 años y más) está integrado al mercado de trabajo. Se presenta esta proporción como un mínimo, dado que muchos investigadores consideran que aún en las encuestas de empleo que se realizan actualmente en América Latina se subestima la participación económica femenina (subestimación que consideran todavía mayor en los censos de población).
En relación con los mencionados valores culturales, la participación económica de las mujeres ha tenido lugar principalmente en calidad de trabajadoras de los servicios o empleadas de oficina, mientras que los hombres se han empleado tradicionalmente como trabajadores agrícolas y no agrícolas.
No obstante, tanto el nivel global de participación como la estructura del empleo femenino sufrieron durante los años ochenta fuertes modificaciones a causa de la crisis política y militar. En efecto, la tendencia al incremento de la integración de las mujeres en la Población Económicamente Activa (PEA) que venía experimentándose durante los años setenta, sufrió una notable aceleración cuando, en la década siguiente, una proporción importante de hombres en edad activa se integró a las filas combatientes.
En consecuencia, las mujeres se dedicaron más al trabajo en el aparato productivo, incorporándose a nuevos tipos de tareas y accediendo sobre todo al nivel de cuadros medios de la administración pública y de la actividad privada.
Ahora bien, cuando a fines de los años ochenta se produjo el proceso de pacificación, sin que ocurriera la tan esperada recuperación productiva, el regreso de los hombres a un mercado de trabajo estancado y sin expectativas, implicó que el anterior crecimiento de la participación económica femenina se detuviera. Así, la Encuesta de Hogares de 1993 registra que la proporción femenina de la PEA nacional no ha aumentado desde la Encuesta de 1985 (33,2%) y que la tasa de participación de las mujeres incluso ha disminuido ligeramente: del 31,2% en 1985 al 30,2% en 1993.
Por otra parte, el profundo estancamiento económico ha introducido modificaciones en la estructura del empleo. Se ha producido una desocupación generalizada en la industria, que ha movido a la población activa a buscar trabajo en la agricultura y el sector servicios (espurio e informalizado). Así, si la industria ocupaba en 1985 a un 15,7% de la PEA, esa cifra había descendido al 6,6% en 1993. De igual forma, ha descendido la proporción de asalariados y han aumentado fuertemente las personas que se registran como familiares no remunerados.
En este contexto de los años noventa, las mujeres han visto aumentar las dificultades para integrarse a la población ocupada y seguir avanzando en profesiones no tradicionalmente femeninas, como lo habían hecho en la década anterior. Todo ello sin que hayan disminuido de forma importante las diferencias salariales en su contra, ni se haya desarrollado un sistema oportuno de capacitación profesional que permita a estas mujeres, con niveles educativos formales iguales a los de los hombres, abrirse camino en el difícil mercado de trabajo que presenta actualmente Nicaragua.
