PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA

Las mujeres han participado en la vida social y política de Nicaragua desde los orígenes de este país, aunque esa participación ha sido normalmente velada y sólo se ha hecho visible en ocasiones extraordinarias. La presencia femenina, puesto que se daba en términos de subordinación social, era notable en la base del sistema, pero se reducía en los espacios institucionales menores y era prácticamente inexistente en los círculos donde se tomaba las decisiones de política nacional.

La expresión más evidente de ese tipo de participación procede del hecho de que las mujeres carecieron en Nicaragua -como en gran parte de América Latina- de derechos políticos hasta mediados de este siglo. Hasta entonces, su participación en la historia de la República no pudo darse sino mediante la acción social y al margen de la representación legal y oficial.

Además de esta discriminación por razones de género, la participación sociopolítica femenina estuvo condicionada por el particular desarrollo de la historia de este país. Como otras naciones centroamericanas, al desembarazarse del dominio español (1821), Nicaragua se debatió entre la subordinación a México, su federación con las otras repúblicas centroamericanas o su establecimiento como Estado separado. Esta última opción fue adoptada en 1838, después del fracaso de la República Federal de Centroamérica, si bien no puede hablarse de la constitución de una república hasta mediados del pasado siglo (1854).

Como en otros países centroamericanos, la naciente vida republicana estuvo marcada por la competencia entre liberales y conservadores, aunque debido a ciertos rasgos peculiares, en Nicaragua, la violencia, la inestabilidad y el estancamiento económico, junto con las intervenciones de gobiernos extranjeros (alentados, entre otras razones, por la posibilidad de construir un canal interoceánico), acompañaron las luchas por el poder entre estos dos partidos. No obstante, la competencia liberal-conservadora permitió el establecimiento de un Estado oligárquico exportador, que se desarrolló hasta la crisis de los años veinte, tras la cual acabó estructurándose (1933) bajo una dictadura militar familiar, que duró hasta 1979.

Durante la constitución de la República oligárquica, las mujeres aparecieron puntualmente en la vida nacional, especialmente desde que a fines del pasado siglo comenzaron a organizarse en el plano de la actividad económica: motín de vendedoras ambulantes de Masaya (1915), etc. Mujeres como María de Altamirano, Blanca Aráuz y Tiburcia García, tomaron parte en la lucha nacionalista del General Sandino, entre 1927 y 1934. Desde el inicio de la dictadura de los Somoza, las mujeres participaron en las secciones femeninas de los partidos políticos, así como en el ámbito de las luchas obreras: en 1935 se forma en Managua el Frente Obrero Femenino.

Algunas mujeres, de diferentes corrientes políticas, lograron distinguirse y ser reconocidas: desde la líder Conchita Solís a la jueza Joaquina Vega, quien luchó por la obtención del voto femenino. No obstante, la información sobre esta participación es sumamente fragmentaria, especialmente en términos estadísticos, debido también a las limitaciones de la participación ciudadana mencionadas, al acceso restringido a la información y a los cambios políticos radicales que tienen lugar en 1979.

La participación de las mujeres en el proceso revolucionario que se inicia a fines de los años setenta, pasó por diferentes etapas en los distintos planos del proceso: militar, político, social, etc. En todo caso, existe coincidencia en que se produjo una intensa movilización de amplios sectores de la población femenina, impulsada por la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza, AMNLAE, aunque ello no se reflejara enigual medida en la cúspide del poder político.

Desde la obtención del derecho al voto en 1950 (ejercido por primera vez en 1957), la mujer nicaragüense ha participado en siete procesos eleccionarios. Sin embargo, su participación se ha visto obstaculizada, como toda expresión ciudadana, por el clima represivo imperante por muchos años en el país. Hoy en día las mujeres representan el 18,5% del total de diputados electos, cifra reducida, aunque sea la mayor en la región centroamericana.

La participación es aun menor en el ámbito del Poder Ejecutivo. Pese a que en 1990 fue elegida por primera vez una mujer en la Presidencia de la República, actualmente las mujeres no alcanzan a representar el 10% de los miembros del Gabinete, cifra semejante a la existente bajo el gobierno sandinista. No obstante, la presencia femenina ha aumentado en otros espacios de la administración pública, especialmente a niveles medios y en el campo de la representación diplomática (en 1994 las mujeres ocupaban un 40% de los cargos diplomáticos).

En el Poder Judicial, la presencia femenina es más importante y su incorporación fue la más temprana (la primera jueza local fue elegida en 1948), aunque su aumento se produjo fundamentalmente después de 1979. Antes de ese año sólo se encontraba dos juezas de distrito y nueve locales, mientras en 1991 existían 24 juezas de distrito y 51 locales. La participación femenina, de todas maneras, se halla muy estratificada, siendo su proporción muy baja en las cortes de Apelaciones y Suprema (21%). La primera mujer magistrada de la Corte Suprema fue nombrada en el año 1979.

La escasa presencia de la mujer en los espacios de toma de decisiones también se manifiesta en las organizaciones sociales y políticas, lo que no guarda relación con el evidente incremento de la actividad de las mujeres en los últimos veinte años. Es importante subrayar la necesidad de consolidar información estadística que muestre esta situación. Con todo, en aquellos ámbitos donde esa información es un poco más consistente, esa discriminación se confirma. Por ejemplo, las mujeres son un tercio de los miembros asociados de las cooperativas y sólo un 9% de sus directivos.