Además de sufrir los efectos de la crisis internacional que sacudió al conjunto de América Latina, la economía de Nicaragua experimentó durante los años ochenta una serie de alteraciones referidas tanto al intento de su modificación estructural como a las tensiones políticas que ello generó en el interior y el exterior del país. Con la victoria electoral de la oposición antisandinista, en 1990, se inició un profundo cambio en la política económica, sin que ello se haya traducido aún en una recuperación productiva sustantiva, en buena medida debido a la ausencia de los recursos externos que parecían previsibles.

Tras la crisis económica coyuntural producida por la guerra que terminó en 1979 con la dictadura de Somoza, el gobierno sandinista inició un corto período (1980-1984) en el que consiguió conjugar crecimiento productivo con cambios en el sistema económico, incluso teniendo que soportar la crisis internacional en 1982, que estancó ese año la producción interna. En efecto, las autoridades revolucionarias se inclinaron rápidamente por una economía mixta, donde el sistema estatal fue formándose con la confiscación de las empresas ligadas al régimen anterior, la nacionalización del sistema financiero privado y del sistema de exportaciones, así como el lanzamiento de una reforma agraria con fuerte acento corporativo. La conformación de este sistema activó la capacidad instalada de los distintos sectores, impulsando un crecimiento del PIB en torno al 5% anual hasta fines de 1983 (a excepción del año de la crisis, 1982, en que no creció). Sin embargo, en ese mismo proceso se incubaron los problemas que, desde 1984, iban a quebrar progresivamente la economía nicaragüense: desajustes financieros internos, producidos por la caída de la inversión privada (frecuentemente relacionada con una fuga de capitales), así como fuerte déficit público e inflación, en un contexto de conflicto armado creciente y un cuadro exterior hostil, ambos fomentados principalmente por la administración conservadora norteamericana, que en 1985 acabó decretando el embargo comercial a Nicaragua.

Así, desde 1984 y por el resto de la década, pueden identificarse dos períodos en ese proceso general de deterioro económico. El primero, entre 1984 y 1987, en el que el gobierno intenta resistir la situación general -y en particular el conflicto armado- manteniendo las políticas económicas y tratando de salvar el sector externo buscando apoyo en los países del bloque soviético. Como resultado de este intento, la producción interna comienza un curso de reducción, disminuyendo a un promedio del 2% anual.

Esta economía de resistencia se abandona en 1987 y entre 1988 y 1990 tiene lugar un segundo período marcado por una política de ajuste estructural, en la que se busca recuperar los equilibrios macroeconómicos y enfrentar los desafíos políticos: alcanzar la pacificación y prepararse para la apertura electoral. Tras la depresión que supuso este giro de orientación económica (en 1988 el PIB retrocedió un 12%), el sistema parece tender a un menor desequilibrio (en 1989 se redujo apreciablemente la hiperinflación), aunque en medio de un descenso apreciable del nivel de vida.

Luego de la victoria de la oposición antisandinista en 1990, las nuevas autoridades mantienen la política de ajuste, pero sobre la base de dos supuestos enteramente distintos: la recuperación de la inversión privada (acelerada por la privatización del área pública) y la mejora radical del cuadro exterior. Dado que ambos supuestos no se han hecho realidad, especialmente el segundo, la economía nicaragüense continúa peligrosamente estancada, en un contexto social severamente deteriorado.