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Las mujeres han participado en el desarrollo económico de México de diversas formas, siendo las dos principales el trabajo doméstico y el empleo en actividades referidas al mercado económico. Esa participación femenina ha estado condicionada por los cambios generales en ese desarrollo socioeconómico mexicano, en relación con su propia condición de género.
Ahora bien, como sucede en toda América Latina, el problema es que, por diversas razones, esa contribución de las mujeres es sólo parcialmente visible. Ante todo, porque únicamente las actividades convencionalmente consideradas económicas forman parte de las cuentas nacionales. Los intentos realizados en distintos países para medir la contribución del trabajo doméstico a la economía nacional no han conseguido modificar las convenciones existentes al respecto. Por otra parte, tampoco ha concluido la discusión acerca de si ese trabajo podría ser retribuido y si con ello mejoraría o no la condición general de las mujeres.
Así, la participación de las mujeres en el desarrollo adquiere visibilidad fundamentalmente cuando puede ser medida en términos de participación económica. Esto representa una dificultad en determinados sectores, como el agrícola, donde las tareas domésticas y las dirigidas al mercado no se distinguen siempre con facilidad. Sucede con mucha frecuencia que los sistemas de encuesta y las declaraciones de las propias mujeres en las zonas rurales se inclinan a considerar a las mismas como dueñas de casa, lo que significa registrarlas como inactivas.
La tendencia a concebir las mujeres fuera de la actividad económica procede también de viejas concepciones culturales que establecieron una determinada división sexual del trabajo, según la cual se atribuye a las mujeres la responsabilidad del quehacer doméstico y a los hombres la actividad considerada pública en general y económica en particular. Es cierto que, como sucede en toda la región, esta división sexual se ha flexibilizado, pero todavía se supone socialmente que las mujeres deben realizar el cuidado del hogar, participen o no en el mercado laboral.
En realidad, una proporción importante de la población adulta femenina ha desarrollado desde siempre en México actividades referidas al ámbito económico, situación que ha ido haciéndose más visible conforme se ocupaban como asalariadas o incrementaban su actividad mercantil no remunerada, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
De acuerdo con el último registro procesado de cobertura nacional, la Encuesta Nacional de Empleo de 1991, cerca de un tercio (30,7%) de la Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por mujeres. Una proporción algo mayor (31,5%) es la de mujeres que participan de la PEA del total de mujeres mayores de 12 años (tasa de participación económica).
Ciertamente, son cifras todavía apreciablemente menores que las presentadas por los hombres, que en 1991 mostraban una tasa de participación próxima al 78%. Sin embargo, es necesario subrayar que esas diferencias serían menores si no existiera el fenómeno del subregistro de la participación económica de las mujeres, en particular en el sector informal y en las zonas agrícolas.
Por otra parte, el crecimiento de la PEA femenina en las últimas décadas es mucho más rápido que el de la masculina. CELADE estima que entre 1970 y 1990 la primera se habría más que triplicado, mientras la segunda se habría duplicado.
Derivadas también de antiguas concepciones culturales, existen diferencias entre los tipos de empleo que ocupan las mujeres y los hombres. En general, aquellas se ocupan principalmente en la rama económica de los servicios, en tanto los hombres se reparten más regularmente en las tres ramas (agricultura, industria, servicios). Las mujeres difícilmente pueden acceder a los puestos de mayor responsabilidad y poder: son sólo el 8,6% del total de patronos y se emplean menos por cuenta propia que los hombres a nivel nacional, por cuanto si bien esa diferencia es menor en las ciudades, en el campo hay una gran cantidad de campesinos que se registran como cuentapropistas y apenas hay mujeres en esa condición, entre otras razones, por la enorme dificultad que tienen de acceder a la tierra.
En cuanto a las profesiones, las mujeres se ocupan sobre todo como oficinistas (secretarias especialmente) y dependientes de comercio, y como trabajadoras de los servicios personales (son la casi totalidad de las empleadas domésticas). Al mismo tiempo, es cierto que, como sucede en el resto de América Latina, hay una proporción importante de técnicas y profesionales: en 1991, cerca del 14% de la PEA femenina, frente al 8% en la PEA masculina. No obstante, al interior de los profesionales hay también una fuerte segmentación por sexo: las mujeres son la mayoría de las enseñantes y los hombres casi todos ingenieros, las mujeres son la casi totalidad de las enfermeras y los hombres la mayoría de los médicos, etc.
El aumento de la participación económica femenina ha tenido lugar en las últimas décadas pese a que las mujeres enfrentan mayores problemas que los hombres para encontrar y conservar un trabajo. Toda la información estadística disponible muestra que las tasas de desempleo de las mujeres son considerablemente mayores que las de los hombres.
Con el fuerte crecimiento del nivel educativo de la población femenina en las últimas décadas, la PEA femenina tiene ya un número de años de estudios similar al de los hombres. Sin embargo, ello no ha significado una eliminación correspondiente de las diferencias salariales que colocan a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres.
De esta forma, todo indica que los principales problemas que enfrentan las mujeres en el plano laboral, además de referirse a su visibilidad estadística, guardan relación con la falta de capacitación y orientación profesional, a la segmentación tradicional de la ocupación y a las viejas orientaciones culturales que inclinan a considerar que el empleo femenino es complementario del masculino.