La situación educativa de las mujeres mexicanas ha mejorado apreciablemente en los últimos decenios, si bien presenta todavía problemas de consideración, tanto en términos absolutos como en comparación con la mayoría de los países de América Latina.

Ante todo, México comparte con algunos países de la región (Brasil, Bolivia, ciertos países centroamericanos) un problema fundamental: la existencia de fuertes diferencias socioeducativas entre sectores de la población nacional. Amplias regiones donde el analfabetismo afecta a un tercio de la población se combinan con núcleos poblacionales urbanos de elevado nivel educativo.

De esta forma, se ha conformado una estratificación socioeducativa de marcado carácter piramidal, donde más del 60% de la población no ha superado los estudios primarios, y en el interior de este bloque, cerca del 15% declara no poseer instrucción alguna; en torno al 26% ha accedido a la secundaria sin superarla, y alrededor del 14% ha cursado estudios superiores. Es decir, México presenta una de las proporciones más altas de la región de población que no supera la primaria, al mismo tiempo que posee una de las proporciones más elevadas de población que accede a los estudios universitarios.

En esta situación polarizada, la desigualdad de género también es una de las más notables de la región. Cerca del 63% de las mujeres no consigue superar la primaria, mientras esa cifra es de 56% en el caso de los hombres. En cuanto al acceso a los estudios universitarios, la proporción de mujeres que lo logran es cerca de la mitad de los hombres: en 1991 sólo un 10% de las mujeres mayores de 12 años declaraba haber alcanzado estudios superiores, mientras esa cifra era de 18% en el caso de los hombres. En este contexto, la proporción de población que posee estudios secundarios y no universitarios es semejante en los dos sexos.

México es, por lo tanto, de aquellos países latinoamericanos que combinan fuertes diferencias socioeducativas generales, con notable desigualdad en contra de la mujer, lo que se traduce en dos características marcadas: a) graves diferencias educativas al interior de la población femenina, y b) espacios de género claramente diferenciados: sectores de población urbana y de clase media alta, donde las diferencias educativas entre los géneros no son tan pronunciadas, y sectores de población con deficiencias educativas y de ingreso, donde la mujer presenta un fuerte retraso respecto del varón.

En términos evolutivos esto también es altamente significativo. En la gran mayoría de los países latinoamericanos, desde fines de los años sesenta tuvo lugar en la población femenina un fuerte salto educativo, el cual implicó que, a fines de los ochenta, ese nivel alcanzara de forma general el de los varones. Ahora bien, en México esto sólo ocurrió en determinados sectores poblacionales, urbanos y de clase media alta, mientras sucedía algo distinto en el resto del país: los hombres salían más aceleradamente que las mujeres de las grandes lagunas educativas. De esta forma, por ejemplo, las mujeres eran en 1970 el 58,5% del total de analfabetos del país (6.693.706), proporción que había aumentado en 1990 al 62,8% (de las 6.161.662 personas registradas como analfabetas).

El otro aspecto destacable de los problemas educativos de la población femenina se refiere a su composición etaria. Es conocido que la mayoría de los rezagos educacionales se concentra en personas mayores de 40 años y que con el paso del tiempo esa concentración es más acusada. Así, si en 1970 las personas mayores de esa edad eran en México el 47% del total de analfabetos, esa proporción había superado el 60% en 1990.

Este problema es más acentuado en las mujeres: en 1970 el peso de las personas mayores de 40 años en el conjunto de analfabetos era el mismo en la población masculina que en la femenina; en 1990 esa proporción ya era algo mayor en las mujeres (63,5%) que en los hombres (62,4%). En suma, las deficiencias educativas van acendrándose más en las mujeres maduras y mayores que en sus homólogos varones.Desde el comienzo de los años noventa se han ido produciendo diversas reformas en el sistema educativo. En 1993 entró en vigor la nueva Ley General de Educación, que sustituyó la Ley Federal de Educación existente desde 1973, y que regula la educación que imparte el Estado (Federación, entidades federativas y municipios), la cual concentra más del 90% de la matrícula total anual. La nueva Ley promueve la consolidación de un sistema educativo fundado en el federalismo y en la contribución de la sociedad, normando la participación de padres de familia y medios de comunicación en el proceso educativo. Por otra parte, las reformas de los artículos constitucionales 3º y 31º significan una extensión de la escolaridad obligatoria con el objeto de que comprenda la secundaria.

Estas reformas podrán permitir la reducción de las brechas socioeducativas que se manifiestan en el país, y ello contribuirá al mejoramiento en términos generales de la situación educacional de las mujeres. Sin embargo, también es posible que, de no introducirse una mayor sensibilidad de género en los programas educativos, el mejoramiento general tendrá lugar a un ritmo más rápido en los varones, con lo que se produciría un efecto colateral indeseado: el aumento de la ya pronunciada brecha educativa entre ambos sexos. Prestar atención a este riesgo es particularmente importante en cuanto a las mujeres mayores de 40 años, cuyos serios rezagos educativos tienen un considerable peso en su condición general de género.