Las condiciones de salud de las mujeres guatemaltecas han experimentado una lenta mejoría desde hace cuarenta años, lo que -dada la penosa situación de entonces- significa que aún sufren deficiencias fundamentales, las que conforman uno de los cuadros más críticos de América Latina.

Las causas principales de esa situación están referidas tanto a los factores económicos y sociodemográficos que determinan las condiciones básicas (nutrición, sanidad habitacional, educación, etc.), como a las deficiencias del propio sistema de salud guatemalteco. En el caso específico de la mujer existe todavía el riesgo agregado que procede del mantenimiento de una elevada fecundidad.

La situación actual puede examinarse desde el estado de salud de Guatemala en los años cincuenta, caracterizado por la abundante mortalidad infantil, cuando los dos tercios de las defunciones anuales eran de niños menores de cinco años, principalmente por causas infectocontagiosas y parasitarias, resultando la esperanza de vida en torno a los cuarenta años. Desde entonces, Guatemala ha sufrido una fuerte transformación productiva que, aunque ha modificado en alguna medida las condiciones de salud, no lo ha hecho en la dimensión que podía esperarse de un crecimiento económico tan acelerado.De hecho, a fines de los años ochenta, aunque la mortalidad general haya descendido apreciablemente, todavía la mitad de las muertes anuales siguen correspondiendo a menores de cinco años, por causas no muy distintas de las de hace cuarenta años.

Esta lentitud en el cambio de las condiciones sanitarias está asociada asimismo a la composición sociodemográfica del país. En efecto, un país que inicia su transición demográfica, manteniendo una población muy joven, de pronto emparejamiento y alta tasa de fecundidad, presentará más demandas sanitarias de naturaleza materno-infantil, que otro que haya avanzado notablemente en su transición demográfica, el cual tendrá progresivamente más necesidades referidas a la población adulta y la tercera edad.

Esos cambios tienden a determinar el cuadro epidemiológico nacional. Así, mientras en Guatemala las defunciones por enfermedades transmisibles son el 47% del total y las ocasionadas por tumores y deficiencias del aparato circulatorio son en torno al 10%; en el Uruguay, por ejemplo, las primeras son sólo un 5% y las segundas representan el 68% del total. Es decir, puede hablarse efectivamente de una asociación entre transición demográfica y transición epidemiológica. Pero el ritmo de mejoramiento de la situación de salud también depende de la eficacia del sistema sanitario. En Guatemala mejoró en estas últimas décadas el sistema de control de los factores vitales fundamentales, nacimientos y muertes, lo que hace que una proporción alta de defunciones se registre adecuadamente, estableciéndose la causa correspondiente. Pero la cobertura de los servicios de salud no avanzó en una medida mínimamente semejante. Una idea de esa falta de cobertura de tales servicios se desprende, en cuanto a la salud de las mujeres, del hecho de que todavía en 1980 sólo el 34% de los partos recibía atención clínica.

La crisis socioeconómica de los años ochenta frenó el desarrollo del sistema de salud, estrechando sus recursos y empeorando sus servicios. Especialmente durante la primera mitad de esa década, los recortes presupuestarios afectaron el conjunto del sistema público, que atiende al 90% de la población, y en especial a su núcleo central: los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este, junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las municipalidades y las unidades dependientes de las Facultades de Medicina de la Universidad de San Carlos, componen dicho sistema público.

El deterioro de esos servicios provocó el surgimiento de diversas organizaciones asistenciales, redes de ayuda mutua y otras iniciativas sociales, la mayoría de las cuales se relacionaba o estaba compuesta fundamentalmente por mujeres. En 1987 fue creado el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, formado por un consejo nacional y consejos regionales y locales, con el objeto de coordinar los proyectos de desarrollo social, entre los cuales tenían fuerte presencia los destinados al mejoramiento de las condiciones sanitarias básicas. En todo caso, existe coincidencia entre los especialistas del área en torno a que la crisis de los ochenta obligó a las mujeres a emprender tareas destinadas a compensar el recorte de las funciones sanitarias del Estado.