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El balance de la evolución socioeconómica de Guatemala durante la década de los años ochenta está ligado obligadamente a la crisis que atravesó la región, inducida por factores internos y externos. El decenio significó en este país un período de inestabilidad financiera, contracción productiva y aumento del empobrecimiento general de la población.
Este proceso contrasta con el sostenido crecimiento que mostraba Guatemala desde los años cincuenta, conforme tenía lugar el cambio estructural que significa pasar de ser un país fundamentalmente rural y primarioexportador, a otro donde se combinan actividades urbanas y rurales, industrialización y exportación primaria. Esta última, dados los precios favorables del café durante los años sesenta y setenta, fue un sólido apoyo financiero de los mencionados cambios.
Ahora bien, ese cambio estructural no se hizo sin costos sociales. El fuerte crecimiento económico fue insuficiente -especialmente en el ámbito industrial- para absorber la demanda de trabajo de una población que crece a uno de los ritmos más altos de América Latina. El hecho es que al concluir este período de transformación económica, se había creado una pobreza que también puede calificarse de estructural: en 1980 se situaba por debajo de la línea de pobreza el 71,1% de la población. La década de los ochenta significó así, además de la detención del crecimiento económico previo, la agudización de la pobreza establecida. Durante los primeros seis años del decenio, el producto interno bruto (PIB) decreció sostenidamente, en especial durante los años 1982 y 1983. La contracción fue todavía más fuerte medida en términos de PIB por habitante.
Las razones de esta fuerte crisis residen, por un lado, en el grave deterioro de los términos de intercambio que se produjo como resultado del deterioro económico mundial de los setenta, así como en la desarticulación del Mercado Común Centroamericano y, por el otro, en el menor impulso de la producción interna y la inestabilidad política creciente. La inversión y el ahorro se contrajeron en forma brusca, mientras la balanza de pagos experimentaba un apreciable déficit.
La primera reacción de los gobiernos militares consistió en acentuar el cierre del sistema político y reducir la inversión del sector público, al igual que los gastos sociales. Esta fórmula desencadenó una espiral de violencia y depresión económica, que aparecía sin salida hacia mediados de la década.
Las elecciones de 1985 y la formación de un gobierno demócratacristiano significaron un cambio de orientación general, mediante la puesta en práctica del Plan de Reordenamiento Económico y Social, con alcance de mediano plazo. Se estabilizó el sistema productivo interno y el sector industrial dio muestras de una lenta recuperación. De esta forma, el PIB volvió a crecer, aunque a ritmos moderados. Esta recuperación mostró su fragilidad con el comienzo de la década actual y nuevos signos de inestabilidad, tanto productiva como monetaria, se mezclaron con rebrotes de violencia política. No obstante, tales signos no tienen la dimensión que presentaron en la primera mitad de los años ochenta.