MUJERES EN GUATEMALA

Las mujeres guatemaltecas han participado, unas veces en forma patente y otras no, en la historia social, económica y política de su país. Nombres como Dolores Bedoya y otras patriotas, han cobrado relieve en la vida nacional, en un contexto que hace de ellas figuras excepcionales, entre gran parte, porque la principal característica de tal cuadro es la invisibilidad social de las mujeres.

Esa participación ha estado trizada por una historia marcada -ya antes de la conquista española- por una sucesión de conflictos, rebeliones, invasiones, golpes militares, persecusión y guerra. Desde que declaró su independencia en 1821, la República ha vivido la mayor parte del tiempo bajo feroces dictaduras militares, con breves períodos democráticos.

La acumulación de tensiones sociales y políticas dio lugar a un conflicto armado que dura ya tres décadas y cuya solución ha estado en el centro de los esfuerzos de los últimos dos Presidentes de la República para desarrollar iniciativas de paz tanto a nivel nacional como de la subregión centroamericana. Ambos fueron democráticamente elegidos, tras la elaboración en 1985 de una nueva Constitución Política.

Al iniciarse la década de los noventa, las mujeres guatemaltecas son mayoritariamente rurales (60%), principalmente jóvenes (el 65% tiene menos de 25 años), la mitad de raza indígena, se emparejan temprano, tienen un elevado número de hijos (superan los cinco) y más de sus tres cuartos viven en condiciones de grave pobreza. Registran una participación económica creciente, pero aún muy baja (un 25% de las que se consideran en edad de trabajar), si bien ello es debido a la subestimación del trabajo de las mujeres rurales e indígenas. Presentan una elevada tasa de analfabetismo (47%), una tasa de escolarización baja (50%) y un acceso mínimo (1,1%) a la universidad. Sus condiciones de salud son acentuadamente deficientes, con una fuerte morbilidad y agudos problemas de salud materno-infantil.

Con estos rasgos sociodemográficos, participan abundantemente en organizaciones sociales de base, pero son todavía una exigua minoría en los ámbitos de poder y toma de decisiones. Sus condiciones de vida se han visto severamente afectadas por las crisis económicas y la acción represiva de los sucesivos gobiernos militares y muchas se encuentran exiliadas, refugiadas o desplazadas.

Este perfil, basado en cifras promedio, muestra profundas diferencias por sectores. Los factores diferenciales más importantes se refieren al nivel socioeconómico, área de residencia y grupo étnico. La información estadística indica que el peso de los problemas en los sectores rurales e indígenas de la población femenina guatemalteca hace que sus indicadores detenten los valores más deprimidos de la subregión y de América Latina. Por otra parte, muchos de estos indicadores presentan un subregistro o un índice de error importante precisamente en los sectores rurales e indígenas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cerca del 40% de la población guatemalteca se registra como indígena, pero otras fuentes oficiales elevan esa proporción al 60% del total. Hay que destacar que sectores importantes de esa población conservan sus costumbres, lenguas y prácticas socioculturales.

La actuación de las guatemaltecas en las estructuras de poder y en las organizaciones sociales tiene raíces en el proceso de mestizaje y, después de atravesar por siglos de avatares históricos, ha obtenido últimamente su legalización: el derecho a voto les fue concedido en 1945 a las mujeres alfabetas y en 1965 ampliado a las analfabetas. El ejercicio de cargos públicos y de representación ciudadana es, pues, una actividad reciente para las mujeres de este país.

El terremoto que sacudió Guatemala en 1976, dejó huellas importantes en el quehacer político y social, con el surgimiento de nuevos actores, organizaciones, organismos no gubernamentales, etc. La crisis económica, la pobreza y la represión militar han dado origen a numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, de solidaridad con las víctimas de la violencia y la represión, y de subsistencia, las que cuentan con gran presencia femenina, indígena y ladina.

En 1981 el Gobierno creó -a instancias de la Comisión Interamericana de Mujeres- la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) y en agosto de 1982 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También ha puesto en marcha una serie de programas destinados a mujeres en la Presidencia de la República y diversos ministerios. Organismos internacionales se han hecho presentes para aliviar la condición de pobreza y marginación de amplios sectores de mujeres y sus familias.

El proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras fue desarrollado en Guatemala tomando en cuenta la investigación precedente "Mujeres Centroamericanas" realizada por la Secretaría General de FLACSO en Costa Rica, cuya ampliación y actualización ha sido producto de la colaboración entre esa Secretaría General y el Programa FLACSO de Guatemala.