DERECHOS POLÍTICOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La Constitución Política vigente data de 1985.

MATERIA y DisposiciónOBSERVACIONES
IGUALDAD

Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, independientemente de su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad (Art. 40).

Es positivo que se mencione expresamente al hombre y a la mujer. Otras Constituciones se refieren a la igualdad de los hombres o de los ciudadanos. No obstante, la consideración de la "honestidad" de la mujer para tipificar y castigar cierotos delitos, por ejemplo, atenta ciertamente contra su dignidad.

DERECHO A VOTO

El derecho a sufragio fue reconocido a las mujeres en la Constitución de 1945.

Además de tener 18 años, las mujeres debían saber leer y escribir. La Constitución de 1965 extendió el derecho a voto a las analfabetas.

DERECHO A OPTAR A CARGOS DE ELECCION POPULAR

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para optar a este tipo de cargos (Art. 136).

Considerando el número de mujeres que accede a cargos de elección popular, se concluye que el país legal no coincide con el país real. Si no hay consensos o acuerdos políticos que establezcan que un determinado porcentaje del Parlamento deberá estar constituido por mujeres, la garantía constitucional se queda en el ámbito de los principios o de las aspiraciones programáticas.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La vida, la libertad, la propiedad y otros derechos considerados básicos por varios artículos de la Constitución gozan de igual protección respecto de hombres y mujeres.

 
PREEMINENCIA DE TRATADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Los tratados y convenciones sobre derechos humanos ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno (Art. 46).

En 1982 Guatemala ratificó la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por Naciones Unidas en 1979. La legislación interna, en consecuencia, debe adecuarse a las disposiciones de la Convención. De no ocurrir, y frente a un conflicto de leyes, debe entenderse que las normas de la Convención han derogado tácitamente a las de derecho interno.