La historia política del Ecuador está marcada, desde su independencia (1822), por interrupciones del ejercicio democrático a manos de gobiernos militares de diverso signo ideológico y por conflictos entre los poderes del Estado. Las transiciones a gobiernos democráticos han incluido con frecuencia períodos de conflicto político de distinta magnitud.
En esta historia las mujeres se hacen visibles intermitentemente, también para defender sus derechos. En la década del 20 algunos grupos de mujeres se autodenominaron feministas, como los grupos Aurora y Rosa Luxemburgo. Estos tuvieron un papel destacado en la huelga del 15 de noviembre de 1922, que concluyó con una masacre en Guayaquil. El derecho a voto opcional fue concedido a las mujeres y consagrado en la Constitución de 1929 a instancia de los sectores conservadores de la Asamblea Nacional y sin la presencia de un movimiento sufragista.
La revolución de 1925 terminó con el estado liberal agroexportador, enfocando la atención en los temas sociales. Los años 1925 a 1949 fueron tiempos de agitación y en diecinueve años hubo dieciséis jefes de Estado. En 1926 nació el Partido Socialista y en 1931 el Partido Comunista Ecuatoriano (PCE). Se fraguó así el crecimiento de la organización social de obreros y campesinos y aparecieron sectores medios izquierdistas. Se destacaron mujeres dirigentas en el sector indígena y en sectores de clase media.
El derrocamiento de Arroyo del Río por una gran movilización de masas, conocida como "La Gloriosa" (28 de mayo de 1944), contó con una participación femenina sin precedentes, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, en las que la organización Acción Femenina Ecuatoriana estaba más estructurada. Se inició entonces un largo período de liderazgo de José María Velasco Ibarra, quien fue presidente en cinco oportunidades, siendo depuesto en varias de ellas. Derrocado por los militares en 1961, en 1963 se instaló una Junta Militar que derogó el derecho a huelga, suspendió la autonomía universitaria tras diversas intervenciones militares en las universidades, pero debió renunciar por las presiones de diferentes sectores. En este tiempo se produjo un mayor desarrollo de las organizaciones de trabajadores. Paralelamente se fortalecieron las cooperativas al amparo de una nueva ley.
En 1972 se instaló un gobierno militar que intentó modernizar y racionalizar el Estado junto con profesionalizar las Fuerzas Armadas. Intervenida la economía y centralizada la renta petrolera, hay un crecimiento económico sin precedentes, especialmente en la industria; se modernizó el campo; se impulsó la urbanización, creciendo las capas medias y profesionales. Los cambios económicos y sociales llevaron a una incorporación más activa de mujeres a organizaciones sindicales y campesinas y a las luchas sociales de esos años.
Con el referéndum de 1978 el país retorna a la democracia con un nuevo sistema político partidario acorde con la modernidad y un Estado más fuerte, estructurado, profesionalizado y participatorio que el que lo precediera, pero que sometido a la crisis económica, pugna por estabilidad y gobernabilidad más allá del marcado caudillismo de su historia política.
En este contexto, la incorporación femenina a las esferas de poder político y social fue particularmente tardía y lenta en comparación con el resto de América Latina y en contradicción con la temprana obtención de derechos civiles y políticos. Su participación en actos electorales ha sido históricamente inferior a la masculina, aun cuando el incremento de mujeres votantes ha sido mayor al de los varones. Con el triunfo de Jaime Roldós en las elecciones de 1979, se incorpora por primera vez una mujer al gabinete ministerial. En las elecciones realizadas este año, por primera vez una mujer fue elegida Prefecta. Por otra parte, en el Congreso Nacional, en el período iniciado en 1978 con la nueva Constitución, hay un lento incremento de diputadas, habiendo alcanzado un máximo de 7% de los cargos en el bienio 1990-1992, participación que se redujo al 5,2% en las recientes elecciones.
En las distintas instituciones públicas, la participación femenina sigue el patrón estratificado de otros países latinoamericanos: ausencia o mínima presencia en la cúspide, que aumenta conforme se desciende hacia la base institucional. Esto es acentuadamente así en el poder judicial, donde no hay ninguna mujer en la Corte Suprema. En los partidos políticos, si la incorporación femenina es baja, lo es más aún su presencia en las directivas, hecho que gravita en la definición de candidaturas de mujeres a las diferentes elecciones.
En el ámbito de las organizaciones sociales, desde la segunda mitad de los ochenta se aprecia una mayor toma de conciencia de la necesidad de incorporar a las mujeres. Son creadas entonces Secretarías y Departamentos de la Mujer en organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares urbanas y también de la población negra.
