Las mujeres de Cuba han participado en el desarrollo socioeconómico del país de diferentes formas, siendo las dos principales el trabajo doméstico y el empleo en actividades referidas al ámbito económico. A su vez, la contribución de las cubanas ha estado condicionada por los grandes cambios del sistema productivo que han ocurrido en la isla.

El problema es que, como sucede en el resto de América Latina, esa participación no siempre es visible. Una de las principales razones de ello consiste en que sólo las actividades convencionalmente consideradas económicas, son medidas como parte de las cuentas nacionales. Tampoco en Cuba ha sido posible cuantificar satisfactoriamente la contribución del trabajo doméstico a la economía nacional. Por otro lado, no se ha agotado la discusión en América Latina y el resto del mundo acerca de si dicho trabajo doméstico podría ser retribuido de alguna forma y de serlo, si ello implicaría una mejoría en la condición de las mujeres.

Así, el aporte de las mujeres al desarrollo socioeconómico cubano ha adquirido visibilidad principalmente cuando ha tenido lugar como actividad económica, ya sea en calidad de asalariada o a través de una actividad por cuenta propia (algo que, como se sabe, significa una proporción muy pequeña del conjunto de las actividades desde la Revolución de 1959). La cuestión es que, en ciertas circunstancias, es difícil separar el trabajo económico del trabajo doméstico, lo que inclina a las mujeres y a los medios de encuesta a registrarlas como amas de casa, es decir, como no integrantes de la fuerza laboral. Así ocurre especialmente en el caso del trabajo agrícola femenino.

Con estos antecedentes puede hablarse de dos períodos generales en la evolución de la participación económica de las mujeres en Cuba. Durante la primera mitad del siglo y más precisamente hasta 1959, la participación económica femenina crece con la modernización del país, aunque el registro de esa participación fue muy deficiente. Según el Censo de 1953 trabajaba el 19,2% de las mujeres mayores de 15 años, dándose un fuerte subregistro en cuanto al trabajo femenino en las zonas rurales.

El segundo período, iniciado con el triunfo revolucionario de 1959, está marcado por el desarrollo en Cuba de un sistema económico en el que se eliminó la propiedad privada como principal agente de acumulación de capital. En este período aparecen dos etapas claramente diferenciadas en cuanto a la participación laboral de las mujeres. La primera de ellas, entre 1960 y 1970, se caracteriza por el estancamiento en la tasa de participación económica femenina: la que recoge el Censo de 1970 (18,3%) es menor que la del Censo de 1953 (19,2%). Especialistas que han estudiado este fenómeno encuentran su causa en el hecho de que la Revolución decidió eliminar el servicio doméstico y reeducar a las mujeres que ejercían la prostitución y se ocupaban en diversos medios (turísticos, etc.), con lo que se produjo una fuerte contracción de la participación femenina en el sector servicios (que durante los años cincuenta daba ocupación a la mayoría de las mujeres).

Con la llegada de los años setenta y a partir de una decisión de las autoridades cubanas, se inició una segunda etapa, de rápido crecimiento de la participación económica femenina, que ha durado hasta la grave crisis que enfrenta el país desde 1990. Con medidas de apoyo directo, como las adoptadas por el Ministerio del Trabajo, que privilegiaban la inclusión femenina en determinadas ocupaciones, la participación laboral de las mujeres pasó del 18,3% del total de la fuerza de trabajo que era en 1970, al 31,5% en 1981.

La medición de la ocupación laboral tiene dos vías en Cuba. Por un lado, los Censos realizados de acuerdo al sistema de Naciones Unidas recogen la Población Económicamente Activa (PEA) existente en el país. Por el otro, el Comité Estatal de Estadísticas realiza estimaciones sobre la base de encuestas de empleo que no son públicas, acerca de lo que se denomina la Población Ocupada en el Sector Estatal Civil, siguiendo el sistema que empleaba el extinto CAME. Por razones de comparabilidad y para poder distinguir categorías y grupos ocupacionales, etc., se utiliza aquí la información procedente de los Censos, junto a las estimaciones del CEE sobre ocupación en el sector estatal civil.

El uso de ambas fuentes permite mostrar cómo, al igual que en el resto de América Latina, el crecimiento de la participación femenina ha tenido lugar manteniéndose la segmentación ocupacional por sexo: las mujeres se ocupan sobre todo en el sector servicios, menos en la industria, y en una mínima proporción en la agricultura, mientras los hombres se reparten de una forma más uniforme por todo el sistema productivo. Destaca la acentuada proporción de mujeres técnicas y profesionales, aunque también entre ellas exista orientación hacia ocupaciones tradicionalmente femeninas, pero en menor medida que en otros países latinoamericanos. También es importante destacar que el nivel educativo de la PEA femenina es apreciablemente más alto que el de la masculina.

Con la situación de emergencia económica que existe desde 1990, se ha reducido la población ocupada del país. CEPAL estima que la distribución ocupacional ha sufrido fuertes alteraciones, en el sentido de reorientar la fuerza laboral hacia los pocos sectores que todavía tienen un desempeño económico normal (como el turismo), y de dirigir grandes contingentes hacia labores de emergencia, principalmente la generación de alimentos. Se calcula que unas 200 mil mujeres participan en los contingentes agrícolas del Plan Alimentario.