Las mujeres han participado en la vida republicana desde que Costa Rica existe como nación, aunque su presencia siempre ha sido más notable en la acción social y en la base del sistema que en la institucionalidad política y representativa del país. Esa participación femenina ha estado determinada, en general, por las características propias de la historia política costarricense, pero de forma especial por la condición de género de las mujeres. Efectivamente, sólo esa particular condición explica que la ciudadanía masculina tuviera -y ampliara- el derecho de elegir sus representantes desde la Independencia y que la población femenina adulta no pudiera hacerlo hasta siglo y medio más tarde.
Desde esa perspectiva, la evolución de la participación política de las costarricenses está dividida en dos períodos: antes y después de adquirir los derechos ciudadanos plenos. Durante el largo primer período, las mujeres contribuyeron al desarrollo histórico desde la acción social básica, que se hacía visible únicamente en ocasiones excepcionales, como cuando Francisca Carrasco destacó en la lucha contra la dominación extranjera, durante las campañas nacionales de 1856 y 1857, o cuando Carmen Lyra encabezó las marchas de maestras contra el régimen opresor de Tinoco en 1919. Pero aunque estas acciones ejemplares merecieron el reconocimiento público, no modificaron el hecho de que la toma de decisiones políticas fuera un patrimonio exclusivo de los ciudadanos varones.
El desarrollo sociopolítico tuvo lugar a partir de una sociedad agraria basada en la pequeña y mediana propiedad, con tendencia a agruparse en núcleos urbanos diferenciados, que negociaban entre sí, por lo que la formación de la sociedad exportadora y cafetalera pudo establecerse junto a un desarrollo democrático e institucionalista temprano, algo que singularizó a Costa Rica en el contexto centroamericano.
Ciertamente, durante este período y principalmente desde fines del siglo XIX, toda una serie de mujeres rechazaron estas coordenadas de actuación que les impedía ejercer profesiones o ser sujetos de derechos civiles. Desde Manuela Escalante hasta Angela Acuña, pasando por Lita Chaverri y tantas otras, estas pioneras abrieron espacios públicos fundamentales. De esta forma, conforme se avanzó hacia la mitad del siglo, crecieron grupos de mujeres que reclamaban derechos políticos. Quizás el más conocido fuera la Liga Feminista, que desde 1943 impulsó la lucha por el sufragio de las costarricenses.
Con la adquisición en 1949 del voto y la no discriminación por sexo para ocupar cargos públicos, se inició un nuevo período en la vida política de las mujeres. Ello se produjo en el contexto de la nueva Constitución que se dictó después de la revolución de 1948, junto a otros principios progresistas y pacifistas, como la eliminación del Ejército en tanto institución permanente.
Ahora bien, en estos últimos cuarenta años las mujeres han participado ampliamente como electoras y en el accionar social del país; sin embargo, su presencia ha crecido a un ritmo extremadamente lento en los órganos superiores del Estado. Una expresión fiel de este proceso es la evolución de la presencia femenina en el poder legislativo: en 1953, cuando por vez primera las mujeres acudieron a las urnas, tres de ellas ocuparon asientos en la Asamblea Legislativa, y en los últimos comicios generales de 1990, únicamente siete mujeres fueron elegidas parlamentarias.
Una situación semejante tiene lugar en el poder ejecutivo: nunca una mujer ha ocupado la Presidencia de la República y la participación femenina en el gobierno jamás ha superado el 13%. Ciertamente, su presencia ha crecido en los niveles medios y bajos de la administración (por ejemplo, en la gobernación regional ya son mayoritarias).
Esa estratificación se refleja marcadamente en la participación de las mujeres en el poder judicial: desde que en 1956 fuera designada la primera jueza, hoy lo son 125 de un total de 308 de jueces existentes en todo el país. Ello significa un elevado 41% del cuerpo judicial. Con todo, su presencia se reduce ostensiblemente según se asciende en la importancia de los juzgados: las mujeres representan el 56% de los jueces de Alcaldía, el 27% de los Tribunales Superiores y solamente un 5% de los Magistrados.
Esta dificultad de acceso a los niveles más altos del poder y la representación públicos se refleja también en las instituciones de la sociedad civil, como sindicatos y cooperativas. Dada la magnitud que tiene en Costa Rica el movimiento cooperativo, es importante saber que si bien se estima que más de un tercio de los cooperativistas son mujeres, éstas nunca han superado el 15% de los cargos en los Consejos de Administración.
Esta escasa presencia de las mujeres en los órganos donde se toma las decisiones políticas, no se corresponde con los cambios estructurales sucedidos en la población femenina en cuanto a participación laboral, educativa, etc. Cuando las mujeres han alcanzado a los hombres en el nivel de estudios adquiridos, su participación en dichos órganos resulta demasiado exigua. Todo indica que tienen todavía mucha fuerza los viejos estereotipos culturales que impidieron por más de un siglo que las mujeres tuvieran carta plena de ciudadanía.
Sin embargo, tales estereotipos no se expresan ya como declaraciones valóricamente admisibles: una encuesta de 1993 realizada en todo el territorio nacional sobre la posibilidad de que una mujer alcance la Presidencia de la República, muestra que la gran mayoría de los costarricenses de ambos sexos opina favorablemente ante esa posibilidad, principalmente sobre la base de que las mujeres son iguales y/o ya han adquirido capacidad suficiente para ejercer la jefatura del Estado. Es decir, las causas de la escasa participación entre los altos cargos del país no por ser sólidas son menos complejas. Guardan relación con múltiples planos públicos y privados de la vida de ambos géneros.
