La fuerte crisis económica de comienzos de los años ochenta puso fin en Costa Rica no sólo a tres décadas de crecimiento sino también al modelo que lo impulsó. Desde el decenio de los cincuenta, la economía costarricense se desarrolló a partir del sector primarioexportador, sobre el que fue extendiéndose una industrialización sustitutiva que articuló un mercado interno sin demasiada exclusión social, debido al apoyo externo y, sobre todo, al progresivo accionar de un importante sector público. De esta forma, a fines de los años setenta, Costa Rica presentaba un cuadro de indicadores sociodemográficos que la destacaban no únicamente en Centroamérica sino en el conjunto de América Latina.
Como en el resto de la región, los primeros efectos de la crisis económica mundial fueron paliados en la segunda mitad de los setenta con mayor esfuerzo público y el recurso al endeudamiento externo. La acentuación de las dificultades a comienzos de los ochenta y las presiones internacionales fueron enfrentadas por el gobierno en ejercicio con acciones de rechazo. La suspensión unilateral de los pagos de la deuda externa de septiembre de 1981 a fines de 1982, provocó la extinción de las líneas normales de crédito, especialmente las de corto plazo. Esta situación, junto a un progresivo descontrol del cuadro macroeconómico, determinó una profunda depresión signada por un decrecimiento del PIB (-7,2 en 1982) y una inflación que osciló en torno al 100% a fines de 1982.
El gobierno que siguió (1982-1986) impuso una estabilización que logró el equilibrio de los factores globales y la recuperación productiva, aun cuando arrastrando oscilaciones importantes, determinadas en buena medida por los precios externos, en especial del café. Ahora bien, esa estabilización inauguró la formulación de un nuevo modelo económico, determinado por la necesidad de reorientar el sector industrial, la mayor dependencia de las variaciones del aparato exportador y el recorte sucesivo del sector público, donde la pobreza aumenta o se estabiliza, pero no se reduce a los niveles anteriores a esta década.
La nueva administración que accedió al poder en 1986 planteó la posibilidad de realizar el ajuste estructural y la apertura al exterior, sin dañar excesivamente la tradición mercadointernista y de apoyo público de Costa Rica. Y aunque se inclinó claramente hacia el primer elemento, desaceleró el deterioro socioeconómico, manteniendo un crecimiento estable del PIB hasta 1989. Durante esta etapa se saneó el sector público, aunque sin recortarlo drásticamente.
El gobierno conservador que se inició en 1990 impulsó más abiertamente la política de ajuste, al tiempo que buscaba sanear el sector exterior, lo que permitió paliar los desequilibrios del mismo, pero detuvo de nuevo el crecimiento económico. El gasto interno se contrajo y el sector público se recortó, aunque la protesta social impidió algunas reducciones en curso (como, por ejemplo, en el área de educación). Los acuerdos firmados con el FMI obligan a esa política restrictiva, si bien permiten absorber créditos externos más fácilmente.
Tanto como consecuencia directa de las crisis económicas, como producto de los necesarios programas de ajuste y apertura, las diferencias sociales han aumentado en Costa Rica durante la pasada década. Las estimaciones del Ministerio de Planificación para los primeros años noventa muestran que el ajuste y los recortes públicos han aumentado los niveles de pobreza apreciablemente.
