OBSERVACIONES METODOLÓGICAS

La opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística y producida sobre todo por los organismos públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información recogida de ese modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera comparable.

En el caso de Costa Rica se ha partido del hecho de que existía una investigación precedente, realizada entre 1987 y 1988 por Ana Isabel García y Enrique Gomáriz, investigadores de FLACSO en Costa Rica v recogida en la publicación Mujeres Centroamericanas, tomos 1 y II, procediéndose a actualizar y completar esa información de acuerdo a las nuevas necesidades.

A continuación se señala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país.

Debido a problemas de comparabilidad para la región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya información procede a su vez de organismos oficiales de cada uno de los países.

En cuanto a las estimaciones sobre pobreza y distribución del ingreso, se ha combinado dos fuentes para observar su evolución: las investigaciones de FLACSO - Costa Rica v especialmente la realizada por Trejos, J.D. y Menjívar, R., La pobreza en América Central, FLACSO, San José, 1992, y las estimaciones de CEPAL recogidas en su publicación Magnitud de la pobreza en América Latina, Santiago de Chile, 1991. Las cifras más actuales sobre el crecimiento de la pobreza han sido tomadas del informe que el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) presentó a la Tercera Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina, celebrada en la sede de CEPAL en Santiago de Chile en 1992.

La información demográfica ha descansado fundamentalmente sobre los Censos de Población (el último realizado en 1984) y sobre las estimaciones realizadas conjuntamente por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), publicadas tanto en boletines nacionales como en los Boletines Demográficos de CELADE emitidos desde su sede en Santiago de Chile. También se ha utilizado las Encuestas de Hogar que en Costa Rica tienen cobertura nacional.

Entre algunos temas que merecen observaciones metodológicas se encuentra el de la jefatura de hogar. En el Censo, la definición de Jefe de Hogar procede del reconocimiento que en tal sentido hace la propia familia. Esta definición subjetiva introduce un sesgo cultural, puesto que como se indicó, en la cultura latina se asocia la idea de jefatura al sexo masculino.

En cuanto a la población indígena, dado que - por ley- Censos y Encuestas no registran información desagregada por grupo étnico, se ha tenido que acudir a estimaciones tentativas (como se hizo para el caso de la población negra) e investigaciones sobre los territorios indígenas, como la realizada por Guevara, M. y Chacón, R., publicada en la Revista Aportes, San José, octubre de 1992.

La existencia en Costa Rica de Encuestas de Hogar continuas y de cobertura nacional evita los diversos problemas sobre participación económica que se presentan en otros países, cuando tales Encuestas son discontinuas o sólo de cobertura urbana. Pero no superan los problemas generales de medición del trabajo económico femenino, referidos a la subrepresentación que regularmente padece la participación de las mujeres, especialmente en los ámbitos rural e informal.

El subregistro es mayor en los Censos que en las Encuestas, y ello se traslada a todo tipo de estimaciones realizadas sobre la base de los datos censases, como sucede con las de CELADE: la tasa de participación femenina estimada por este organismo para 1990 es del 22% y la recogida por la Encuesta de ese mismo año es del 30%. Por ello en este proyecto se emplea, siempre que es posible, las Encuestas de Hogar, siguiendo las recomendaciones de INSTRAW al respecto. Un aspecto específico de Costa Rica es la consideración oficial de subempleo cuando una persona trabaja menos de 47 horas semanales deseando trabajar más. Este limite es apreciablemente mayor que el de otros países latinoamericanos (que suele situarse en tomo a las 35 horas), por lo que se ha preferido señalar este hecho pero mostrando la desagregación por horas semanales trabajadas, en un abanico amplio.

En cuanto al problema de la evaluación del trabajo informal, se ha usado la estimación realizada en 1992 por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano sobre la base de las Encuestas Nacionales de Hogares, referida al sector informal urbano.

La información estadística de este capítulo se refiere a dos universos: el correspondiente a la población general y sus declaraciones en materia educativa en Censos y Encuestas de Hogar, que se utiliza aquí para examinar el analfabetismo y el nivel de estudios cursados por la población; y el compuesto por las matrículas registradas en los propios centros y compiladas por el Ministerio de Educación y la UNESCO.

En cuanto al analfabetismo, es necesario subrayar que se establece por autodeclaración y que no existe información del analfabetismo funcional. En cuanto a la información sobre el volumen de matrícula no existe dificultad en los niveles primario y secundario de la educación, pero sí en cuanto a los estudios universitarios, donde los datos son más fragmentarios y frecuentemente no son compilados con desagregación por sexo. Para superar esta dificultad se acudió a la investigación del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), sobre análisis cuantitativo y cualitativo de la participación de la mujer en las universidades centroamericanas confederadas en el CSUCA, realizada en 1989.

Como se indicó, el análisis de la condición educativa de las mujeres se ha referido sobre todo a los resultados del proceso educativo, cuantificables estadísticamente, y no tanto a las características del propio sistema educativo ni a los aspectos más cualitativos de construcción de los roles sexuales a través del proceso de socialización. No obstante, en cuanto a este último aspecto se incluye aquí un estudio de la presencia femenina en los textos escolares, realizado en 1991 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) y las agencias de Naciones Unidas UNICEF y UNIFEM, que ha buscado analizar los roles y estereotipos sexuales presentes en los textos escolares oficiales ya modernizados (Serie Hacia la Luz).

Las fuentes utilizadas en este capítulo han sido principalmente el Ministerio de Salud Pública, la DGEC, CELADE, y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS). La fuerte necesidad de combinar estas fuentes procede del hecho de que existen lagunas importantes en la información sanitaria y, frecuentemente, ésta no viene desagregada por sexo.

En el plano de la salud reproductiva hay algunos aspectos donde la información es particularmente deficiente. Es el caso del aborto, del que sólo se conoce datos referidos a las hospitalizaciones por esa causa, cuando se sabe que sólo una reducida parte de los abortos voluntarios llegan al sistema de salud. La información sobre la planificación familiar y el uso de medios anticonceptivos se ha obtenido de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

La situación jurídica de la mujer se analizó a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal y Código del Trabajo. Se eligió estos textos porque cada uno de ellos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial para ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.

Se incluyó también un capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada y escasamente reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las situaciones son siempre diferentes.

Si bien el análisis se ajustó al derecho positivo, en algunas ocasiones se aludió a reformas legales que están pendientes en el Parlamento y que podrán contribuir a mejorar la condición de la mujer. No fue posible obtener información sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.

Como en el resto de América Latina, la información estadística en este área encuentra serias dificultades, ante todo, porque la mayoría de los organismos e instituciones no llevan un registro estadístico regular y confiable, y cuando lo hacen, frecuentemente no desagregan los datos por sexo. Por esta razón, este capítulo se ha cubierto a través de la investigación realizada en el seno de las instituciones mismas, tanto públicas como privadas, además de un seguimiento de publicaciones oficiales entre las que destaca el Diario Oficial La Gaceta.

En el caso del poder judicial se ha utilizado la investigación realizada por el Centro para la Administración de la justicia (CAJ) en 1991, sobre la participación femenina en la judicatura . En cuanto a los poderes ejecutivo y legislativo se ha partido de la investigación realizada para Naciones Unidas, por Ana I. García sobre participación femenina en la toma de decisiones en el caso de Costa Rica.

Para obtener alguna imagen sobre el problema de la violencia doméstica contra la mujer, se ha usado el informe de los trabajos realizados por la Delegación de la Mujer, que reúne las denuncias recibidas en tal delegación. Como se sabe, estas cifras representan una exigua proporción de este problema que recién está surgiendo a la luz pública.

La opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística y producida sobre todo por los organismos públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información recogida de ese modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera comparable.

En el caso de Costa Rica se ha partido del hecho de que existía una investigación precedente, realizada entre 1987 y 1988 por Ana Isabel García y Enrique Gomáriz, investigadores de FLACSO en Costa Rica v recogida en la publicación Mujeres Centroamericanas, tomos 1 y II, procediéndose a actualizar y completar esa información de acuerdo a las nuevas necesidades.

A continuación se señala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país.

Debido a problemas de comparabilidad para la región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya información procede a su vez de organismos oficiales de cada uno de los países.

En cuanto a las estimaciones sobre pobreza y distribución del ingreso, se ha combinado dos fuentes para observar su evolución: las investigaciones de FLACSO - Costa Rica v especialmente la realizada por Trejos, J.D. y Menjívar, R., La pobreza en América Central, FLACSO, San José, 1992, y las estimaciones de CEPAL recogidas en su publicación Magnitud de la pobreza en América Latina, Santiago de Chile, 1991. Las cifras más actuales sobre el crecimiento de la pobreza han sido tomadas del informe que el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) presentó a la Tercera Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina, celebrada en la sede de CEPAL en Santiago de Chile en 1992.

La información demográfica ha descansado fundamentalmente sobre los Censos de Población (el último realizado en 1984) y sobre las estimaciones realizadas conjuntamente por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), publicadas tanto en boletines nacionales como en los Boletines Demográficos de CELADE emitidos desde su sede en Santiago de Chile. También se ha utilizado las Encuestas de Hogar que en Costa Rica tienen cobertura nacional.

Entre algunos temas que merecen observaciones metodológicas se encuentra el de la jefatura de hogar. En el Censo, la definición de Jefe de Hogar procede del reconocimiento que en tal sentido hace la propia familia. Esta definición subjetiva introduce un sesgo cultural, puesto que como se indicó, en la cultura latina se asocia la idea de jefatura al sexo masculino.

En cuanto a la población indígena, dado que - por ley- Censos y Encuestas no registran información desagregada por grupo étnico, se ha tenido que acudir a estimaciones tentativas (como se hizo para el caso de la población negra) e investigaciones sobre los territorios indígenas, como la realizada por Guevara, M. y Chacón, R., publicada en la Revista Aportes, San José, octubre de 1992.

La existencia en Costa Rica de Encuestas de Hogar continuas y de cobertura nacional evita los diversos problemas sobre participación económica que se presentan en otros países, cuando tales Encuestas son discontinuas o sólo de cobertura urbana. Pero no superan los problemas generales de medición del trabajo económico femenino, referidos a la subrepresentación que regularmente padece la participación de las mujeres, especialmente en los ámbitos rural e informal.

El subregistro es mayor en los Censos que en las Encuestas, y ello se traslada a todo tipo de estimaciones realizadas sobre la base de los datos censases, como sucede con las de CELADE: la tasa de participación femenina estimada por este organismo para 1990 es del 22% y la recogida por la Encuesta de ese mismo año es del 30%. Por ello en este proyecto se emplea, siempre que es posible, las Encuestas de Hogar, siguiendo las recomendaciones de INSTRAW al respecto. Un aspecto específico de Costa Rica es la consideración oficial de subempleo cuando una persona trabaja menos de 47 horas semanales deseando trabajar más. Este limite es apreciablemente mayor que el de otros países latinoamericanos (que suele situarse en tomo a las 35 horas), por lo que se ha preferido señalar este hecho pero mostrando la desagregación por horas semanales trabajadas, en un abanico amplio.

En cuanto al problema de la evaluación del trabajo informal, se ha usado la estimación realizada en 1992 por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano sobre la base de las Encuestas Nacionales de Hogares, referida al sector informal urbano.

La información estadística de este capítulo se refiere a dos universos: el correspondiente a la población general y sus declaraciones en materia educativa en Censos y Encuestas de Hogar, que se utiliza aquí para examinar el analfabetismo y el nivel de estudios cursados por la población; y el compuesto por las matrículas registradas en los propios centros y compiladas por el Ministerio de Educación y la UNESCO.

En cuanto al analfabetismo, es necesario subrayar que se establece por autodeclaración y que no existe información del analfabetismo funcional. En cuanto a la información sobre el volumen de matrícula no existe dificultad en los niveles primario y secundario de la educación, pero sí en cuanto a los estudios universitarios, donde los datos son más fragmentarios y frecuentemente no son compilados con desagregación por sexo. Para superar esta dificultad se acudió a la investigación del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), sobre análisis cuantitativo y cualitativo de la participación de la mujer en las universidades centroamericanas confederadas en el CSUCA, realizada en 1989.

Como se indicó, el análisis de la condición educativa de las mujeres se ha referido sobre todo a los resultados del proceso educativo, cuantificables estadísticamente, y no tanto a las características del propio sistema educativo ni a los aspectos más cualitativos de construcción de los roles sexuales a través del proceso de socialización. No obstante, en cuanto a este último aspecto se incluye aquí un estudio de la presencia femenina en los textos escolares, realizado en 1991 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) y las agencias de Naciones Unidas UNICEF y UNIFEM, que ha buscado analizar los roles y estereotipos sexuales presentes en los textos escolares oficiales ya modernizados (Serie Hacia la Luz).

Las fuentes utilizadas en este capítulo han sido principalmente el Ministerio de Salud Pública, la DGEC, CELADE, y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS). La fuerte necesidad de combinar estas fuentes procede del hecho de que existen lagunas importantes en la información sanitaria y, frecuentemente, ésta no viene desagregada por sexo.

En el plano de la salud reproductiva hay algunos aspectos donde la información es particularmente deficiente. Es el caso del aborto, del que sólo se conoce datos referidos a las hospitalizaciones por esa causa, cuando se sabe que sólo una reducida parte de los abortos voluntarios llegan al sistema de salud. La información sobre la planificación familiar y el uso de medios anticonceptivos se ha obtenido de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

La situación jurídica de la mujer se analizó a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal y Código del Trabajo. Se eligió estos textos porque cada uno de ellos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial para ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.

Se incluyó también un capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada y escasamente reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las situaciones son siempre diferentes.

Si bien el análisis se ajustó al derecho positivo, en algunas ocasiones se aludió a reformas legales que están pendientes en el Parlamento y que podrán contribuir a mejorar la condición de la mujer. No fue posible obtener información sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.

Como en el resto de América Latina, la información estadística en este área encuentra serias dificultades, ante todo, porque la mayoría de los organismos e instituciones no llevan un registro estadístico regular y confiable, y cuando lo hacen, frecuentemente no desagregan los datos por sexo. Por esta razón, este capítulo se ha cubierto a través de la investigación realizada en el seno de las instituciones mismas, tanto públicas como privadas, además de un seguimiento de publicaciones oficiales entre las que destaca el Diario Oficial La Gaceta.

En el caso del poder judicial se ha utilizado la investigación realizada por el Centro para la Administración de la justicia (CAJ) en 1991, sobre la participación femenina en la judicatura . En cuanto a los poderes ejecutivo y legislativo se ha partido de la investigación realizada para Naciones Unidas, por Ana I. García sobre participación femenina en la toma de decisiones en el caso de Costa Rica.

Para obtener alguna imagen sobre el problema de la violencia doméstica contra la mujer, se ha usado el informe de los trabajos realizados por la Delegación de la Mujer, que reúne las denuncias recibidas en tal delegación. Como se sabe, estas cifras representan una exigua proporción de este problema que recién está surgiendo a la luz pública.

Este capítulo ha presentado la mayor dificultad en cuanto a la información disponible. Destacan entre los problemas encontrados: a) la ausencia de fuentes oficiales de información e inexistencia de un ente que centralice los datos disponibles, con la sola excepción de los centros de madres; b) la falta de registros históricos en las propias organizaciones de mujeres. Estos hechos impiden configurar un cuadro completo de la evolución de los organismos, instituciones y organizaciones involucradas en el mejoramiento de la condición femenina.

La cuantificación de organismos según sus funciones principales, que aquí se utiliza, ha sido realizada por la investigación conjunta de FLACSO y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Una actualización de la misma se ha obtenido del Directorio de Organizaciones de Mujeres que contiene la Agenda de Mujeres Centroamericanas de la Fundación Género y Sociedad (CESO).

Este capítulo ha presentado la mayor dificultad en cuanto a la información disponible. Destacan entre los problemas encontrados: a) la ausencia de fuentes oficiales de información e inexistencia de un ente que centralice los datos disponibles, con la sola excepción de los centros de madres; b) la falta de registros históricos en las propias organizaciones de mujeres. Estos hechos impiden configurar un cuadro completo de la evolución de los organismos, instituciones y organizaciones involucradas en el mejoramiento de la condición femenina.

La cuantificación de organismos según sus funciones principales, que aquí se utiliza, ha sido realizada por la investigación conjunta de FLACSO y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Una actualización de la misma se ha obtenido del Directorio de Organizaciones de Mujeres que contiene la Agenda de Mujeres Centroamericanas de la Fundación Género y Sociedad (CESO).