Las mujeres costarricenses han participado en la historia social y política del país desde que éste existe como nación independiente. Sin embargo, esa participación sólo ha sido evidente en ciertas coyunturas específicas, cuando mujeres extraordinarias realizaron acciones ejemplares o cuando sectores de mujeres salieron a la luz pública de forma relevante para defender sus derechos o los de todos los ciudadanos. En circunstancias normales su contribución al desarrollo de Costa Rica ha transcurrido veladamente o ha resultado invisible.

A su vez, la vida de las mujeres ha estado condicionada por las peculiares características del desarrollo histórico costarricense: el crecimiento de una sociedad rural de mediana y pequeña propiedad, la sociedad exportadora y cafetalera, el rechazo a la dominación filibustera externa, la consolidación de una pronta república democrática, la guerra civil y la eliminación del Ejército, la modernización industrial, la participación en la crisis centroamericana y en su solución pacífica.

Durante las distintas fases de ese proceso, la situación de las mujeres ha ido cambiando, conforme se acentuaba su percepción como sujeto de obligaciones y derechos. Un hito de ese cambio fue la adquisición de su ciudadanía plena, al obtener el derecho a elegir y ser elegida en 1949. Puede afirmarse que, en la segunda mitad de este siglo, la conciencia sobre la necesidad de superar los obstáculos que discriminan a las mujeres en Costa Rica ha producido avances significativos, especialmente si se examinan en el contexto latinoamericano.

En estas últimas cuatro décadas las características vitales de las costarricenses se han modificado notablemente. Su perfil demográfico ha cambiado, especialmente por cuanto redujeron drásticamente su fecundidad: a comienzos de los años cincuenta cada mujer tenía un promedio de siete hijos, y al inicio de los noventa ese promedio no alcanzaba los tres hijos. No obstante, tienden todavía a emparejarse prontamente y a tener una proporción apreciable de hijos en edades de riesgo. Son aún medianamente jóvenes y la mitad reside en zonas rurales.

En los últimos veinte años su participación en el mundo laboral ha crecido fuertemente, hasta aproximarse a constituir un tercio del total de la Población Económicamente Activa (PEA). Trabaja en torno al 30% de las que están en edad de hacerlo (mientras esa cifra en los hombres es más del 75%), principalmente en el sector servicios y como personas dependientes de un salario. Una proporción estimable se ocupa como profesionales y técnicas, especialmente en la administración pública.

Las costarricenses presentan hoy un nivel educativo bastante elevado en el contexto latinoamericano y ya han alcanzado a los hombres en distintos aspectos, aunque presentan todavía una fuerte segmentación a la hora de elegir carrera. Tienen una tasa muy baja de analfabetismo, una alta cobertura de escolarización y una participación ligeramente superior a la del varón en la enseñanza secundaria y levemente inferior en los estudios universitarios. Este aumento notable de su nivel educativo ha significado que la PEA femenina posea ya una cantidad de años de estudios apreciablemente mayor que la PEA masculina. Con todo, las costarricenses siguen teniendo más problemas de empleo que sus compatriotas varones y obtienen menores ingresos por su trabajo.

Otro aspecto que ha mejorado en las últimas décadas ha sido la situación de salud de las costarricenses. Con ello han aumentado su esperanza de vida, que hoy es de unos 77 años. Sin embargo, con la crisis de los ochenta, algunos aspectos sanitarios han empeorado, especialmente entre las mujeres que han ido quedando por debajo de la línea de pobreza. Se estima que la pobreza ha aumentado apreciablemente en Costa Rica durante la década anterior (pasó de un cuarto de la población en 1980 a un tercio en 1990).

La mayor participación social de las costarricenses no ha tenido una traducción paralela en su presencia en las instituciones políticas. Están ausentes o son una reducida minoría en los poderes públicos: apenas significan un 12% de la Asamblea Legislativa, y en la Administración de Justicia participan bastante en la base del sistema, pero sólo son un 4,5% en la Corte Suprema. Esta circunstancia (participación en la base, ausencia o presencia mínima en la cúspide) es la norma general de la condición femenina en el sistema sociopolítico de Costa Rica, como sucede en toda América Latina.

Estos contrastes son denunciados por una cantidad importante de grupos de mujeres que han surgido en las últimas décadas, siguiendo el camino de las organizaciones y las mujeres pioneras que desde el siglo pasado colocaron sus reivindicaciones de género al interior de la vida nacional. En el plano gubernamental, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) fue creado en 1975 para apoyar la promoción de las costarricenses.

El proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras fue desarrollado en Costa Rica tomando en consideración los resultados de la investigación precedente "Mujeres Centroamericanas", realizada por Ana Isabel García y Enrique Gomáriz desde la Secretaría General de FLACSO en Costa Rica, cuya ampliación y actualización se efectuó sobre la base de la colaboración entre esa Secretaría General y la actual Sede Académica de FLACSO en Costa Rica.