Sindicatos

La actividad sindical comienza en Colombia hacia 1910, con la conformación de los primeros sindicatos. Entre 1919 y 1929 tuvieron una alta capacidad de movilización, orientada por ideales socialistas, en cuyo contexto se destacó María Cano, líder sindical reconocida por su capacidad de agitación popular. En los años 30 obtuvieron leyes que protegieron el derecho de asociación, de huelga, la jornada de ocho horas y vacaciones remuneradas, culminando en 1935 con la creación de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) -primera central obrera del país- y al año siguiente, con el primer congreso nacional obrero.

Los trabajadores organizados se sumaron en 1957 al movimiento que terminó con el derrocamiento del dictador Rojas Pinilla y las dos grandes centrales sindicales ingresaron como socias al Frente Nacional, lo que les permitió negociar y obtener mejorías en su situación. Desde 1974, al concluir éste, se acaba también la hegemonía de las centrales tradicionales para abrir paso a nuevas confederaciones de tendencias ideológicas diferentes. En 1988 se creó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como organización de convergencia, la que en su constitución acordó luchar contra la discriminación de la mujer.

La presencia de las mujeres en las organizaciones sindicales tiene relación directa con su incorporación masiva al mercado de trabajo remunerado. Esta las llevó a participar activamente en los conflictos laborales.

Las estadísticas sindicales muestran un avance de las mujeres en las organizaciones sindicales desde un 28% en 1964, a un 35% en 1977 y un 40% en los 80, cuando la participación femenina en la Población Económicamente Activa alcanzaba el 40%. En 1991 las mujeres representaban el 25,5% de los sindicalizados en Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle, siendo mayor su participación en los sindicatos de menos de 50 y de más de 200 trabajadores afiliados. No obstante, hay diferencias importantes entre los sectores estatal y privado. En el sector privado, la participación femenina promediaba el 19,5%, concentrándose en sindicatos pequeños y de entre 150 y 500 afiliados. En el sector público, en cambio, las mujeres representaban el 39,7% de los afiliados y el mayor porcentaje estaba en los sindicatos de más de 500 afiliados (46,2%).

Los sindicatos del sector público han permitido la consolidación de reconocidas dirigentas, posibilitando a algunas de ellas trascender al ámbito nacional. Entre las organizaciones de trabajadores del Estado se destacan la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), que incluye un alto porcentaje de maestras y mantiene un taller permanente de trabajo sobre los problemas de la mujer, y la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), con 58 sindicatos, ocho de ellos dirigidos por mujeres. En 1985 esta Federación era dirigida por una mujer.

En 1991 la distribución de la participación femenina según rama de actividad económica en Santafé de Bogotá presentaba diferencias importantes. Se observa una mayor presencia en las ramas agropecuaria (57,0%), comercio y hoteles (50,2%), servicios sociales y comunales (48,2%), electricidad, gas y agua (40,3%) y servicios financieros (35,1%). Por el contrario, en transportes y comunicación las mujeres alcanzan apenas un 8,6% y en construcción un 10,6%. La alta presencia en servicios es un claro reflejo de la mayor participación laboral femenina en esos mismos sectores económicos.

A pesar de los avances obtenidos, los recientes procesos de recomposición de las grandes confederaciones sindicales han dejado fuera a las dirigentas, quienes han ocupado unos pocos cargos entre 14 ó 15 directivos, ratificando la tendencia observada en otras organizaciones donde las mujeres ejercen un liderazgo en las bases y en los niveles intermedios, sin alcanzar los puestos de mayor jerarquía.

Cooperativas

El cooperativismo colombiano surge en los años 30, en el marco de la crisis económica. Lentamente ha avanzado, obteniendo mayores apoyos en el ámbito gubernamental y legislativo.

Connotadas mujeres han apoyado el movimiento cooperativista, en la legislatura, en el campo de la educación, creando algunas cooperativas. Sin embargo, sólo en la década de los 70 comienza a notarse un mayor interés de mujeres por asociarse, y en los años 80 su incorporación es un hecho notorio. Un estudio reciente revela que en 1987, en una muestra de 103 cooperativas, las mujeres constituían el 42,1% de los socios, aun cuando sólo alcanzaban un 32% en los Consejos Administrativos y la gerencia femenina llegaba únicamente al 29,7%. Su mayor participación se daba en las cooperativas de más de 200 socios y eran gerentes en las cooperativas de 100 a 200 socios.

No obstante, en 1989 y 1990, la gerencia femenina a nivel nacional alcanzó escasamente al 12,4% y 14,7% respectivamente. Al mismo tiempo, las cooperativas de mujeres eran sólo el 1,5% del total nacional, teniendo grandes dificultades para su desarrollo y consolidación.

Organizaciones barriales

Juntas de Acción Comunal

El gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) creó, hace más de treinta años, las Juntas de Acción Comunal como un instrumento para el desarrollo de la comunidad mediante la participación solidaria de los sectores populares. Sin embargo, rápidamente fueron integradas a los sistemas de instrumentalización de la clase política de los partidos tradicionales. En este contexto, las organizaciones comunales ocuparon el papel de "agentes" barriales de los "jefes" políticos. Su influencia positiva ha sido la construcción del hábitat popular y la elevación de sus niveles de vida por sobre la extrema pobreza, sin traducir efectivamente una mayor participación popular. En los años 80 se rompió el molde tradicional liberal-conservador y se modificó el concepto de organización comunal y su relación con el Estado y los partidos. La reforma municipal de 1986 y la nueva Constitución de 1991 apuntan, precisamente, a transformar este ámbito local y la participación de las organizaciones de base.

En este proceso de democratización, la incorporación femenina encuentra barreras importantes por sus limitaciones en educación, ingresos, disponibilidad de tiempo e independencia personal. En las directivas de las Juntas de Acción Comunal de Bogotá ésta fue, en 1987-1988, de un 20,6%, siendo mayoría las mujeres en el cargo de Secretario (54%) y ejerciendo sólo un 10,9% en las presidencias.

Otras organizaciones barriales

El Estado colombiano ha promovido también otras organizaciones comunitarias a través de programas de desarrollo social. Es el caso de los Comités de Participación Comunitaria, las Asociaciones de Padres de Familia de los Hogares de Bienestar Familiar, el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR), que busca un trabajo coordinado entre el Estado y la comunidad, y el Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil (PEDAFI), que entrega educación a grupos familiares conformados por padres, vecinos y jóvenes. En este último, tras 4 años de operación, el 80,7% de los participantes había correspondido a mujeres, en su mayoría campesinas. Las mujeres se han involucrado activamente en todos los programas y proyectos que signifiquen mejoramiento de las condiciones de vida de su familia.

Además es pertinente señalar que existe en el país una larga tradición de formas de organización comunitaria, donde la participación de las mujeres ha sido siempre significativa. De hecho, ha constituido una práctica permanente de indígenas y campesinas que han tenido en su momento diferentes denominaciones, como "minga", "convite", "mano vuelta" y otros. Las mujeres se incorporan a grupos "alternativos", llamados también "movimientos por la sobrevivencia", particularmente en invasiones o tomas de terreno, paros cívicos, huelgas, brigadas comunitarias para autoconstrucción de viviendas, puestos de salud, escuelas, ollas comunitarias, etc.

Sin embargo, a pesar de su presencia masiva en estos espacios locales, las mujeres también soportan aquí discriminación y marginación: ellas son líderes locales, impulsan actividades para el barrio, convocan las reuniones de los grupos, realizan actividades para conseguir fondos, acuden a las autoridades locales para reclamar la solución de problemas comunitarios, pero muy pocas son elegidas en los cargos de jerarquía y representación.

Organizaciones campesinas e indígenas

En el mundo campesino e indígena las mujeres han obtenido grandes logros, llegando a constituir, con el respaldo gubernamental, una gran organización nacional propia -la ANMUCIC.

En la Organización Nacional Indígena Colombiana, que en 1987 reunía a 18 organizaciones en el país, se han destacado mujeres dirigentas en diversos niveles, al tiempo que trabajan activamente en las comunidades.

Organizaciones de derechos humanos

La lucha por los derechos humanos en Colombia ha contado, desde los años 70, con organizaciones de mujeres, que han salido a las calles y realizado acciones de denuncia como la marcha de máscaras, antorchas, tribunas públicas por la vida y la alegría.

Entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos destaca la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), que cuenta con numerosas mujeres entre sus integrantes. Por otra parte, mujeres como las juezas Martha Lucía González, investigadora de la masacre de 43 personas en Urabá (1988), cuyo padre fue asesinado en represalia, y su sucesora, María Elena Díaz Pérez -muerta poco después-, han jugado un rol importante en la lucha por la vigencia de esos derechos y el fin de la violencia. Sin embargo, su acción les valió la más brutal venganza, como a numerosos dirigentes y activistas.

 

Fuentes: Departamento Administrativo de Acción Comunal, En Páez, Ocampo y Villarreal, Op. Cit.