La participación de las mujeres chilenas en el desarrollo socioeconómico del país ha estado condicionada por los cambios generales de ese desarrollo, así como por su propia situación de género. Pero, en términos globales, dicha participación ha tenido lugar a través de dos vías fundamentales: el trabajo en el ámbito doméstico y el trabajo en las actividades relacionadas con el mercado económico.

Por antiguas razones culturales, también en Chile se estableció una determinada división sexual del trabajo, donde a la mujer se le atribuyó la responsabilidad del trabajo doméstico, en tanto al hombre le fue asignada la actividad considerada como propiamente económica. Así, hasta hoy día, la mujer debe realizar el cuidado del hogar y la familia, independientemente de que participe o no en el mercado laboral.

Además, convencionalmente, sólo las actividades consideradas económicas están incluidas en las cuentas nacionales. Los intentos por medir la contribución del trabajo doméstico a la economía nacional aún no han tenido resultados que modifiquen las convenciones. Así como tampoco ha concluido la discusión sobre si sería posible retribuir económicamente ese trabajo doméstico y, algo fundamental, si ello mejoraría o no la condición de las mujeres.

En todo caso, sobre lo que sí hay coincidencia es acerca de que, desde los orígenes de la República, además del trabajo doméstico, una proporción de mujeres también ha desarrollado actividades consideradas económicas. En las zonas rurales, mayoritarias durante el siglo XIX, las mujeres realizan estas actividades, en muchos casos, como una extensión de sus tareas domésticas, sin retribución alguna. En las zonas urbanas, donde la identidad del trabajo productivo remunerado es mayor, lo hacen como parte de la actividad asalariada o que retribuye ingresos.

La participación femenina en la población que desarrolla actividades económicas, o Población Económicamente Activa (PEA), ha crecido sostenidamente en los últimos treinta años, pasando de ser un cuarto a un tercio de la misma. Ello representa también cerca de un tercio de las mujeres en edad de trabajar, aunque se sabe que esta magnitud sufre de un subregistro, especialmente respecto del trabajo que realizan las mujeres en el sector informal y en el agrícola.

Este crecimiento de la participación económica femenina ha seguido -atravesando la crisis que azotó América Latina durante los ochenta- a un ritmo mayor que el de la participación masculina, incluso a pesar de que, por décadas, los problemas de desempleo han afectado más a las mujeres.

La mencionada división sexual del trabajo indujo históricamente a las mujeres a ejercer ocupaciones diferentes a las realizadas por los hombres. De esta forma, hoy día las mujeres chilenas se ocupan principalmente en servicios personales, trabajo de oficinas y ventas. Sin embargo, destaca -igual que en el resto de América Latina- la apreciable proporción de técnicas y profesionales. Como en otros ámbitos de la vida social, las mujeres son minoritarias en los cargos de dirección y control.

Aunque las mujeres que participan en la PEA tienen ya un mayor nivel educativo que los hombres, siguen percibiendo salarios menores, bien porque ocupan puestos de menor rango, o bien por directa discriminación en razón de su sexo.

Todo indica que las dificultades de las mujeres para acceder al mercado de trabajo ya no están relacionadas con la educación formal que adquieren, sino con la falta de capacitación para responder a las demandas del mercado de trabajo y con la segmentación en que caen a la hora de elegir profesión o carrera universitaria.

Este conjunto de problemas sigue referido, en general, a los condicionamientos culturales aún existentes, y, si bien es cierto que se ha flexibilizado la tradicional división sexual del trabajo, todavía tiende a considerarse socialmente que las mujeres participan en las actividades productivas como fuerza de trabajo secundaria. Esto supone que sean juzgadas en el empleo no por su capacidad profesional concreta -y por tanto retribuidas en esa medida- sino en relación (complementaria) con la responsabilidad masculina central de la actividad económica, tanto en el ámbito público como en el privado.