Las mujeres participaron en actividades colectivas desde muy temprano en Chile, teniendo presencia significativa en la acción social desde la Independencia. Esta participación no ha tenido, sin embargo, una presencia equivalente en la institucionalidad política: el reconocimiento de sus derechos, su incorporación en la representación partidaria y parlamentaria, en los gobiernos y otras instancias de poder, han sido lentos. En general, hay una participación importante a nivel de la base social que disminuye a medida que se acerca a grados mayores de poder.

La participación política y social de la mujer en espacios mixtos ha estado marcada por los procesos generales vividos por el país y por sus propias luchas como sector social. Recién en 1949, tras más de cincuenta años de movilización, las mujeres obtuvieron el derecho a voto en igualdad de condiciones que los varones. Posteriormente, las modificaciones de la ley de elecciones, especialmente la que fijó en 18 años el requisito de edad y autorizó el voto a los analfabetos, fueron ampliando su incorporación a los actos eleccionarios.

En septiembre de 1973, luego del golpe militar, la Junta instalada en el gobierno suspendió el ejercicio de todos los derechos ciudadanos, quemó los registros electorales, dejó fuera de la ley a los partidos que formaban la Unidad Popular y en receso a los demás. Designó a los alcaldes, se arrogó el poder de legislar y reprimió o controló toda forma de participación política y social. Numerosas leyes dictadas en este período apuntaron a ese objetivo. Estos hechos tuvieron consecuencias que perduran hasta el día de hoy en todas las formas de organización social y política: partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, juntas de vecinos, federaciones de estudiantes, centros de madres, etc.

Tras una intensa actividad opositora al gobierno militar -con gran protagonismo femenino- y de acuerdo con el itinerario político fijado por la Constitución elaborada por éste y plebiscitada en 1980 -sin garantías suficientes-, fueron confeccionados nuevos registros electorales y, en 1988, se realizó un referéndum para definir la continuidad del régimen militar. Dicho referéndum fue ganado por la oposición, dando inicio a un período de "transición democrática". En 1989, se llevaron a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias, restituyéndose las garantías y derechos ciudadanos.

El desafío actual es restablecer plenamente la democracia -el Senado actual incluye nueve senadores designados por el gobierno anterior-, elaborar una legislación coherente con ese modelo de organización social y política y sustituir las prácticas autoritarias tanto en organismos de gobierno como en la sociedad.

La participación de mujeres en las esferas política y social ha tenido serias limitaciones. A lo largo de la historia han estado prácticamente ausentes de los niveles de toma de decisiones, aun cuando están preparadas técnica y profesionalmente. El nombramiento de mujeres en los gabinetes ministeriales ha sido escaso y tardío. El actual gobierno, acogiendo las propuestas de las mujeres organizadas, creó el Servicio Nacional de la Mujer, destinado a coordinar políticas públicas para el mejoramiento de la condición femenina; su directora tiene rango de ministra y es la única mujer en el gabinete.

La presencia femenina en el Parlamento tampoco ha sido significativa, y en el poder judicial, si bien muchas mujeres lo han integrado desde la década de los cuarenta, nunca han llegado a la Corte Suprema ni han sido designadas como abogadas integrantes de Cortes.

Los partidos políticos no han conseguido atraer masivamente a las mujeres, lo que explica -en parte- su baja presencia en los poderes ejecutivo y legislativo. En el sistema vigente, son los partidos quienes proponen nombres de altos funcionarios al Presidente de la República y designan candidatos para los cargos de representación ciudadana.

Con respecto a la participación social, la temprana y creciente incorporación de las mujeres a la educación y a la fuerza de trabajo, entre otros factores, ha llevado a muchas de ellas a integrar organizaciones y grupos. Sin embargo, no existen registros desagregados por sexo que permitan establecer la proporción de mujeres y su evolución en las distintas organizaciones. En términos generales, es visible una concentración en ciertos tipos de organización y sectores de actividad. Las organizaciones comunitarias -de diverso orden- cuentan con mayor número de integrantes y líderes mujeres, junto con aquellas actividades profesionales tradicionalmente femeninas: matronas, enfermeras, secretarias y profesoras. Igual sucede con los servicios y el comercio, sectores que reúnen más mujeres en el ámbito gremial empresarial y sindical.

En el plano cultural es evidente que el país vive un proceso de modernización. Si bien persisten en la opinión pública afirmaciones radicales sobre el rol eminentemente reproductor de las mujeres, se han legitimado aspiraciones femeninas de participación en el mercado laboral, en el quehacer social y político y de su autonomía como mujeres. Al mismo tiempo, se abre la discusión relativa a una legislación que permita el divorcio con disolución de vínculo y que penalice la violencia en contra de la mujer.