La opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística y producida sobre todo por los organismos públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).
Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo ello teniendo en cuenta que, por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera comparable.
Señalamos a continuación algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema, para el caso de Chile.
Identificación Socioeconómica
Debido a problemas de comparabilidad para la región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya información procede a su vez de organismos oficiales de cada uno de los países. En Chile se agregó información del Banco Central y del Ministerio de Planificación y Cooperación.
No obstante, la evolución de la pobreza -cuya medición por niveles de ingreso muestra excesiva sensibilidad coyuntural- presenta dificultades de interpretación. El cambio entre 1988 y 1989, que señala una caída del nivel de indigentes del 22,9% al 14,9%, significa que una franja amplia de hogares pasó de estar por debajo del nivel estimado para obtener la mínima dieta alimentaria, a estar inmediatamente por encima. Ello no debería entenderse como que en un año cambió rotundamente la condición de indigencia de los hogares chilenos. Tal fenómeno habrá de ser confirmado con un análisis de tendencia a mayor plazo.
Demografía.
La base de la información demográfica son los Censos de población realizados, desde 1950, cada diez años aproximadamente, correspondiendo el último al año 1992. Para las series fueron utilizadas, a la espera de las cifras ajustadas de este último Censo, las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).
Respecto del estado civil, existe un considerable subregistro estadístico de las uniones consensuales (sólo aparece un 2%). Otro problema ha sido el dimensionamiento de la población indígena: no contando con información censal, se entrega estimaciones realizadas por instituciones especializadas. El Censo de 1992 reintrodujo una pregunta -de autoidentificación con una cultura indígena- pero aún no han sido publicados los resultados.
También presenta dificultades el tema jefatura de hogar. El INE define al Jefe de hogar como "la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar". Esta definición subjetiva introduce un sesgo cultural, a pesar del cual se registra una proporción apreciable de mujeres como jefas de hogar. Por otra parte, si se utiliza la familia como unidad de análisis, aparecen muchos núcleos familiares encabezados por mujeres dentro de un mismo hogar, aumentando en un 50% el número total de jefas de familia.
La declaración de legitimidad del recién nacido, aun cuando controvertida e imprecisa, es usada por el INE como categoría estadística desde 1982, siendo la única ofrecida. Previamente, en vez de "hijo ilegítimo" se usaba de referencia la situación civil de la madre y se decía "hijo de madre no casada".
Trabajo
Los problemas metodológicos se presentan en la medición general de la participación laboral de las mujeres. Existe amplio consenso acerca de que en la región hay un subregistro de dicha participación, especialmente en los sectores informal y agrícola, y cuando se ha intentado mejorar este registro, se han logrado valores apreciablemente distintos a los recogidos regularmente.
La situación más grave se presenta en la zona rural, donde sólo entre el 15% y el 20% de las mujeres en edad de trabajar declaran hacerlo, provocando una baja en la tasa de participación a nivel nacional, que paradójicamente muestra que ésta es menor ahora que en los años cincuenta. Al respecto se ha señalado dos causas: un cambio del rigor metodológico, en cuanto a la división entre actividad e inactividad, ocurrido en los años sesenta a nivel internacional, que dejó fuera de la actividad una serie de tareas agrícolas "complementarias", regularmente realizadas por mujeres; y al sistema valórico de sectores de la población, en cuanto al prestigio asociado a la mujer emparejada que no trabaja, que lleva a numerosas mujeres a declararse como inactivas ante los encuestadores.
Los Censos recogen débilmente la participación económica de la mujer cónyuge o conviviente, considerada "secundaria", produciéndose diferencias sustantivas entre ellos y lo que miden las Encuestas Nacionales de Empleo (ENE) sobre la materia. Siguiendo la recomendación de INSTRAW, se usó las Encuestas. Sin embargo, para mostrar una retrospectiva hasta los años cincuenta, fueron tomadas las series CELADE en base a Censos, dado que las ENE del INE proceden de mediados de los setenta solamente. Para los últimos años fueron utilizadas dos series de ENE diferenciadas en cuanto a la muestra y otros aspectos metodológicos secundarios. En efecto, de 1976 a 1985, dichas encuestas fueron realizadas sobre la base de la Muestra de Hogares Regionalizada (MHR) y desde 1986 en adelante, del Programa Integrado de Encuestas de Hogares (PIDEH). El cambio consistió en aumentar y actualizar la muestra. No obstante, de acuerdo a los estudios del propio INE, es posible solapar ambas series para las necesidades globales de este proyecto.
En las series entre 1976 y 1991, se modificó el límite de edad para la estimación del universo de población en edad de trabajar. A partir de 1982, las Encuestas sólo recogen la participación económica de las personas de quince y más años, mientras las anteriores recogían también las de doce a quince años. Por lo tanto, al eliminarse ese grupo de edad (12 a 15 años) en las encuestas de 1976 a 1982, las series completas de la participación económica según Encuestas están referidas a las mujeres y hombres de quince y más años.
La medición de la participación en el sector informal reviste dificultades porque no existen criterios comunes para delimitar las categorías y límites de dicho sector.
Educación
La información estadística de este capítulo se refiere a dos universos: el correspondiente a la población general y sus declaraciones en materia educativa en Censos y Encuestas de Hogar; y el compuesto por las matrículas registradas en los propios centros y compiladas por el INE, el Ministerio de Educación y la UNESCO.
En cuanto al analfabetismo, es necesario subrayar que se establece por autodeclaración y que presenta un volumen más alto en Censos que en Encuestas, por lo que su comparación no es rigurosa. No existe información del analfabetismo funcional en Chile, pero en todo caso, se estima que afecta más a mujeres que a hombres.
La información sobre capacitación profesional procede del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y está referida a los cursos solicitados en todo el país para que sean convalidados por este organismo. No es el universo de la capacitación ofrecida en el país, pero refleja un sector importante, dado que la certificación del SENCE es reconocida en el mercado chileno de trabajo.
Salud
Las diversas fuentes de este capítulo -Ministerio de Salud (MINSAL), INE, CELADE y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS)- presentan dificultades en los siguientes aspectos: a) hay importantes indicadores no desagregados por sexo en general o para algunos períodos; b) no hay registros disponibles para aspectos relevantes en la salud de la mujer, como los motivos de consulta, salud mental, salud laboral, comportamiento reproductivo, etc.; c) los egresos hospitalarios informados por el Ministerio de Salud dependen en forma importante de la oferta de los servicios, de los criterios de hospitalización y del acceso que tiene la población a esa atención; d) la información no está desagregada según factores diferenciales como la zona de residencia, el estrato socio-económico, nivel educativo, entre otros, de modo que la imagen que se entrega representa, en general, un promedio nacional.
Se utilizó fuentes complementarias como la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), centros académicos y entes especializados en encuestas de opinión pública, para ampliar la información.
Las cifras que entrega el cuadro "Evolución de la fecundidad bajo control médico, por tipo de método" corresponden a mujeres que controlan su fecundidad adscritas a programas de planificación familiar, con asistencia regular a control médico. Por ese motivo, la tasa de cobertura de las mujeres en edad fértil de esos programas es muy inferior a la que detectó la encuesta de fecundidad de APROFA en la Región Metropolitana (cuadro siguiente), que da cuenta de todos los métodos de control que utilizan las mujeres.
Legislación
La situación jurídica de la mujer se analizó a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal y Código del Trabajo. Se eligió estos textos porque cada uno de ellos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial para ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.
Se incluyó también un capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada y escasamente reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las situaciones son siempre diferentes.
Si bien el análisis se centró en el derecho positivo, en algunas ocasiones se aludió a reformas legales que están pendientes en el Parlamento y que podrán contribuir a mejorar la condición de la mujer. No fue posible obtener información sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.
Participación Sociopolítica
Entre las dificultades encontradas en esta área temática pueden destacarse: a) diferentes organismos e instituciones no llevan un registro estadístico regular y/o fiable, especialmente en el sector no gubernamental (el caso más ilustrativo es el de los partidos políticos); b) la histórica tendencia a no desagregar por sexo la escasa información disponible, omisión especialmente notable en esta área; c) la falta de registro en el ámbito de las organizaciones civiles; d) las dificultades adicionales que implicaron los diecisiete años de régimen militar para la elaboración de series evolutivas, generándose una laguna de información por la suspensión de toda actividad política y de representación, y las modificaciones legales que cambiaron las características de numerosas organizaciones.
Respecto del cuadro "Participación femenina en elecciones presidenciales", es pertinente señalar que la legislación vigente entre 1952 y 1970 establecía como límite de edad para votar los 21 años y no votaban los analfabetos. En las elecciones de 1989, el límite de edad para votar había bajado a 18 años cumplidos y votaron los analfabetos por primera vez en una elección presidencial.
Organismos y Acción de Promoción de la Mujer
Este capítulo ha presentado la mayor dificultad en cuanto a la información disponible. Destacan entre los problemas encontrados: a) la ausencia de fuentes oficiales de información e inexistencia de un ente que centralice los datos disponibles, con la sola excepción de los centros de madres; b) la falta de registros históricos en las propias organizaciones de mujeres. Todo esto se vio agravado durante el gobierno militar que restringió y controló algunas de ellas, persiguió a otras, y creó condiciones para el florecimiento de muchas más en la marginalidad y exclusión. Estos hechos impiden configurar un cuadro completo de la evolución de los organismos, instituciones y organizaciones involucradas en el mejoramiento de la condición femenina.
