Brasil logró en 1822 su independencia de Portugal, estableciendo una monarquía con una Cámara de Diputados elegida y un Senado designado. En 1889, después de un largo proceso de desintegración política, económica y social, agravado por el sistema esclavista, el Emperador fue depuesto y se proclamó la República, encabezada por un mariscal y fuertemente inspirada en las ideas positivistas que emanaban de las academias militares.

La llamada República Vieja (hasta 1930) se caracterizó por el dominio de las oligarquías rurales. Sin embargo, desde 1920 el país asistió a un proceso de industrialización y de urbanización, a la formación de un proletariado urbano y de capas medias que cuestionaron el poder oligárquico. En 1930 la insatisfacción popular culminó en una revolución que marcó el fin de esa etapa. Getulio Vargas, líder del proceso revolucionario, asumió la Presidencia.

Las mujeres brasileras no permanecieron pasivas a lo largo de la historia republicana, si bien su participación social y política está débilmente registrada. En términos generales, dicha participación ha estado marcada por los procesos vividos por el conjunto de la sociedad y por sus propias luchas como sector social.

Con posterioridad a la Revolución de 1930, y luego de dos décadas de movilización, obtuvieron el derecho a voto. Incluido en el Código Electoral en 1932, fue consagrado en 1934 en la Constitución Política. Sin embargo, no pudo ser ejercido por mucho tiempo, porque en 1937 Getulio Vargas disolvió el Congreso, promulgó una nueva Constitución y reprimió las demandas sociales, dejando en suspenso al naciente movimiento femenino.

La segunda mitad de la década del cuarenta vio el resurgimiento de acciones de mujeres en la política, contra el fascismo, por la amnistía, el regreso a la democracia, la carestía de la vida y los problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial en que Brasil participó enviando tropas de apoyo a los Aliados.

Entre 1945 y 1964 hubo una relativa estabilidad política y democrática en el país y las mujeres brasileras lograron ampliar sus derechos civiles. En 1964 un golpe militar derrocó al Presidente Joao Goulart. El gobierno militar intervino el Congreso, canceló los derechos políticos a numerosos parlamentarios y en 1965 instauró un sistema bipartidista. El único partido opositor permitido fue coartado permanentemente y la fuerte represión ejercida sobre la población permitió el triunfo reiterado del partido de gobierno y el ejercicio de un férreo autoritarismo. La represión política no impidió que además de los partidos políticos la oposición se constituyera en organizaciones barriales, comunidades eclesiales de base, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos y grupos de resistencia armada. Surgieron también, trayendo una nueva cultura política, los movimientos sociales, entre los cuales destaca el movimiento de mujeres y el feminismo como vanguardia ideológica.

En todo el período militar las mujeres participaron en organizaciones para la recuperación de la democracia, a la vez que plantearon sus demandas específicas, y -a partir de 1978- una vez que se inició la etapa de transición democrática, ese movimiento adquirió mayor expresión política y legitimidad.

En 1982 se llevaron a cabo las primeras elecciones estaduales y municipales, en las que el poder militar sufrió una fuerte derrota. A fines de 1983 se inicia una gran campaña por elecciones directas de Presidente. La campaña "Directas ya" ganó las calles y plazas con manifestaciones en todo el país. A pesar de ese movimiento, la elección presidencial se realizó por vía indirecta, con dos candidatos civiles, ganando el candidato apoyado por las fuerzas democráticas.

La incorporación de mujeres al Ejecutivo federal -iniciada en 1982- tuvo su auge en el período 1985-1990, cuando la presidencia volvió a ser ejercida por un civil. A contar de 1983 fueron creados Consejos de la Condición Femenina en algunos Estados, y en 1985, por ley, el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer. Estos revelaron una notable capacidad de presión sobre los diferentes niveles gubernamentales en todo el país. La participación en los gobiernos estaduales también ha sido muy baja. Las mujeres prefectas, en tanto, se han casi duplicado entre 1972 y 1992.

En 1986 se realizaron elecciones para una Asamblea Constituyente, la que elaboró una nueva Constitución, promulgada en octubre de 1988. Esta Asamblea estuvo integrada por veintiséis mujeres y 533 hombres, representando la mayor presencia de mujeres en el legislativo federal.

En el poder judicial, si bien a niveles locales y estaduales la participación femenina es creciente, sólo una mujer ha accedido a los Tribunales Superiores federales, más específicamente, al Tribunal Superior del Trabajo (TST).

La participación femenina en espacios mixtos, sea en organizaciones barriales, en sindicatos de trabajadores, profesionales o empleadores, es heterogénea. Mientras en las organizaciones de base las mujeres son muy activas y en sindicatos de profesionales tienen una presencia importante, no sucede igual en sindicatos de trabajadores. Es casi nula en las cúpulas de las organizaciones sindicales nacionales, de las principales organizaciones patronales y de los organismos profesionales de mayor trayectoria.