Como en otros países de América Latina, la crisis regional de los años ochenta significó en Bolivia la definitiva ruptura del modelo económico adoptado varias décadas atrás. Dicho modelo, de características muy singulares, ya había comenzado a deteriorarse con la crisis mundial de los años setenta, pero fue con la segunda onda depresiva, entre 1978 y 1982, cuando su desarticulación exigió claramente su pronto recambio.

El modelo económico boliviano se constituyó a partir de una relación particular entre el sistema sociopolítico y el aparato productivo, surgida de la revolución nacionalista de 1952. Sus principales fundamentos consistieron en una producción dominada por la actividad minera, en manos del Estado desde esa fecha, y en una producción agrícola dedicada al mercado interno sobre la base del campesinado consolidado por la Reforma Agraria de 1953.

Este modelo básicamente primario-exportador acompañó la expansión de la economía mundial durante los decenios cincuenta y sesenta, produciendo una modernización y urbanización moderadas, cuya demanda fue satisfecha por una industria manufacturera débil y, sobre todo, por el recurso a las importaciones. Todo ello, mientras el progresivo crecimiento poblacional hacía cada vez más difícil la absorción de mano de obra en el campo y, más aún, en el estrecho sector manufacturero urbano. La consecuencia social de este proceso fue el surgimiento de una pobreza estructural, rural y urbana, que en 1975 afectaba al 80% de la población boliviana.

Este modelo no fue afectado seriamente por las crisis políticas de inicios de los setenta, que concluyeron en gobiernos militares. De hecho, de 1972 a 1976 el Producto Interno Bruto (PIB) siguió creciendo por encima del 6% anual. Pero la segunda onda depresiva de la economía mundial (1978-1982), caracterizada por una caída grave de la demanda de los productos básicos, debilitó la comercialización minera externa y ello, dada su propiedad pública, acentuó gravemente los desequilibrios financieros del Estado. El recurso de las autoridades al endeudamiento y la desdolarización de la economía (o sea al cambio sobreevaluado) no consiguieron sino agravar los desequilibrios: en 1985 la recesión se asociaba a una hiperinflación desatada.

Desde 1985 se impuso un plan de estabilización, el cual ha tenido dos fases: una, de planteamiento e iniciación, entre 1985 y 1989, y otra, de aceleración, entre 1989 y 1993, cuando se determinaron los planes perentorios de privatización de las empresas y de liberalización y apertura de la economía. Como producto de este proceso se ha reducido un cuarto del empleo público, así como se ha constreñido el gasto social. Sin embargo, se ha logrado reducir la inflación y atraer la inversión extranjera hacia la economía boliviana.