La opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer (INSTRAW).
Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera comparable.
A continuación se formula algunas observaciones y se señala los mayores obstáculos metodológicos en cada tema para este país.
Identificación socioeconómica
Debido a problemas de comparabilidad en el conjunto de la región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya fuente base procede a su vez de los organismos oficiales de cada uno de los países.
Los datos sobre pobreza y distribución de ingresos proceden principalmente del Censo de 1976 y de CEPAL. No existen todavía estimaciones actualizadas para los primeros años noventa.
Demografía
Como se ha hecho para el resto de los países latinoamericanos, las series evolutivas de la población y su crecimiento han sido tomadas de las estimaciones que realiza CELADE en consulta con el Instituto Nacional de Estadística, INE, de Bolivia. Ahora bien, para examinar características específicas de esa población (conyugales, familiares, etc.) se han usado los datos de los Censos de 1976 y de 1992.
Sin embargo, el uso de esas series evolutivas tropieza en el caso de Bolivia con un problema metodológico de consideración: los resultados finales publicados del Censo de 1992 arrojan una población de 6.420.792 habitantes, es decir, en torno a un millón menos que las estimaciones previas, realizadas por CELADE en consulta con el INE, sobre la base del Censo de 1976. Las causas de esa apreciable diferencia pueden ser el distinto orden. Respecto de las estimaciones previas podrían proceder de a) errores en el cálculo para realizar las estimaciones; b) que dichos cálculos hayan partido de una base falsa, es decir, que el Censo de 1976 fuera de mala calidad; c) que la dinámica demográfica haya variado radicalmente de forma imprevista. Dado que CELADE realiza revisiones periódicas para actualizar las cifras de población (y publicarlas en sus sucesivos Boletines Demográficos), en consulta con el INE, parece poco probable que haya errores gruesos no descubiertos o fuertes cambios imprevistos (se han tenido en cuenta las Encuestas Demográficas y de Hogares realizadas en el período intercensal). En cuanto a la base de partida, existe un sólido consenso en CELADE y en la propia Bolivia acerca de la buena calidad del Censo de 1976.
Respecto del Censo de 1992 existe una doble percepción: hay coincidencia en cuanto a que se trata de un Censo de rápida ejecución y procesamiento, pero no existe esa misma coincidencia acerca de la tasa de omisión censal. Las autoridades económicas aseguran que los actuales resultados son válidos, sobre la base de un error que no supera el 4%. Pero si el excelente Censo de 1976 admitió prácticamente el doble, podría suceder que una revisión del registro censal de 1992, elevara apreciablemente esa tasa de omisión. Mientras esa discusión se resuelve, aquí se han demostrado las series de CELADE y los resultados del Censo, usando éste además ampliamente para mostrar estructuras poblacionales.
Otro problema metodológico ha surgido al tratar de ofrecer datos sobre población indígena. Dado que no existe información directa (este tema no se recoge en la boleta censal), es el uso de las lenguas lo que se emplea como referencia indirecta. Según el Censo de 1992 un 39,2% de la población habla habitualmente lenguas indígenas, tanto de forma mono como plurilingüe. Sin embargo, esta proporción refleja imprecisamente la composición étnica, dado que una cantidad de indígenas puede no estar usando su idioma materno, así como lo estaría haciendo una pequeña proporción de mestizos rurales.
Una dificultad más se refiere a la declaración de jefatura de hogar. Por factores culturales, que asocian la idea de jefatura al sexo masculino, se estima un fuerte subregistro en la jefatura femenina, especialmente en las zonas rurales y de elevada composición indígena.
Trabajo
La cuestión metodológica que regularmente se plantea en este capítulo, consistente en que la participación femenina presenta un fuerte subregistro principalmente en Censos, tiene en el caso de Bolivia una variante importante. Una modificación de la boleta, así como una mejor preparación de los medios de encuesta, permitieron al Censo de 1992 un registro más adecuado de la actividad laboral femenina. Ello ha significado que los datos censales se aproximen en este aspecto a los de las encuestas (la Encuesta de Hogares mostraba que las mujeres eran un 40% de la PEA urbana, cifra que era del 39% en el reciente Censo).
Ahora bien, aunque este mejor registro censal de la actividad económica femenina tiene considerables ventajas, entre ellas mostrar una estructura del empleo más comparable con la de los hombres (especialmente en cuanto a la proporción de mujeres realizando tareas agrícolas), presenta una desventaja colateral: no permite la comparación evolutiva con el Censo de 1976. Es difícil aceptar que la tasa de participación femenina se haya duplicado en 16 años (de 1976 a 1992), lo que significa un crecimiento de la PEA femenina de cerca del 300% en ese período. Esto es especialmente importante en el campo: no es fácil creer que las mujeres representarán sólo el 17% de la PEA rural en 1976 y el 40% en 1992. Esta dificultad está reconocida en el propio texto de presentación de resultados del Censo de 1992.
Educación
La información de este capítulo tiene dos tipos de fuentes: las referidas al estado educativo de la población general, que procede principalmente de Censos, y la información sobre matrículas, que se recupera del Ministerio de Educación y Cultura y de los propios centro educativos.
En relación a la información matricular existen graves deficiencias en dos áreas: la capacitación profesional y los estudios superiores. Respecto de la información profesional hay un subregistro notable, especialmente por cuanto no existen datos sobre la modalidad no formal. Esta misma circunstancia afecta a los datos sobre carreras profesionales no universitarias.
Salud
Este capítulo ha enfrentado los graves problemas metodológicos que proceden de la falta de cobertura del sistema de salud y de las estadísticas vitales. Según el Ministerio de Salud sólo se registraban oficialmente un 40% de las defunciones que sucedían anualmente a fines de los años ochenta. Esto significa que el cuadro epidemiológico obtenido de fuentes oficiales tendrá un considerable sesgo, respecto a las muertes sucedidas en las zonas menos cubiertas, que son las rurales. Es decir, el subregistro afecta sobre todo a las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias propias de las zonas agrícolas sin cobertura sanitaria. Por ello, en la presentación de resultados se ha tenido prudencia en cuanto a la explicación sobre la evolución de dicho cuadro epidemiológico.
La información sobre morbilidad es todavía más fragmentaria y tiene el problema adicional de que no está disponible desagregada por sexo. El uso de camas hospitalarias por sexo tiene sólo el indicador directo de la cantidad de egresos por causas obstétricas. Respecto a salud reproductiva, la primera encuesta nacional fue la realizada por INE/DHS en 1989, que ha constituido una importante fuente informativa.
Legislación
La situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal y Código del Trabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.
Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las situaciones son siempre distintas.
El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos específicos, la evolución de la ley.
No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.
Participación sociopolítica
Las dificultades presentadas por esta área temática remiten en parte al proceso político de Bolivia y también a la información disponible, no desagregada por sexo para varios indicadores. Es el caso de la participación femenina en elecciones, en partidos políticos y en organizaciones sociales. No fue posible obtener datos sobre directivas de los colegios profesionales, gremios empresariales y sindicatos. No existe un registro oficial público del Poder Judicial, motivo por el cual sólo se informa de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Nacional Electoral.
Para los antecedentes históricos y de contexto se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas. Entre ellas: Institute for the Comparative Study of Political Systems, Bolivia, Election Factbook, July 3, 1966, U.S.A., 1966; Viezzer, M., Si me permiten hablar: testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, Siglo XXI, México, 1978; Nash, J., We eat the mines and the mines eat us. Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines, Columbia University Press, New York, 1979; Ardaya, G., "El impacto de la crisis en la mujer minera", en Isis Internacional y MUDAR, Mujeres, crisis y movimiento. América Latina y el Caribe, Ediciones de las Mujeres Nº 9, Santiago de Chile, 1987; León, Rosario, "‘Bartolina Sisa’: la organización de mujeres campesinas en Bolivia", en Jelin, E. (Comp.), Ciudadanía e Identidad: las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos, UNRISD, Programa de Participación, Ginebra, 1987; Editora Tercer Mundo, Guía del Tercer Mundo. El mundo visto desde el Sur, Ediciones Colihue, Argentina, 1988; Rossells, B., La mujer: una ilusión. Ideologías e imágenes de la mujer en Bolivia en el siglo XIX, CIDEM, La Paz, 1988; Ardaya, G., Política sin rostro: mujeres en Bolivia, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1989; Medinaceli, X., Alterando la rutina. Mujeres en las ciudades de Bolivia. 1920-1930, CIDEM, La Paz, 1989; Revista Mujer/fempress.
Organismos y acción de promoción de la mujer
Este capítulo presentó dificultades en cuanto a la información cuantitativa disponible de organismos no gubernamentales que trabajan con mujeres a nivel nacional, organizaciones sociales de mujeres, feministas, gremiales, campesinas, sindicales y políticas. Tampoco se tuvo acceso a información cuantitativa sobre organizaciones indígenas.
Para la historia y el contexto se utilizó, además de las publicaciones señaladas para el capítulo anterior, los siguientes textos: Fundación San Gabriel/UNICEF, Mujer y Participación Política, La Paz, 1988; Fundación San Gabriel/UNICEF, Mujer y Participación Popular, La Paz, 1988; Memoria III Encuentro de Mujeres Receptoras de Alimentos Donados, UNICEF/Fundación San Gabriel/CIDEM, La Paz, 1990; Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, Informe Inicial de Bolivia, UNICEF, La Paz, junio de 1991.
