Las condiciones de salud de las mujeres argentinas han mejorado moderadamente en las últimas cuatro décadas, debido, por un lado, a que buena parte del cambio epidemiológico -que tuvo lugar en el conjunto de América Latina entre los años cincuenta y setenta- ya se había realizado en Argentina a mediados de siglo; y, por otro lado, a que el avance realizado entre 1950 y 1975 se vio frenado por el régimen autoritario y la crisis económica, que debilitaron el sistema de salud e hicieron retroceder algunas de las condiciones sanitarias básicas (aumento de la pobreza, etc.).
En efecto, en los años cincuenta se encontraban en proceso de cambio los tres factores que influyen fundamentalmente en el cuadro epidemiológico: la evolución demográfica, las condiciones sanitarias básicas y el propio sistema de salud.
En cuanto a la transición demográfica, Argentina ya era a mediados de siglo un país de población principalmente madura y de crecimiento demográfico moderado, lo cual impulsaba una composición etaria de la mortalidad caracterizada por el peso reducido de las muertes infantiles. A comienzos de los cincuenta, las defunciones de los menores de cinco años eran un 25% de los decesos totales, mientras en la mayoría de los países de la región esa cifra era del 50%.
Las condiciones sanitarias básicas se habían desarrollado considerablemente, tanto por el avanzado grado de urbanización, como por otros factores, como vivienda y alimentación. De hecho, un indicador grueso de salud como lo es la esperanza de vida al nacer, presentaba la segunda cifra más elevada de la región: a comienzos de los años cincuenta la población argentina tenía una expectativa de vida de 63 años, sólo superada por Uruguay, con 66 años.
Por otra parte, el sistema de salud sufrió en los cincuenta una expansión ostensible, con el desarrollo de la seguridad social basada en las obras sociales que fundaban las diversas ramas ocupacionales, dirigidas principalmente por su sindicato correspondiente. Pronto, los dos tercios de la fuerza de trabajo quedaron bajo la protección de este tipo de seguridad social, con lo que la cobertura sanitaria adquirió niveles que se aproximaron a los de Uruguay, los más avanzados -con mucho- en América Latina.
Este conjunto de factores operó para reducir apreciablemente la mortalidad de todos los grupos etarios en ambos sexos entre 1950 y 1975, especialmente la producida por enfermedades infecciosas tradicionales y la referida a las causas obstétricas. Sin embargo, en este período se incrementó poderosamente la mortalidad por accidentes y violencia, afectando sobre todo a los hombres, que fueron perdiendo años de expectativa de vida frente a las mujeres.
Desde 1976 puede apreciarse un nuevo período caracterizado por la aceleración de la transición demográfica, el deterioro de las condiciones sanitarias básicas y la fragilización y los cambios en el sistema de salud.
Durante los años ochenta se ha producido una caída estable de la fecundidad, lo que, junto a la concentración de personas en edades avanzadas, tiende a reducir el peso de la mortalidad infantil y aumentar la mortalidad en personas mayores, hasta un punto en que se comenzará a elevar la tasa general de mortalidad, como sucede ya en Uruguay.
En este contexto demográfico, la crisis económica y política ha ido desmejorando las condiciones sanitarias básicas, tanto por el aumento del nivel de pobreza, como por el deterioro de la calidad de vida.
El incremento de la pobreza ha sido notable durante las pasadas dos décadas, especialmente en las ciudades, donde, según datos de CEPAL, en 1970 sólo un 10% de la población urbana se encontraba bajo la línea de pobreza y en 1990 esa cifra había ascendido al 50%. Por otra parte, la crisis afectó considerablemente a diversos servicios públicos, desde la comunicación y los transportes, hasta los propios servicios sanitarios.
En cuanto al sistema de salud, desde el golpe militar de 1976, se produce un progresivo debilitamiento financiero, que alcanza su grado máximo con la crisis económica de 1982: ese año, el gasto en salud por persona fue solamente un tercio del que existía en 1975. Con la recuperación democrática de 1983, se trató de dar nuevo impulso al cauce financiero para salud, el cual se elevó apreciablemente hasta la llegada de los noventa, aunque sin alcanzar el nivel que tenía veinte años antes.
Con la crisis económica, este sistema de salud mostró más acentuadamente sus deficiencias, sobre todo en lo referido a la desigualdad de los servicios ofrecidos. La actuación de los tres subsistemas -público, de obras sociales y privado- contribuyó a aumentar la disparidad. El subsistema público ofreció unos servicios deficientes a la población no cubierta por las obras sociales ni el sector privado, estimada en un 25% del total de la población. El subsistema de obras sociales, que cubre un 65% de la población, acentuó su tradicional desigualdad entre las distintas obras profesionales. El subsistema privado, que cubre directamente al 10% de la población, es contratado por las obras sociales, poseyendo un tercio de las camas hospitalarias y generando el 50% de los egresos hospitalarios del país.
La disparidad y falta de coordinación del sistema fueron enfrentadas mediante cambios legislativos. En 1988 se dictaron las leyes de obras sociales y del Seguro Nacional de Salud. En la administración establecida desde 1989 se impulsa la privatización de los servicios y la flexibilización de la oferta de las obras sociales.
En este período, la condición de salud de las mujeres ha sufrido un deterioro en distintas áreas, que en algunos casos se ha traducido en apreciables retrocesos. De forma general, existe coincidencia en que el deterioro de los servicios sociales ha sido compensado por un mayor esfuerzo realizado en el ámbito doméstico. Por otra parte, la información disponible muestra el crecimiento de los tumores malignos localizados en el aparato reproductivo de la mujer, la mayoría de los cuales son prevenibles mediante sistemas de diagnóstico precoz. Es el plano de la salud reproductiva el que, desde luego, presenta mayores deficiencias en Argentina. Pese a la reducida tasa de fecundidad, los problemas obstétricos significaban todavía en 1986 la quinta causa de mortalidad femenina.
Contrasta en este contexto la grave falta de información estadística sobre planificación familiar, sobre todo en lo que se refiere al uso de medios anticonceptivos.
