EI sistema de salud argentino tuvo un temprano desarrollo, sobre la base de una fisonomía particular, caracterizada por el peso de una seguridad social de tipo corporativo. Desde los años setenta este sistema ha sufrido modificaciones, pero mantiene aún su estructura fundamental, compuesta por tres elementos: el sector público, el sector de las obras sociales, y el privado.

Este sistema atravesó un período de debilitamiento general con la combinación de gobierno autoritario y crisis económica que tuvo lugar en los primeros años ochenta. En efecto, la información estadística compilada por OPS indica que desde el golpe militar de 1976 desciende el flujo financiero destinado a salud, hasta el punto más bajo, situado en 1982, cuando el gasto por persona se reduce a un tercio del que existía en 1977. Con la apertura democrática de 1983 este gasto comienza a recuperarse, aunque sin alcanzar el nivel existente a mediados de los años setenta.

Este debilitamiento financiero se tradujo en un deterioro de la infraestructura sanitaria y en un retroceso de la of erta de servicios.

Teniendo en cuenta que el crecimiento poblacional de Argentina es bastante moderado, en 1980 había 5,4 camas de hospital por cada mil habitantes y esa cifra se había reducido a 4,8 en 1987.

Esta tendencia a la baja no se refleja en los recursos humanos más calificados, debido a la apertura del sistema universitario desde 1973 en un país con débil crecimiento demográfico: en 1980 había 24 médicos por diez mil habitantes, cifra que había ascendido a 30 en 1987.

Ahora bien, esos recursos físicos y humanos no atienden de una manera uniforme al conjunto de la población. Ante todo, el sistema público ofrece servicios deficientes a la población que no está cubierta por las obras sociales ni el sector privado, estimada en torno a un 25% del total. Pero el subsistema de obras sociales, que atiende a un 65% de la población, se ha caracterizado por su enorme disparidad interna, puesto que ha dependido del nivel de ingresos que tuviera cada profesión (que organizaba su propia obra social).

Por otra parte, las obras sociales son sólo entidades financiadoras que tienen escasos servicios propios (se estima que apenas poseen un 10% de las camas hospitalarias), contratando los servicios al sector privado, que aunque atiende únicamente al 10% de la población, tiene un tercio de las camas de hospital y genera en torno a la mitad de los egresos hospitalarios del país.

Esta situación ha tratado de corregirse mediante diferentes cambios legislativos: en 1988, con las leyes de obras sociales y del Seguro Nacional de Salud, y en la administración surgida en 1989, a través del impulso a la privatización y la flexibilización de la oferta de las obras sociales.

Este sistema de salud operó en el pasado sobre condiciones sanitarias básicas sólo moderadamente deficientes en el contexto regional.

Con niveles de pobreza relativamente contenidos y sin indices elevados de desnutrición, la población enfrentaba sin embargo deficiencias en cuanto a los sistemas sanitarios todavia en 1988 más un tercio de los hogares carecía de abastecimiento directo de agua, proporción que era del 83% de las áreas rurales (donde reside sólo el 15% de la población) Estas condiciones empeoraron con el aumento de la pobreza y el deterioro de los servicios sucedido desde mediados de los años setenta.

 

 Nota: No existe información consolidada en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Fuentes: INDEC, Situación y Evolución Social, 1993.