La afirmación de que los años ochenta fueron una década perdida para la economía latinoamericana resulta condescendiente cuando se trata de evaluar el caso argentino. En este país, los sucesivos intentos por adecuar el sistema productivo a las exigencias de la economía mundial sin afectar demasiado los patrones del mercado interno, condujeron primero a una depresión profunda y luego a un desequilibrio macroeconómico que pareció que iba a instalarse para siempre. De esta forma, al concluir este oscuro decenio el PIB argentino se había reducido a un promedio del 2% anual, en tanto el nivel de precios se había multiplicado por un factor de 1,8 millones y el tipo de cambio por 2 millones. El nuevo gobierno que asumió en 1989 creyó contar con el apoyo popular suficiente como para realizar el ajuste económico sin detenerse ante el costo social que ello implicara. Puede afirmarse que en pocos años modificó profundamente el sistema económico argentino.

El primer intento fue protagonizado por el gobierno militar que se inició en 1976, al tratar de establecer una economía abierta al exterior, sin lograr destruir demasiado el mercado interno. Tal ensayo concluyó en la depresión de 1981, con una contracción del PIB (-33,4%) sin precedentes en la región. Desde ese año a la tentativa de ajuste impulsada por el gobierno radical electo, conocida como Plan Austral, lanzada en 1985, el comportamiento de la economía argentina se abandonó a brutales oscilaciones.

La búsqueda de equilibrios intentada con el Plan Austral no logró derrotar a su principal enemigo, la hiperinflación, el que sí consiguió minar las bases del plan y finalmente producir el regreso a la depresión productiva en 1988 y 1989. Existe coincidencia en que el factor que impidió superar el desequilibrio financiero fue el déficit fiscal de un Estado que trató de sostener el funcionamiento de un sistema en crisis más allá de sus propias fuerzas.

El gobierno justicialista que tomó posesión del poder en 1989 decidió obtener los equilibrios macroeconómicos a cualquier precio. Rápidamente, obtuvo del Congreso la Ley de Reforma del Estado, que privatizaba casi todas las empresas públicas, la Ley de Emergencia Económica, que eliminaba los subsidios a la producción nacional, y seguidamente una Ley de Reforma Tributaria, que simplificaba el sistema impositivo, pero eliminando los tributos a las ganancias de capital y a los activos netos. En 1991 se lanzaba un audaz plan de estabilización (llamado de Convertibilidad) basado en la limitación por ley del monto de la base monetaria a su equivalente al saldo existente de reservas internacionales. La inflación se detuvo y, aunque con oscilaciones, la producción interna volvió a crecer. Ello, ciertamente, a costa de la destrucción del empleo y el traslado de la crisis hacia las regiones de mercado interno protegido, lo que, finalmente, ha generado tensiones sociales en diversas regiones del país, que en algún caso adoptó una forma explosiva. Tanto la crisis como los planes de ajuste que se impulsaron para superarla han contribuido a aumentar apreciablemente la pobreza y la distribución regresiva del ingreso. Según CEPAL, este retroceso ha sido particularmente grave en las ciudades: en 1970 sólo un 10% de la población urbana argentina se situaba bajo la línea de pobreza, proporción que había aumentado al 50% en 1990.