Los plátanos representan el cuarto alimento de primera necesidad a nivel mundial y son un cultivo crucial para la seguridad alimenticia de muchos países tropicales. Para al menos 15 países de América Latina y el Caribe, la variedad Cavendish ⁽¹⁾ constituye una fuente muy importante de ingresos por exportación, pero son más de 85 los países que producen plátanos y varios millones de personas se ganan la vida en el comercio de esta fruta. A pesar de que el comercio internacional tan sólo representa el 20% de la producción total, las condiciones sociales y ecológicas de esta producción reciben cada día más atención y críticas tanto en los países productores como en los consumidores. Además del 20% de plátanos que van a parar al comercio internacional, millones de pequeños campesinos de África, Asia meridional y América latina cultivan esta fruta para su proprio consumo o para abastecer los mercados locales, con poco o ningún insumo. Sin embargo, si este campesino produce para el mundo industrializado, le será necesario utilizar insumos "externos" (semillas, pesticidas, fertilizantes) en cantidades crecientes para ser competitivo en este mercado.

Paraíso

En Centroamérica, se cuenta una leyenda sobre la creación del plátano: el cuento empieza en un lugar idílico, semejante al Jardín de Edén, donde un grupo de gente, sentados en las riberas de un riachuelo murmurando cobijados por la sombra de un árbol gigante, disfruta la paz y la tranquilidad. Conversan hasta que Dios se junta a ellos.

Esto ocurre un sábado, justo después de la creación del mundo. En aquella época, Dios solía mezclarse con la gente y hablar con ella de vez en cuando. Además, según la leyenda, la Creación no estaba del todo acabada y aún faltaban algunas cosas. Dios preguntó a los presentes si se les ocurría algo que crear. Después de pensarlo, se pusieron a hablar de esto. Todo el mundo estaba de acuerdo en que debía ser una fruta que poseyera todas las cualidades y que no tuviera inconveniente. En otras palabras, una fruta perfecta. Dios aceptó la idea y preguntó a qué se debía parecer la fruta. Todos dieron su opinión, empezando por Diego Sindientes: "Señor, una fruta que fuera fácil de masticar, para que los que no tuvieran dientes pudieran comerla." Después intervino Pedro Pereza: "Una fruta fácil de pelar, no como la piña". Todos dieron su opinión sobre la fruta perfecta: debía ser nutritiva, totalmente comestible, no tener fibra, no ser putrescible, no muy dulce ni muy agria, no muy dura ni muy blanda, ideal para niños y adultos, cosechada todo el año. Cuando no se les ocurrió nada más, callaron y miraron a Dios, esperando.

Y Dios dijo: "La perfección no es de este mundo. Me gusta que la gente pueda perfeccionar las cosas. De no ser así, el mundo sería muy aburrido. En este caso, sin embargo, respetaré la voz del pueblo, porque ha sido unánime, y haré una excepción. Pero será la primera y la última." Y Dios creó el plátano.

No es más que una leyenda que refleja la importancia del plátano en la vida cotidiana de los centroamericanos. Sin embargo, la realidad ofrece un contraste duro con esta escena idílica. La unanimidad descrita arriba se ha convertido en unas relaciones laborales opresivas y típicas de la explotación. El uso de productos químicos en las grandes explotaciones ha dañado gravemente el jardín exuberante y la relación directa entre demanda y producción ha sido eliminada por el embrollo de normas e intereses comerciales y políticos. El mundo del plátano se parece más a una selva que a un edén agradable.

Un ejemplo clásico del Comercio Injusto de las materias primas

En el comercio del plátano, el poder económico está copado por unas pocas empresas que nunca han tenido que tomar en consideración las consecuencias socioeconómicas y ecológicas de su actividad sobre los habitantes y los países donde compran los plátanos. Los trabajadores de las grandes y medianas plantaciones y los campesinos que proveen el mercado mundial están apartados de los beneficios de este comercio tan rentable. Últimamente, la competencia entre productores ha obligado a éstos a mejorar su productividad, lo que se ha hecho a menudo a costa de las condiciones de trabajo y del medio ambiente.

Cuando el período de relativa estabilidad que caracterizó los años ochenta llegó a su fin, las multinacionales empezaron a librar una batalla intensa para hacerse con cuotas del mercado de la UE y del mercado mundial. No dudaron en presionar a los gobiernos de los países productores de tal manera que a muchos de ellos, desde Belice hasta Colombia, no les quedó más remedio que aceptar imposiciones de las multinacionales con respecto a aranceles, privilegios aduaneros, exportaciones libres de aranceles e importaciones de sus productos y de los insumos libres de impuestos, tratos de favor en el sistema bancario del país productor, etc. También presionaron a los gobiernos latinoamericanos para que adoptaran nuevas leyes en materia de derecho laboral que modificaran o derogaran las leyes existentes. Aprovechando la crisis del mercado mundial del plátano, las cuatro grandes multinacionales (Chiquita, Dole, Del Monte y Fyffes), los productores nacionales como Noboa en Ecuador y los gobiernos de América latina eliminan poco a poco muchos derechos de los trabajadores. Para esto, se niegan a firmar convenios colectivos, reducen los sueldos, aumentan la jornada de trabajo, alimentan la hostilidad hacia los sindicatos a través del "solidarismo" ⁽²⁾, avivan la persecución contra los sindicalistas y abandonan plantaciones sin pagar el finiquito.

Los peligros de los pesticidas

La producción intensiva de los plátanos y el uso de pesticidas pueden tener un coste muy alto para el ecosistema de los países productores. Para que la producción se haga en condiciones ideales, las plantaciones tienen una red de acequias de drenaje que desemboca en los ríos del lugar y, finalmente, en el mar. Según un informe de la UICN ⁽³⁾ de 1992, el promedio de pesticidas utilizado en el segundo país exportador del mundo, Costa Rica, alcanza los 44 kg./ha./año, comparado con un promedio de 2,7 kg./ha./año para la mayoría de cultivos en los países industrializados. La Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda evalúa que del total de los fungicidas fumigados por avionetas unas cuarenta veces durante el ciclo de cultivo, el 15% se lo lleva el viento fuera de la plantación, el 40% cae al suelo en lugar de quedar en las plantas y el 35% más o menos se lo lleva la lluvia. O sea, se pierde el 90% de los 11 millones de litros de fungicidas y emulsiones acuosas y oleosas pulverizados cada año en las regiones de producción de los plátanos. Además, cada tonelada de plátano que se exporta deja tras ella dos toneladas de residuos, de los cuales una buena parte son bolsas de plástico pulverizadas con herbicidas.

Costa Rica también encabeza la lista de los países con alta incidencia de envenenamiento por pesticidas. El consumo medio de pesticidas por persona es de 4 kg., ocho veces la media mundial de 0,5 kg. y dos veces la media de Centroamérica. Estudios realizados por la Universidad Nacional de Heredia demuestran que la tasa de envenenamiento por pesticidas es tres veces más alta en las zonas plataneras que en el resto de Costa Rica. Según un informe de 1993, la producción de plátanos encabeza la estadística de accidentes laborales (72%), seguida de la producción de flores y plantas decorativas (7%), de caña de azúcar (6%), de café (5%), de piñas (4%) y de pesticidas (2%). En Costa Rica, el 4,5% de los trabajadores agrícolas padece cada año un envenenamiento por pesticidas, un dato muy por encima de la estimación que la Organización Mundial de la Salud hace para los países en desarrollo (3%).

Los plátanos de Comercio Justo son "Oké"

El año 1996 trajo sin embargo buenas noticias para los productores y consumidores de plátanos. Rotterdam, el mayor puerto del mundo, acogió un acto significativo en la historia del comercio mundial: llegaron en barcazas los primeros envíos de plátanos de Comercio Justo procedentes de una plantación de Ghana con gestión medioambiental y de una asociación de pequeños productores de Ecuador. Unas 400 personas - representantes del gobierno neerlandés, prensa, supermercados, productores y sus contrapartes de toda Europa - festejaron este acontecimiento tan esperado. Solidaridad, la agencia de desarrollo neerlandesa, organizó y financió la iniciativa, con anuncios en horas de mayor audiencia. La conocida Fundación Max Havelaar es una garantía para los consumidores a la vez que innova al añadir criterios ecológicos a los criterios sociales más conocidos. También se ha creado una nueva sociedad comercial, Agrofair, de la cual los productores poseen una tercera parte. En Navidad, un mes después de su lanzamiento, los plátanos Oké habían conquistado el 10% del exigente mercado neerlandés. De por sí, este éxito marca un hito en la historia de Comercio Justo, puesto que, antes, el producto de Comercio Justo con mayor cuota de mercado era el café en Suiza con una cuota del 5%. El plátano se vende en las siete principales cadenas de supermercados. Pero el aspecto que afectará todavía más a las multinacionales a medio o largo plazo, es el hecho de que el precio pagado a los productores sobrepasa entre un 40% y un 80% el precio mundial, mientras que los consumidores pagan por el plátano Oké el mismo precio que por un plátano tradicional. Para esto, se han reducido sencillamente los márgenes en la cadena de distribución. Finalmente, esta estructura de precios le da la posibilidad a las asociaciones de productores de invertir una parte de los beneficios: de esta manera, los productores de Ghana adquirirán un 25% de la empresa en los cinco próximos años, mientras que los campesinos ecuatorianos los utilizarán para reforzar su organización y financiar un proyecto de mejora medioambiental.

El mercado internacional del plátano

La producción mundial de plátanos alcanza unos 50 millones de toneladas al año. Por razones climáticas, su cultivo está concentrado en África, Asia y América Latina. En 1970, América Latina era el principal productor con el 60% de la producción total, seguida de Asia con un 24% y África con un 10%. Pero en veinte años hubo un cambio marcado en el reparto por continente y en 1992 la cuota de América Latina se había reducido al 43% mientras que la de Asia subía hasta el 40%. Con un 10%, África conseguía mantener su cuota de mercado. Seis productores representan el 55% del total mundial (India, Brasil, Ecuador, Filipinas, China e Indonesia). Los dos mayores productores de plátanos, la India y Brasil, casi no participan en el comercio internacional.

De un productor a otro hay muchas diferencias en los sistemas y costes de producción y, por tanto, en su capacidad para competir en el mercado mundial. El mayor contraste se da entre las plantaciones de América Latina y los pequeños productores del Caribe oriental. En esta región no es posible producir en plantaciones y realizar economías de escala, por su topografía. Las explotaciones suelen tener menos de dos hectáreas y requieren un sistema de producción con mucha mano de obra, al contrario de América Latina donde las plantaciones pueden superar las 5000 hectáreas y requieren fuertes inversiones de capital en carreteras, drenaje, riego, transporte por cable e instalaciones de embalaje. Las inversiones pueden alcanzar los 13.000 dólares por hectárea, sin precio del terreno. Si bien los costes de producción son bajos en las plantaciones, éstas suscitan desde hace años mucha preocupación por el bajo nivel de los sueldos, la limitación de los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo deplorables y los disturbios políticos y sociales que les caracterizan.

En América latina, las exportaciones están controladas por tres transnacionales: United Brands (United Fruit Co.), conocida por el consumidor como Chiquita; Castle & Cook (Standard Fruit Co.) con la marca Dole y Del Monte. Representando casi el 64% del comercio mundial de plátanos, estas tres transnacionales pueden controlar el mercado y, en gran medida, fijar las reglas del juego. Si se les compara con las ventas totales de las tres grandes y su potencia financiera, las economías de muchos países productores son irrisorias. Así, el total de los ingresos por exportación de plátanos de los países ACP sólo representa el 10% del total de las ventas de Chiquita y sólo el 4% de las ventas de todas las multinacionales.

Esta estructura oligopólica está relacionada con la llamada integración vertical de estas compañías. Son dueñas de grandes plantaciones, barcos refrigerados especiales y empresas de maduración y distribución en los países consumidores. Esta integración vertical - que sólo está al alcance de grandes empresas - les permite economías de escala considerables y supone una ventaja comparativa respecto a los productores y comerciantes de menor escala. Pueden, por ejemplo, suministrar sin interrupción productos de calidad a un precio relativamente bajo. Estas empresas han podido siempre conservar una rentabilidad alta en la producción y distribución de plátanos. En mayo de 1995, la Asociación Bananera Panameña indicó que el precio pagado a los productores se había hundido de 5,25 dólares por caja de 18,4 kg. en 1992 a 3,86 dólares ⁽⁵⁾. Mientras tanto, los mayoristas europeos la venden por 26 dólares a los minoristas. La bajísima parte del precio pagado por el consumidor que le toca al pequeño campesino con una explotación familiar (5-12%) o al trabajador de las plantaciones (1-3%) hace del plátano un ejemplo clásico de la injusticia del comercio de las materias primas.

El mayor productor y distribuidor de plátanos es la empresa norteamericana Chiquita (antes United Fruit, conocida tanto por los sobornos que ha pagado en varios países de Centroamérica y su implicación en un golpe de estado en Guatemala como por su fruta). Perteneciente a United Brands, Chiquita vende aproximadamente una tercera parte de los plátanos del mundo, de lo que obtiene más o menos el 60% de sus beneficios (la sección de comidas preparadas de Chiquita - sobre todo carne y productos envasados - representa más o menos la mitad de su facturación, pero menos del 10% de sus beneficios). Le sigue muy de cerca otra empresa norteamericana, la Dole, propiedad de Castle & Cooke, un grupo dedicado a la inmobiliaria y a los productos alimenticios. Dole es el primer productor y distribuidor mundial de fruta y hortalizas frescas. Las dos empresas poseen inmensas plantaciones en Centroamérica y fijan de hecho los precios. La tercera multinacional del plátano se llama Del Monte, que fue comprada en junio de 1996 por el Grupo IAT de Santiago, el dueño de la tercera exportadora de frutas de Chile, después de haber cambiado de dueños varias veces. El sector de comidas enlatadas de Del Monte acabó en manos de un consorcio formado por los directores de Del Monte, la empresa alimentaria japonesa Kikkoman e inversores de Citicorp. Mientras tanto, la empresa irlandesa Fyffes (que compró la británica Geest en 1995 a mitad con la WIBDECO, una empresa de los gobiernos de las Islas de Barlovento) es el principal distribuidor de plátanos en el Reino Unido e Irlanda. Desde 1993, Fyffes ha firmado una docena de joint ventures en la Unión Europea y se ha colocado en tercera posición en el mercado europeo, por delante de Del Monte.

Si bien se suele asociar con más frecuencia las multinacionales con las exportaciones procedentes de América latina - y sobre todo Centroamérica - donde controlan directamente el 60% aproximadamente de sus exportaciones, no dudaron sin embargo en invertir en Filipinas y, más recientemente, en Indonesia después de la apertura del mercado japonés en los años 80. Son también activas, aunque en menor grado, en algunos países exportadores ACP. Así, Chiquita se ocupa de la gestión de la industria platanera de Belice, Surinam y Jamaica y, hasta la mitad de los años 80, era dueña de Fyffes, que tiene relaciones muy estrechas con la producción de plátanos en los países ACP. Sin embargo, desde principios de los años 90, las multinacionales abandonan la propiedad directa de las plantaciones para privilegiar contratos de garantía del suministro con medianos y grandes productores de los países donde trabajan. Esta tendencia no es propia del sector de los plátanos sino que caracteriza a todas las multinacionales del Norte, que pueden así trasladar a los productores nacionales la responsabilidad de respetar las condiciones laborales y ecológicas en las plantaciones y afirmar que estas condiciones están fuera de su control y que existen leyes nacionales para asegurar el respeto de las normas mínimas. Los sindicatos y las ONG de la región no hacen sino denunciar que las condiciones de trabajo y las prácticas medioambientales son en general tan malas en las plantaciones de propiedad nacional, por no decir peores, que en las plantaciones vecinas que pertenecen a multinacionales. La legislación en materia laboral y medioambiental es en general satisfactoria pero no se suele aplicar si no se lleva la infracción a los tribunales.

En la actualidad, las empresas plataneras Dole Fresh Fruit y Chiquita y las empresas químicas Dow, Shell y Occidental han sido llevadas a los tribunales por 16.000 trabajadores de 11 países por los daños causados por Nemagon (DBCP), un nematicida extremadamente tóxico que ha causado malformaciones congénitas, lesiones del hígado y los riñones y esterilidad. Prohibida ya en 1977 por la Agencia de protección del medio ambiente de EE.UU., esta sustancia se siguió utilizando en las plantaciones hasta 1990 en ciertos casos, a pesar de que las empresas conocieran los riesgos a los cuales estaban expuestos los obreros. Actualmente, Dow Chemicals y Dole intentan lograr un acuerdo extrajudicial para resolver este largo litigio. La empresa Dow, que sostiene que todos sus productos llevan los avisos pertinentes y que no se le puede considerar responsable si los usuarios no les hacen caso, ha ofrecido más de 20 millones de dólares a obreros de más de 12 países. Un portavoz de Dow aclaró que no se trataba de admitir su culpabilidad sino de una manera de acabar con un litigio ya largo y cuyo desenlace no se puede prever. La empresa condiciona la validez de su oferta a la aceptación de exigencias muy estrictas: los trabajadores tienen un mes para decidirse y Dow retirará su oferta si no la acepta el 95% de los trabajadores afectados. En lo que puede suponer romper filas con las demás multinacionales norteamericanas, Dole ha hecho, según lo que se dice, una oferta extrajudicial a los trabajadores afectados. En ambos casos, es de esperar que los costes legales se lleven una buena parte del dinero ofrecido, por lo que el importe que recibirán los trabajadores será irrisorio. A pesar de esto, no les quedará más remedio que aceptar.

Carlos Mora, secretario del medio ambiente del SITRAP (el sindicato de los trabajadores de las plantaciones de la costa Atlántica de Costa Rica), resultó estéril después de utilizar DBCP y, en un litigio anterior, se vio forzado a transigir por 7.500 dólares. En otro litigio, el de Gilberto Artavio Cambronero que también resultó estéril, el tribunal le dio la razón al trabajador contra la Standard Fruit Company (Dole) pero sólo le otorgó una indemnización de 388 dólares. Dole la pagó en cuotas mensuales de 6'50 dólares desde marzo de 1989 hasta 1994. En comparación, los obreros de la fábrica de California donde se producía el químico recibieron cada uno una indemnización de un millón de dólares.

Si bien se ha prohibido ahora el uso de DBCP, no se puede excluir una repetición de la tragedia. Entre los químicos utilizados en las plantaciones se encuentran por lo menos cuatro que la Organización Mundial para la Salud ha calificado de extremadamente nocivos (la categoría más peligrosa). Se trata de tres organofosfatos prohibidos en el Reino Unido y de Paraquat, un producto extremadamente peligroso prohibido en Finlandia, Austria y Suecia.

Ecuador

El sector platanero ha sido un pilar importante de la economía ecuatoriana desde 1950, cuando las condiciones favorables de la costa y la subida del precio permitieron una rápida expansión. En 1952, Ecuador ya se había convertido en el primer exportador mundial. Al final de la década de los ochenta, la proximidad de la integración de la Unión Europea y la apertura de nuevos mercados en los antiguos países de Europa del Este crearon muchas expectativas en torno a la demanda de plátanos. Anticipando estos acontecimientos, Ecuador aumentó su producción más que cualquier otro país. Grandes y medianos productores aumentaron su superficie cultivada y maximizaron los rendimientos por hectárea. Algunos campesinos, sobre todo los productores de cacao, se pasaron al cultivo del plátano. Las exportaciones totales se duplicaron desde 1.360.000 toneladas en 1986 hasta 2.700.000 en 1991 y 3.800.000 en 1996. Después del petróleo, el plátano es la segunda fuente de divisas del país y representó el 28% de los ingresos por exportación en 1996.

Para alentar la inversión en las nuevas técnicas de producción, la Standard Fruit Company (Dole) lanzó un método que fue pronto adoptado por otros exportadores. Dole firmó contratos de cinco años de duración con grandes productores, en virtud de los cuales éstos suministraban su producto únicamente a Dole. A cambio de esto, el "productor asociado" recibía créditos y asistencia técnica permanente. Esta relación exportador-productor aumentó la productividad de las plantaciones. Sin embargo, Dole no se responsabilizó de las condiciones de trabajo en las plantaciones. Transfería de esta manera a los productores "independientes" los conflictos sobre remuneración y condiciones de trabajo. Además de estos productores asociados, había otro grupo que hacía de productores "reguladores", a los que Dole utilizaba para poder reaccionar a las fluctuaciones del mercado mundial. Vendían sus plátanos a través del sistema tradicional de los cupos, por el cual los exportadores compraban parte de la cosecha para aumentar el volumen de exportaciones según las necesidades. Este sistema se rige sólo por la ley de la oferta y la demanda, sin que las partes adquieran ningún compromiso a través de contratos o préstamos. El exportador se limita a suministrar el embalaje, mientras que el productor o un intermediario se encarga del transporte. La posición de estos grupos de productores es aún más débil que la del productor asociado, puesto que no tienen la garantía de que el exportador les comprará el producto, lo que hace que su dependencia sea total. El exportador disfruta de un poder absoluto porque controla las instalaciones de exportación. De hecho, dicta los precios, puesto que la única alternativa que tienen los productores es vender la cosecha o dejar que se pudra.

Los exportadores producen sólo una pequeña parte de lo que exportan. Así, Noboa, el primer exportador del país, sólo produce el 20% de lo que exporta y compra el remanente directamente a otros productores.

Según el secretario de la Federación clasista de Trabajo del Oro, afiliada al FUT (Frente Unitario de Trabajadores), el número de sindicados es extremadamente bajo entre los trabajadores de las plantaciones. Para romper el poder del sindicato, las grandes empresas han pagado a los afiliados al sindicato el sueldo mínimo legal, mientras que pagaban mejores sueldos a los demás trabajadores. Además, dan el trabajo más duro a los trabajadores sindicados. La crisis internacional del plátano ha debilitado la posición de los trabajadores que ya no están contratados a largo plazo. Puesto que la legislación laboral de Ecuador da derecho a los trabajadores a un contrato estable después de un año de trabajo, las grandes empresas les obligan a renovar cada año su contrato con nombres ficticios. Además, tienen una lista negra de los sindicados y de los trabajadores "difíciles".

Consumo

Estados Unidos, Europa y Japón son los principales importadores de plátanos al comprar el 80% de las exportaciones. En 1995, el comercio mundial del plátano representó más de 8 mil millones de dólares, siendo la Unión Europea el primer importador con un porcentaje de casi el 35%, lo que explica por qué la política comunitaria respecto al plátano ha afectado considerablemente al comercio internacional. Cada ciudadano de la Unión Europea - ya son 350 millones - consume cada año un poco más de 10 kg. de plátanos. Estados Unidos importa de América Latina y Filipinas, Japón sobre todo de Filipinas pero también de China y Sudáfrica, mientras que Europa produce alrededor del 20% del consumo e importa el resto de diversas regiones: de sus antiguas colonias (llamados plátanos ACP) y de América Latina (plátanos dólar). Los plátanos europeos proceden de España, Portugal, Grecia y de algunos territorios de ultramar franceses como la Martinica y Guadalupe.

Por razones históricas, se han creado vínculos especiales entre algunos países productores y consumidores, sobre todo en el contexto de las colonias, con toda su carga de represión y dependencia. Esto ha propiciado la adopción de reglamentaciones comerciales diversas en los distintos países europeos ⁽⁶⁾.

Esta diversidad no ocasionaba problemas hasta la entrada en vigor del mercado único en 1993, cuando se debieron "armonizar" normas, intereses y relaciones muy variadas. Este proceso, ya de por sí complicado, se volvió todavía más difícil por dos exigencias opuestas: aplicar los compromisos del GATT y garantizar a los productores ACP un acceso privilegiado al mercado europeo.

Durante las distintas rondas de negociación del GATT, se puso en marcha una liberalización del comercio, en clara contradicción con la Convención de Lomé firmada entre la UE y sus antiguas colonias de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), con la idea de fomentar el desarrollo. La convención reconocía que el comercio podía favorecer el desarrollo. Firmada el 15 de diciembre de 1989, la cuarta Convención de Lomé incluía un protocolo sobre el comercio del plátano que otorgaba ventajas especiales a los países ACP. Estipulaba que, a raíz de la creación del mercado único europeo, ningún país ACP debía encontrarse en una situación menos favorable, en lo que a exportaciones de plátano se refería.

Política europea en el campo del plátano

La nueva política de la UE, concretada en la Norma 404/93, entró en vigor el 1 de julio de 1993. Con el uso combinado de aranceles y contingentes, intenta hacer compatibles dos objetivos de la Unión: crear un mercado integrado para los plátanos y garantizar el acceso a este mercado a los productores europeos y ACP. Los plátanos comunitarios forman una categoría especial que no está sujeta a ningún arancel, puesto que vienen de Europa y no son importados. Sin embargo, la Unión ha puesto un tope al comercio de los plátanos comunitarios: por encima de este tope, están sujetos a un arancel. De igual manera, los plátanos ACP no están sujetos a ningún arancel hasta un cierto tope, por encima del cual tienen que pagar un arancel de 750 ECU por tonelada. El contingente de plátanos comunitarios fue fijado en 854.000 toneladas y el de los plátanos ACP en 857.700 toneladas.

La norma también se aplica a los plátanos ACP no tradicionales (o sea los que proceden de países ACP que no eran proveedores tradicionales de la UE, como la República Dominicana o Ghana, o los que excedan el contingente) y a los plátanos dólar, producidos en América Latina. Se les aplica este nombre porque los comercializan las transnacionales americanas. Los plátanos dólar y ACP no tradicionales sólo se pueden importar en la UE con la licencia correspondiente. El reparto del contingente de los plátanos dólar se hace según un sistema que se basa en las cuotas de mercado de los años anteriores. Hay tres categorías de empresas que pueden optar a las licencias:

• Categoría A: 66,5% para empresas que comercializan plátanos dólar
• Categoría B: 30% para empresas tradicionales de la UE o ACP
• Categoría C: 3,5% para las nuevas empresas (desde 1992)

Además se divide a las dos primeras categorías en tres sub-categorías: maduración, importación primaria e importación secundaria. Después de los cálculos hechos en Bruselas, cada empresa recibe un número de licencias de importación que está en función de su cuota de mercado. El sistema complejo de atribución de licencias tiene como objetivo compensar la diferencia de costes entre productores ACP y productores dólar. Se dice que las empresas ACP pagan de 9 a 10 dólares por caja de plátanos caribeños, mientras que los plátanos dólar valen entre 3,5 y 5 dólares la caja. Gracias a las licencias "B", las empresas ACP pueden alquilar su contingente a empresas de plátanos dólar. El rendimiento del alquiler se utiliza entonces para subvencionar las importaciones de plátanos ACP.

Impugnaciones y reformas

Los países productores de América Latina impugnaron las normas y apelaron a un comité del GATT en 1993. La Comisión Europea intentó reducir las tensiones e hizo una propuesta de conciliación el 14 de diciembre de 1993. Cuatro países de la zona dólar abandonaron toda resistencia a cambio de una propuesta de expansión gradual del contingente general para los plátanos dólar de 2 millones a 2,1 millones de toneladas a partir del 1 de octubre de 1994 y 2,2 millones a partir del 1 de enero de 1995. En 1996, se volvió a aumentar el contingente después de la adhesión de tres nuevos miembros: Suecia, Finlandia y Austria. Acordaron también reducir el arancel de 100 a 75 ECU. Además, la Comunidad europea ofreció a estos cuatro países (Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Venezuela) una garantía de importación con la creación de un sistema de licencias de exportación. Juntos, representan el 49,4% del contingente dólar. El 70% de las licencias de exportación se concede a los gobiernos nacionales y el 30% directamente a los exportadores, tanto nacionales como multinacionales.

Este acuerdo compensatorio ha creado tensiones entre los países productores de América Latina. Los que no firmaron el acuerdo piensan que la Comunidad europea ha logrado romper su oposición con la estrategia maliciosa de dividir para reinar. Las transnacionales tampoco están muy satisfechas del acuerdo que pone en peligro su supremacía en las exportaciones, ahora que los gobiernos pueden distribuir licencias de exportación. A pesar de estas objeciones y de la censura que el comité del GATT hizo de la Norma 404/93, la última fase de la Ronda Uruguay en Marrakech incorporó el acuerdo compensatorio en abril de 1994.

Comité de arbitraje de la OMC

Pero Estados Unidos prosiguió el litigio, a pesar de que no produce ni exporta apenas plátanos. El 8 de mayo de 1996 se anunció en Ginebra la constitución formal de un comité de arbitraje en la Organización Mundial del Comercio entre los quince de la UE y, por otra parte, EE.UU., Guatemala, Ecuador y México. Un comité de tres abogados escogidos tenía que resolver la agria disputa y decidir si el régimen europeo único del plátano (404/93) trataba de forma discriminatoria los intereses de las empresas norteamericanas y los de los gobiernos de América Latina. Este litigio siguió a otros dos sobre la política europea, amenazas de sanciones que duraron más de un año contra la UE, Costa Rica y Colombia (basándose en el artículo 301 de la ley norteamericana de comercio interior) y numerosos litigios, resueltos y no resueltos, planteados desde 1993 por el gobierno y empresas alemanas ante la Corte europea de justicia en Luxemburgo.

EE.UU. y los países latinoamericanos atacaron el sistema europeo de distribución de licencias que tacharon de discriminatorio. Lo que está en juego sin embargo es el derecho soberano de "proteger" con aranceles diferenciados y contingentes de importación productores favoritos, que practican a menudo un tipo de explotación más sostenible o sea el derecho soberano de decidir sobre políticas comerciales y agrícolas de un país o una región. Unos 30 gobiernos tomaron directamente parte en el litigio y las acusaciones tenían que ver con las supuestas infracciones del sistema a artículos del GATT y del nuevo GATS (General Agreement on Trade and Services - Acuerdo general sobre comercio y servicios) firmado en 1994 en Marrakech.

Impacto del régimen europeo

Opuestos a todo tipo de reglamentación, los partidarios del neoliberalismo han censurado severamente la Norma 404/93. Un ejemplo de estas críticas es el informe del Banco mundial "EU Bananarama III", que critica mucho el régimen europeo. Afirma que el libre comercio es mucho más barato para el consumidor y que la ayuda a los países ACP se puede gestionar de otra manera más eficaz, pero olvida, porque le interesa, que el mercado internacional del plátano está totalmente bajo el control de unas cuantas transnacionales, por lo que la competencia casi no existe.

Si bien el régimen europeo ha logrado sus objetivos declarados y ha dado realmente a los países productores ACP menos competitivos una garantía de acceso al mercado, no ha sido capaz de detener la concentración del mercado y la caída de los precios en muchos mercados antes "protegidos", lo que forzó a los productores más vulnerables a abandonar su actividad. Además, en los países que firmaron el acuerdo y donde los certificados de exportación deben igualar las licencias de importación, el régimen europeo ha acelerado en ciertos casos la concentración de la producción. En la situación actual, ya no quedan prácticamente pequeños exportadores en América latina. Sólo en Ecuador, Honduras y República Dominicana quedan algunos miles, mientras que la mayoría de ellos se encuentran en las Islas de Barlovento donde son unos 25.000. Quedan también unos 10.000 en las Canarias, 500 en Jamaica y algunos centenares en las islas francesas de Martinica y Guadalupe. Juntos, estos 40.000 pequeños exportadores tienen una cuota inferior al 15% en el mercado de la UE y su potencial máximo no supera el 20% aproximadamente. En Ecuador, que sigue en cabeza de los exportadores, los pequeños exportadores sirven de stock regulador y las grandes empresas les expulsan del mercado apenas el mercado mundial da señales de disminuir. Esto fue lo que pasó a principios de 1993 cuando el mercado llegó a saturación, los precios pagados a los productores se desplomaron y la UE excluyó a Ecuador del acuerdo. Los productores más pequeños fueron los más afectados por las reducciones en las exportaciones debidas a la sobreproducción.

A principios de los años 90, la privatización de las compañías estatales de comercialización de Costa de Marfil dejó en la cuneta a varios centenares de familias campesinas que ya no pudieron exportar su producción. La situación se agudizó debido a la entrada en África occidental de las grandes empresas que, antes, sólo se habían centrado en la zona dólar. En ambos casos, los campesinos no tienen acceso a los transportes ni a la infraestructura necesarias y sencillamente no pueden hacer frente a la competencia interna de las empresas que se benefician de mayores economías de escala. El régimen europeo fue también un golpe duro para los trabajadores de países como Honduras y Panamá (que no han firmado el acuerdo con la UE). Así, las exportaciones de Honduras hacia la UE cayeron en casi un 90%, de 193.500 toneladas en 1993 a 25.600 en 1994. Esta disminución considerable resultó desastrosa para el país. El cierre de plantaciones provocó la pérdida del trabajo de alrededor de 4.000 trabajadores y sus familias. Sin embargo, algunos analistas afirman que se trata de una política deliberada de las empresas norteamericanas para desviar las exportaciones de la UE hacia EE.UU y hacer progresar su posición en el litigio comercial. En 1996, las exportaciones de Honduras volvieron a subir hasta unas 60.000 toneladas.

Si es indudable que la Convención de Lomé ha desempeñado un papel esencial en el alboroto político en torno a las reglamentaciones del comercio, y que los productores ACP necesitaban con urgencia una protección contra los plátanos dólar, más baratos, no lo es menos que las normas no se inspiran en primer lugar en los intereses de los productores. El sistema de contingentes se basa en las cuotas de mercado de los negociantes y no en el volumen de producción de los productores. Además, el complejo sistema de licencias no da mucha oportunidad a las nuevas empresas, como Agrofair, la empresa creada por ONG y productores: entre 1993 y 1996, la cantidad media otorgada a las nuevas empresas era de 50 toneladas, demasiado poco para que la importación resulte rentable. De esta manera, el sistema no incentiva la innovación. Conseguir las licencias necesarias para los plátanos Max Havelaar requirió una colaboración estrecha con una empresa francesa del sector y el coste de las licencias puede hacer subir los precios hasta niveles prohibitivos para los consumidores europeos.

Las Islas de Barlovento

Por su belleza natural y su clima tropical, las islas del Caribe son para muchos una hilera de islas paradisíacas. Pero esto es sólo parte de la realidad. Últimamente, las fluctuaciones del precio mundial, la inestabilidad del mercado, las exigencias cada vez más estrictas de calidad, la devaluación de la libra y cuatro grandes huracanes en 1994 y 1995, se han aliado para forzar a los campesinos más vulnerables a que abandonaran el mercado del plátano. El año pasado, una guerra de precios entre las grandes cadenas de supermercados del Reino Unido hizo caer los precios hasta 19 peniques por libra (o sea 0,56 Ecu/kg.) mientras que los excedentes de Martinica y Guadalupe bajaron aún más los precios. Incapaces de conseguir un beneficio con la caída de los precios y el aumento constante de los costes de producción, muchos campesinos han abandonado la producción. El informe anual 1995 de la St. Vincent Banana Growers Association (SVBGA) indica que, de un total de 13.216 productores asociados, tan sólo 5.591 proveyeron plátanos a la asociación en 1995. En consecuencia, la producción de San Vicente cayó de 76.095 toneladas en 1992 a 50.013 toneladas en 1995.

Es verdad que las Islas no estaban preparadas para hacer frente a los efectos del Mercado único europeo y la aplicación de la norma 404/93. Hasta la estructura del sector estaba mal equipada para encarar la nueva situación. Desarrollado bajo la protección del Reino Unido, basado en pequeñas explotaciones dispersas, a veces instaladas en terrenos muy inclinados, y muy controlado por el gobierno a través de las Banana Growers Associations (BGA, Asociaciones de cultivadores de plátanos) donde los campesinos casi no tienen poder, el sector del plátano no estaba en condiciones de responder correctamente a circunstancias en mutación rápida. Las deudas de las BGA aumentaron a medida que bajaban los precios. Los gobiernos prepararon frenéticamente misiones a Europa, a veces encabezadas por los primeros ministros, en un intento desesperado para salvar su economía del desastre. Para enredar más el asunto, la empresa británica Geest que, durante cuatro décadas, ejerció un monopolio casi total sobre los campesinos de las Islas, escogió el momento en que el sector estaba al borde de la quiebra para intentar vender su división de plátanos a uno de los más decididos oponentes de la norma europea, la empresa ecuatoriana Noboa. Las Islas no podían permitir que la propiedad del sector pasara a uno de los rivales más fuertes y se vieron obligadas a constituir una empresa, la WIBDECO (Windward Islands Banana Development and Export Company), propiedad compartida de los gobiernos y de las BGA. Después, WIBDECO formó un joint venture con Fyffes, una empresa irlandesa con mucha experiencia del sector, y compró la división plátanos de Geest por 147 millones de libras esterlinas.

Hace poco, la fe de los campesinos de las Islas de Barlovento recibió otro golpe con la decisión de la OMC. Representando a los cultivadores de Belice, Jamaica, Surinam y de las Islas Barlovento, la Asociación de exportadores de plátanos del Caribe expresó su preocupación ante el informe del comité de la OMC al afirmar que podía tener consecuencias desastrosas para la economía de sus países. En Bruselas, la UE indicó que el planteamiento de EE.UU., si acaba imponiéndose, "provocaría la destrucción del sector del plátano del Caribe y el aumento de la miseria y la inestabilidad política en una región ya afectada por la pobreza."

Hacia un comercio sostenible de los plátanos

En sus conclusiones y su fallo pronunciado en abril de 1997 sobre la norma europea, el comité de arbitraje de la OMC encontró los siguientes defectos en tal régimen: negociación y atribución discriminatorias de contingentes, procedimientos de atribución de licencias y violación de los compromisos contraídos en el GATS (General Agreement on Trade and Services - Acuerdo general sobre comercio y servicios) de dar trato nacional íntegro a los productos de fuera. La UE ha decidido recurrir el fallo. De no llegarse a un acuerdo extrajudicial y de no prosperar una propuesta de indemnización de la UE, se espera el fallo definitivo para septiembre de 1997. Si se mantienen las conclusiones del comité, la Unión Europea deberá modificar su polémico régimen que favorece a los pequeños países productores del Caribe - y a otros países de África y del Caribe - cuyos plátanos se venden en el mercado europeo a precios muy por encima del precio de los plátanos dólar.

Sea cual sea el desenlace del litigio, parece seguro que no se preocupará de los grandes problemas sociales y medioambientales del comercio internacional del plátano. Por esta razón ha nacido en los últimos años paralelamente a esta realidad una nueva forma de cooperación no gubernamental entre organizaciones de productores y asociaciones de consumidores que pretende precisamente remediar este defecto del sistema y acelerar la transición hacia una economía del plátano más sostenible. Defiende los intereses de los trabajadores de las plantaciones, de las familias campesinas y de ONG europeas procedente de más de 30 países en América Latina, el Caribe y Europa.

EUROBAN (European Banana Action Network, Red europea de la acción plátano) esta compuesta por unas 35 organizaciones de 13 países y promueve el Comercio Justo, lo que supone pagar mejor a los productores y respetar normas mínimas en materia social y medioambiental. Se ha creado un Registro internacional del plátano de Comercio Justo para los productores que quieren participar y el lanzamiento de los plátanos de Comercio Justo con el sello Max Havelaar tuvo lugar en los Países Bajos en noviembre de 1996 y en Suiza en marzo de 1997. El lanzamiento en Bélgica, Dinamarca y Reino Unido está previsto para los próximos meses.

En paralelo, la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de América Latina - una nueva estructura regional que representa los sindicatos independientes de trabajadores de las plantaciones de ocho países - pide a la UE la inclusión de garantías sociales y medioambientales en todos los acuerdos futuros sobre el comercio de plátanos. Este tipo de garantías tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y prevenir toda degradación del medio ambiente en los países productores y prevé la imposición de sanciones a los exportadores que no respetan las garantías. Los criterios sociales y medioambientales se basan en convenciones o normas reconocidas en el ámbito internacional. Las garantías son eficaces si su aplicación se hace de manera totalmente democrática y transparente y si tienen el respaldo de acciones locales, campañas internacionales e intercambio de información entre sindicatos y consumidores.

Por otra parte, la Asociación de campesinos de las Islas de Barlovento - que agrupa las organizaciones de las familias campesinas de cinco islas - promueve de manera activa la diversificación de la economía para que sea menos dependiente del plátano, tanto dentro del sector del plátano (Comercio Justo y producción orgánica), como fuera de éste. Al mismo tiempo apoya decididamente las exigencias de los que quieren incluir garantías sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales y que piden acceso al mercado europeo para los plátanos de Comercio Justo.

¿Qué es un plátano de Comercio Justo?

Hay organismos promotores de los sellos de Comercio Justo en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Suiza. En el comercio del plátano, intentan cambiar las estructuras injustas del comercio internacional y mejorar las condiciones sociales, medioambientales y económicas de los trabajadores y productores desfavorecidos, al dar a éstos un acceso directo al mercado, al garantizarles mejores condiciones de comercialización y de trabajo y al darles las herramientas necesarias para decidir sobre su propio desarrollo e invertir en métodos de producción biológica. Para alcanzar estos objetivos, los organismos promotores de los sellos de Comercio Justo autorizan a aquellos productores que respetan los criterios a vender los plátanos con un sello de Comercio Justo. El uso de estos sellos garantiza al consumidor que el plátano ha sido comprado directamente a exportadores aceptables que tratan mejor a los productores.

El trato justo implica precios justos (precio f.o.b. mínimo garantizado - precio de exportación, impuestos de exportación incluidos - de 7,25 dólares la caja de 40 libras, sea cual sea su origen, prima de 1,75 dólares por caja de 40 libras (f.o.b.) para que los productores dispongan de los medios necesarios para invertir en programas sociales, económicos y medioambientales), condiciones de pago aceptables (pago al contado contra primera presentación de documentos completos) y continuidad (vendedor y comprador deben entablar relaciones comerciales estables y duraderas).

Antes de su aceptación para la aplicación del sello, todos los productores potenciales de Comercio Justo deben respetar criterios mínimos en materia social y medioambiental. En colaboración con las organizaciones de productores y los sindicatos del sector del plátano, EUROBAN ha elaborado un catálogo esencial de normas sociales y medioambientales para una producción sostenible de los plátanos. Se aplican los siguientes derechos del trabajador: derecho de asociación y negociación colectiva, prohibición de la discriminación e igualdad de remuneración, prohibición del trabajo obligatorio y del trabajo infantil, condiciones sociales y medioambientales mínimas del trabajador de las plantaciones y derecho a la seguridad y a condiciones de trabajo sanas. Los criterios medioambientales son los siguientes: biodiversidad (protección de las zonas naturales), documentación, control y reducción de los pesticidas y abonos, política y práctica coherentes en materia de prevención de la contaminación del agua y de la erosión, y control, reducción y compostaje de los residuos.

Mejores condiciones sociales y medioambientales

Los plátanos de Comercio Justo provienen de Ghana, Ecuador, la República Dominicana y, pronto, de las Islas de Barlovento y de Costa Rica. Los plátanos de Ghana son producidos por la Volta River Estate Ltd (VREL), una empresa privada que tiene en la actualidad 150 hectáreas de plantaciones de plátano. En el caso de Ecuador, se trata de UROCAL, una organización de pequeños productores.

En Ghana, el sindicato independiente GAWU, que reúne a los trabajadores de las plantaciones, vela por el uso correcto en programas sociales y medioambientales de la prima de Comercio Justo. VREL ha aceptado al sindicato como interlocutor.

Mejoras sociales:

• Gracias a la prima, se les puede subir el sueldo a los trabajadores. Se dará también más importancia a la mejora del transporte, de la salud y del alojamiento.

• VREL ha concebido unas tijeras de podar los plátanos que hacen mucho más llevadero el transporte de los racimos de plátanos. La carga puede llegar a pesar de 40 a 60 kg.

• Se ha puesto terreno a disposición de los trabajadores para autoconsumo y mejora del abastecimiento de los pueblos.

• Los empleados reciben el 15% de las acciones de VREL (en el año 2000 será el 25%) para que puedan expresar su opinión en su propia empresa. Los dividendos alimentarán un fondo social que se dedicará a programas de desarrollo comunitario.

• VREL prestará asistencia a aquellos de sus empleados que quieren empezar su propia explotación. Después, una asociación compuesta por estos cultivadores poseerá el 10% de los acciones de VREL.

Mejoras medioambientales:

• Operaciones a pequeña escala para mejorar la lucha contra las infecciones. Las plantaciones están separadas por hasta 40 Km. de distancia, en las dos orillas del río Volta.

• Reducción en un 80% del uso de pesticidas en comparación con el promedio habitual en el cultivo del plátano. VREL ha podido eliminar totalmente el uso de herbicidas, nematicidas e insecticidas y reducir considerablemente la aplicación de los fungicidas (tan sólo 12 veces al año en comparación a un promedio de 50 veces en Centroamérica) para luchar contra la sigatoka negra (la enfermedad que ataca las hojas). En la actualidad, lleva a cabo experimentos para encontrar un producto biológico que sustituya al fungicida.

• Abono equilibrado y reciclaje de los residuos.

En Ecuador, las mejoras sociales son las siguientes:

• Ingresos más estables para los campesinos gracias al precio mínimo del plátano que cubre los costes de producción.

• Prima adicional de 1,75 dólares por caja de plátanos que se debe invertir en el desarrollo de la organización, en técnicas de producción más ecológicas, en mejoras de la empresa, en formación y en aumento de los ingresos.

• Se están haciendo preparativos para crear una empresa de comercialización de los campesinos, en la cual el sindicato será el accionista mayoritario.

• Se toman las medidas pertinentes para reducir los riesgos laborales durante la siembra y el embalaje.

• El nuevo sistema de comercialización promueve la organización de mujeres para que formen un grupo de productoras.

Las mejoras medioambientales son las siguientes:

• La frecuencia de uso de los fungicidas para luchar contra la Sigatoka alcanza tan sólo el 40% del cultivo tradicional del plátano.

• En cooperación con la Universidad de Machala y la CNV, se lleva a cabo un programa basado en:

  • Tratamiento más responsable de los residuos no degradables.

  • Introducción de técnicas de compostaje que pueden reducir el uso de nematicidas y de abonos químicos.

  • Filtración y/o reciclaje del agua de riego.

  • Aplicación de fungicidas biológicos para luchar contra la putrefacción de la copa.

  • Introducción de un sistema de vigilancia para reducir al máximo posible la aplicación de químicos anti-Sigatoka.

  • El uso de herbicidas debe eliminarse totalmente.

Fuente: Solidaridad 1996

Llamamiento a los consumidores

Cada uno puede poner su granito de arena. Pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden resultar en cambios notables en la vida de los productores de los países pobres y de sus familias.

• Ya se pueden comprar plátanos de Comercio Justo en los supermercados de los Países Bajos y de Suiza y, pronto, en las tiendas Oxfam y los supermercados de Bélgica, Dinamarca y Reino Unido. Mientras tanto, los consumidores de estos últimos países deberían optar por comprar plátanos "feos" caribeños o africanos. Son más pequeños y tienen manchas y defectos pero se producen en condiciones sociales y medioambientales menos duras.

• Escriba a su supermercado o tienda local para saber si tienen previsto proponer plátanos de Comercio Justo. Los supermercados - que venden la mayor parte de los plátanos en Europa - pueden reaccionar a las preocupaciones de los consumidores y presionar a las empresas de producción de plátanos para que trabajen "limpiamente".

• Escriba a Chiquita, Dole, Del Monte y Fyffes para expresar su preocupación por el uso de químicos y la prohibición de los sindicatos ⁽⁷⁾. Los consumidores son la vida de todas las empresas de alimentación y éstas deben reaccionar a sus preocupaciones.

• A largo plazo, los sindicatos son la garantía de que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Participe en acciones urgentes, firme peticiones y envíe postales en las campañas organizadas por los sindicatos y las ONG para defender los derechos humanos fundamentales y los derechos de los trabajadores en los países productores. En la actualidad, hay acciones urgentes en Costa Rica (libertad de asociación), Colombia (asesinatos de trabajadores de las plantaciones) y Filipinas ⁽⁷⁾.